La no retroactividad en acuerdos fiscales está bajo revisión de OCDE.

El organismo estudia endurecer la normativa a partir del análisis de convenios suizos. Uruguay dejará de cumplir los estándares de transparencia fiscal global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en caso de que el organismo, que está revisando sus criterios, endurezca la postura respecto a la “no retroactividad” de los tratados firmados por Suiza. El acuerdo alcanzado entre Uruguay y Argentina satisface los actuales estándares del organismo internacional, pero cuando la OCDE ajuste aun más su normativa, según prevén los expertos, el margen de maniobra del país quedará en el terreno diplomático. El de la no retroactividad “es un punto muy controvertido a nivel de la trasparencia fiscal global”, aseguró a El Observador el especialista tributario Pasquale Pistone. “Todavía no queda claro a nivel internacional si se tiene que aceptar la posición suiza de que el intercambio de información tiene que aplicarse en forma no retroactiva”, agregó. La posición que se tome sobre Suiza –que mantiene convenios de intercambio de información tributaria no retroactivos– “tendrá que aplicarse de forma automática sobre Uruguay”, afirmó el especialista, lo que ocurrirá entre 2012 y 2013, explicó. La no retroactividad limita el intercambio de datos a los efectos de cálculos fiscales a partir de la aprobación de los tratados. Pesca. Pistone consideró que, si bien los estándares de OCDE no contemplan que los países soliciten otros datos “al barrer” (expedición de pesca), el acuerdo firmado por Uruguay y Argentina establece un pedido de información “demasiado detallado”. El convenio bilateral suscrito el lunes fija siete requerimientos que debe cumplir un pedido para ser satisfecho, entre los que figuran la identidad del contribuyente, el motivo y el fin de la solicitud, entre otras especificaciones. “La definición de expedición de pesca que allí se encuentra no cumple con los estándares actuales”, dijo el experto internacional. En 2014, la OCDE revisará nuevamente la situación de Uruguay, aunque el gobierno aspira a adelantar ese paso, por lo que realizará un pedido al organismo entre junio y julio de este año, informó el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Para el especialista Carlos Loaiza, el mundo se dirige a un sistema de información fiscal más exigente. “Desde el punto de vista técnico el estándar va a más, y Argentina puede aprovecharlo y exigir más. La única forma de parar a Argentina es diplomáticamente, y eso dependerá del gobierno”, sostuvo. Agregó que el país vecino solicitó a Chile y Austria renegociar los tratados anteriormente firmados para readecuarlos a los nuevos estándares de OCDE. Por su parte, el abogado de Ferrere, Alberto Varela, dijo que los requerimientos exigidos por OCDE “no son buenos para Uruguay”, pero consideró que el país igual debe cumplir porque de lo contrario sería aun peor. Mujica dijo que el país no es refugio de evasores. El presidente José Mujica afirmó que el acuerdo alcanzado con Argentina defiende los intereses de Uruguay pero que no lo convierte en “refugio de evasores”. En su audición radial en M24, el mandatario sostuvo que el interés del país “está preservado” y rechazó “la forma de defensa de un país fraudulento, que tenga que ser refugio de evasores, o refugio de plata negra que no se sabe ni para dónde viene ni para dónde va. Ese recurso para nosotros está sepultado, porque definitivamente lo enterraron los sucesos del 2002”. Mujica expresó: “Uruguay está demostrando con hechos palmarios que camina en el sentido indicado y concerta políticas con el concierto internacional del cual dependemos. Y aunque algunos otros puedan darse el lujo por su ubicación y por lo que fuera de no cumplir esas orientaciones internacionales (en alusión a Argentina), no es conveniente para el caso de Uruguay”. Mujica dijo que el país no es refugio de evasores. El presidente José Mujica afirmó que el acuerdo alcanzado con Argentina defiende los intereses de Uruguay pero que no lo convierte en “refugio de evasores”. En su audición radial en M24, el mandatario sostuvo que el interés del país “está preservado” y rechazó “la forma de defensa de un país fraudulento, que tenga que ser refugio de evasores, o refugio de plata negra que no se sabe ni para dónde viene ni para dónde va. Ese recurso para nosotros está sepultado, porque definitivamente lo enterraron los sucesos del 2002”. Mujica expresó: “Uruguay está demostrando con hechos palmarios que camina en el sentido indicado y concerta políticas con el concierto internacional del cual dependemos. Y aunque algunos otros puedan darse el lujo por su ubicación y por lo que fuera de no cumplir esas orientaciones internacionales (en alusión a Argentina), no es conveniente para el caso de Uruguay”. Fuente: http://elobservador.com.uy/noticia/223044/la-no-retroactividad-en-acuerdos-fiscales-esta-bajo-revision-de-ocde/

Ahorristas atraídos por títulos de deuda y depósito en pesos.

Los uruguayos se mostraron más propensos a colocar su dinero en opciones más rentables. El ahorro de los uruguayos creció con fuerza durante el último año y lo hizo en aquellas colocaciones consideradas más riesgosas. El dinero volvió del exterior y se colocó en cuentas locales en pesos y en títulos de deuda –en su mayoría emitidos por el Estado–, lo que da cuenta de una mayor confianza de los ahorristas y las empresas en la economía local y su moneda. Según un estudio realizado por El Observador a partir de los distintos canales de ahorro locales y extranjeros, del total de dinero que tienen los uruguayos en instituciones y activos financieros dentro y fuera del país, 63% se encuentra en bancos de plaza, 24% en instituciones fuera del país y el restante 13% se encuentra colocado en títulos de deuda públicos y privados a través de corredores. Durante el último año, el ahorro de los uruguayos creció 12,2% medido en dólares corrientes y ascendió así a US$ 27.705 millones, el equivalente a 59% de la riqueza que el país genera en un año. Sin embargo, no todos los canales de ahorro mantuvieron el mismo crecimiento en 2011. El que más avanzó fue el canal minoritario, el de las colocaciones en títulos de deuda, con un crecimiento de 38% hasta los US$ 3.704 millones. De hecho, la menor parte de los títulos de deuda que circulan en el mercado se encuentran en manos de empresas y particulares (16% del total). La mayor parte (37%) se encuentra en poder de acreedores del exterior, mientras que 26% pertenece a las Administradoras del Fondo de Ahorro Previsional (AFAP) y 14% en los bancos de plaza. En tanto, el grueso de los títulos en circulación son emisiones del Estado. Los papeles privados tienen una cuota de 3% en el total de los valores disponibles. Si bien no hay información accesible sobre el tipo de deuda que adquieren los ahorristas y las empresas, es de esperarse que este año el crecimiento haya venido por el lado de los títulos en unidades indexadas (UI), que concentraron un buen porcentaje de las emisiones realizadas por el gobierno. En la plaza local, los depósitos en cuentas pertenecientes del sector privado no financiero aumentaron 18% medidos en dólares. La mayor parte de ese incremento se explicó por el mayor volumen de colocaciones en moneda nacional, que crecieron 25% medidas en pesos, frente al aumento de 14% de los depósitos en dólares. La estabilidad en el precio del dólar en el mediano plazo y la fuerte tendencia a la baja de los últimos años llevaron a que los uruguayos abandonen la falsa percepción de estabilidad que genera el billete verde en Uruguay, arraigada en una larga tradición de inflación de dos cifras. Por su parte, los depósitos desde el exterior mostraron un comportamiento a la baja durante el último año. Según datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), las colocaciones de uruguayos fuera del país se redujeron 8%, hasta US$ 6.578 millones, informó ayer El País. La extensión en el alcance del Impuesto a la Renta a los ingresos generados por activos fuera del país, desde 2011, alentó a los uruguayos a que repatriaran sus capitales, y los volcaran en cuentas del sistema local y a la compra de títulos de deuda públicos y privados. Solo queda por analizar un último canal de financiamiento, que es el más difícil de cuantificar: el dinero debajo del colchón. Según la encuesta realizada por el Programa de Opinión Pública y Confianza Económica de la Universidad Católica y Equipos Consultores, la capacidad de ahorro de los uruguayos aumentó apenas 1,1% en 2011. Eso podría suponer que el aumento de las colocaciones bancarias y de los títulos en poder de empresas y particulares se dio más en detrimento del dinero ahorrado fuera del sistema, que de la postergación de decisiones de consumo. 69% Dolarización. Si bien en el último año la suba de los depósitos en pesos fue más dinámica que la de colocaciones en dólares, estas últimas pesan más en el sistema. 24% En el exterior. La cuarta parte de los ahorros de los uruguayos se encuentra fuera del país, según datos del Banco Internacional de Pagos. Fuente: http://elobservador.com.uy/noticia/223040/ahorristas-atraidos-por-titulos-de-deuda-y-deposito-en-pesos/

Argentina podría reliquidar los impuestos cinco años hacia atrás.

Documentos. Acuerdo firmado incluye el pedido de estos a Uruguay. La no retroactividad del intercambio de información fiscal entre Argentina y Uruguay no impedirá que el fisco del país vecino reliquide impuestos por hasta cinco años atrás a aquellos contribuyentes descubiertos con activos no declarados. Esto se debe a que el "período no prescripto" en el pago de los impuestos a las ganancias (renta) y sobre los bienes personales (patrimonio) es de cinco años y a que el fisco argentino podría requerir a Uruguay documentos que indirectamente den cuenta del tiempo que se poseen activos no declarados en Uruguay, señalaron a El País tres expertos de la vecina orilla. Si una vez que el acuerdo esté operativo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubre a un contribuyente que ocultó activos en Uruguay, podrá recalcularle el impuesto a los bienes personales (porque su patrimonio es mayor al declarado) por los últimos cinco años. Incluso podría reliquidar el impuesto a las ganancias si considera que "el incremento patrimonial no es justificado", es decir, que no tiene respaldo en la declaración jurada sobre sus rentas, explicó a El País el socio de impuestos de KPMG Argentina, Rodolfo Canese Méndez. "Queda en la cabeza del contribuyente probar el origen de esos fondos", señaló. Para calcular la renta que corresponde gravar, se estima que las ganancias equivalen a ese incremento patrimonial no justificado más un 10% (considerado por "ganancia consumida en gastos no deducibles"). A ese total se le aplican las tasas del impuesto a pagar (que son progresionales en función de franjas como el IRPF uruguayo y llegan hasta un 35%). El abogado Martín Barreiro, socio del estudio Baker & McKenzie, señaló que "eventualmente también se podría aplicar una tasa de 21% de IVA, en la medida en que el fisco argentino tenga elementos para pensar que el incremento patrimonial surge de una actividad gravada con IVA". Y agregó que la AFIP también podría aplicar multas "que pueden ser de 50% a 100% del impuesto emitido". En cuanto al impuesto a los bienes personales en Argentina (patrimonio), el experto indicó que su mínimo imponible es bajo: unos US$ 69.000. "Cualquier inversión en Uruguay va a estar alcanzada por el inmueble", estimó Barreiro. Por tanto, deberán reliquidar impuesto al patrimonio hacia atrás. DOCUMENTOS. Pese a que se acordó la no retroactividad de la información intercambiada, el fisco uruguayo podría brindar información a Argentina sobre desde cuándo el contribuyente indagado tiene un inmueble o sociedad en el país, señalaron los expertos. "Si la AFIP quisiera saber el valor del inmueble (para reliquidar los impuestos) puede pedirle al fisco uruguayo la escritura. Y esa pieza documental puede reflejar una fecha de compra efectuada previo a la firma del acuerdo", dijo a El País el tributarista Cristian Rosso Alba, socio del estudio Mintriani, Caballero, Rosso Alba, Francia, Ojam & Ruiz Moreno. Es que el artículo quinto del acuerdo alcanzado entre ambos países establece que si una parte es requerida, brindará información "en forma de declaraciones de testigos y copias autenticadas de documentos originales". Algo similar ocurre con las sociedades uruguayas si Uruguay brinda a la AFIP sus estatutos, porque de allí surge cuándo se crearon. "Se genera un efecto no querido", dijo Barreiro. En ese caso, el aumento patrimonial se calcula para una fecha hasta cinco años anterior y "se le cargan los intereses al presente", explicó. Barreiro sostiene que en el caso de las cuentas bancarias la AFIP "no tiene elementos fácticos" para presumir que el contribuyente las poseía cinco años atrás como para reliquidar impuesto a los bienes personales, pero podría igual aplicar el criterio de "incremento patrimonial" para reliquidar el impuesto a las ganancias. SIN ALTERNATIVA. El presidente de la República, José Mujica, sostuvo ayer en su audición radial de M24 que el acuerdo firmado con Argentina "era un paso que había que dar". "Hace casi cuatro años que nosotros teníamos la certidumbre que este paso era inevitable por la evolución internacional de los sistemas financieros", admitió. Para el mandatario, "era evidente que iban a ir apretando y apretando las tuercas". También resaltó que "no se nos puede pasar por la cabeza que suscribir este acuerdo sea una forma de intercambio, de chantaje comercial". LA CIFRA 69 Son los miles de dólares de mínimo imponible del impuesto a los bienes personales. Fuente: http://www.elpais.com.uy/120427/pecono-638392/economia/argentina-podria-reliquidar-los-impuestos-cinco-anos-hacia-atras/

Uruguay otorga acuerdo tributario y espera gesto comercial argentino.

Expertos dicen que “daño” de informar al fisco del país vecino “está contenido”. Uruguay volvió a ceder frente a Argentina y puso la firma al acuerdo de intercambio de información tributaria solicitado por el vecino país, un convenio que según dijo el presidente José Mujica semanas atrás descansaba en “un cajón” a la espera de su consideración. Lo hizo como un último gesto de buena voluntad, con la esperanza de que traiga consigo un relajamiento “inminente” de las trabas comerciales impuestas por el vecino país. Así lo aseguraron fuentes del gobierno consultadas por El Observador. En el mismo sentido, el canciller Luis Almagro dijo ayer que Uruguay no apoyará una negociación del Mercosur con la Unión Europea excluyendo a Argentina, un respaldo explícito hacia el gobierno de Cristina Fernández luego del conflicto desatado entre el país vecino y España tras la estatización de YPF. Sin embargo, la oposición y algunos expertos cuestionan que Uruguay haya elegido el momento de mayor debilidad internacional de Argentina para firmar un acuerdo que no le genera beneficio alguno al país, sino por el contrario, posibles consecuencias negativas. Representantes del Partido Nacional reclamaron ayer en el senado una actitud más “rotunda” y desde el Partido Colorado se afirmó que una vez más se “claudicó” ante la administración de Cristina Fernández. Por su parte, el tributarista Carlos Loaiza, socio del estudio Sanguinetti / Foderé, dijo que “Uruguay está cediendo en el momento en que Argentina menos puede pedirle”, ya que con la estatización de YPF y el avance proteccionista perdió capacidad de presión ante las potencias del G20, que dominan a la OCDE. Pero en lo que refiere estrictamente al acuerdo, los expertos consultados por El Observador reconocen que las negociaciones fueron exitosas. Según señaló Alberto Varela, socio de Ferrere Abogados, “es un tratado que solo interesa a Argentina”, pero destacó que “el daño está bastante contenido” para Uruguay. El acuerdo para evitar la doble tributación, la minuciosidad con la que el fisco argentino deberá presentar su solicitud, la imposibilidad de que inspectores del vecino país realicen acciones en territorio uruguayo y la no retroactividad del tratado, son evaluados por los expertos como “conquistas” de los negociadores uruguayos. De hecho, el acuerdo con Argentina fue impuesto debido a las presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el grupo de países las principales potencias mundiales que exige la colaboración más amplia en materia de intercambio de información tributaria. De rehusarse, Uruguay enfrentaría sanciones a nivel comercial. El acuerdo fue suscrito el lunes por el director de la AFIP –el organismo recaudador de Argentina–, Ricardo Echegaray, que viajó especialmente a la residencia presidencial de Anchorena para la cita. Por Uruguay participaron el ministro de Economía Fernando Lorenzo, el director del ministerio, Pedro Apezteguía, y el asesor Jorge Polgar, que comandó las negociaciones previas. El ministro Lorenzo señaló en conferencia de prensa que espera para los meses de junio o julio solicitar a la OCDE la revisión de los avances realizados por Uruguay para acceder a la Fase II del Foro de Transparencia Internacional. “Esta semana estaremos enviando un informe al Foro estableciendo los pasos que Uruguay ha dado y daremos para cumplir en tiempo y forma los requerimientos”, expresó. Además sostuvo que se avanza en la negociación para suscribir un acuerdo similar con Brasil. Si bien a nivel oficial informaron a El Observador que la suscripción del convenio es un nuevo gesto político, Lorenzo señaló que se dio “por decisión propia y no esperando contrapartida de nada ni nadie”. El acuerdo de intercambio de información no es retroactivo. Eso quiere decir que Argentina solo podrá pedir información relacionada con el período posterior a la entrada en vigencia del acuerdo, 30 días después de que ambos Parlamentos intercambien los textos aprobados del tratado. Ninguna de las partes podrá solicitar a la otra información anterior a esa fecha –la discusión a nivel legislativo puede llevar todavía algunos meses, según los expertos consultados–. Si bien la retroactividad no forma parte del estándar de la OCDE, Argentina manifestó su interés en que fuera incluida dentro del acuerdo. La información solicitada tampoco podrá ser utilizada para reliquidar impuestos correspondientes a períodos anteriores a la vigencia del convenio. La negociación al respecto fue favorable a los intereses de Uruguay. Se evitará la doble tributación El acuerdo entre Argentina y Uruguay reglamenta que no haya una doble tributación para los residentes de un país que realicen actividades en el otro. A la hora de hacerlo, el acuerdo sale de lo estándar. Según señaló Eliana Sartori, directora de tributación de PwC, “no hay mecanismos que impongan limitaciones en la retención en la fuente”. Eso quiere decir que un argentino deberá pagar en su país los impuestos correspondientes a sus actividades en Uruguay y luego descontar mediante un crédito fiscal el pago realizado a DGI. De acuerdo al experto Enrique Ermoglio, socio de la consultora Deloitte, cada país “seguirá gravando de acuerdo a la normativa actual”. En términos prácticos, eso llevará a que el contribuyente termine liquidando impuestos por la alícuota más alta entre los dos países. El tratado, de ese modo, no genera ningún cambio, pero asienta el principio lo que introduce un “seguro” ante modificaciones de los regímenes de cada país. Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/222886/uruguay-otorga-acuerdo-tributario-y-espera-gesto-comercial-argentino/

Tributaristas: la ley de acciones al portador es clave para inversores.

Atención. Está en "válvula de escape" a través de sociedades extranjeras Ya alcanzado el acuerdo para intercambiar datos con Argentina, depende del proyecto de ley de titulares de acciones al portador que los argentinos con activos en Uruguay no se desprendan, ya que declararlos en su país es una opción casi descartada. De ser aprobado, el proyecto de ley que busca registrar a los titulares de acciones al portador enviado al Parlamento en marzo (la segunda versión que remitió) permitirá que los argentinos bajo ciertas figuras, como las sociedades extranjeras, puedan ser titulares de inmuebles sin ser identificados. Esta sería la única salida legal para que los argentinos decidan mantener sus activos en el país, afirmaron tributaristas a El País. Si bien los expertos destacan la calidad técnica del acuerdo alcanzado, advierten por sus consecuencias o "costos de transición". Una de las razones es que el acuerdo no incluyó una cláusula de "blanqueo", un indulto a quienes no declararon hasta el momento, dijo a El País el abogado Leonardo Costa, profesor de Derecho Tributario en la Universidad Católica. Por tanto, los argentinos con activos en Uruguay que quieran regularizarlos pasarían a tener inmuebles o cuentas de un día para el otro a los ojos del fisco argentino. "¿Y usted de dónde obtuvo ingresos para adquirirlo de un día para el otro?", probablemente les van a preguntar. Regularizarse deja al descubierto que hubo evasión. "Eso no es un problema del acuerdo que se negoció, es un problema de Argentina", dijo Costa. "Lo ideal hubiera sido que todo individuo que empiece a declarar no tenga problemas. La transición tendrá sus costos. Ése problema es inevitable", añadió. Por eso, para este conjunto de argentinos de la "transición" las conquistas uruguayas de la no retroactividad en los pedidos de información y la de evitar la doble imposición en el acuerdo, no tienen mucha utilidad. Una alternativa es mantener los activos a riesgo de que en algún momento el fisco argentino los descubra. Quien opte por ese camino tendrá a favor que Argentina no podrá pedir información sobre contribuyentes "al barrer" (las llamadas "expediciones de pesca"). Pero el último as legal bajo la manga se juega en el alcance que tenga el proyecto a estudio del Parlamento. "Lo más importante ahora (para esos propietarios de activos) es cómo sale la ley de acciones al portador. Depende de que exista algún mecanismo que les permita seguir siendo anónimos", dijo a El País un socio de un estudio de abogados que prefirió no ser identificado. Esa es una de las razones por las que Economía modificó el proyecto que había enviado al Parlamento en diciembre. Si el Legislativo aprueba la nueva versión, Uruguay no estará obligado a informar a Argentina la identidad de personas físicas que están detrás de sociedades extranjeras propietarias de activos en el país. La principal razón por la que los inversores no declaran sus bienes no es por no pagar impuestos (porque sí los pagan en Uruguay), sino que no confían en el gobierno argentino y no desean que este conozca qué activos poseen. Esto ocurre en todo el mundo: los alemanes prefieren refugiar sus activos en Suiza incluso pagando impuestos más altos, explicó el abogado. Por tanto, el hecho de poder deducir en Argentina los impuestos pagos en Uruguay ante el fisco argentino sería poco utilizado en los hechos. El desestímulo no sería tener que pagar la diferencia en Argentina, sino el solo hecho de tener que declarar los activos. Por ahora, no se ha notado "ningún movimiento extraño de fondos" a nivel financiero, dijo ayer en conferencia de prensa el presidente del banco BBVA, José Manuel De la Cruz. "Pensamos que no va a tener impacto relevante en depósitos de no residentes", añadió. Carlos Loaiza, socio del estudio Sanguinetti/Foderé, resaltó que de los tres tipos de inversión argentina (productiva, financiera e inmobiliaria), "la que más podría preocupar" es la tercera y reconoció como una salida la posibilidad de adquirir inmuebles a través de sociedades extranjeras sin riesgo de ser identificado. No obstante, advirtió que eso podrá prosperar dependiendo de "cómo maneja Uruguay diplomáticamente a Argentina". Al crear "una válvula de escape" habrá que "contener las ofensivas eventuales" que realice ese país, ya Argentina se ha apartado de acuerdos ya firmados (como Austria) o los ha renegociado (como con Chile). "No es viable pensar en estrategias con atajos sin una contundente estrategia de contención de los reclamos argentinos", dijo. Y con Argentina en contra, volverán a recaer sobre Uruguay las recomendaciones de la OCDE y se seguirá en falta con la transparencia internacional. Fuente: http://www.elpais.com.uy/120426/pecono-638224/economia/tributaristas-la-ley-de-acciones-al-portador-es-clave-para-inversores/

Bancos de plaza redujeron 18% sus inversiones en el exterior en 2011.

Los bancos que operan en la plaza uruguaya destinaron 18,4% más a invertir en valores públicos y privados locales y del exterior al cierre de 2011 que a fin de 2010. Hubo cambio de portafolio, ya que lo colocado subió en Uruguay y afuera bajó. En total las instituciones financiares pusieron US$ 4.791,3 millones en valores para invertir en Uruguay y el exterior el año pasado, esto es US$ 745,9 millones más de lo que destinaron en 2010. El dinero que utilizaron los bancos para invertir en 2011, representó el 10,2% del Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay. Las instituciones privadas colocaron US$ 2.475,1 millones en este tipo de instrumentos (14,3% menos que en 2010) y el Banco República (BROU) US$ 2.316,2 millones (98,6% más). Estos datos se desprenden de cálculos realizados por El País en base a los balances auditados de los bancos locales al 31 de diciembre de 2011 que fueron divulgados por el Banco Central (BCU). Este tipo de balances tienen más detalles que los que difunde mes a mes el BCU. Los bancos invirtieron más en valores públicos y privados pero no mantuvieron la composición del portafolio que tenían al 31 de diciembre de 2010. Las instituciones financieras destinaron 18% menos a activos del exterior a fin del año pasado que lo que habían destinado en 2010. A activos públicos y privados extranjeros fueron US$ 1.930,3 millones (40,3%) de los US$ 4.791,3 millones. De ellos, la tercera parte (US$ 646,4 millones) los invirtieron en valores públicos y privados de Estados Unidos, considerados como los activos más seguros del mundo. Lo siguieron los valores públicos y privados de España con 10,7% del total (US$ 206,8 millones), en este caso se explica porque es el país donde está la casa matriz de dos de los más grandes bancos de plaza: el BBVA y el Santander (ver gráfico). Además, hubo bancos que optaron por colocar su inversión en activos de lugares exóticos como las Islas Caimán (US$ 5,5 millones puso el Discount) y la Isla Guernesey (US$ 2,8 millones del BBVA). En tanto, US$ 2.861 millones (59,7%) fueron colocados en deuda pública uruguaya y valores de empresas privadas. Esto es 65,2% más que en 2010. En parte, esto se puede explicar porque el BROU casi duplicó el monto a invertir y tiene una preferencia marcada por los activos locales. Al momento de tomar la decisión de en qué invertir, los bancos utilizan distintos criterios. Por ejemplo el BROU tiene un Comité de Inversiones (formado por el directorio, la Gerencia Ejecutiva de Finanzas, la Gerencia Ejecutiva de Riesgo y el gerente general) que se reúne una vez cada tres meses y define donde poner los excedentes de acuerdo al nivel de riesgo y al plazo. El principal banco estatal, invirtió el 61% (US$ 1.417,8 millones) en activos públicos nacionales. La colocación que le sigue representa el 5% del total y fue en activos públicos y privados de Holanda. El República diversificó el resto de sus colocaciones en otros 15 países. Entre los privados los criterios y la diversificación del portafolio varían. En general se prioriza el riesgo, la liquidez (esto es que tan fácil es vender el títulos en caso de ser necesario) y en tercer lugar la rentabilidad. Pero, ese orden varía ya que muchos bancos locales siguen órdenes de sus casas matrices. El brasileño Itaú y el estadounidense Citi solo tienen en dos países colocados sus activos: Uruguay (US$ 100,6 millones y US$ 212,6 millones respectivamente) y Estados Unidos (US$ 41 millones y US$ 47,9 millones). Santander tampoco diversificó mucho su portafolio de inversión con US$ 447,6 millones en valores uruguayos, US$ 199,1 millones en valores de España y US$ 45,6 millones en activos de México. En cambio el Discount invirtió US$ 587,4 millones en valores de 11 países. Deuda: La uruguaya captó más demanda principalmente de parte del BROU. A dónde fueron a parar las colocaciones En 2011, los bancos en la plaza local invirtieron US$ 1.930,3 millones, con Estados Unidos como el principal destino con un tercio de esos fondos. La región captó poco dinero en 2011. US$ 4,9: Argentina. BBVA, Banco Nación Argentina, Discount y el Comercial invirtieron esa cifra. US$ 646: Estados Unidos. Fue invertido por el BROU, BBVA, Itaú, Citi, Discount, HSBC y el Comercial. US$ 49,9: Chile. El Comercial, Discount y BBVA colocaron dinero en este país. US$ 3.668 Brasil. Fueron los únicos fondos que logró captar. El inversor fue el Banco Comercial. US$ 46,3: Suiza. Tuvo inversiones por este monto sumadas las del Discount y el BROU. US$ 77,8: Australia. Recibió este dinero en inversiones financieras del Comercial y el BROU. US$ 46,2: México. Recibió estas inversiones de parte del Comercial y el banco Santander en 2011. US$ 89,6: Gran Bretaña. Captó ese dinero proveniente del Comercial, BROU y Discount. US$ 58,6: Canadá. El BROU y el Comercial fueron los dos bancos en invertir en este país. US$ 91,8: Alemania. Captó estos fondos del BROU, el BBVA y el Discount en 2011. US$ 114: Francia. Recibió más que este dinero de parte del Discount, BBVa, BROU y HSBC. US$ 149: Holanda. Recibió estos fondos de Discount y BROU. Se sumarían otros del HSBC. US$ 206: España. Logró captar inversiones por este monto de los bancos Santander y BBVA. US$ 56,8: Italia. Recibió estos fondos de parte del BROU y colocaciones del BBVA en 2011. US$ 62,3: Bélgica. Captó inversiones financieras por este monto del BBVA y del BROU. US$ 69,4: Suecia. Recibió fondos por este monto del BBVA y el BROU en 2011. US$ 51,3: Finlandia. Logró captar estas inversiones en 2011 únicamente del BROU. US$ 10,1: Noruega. También captó inversiones financieras por este monto únicamente del BROU. US$ 28,8: Japón. Captó dichas inversiones financieras de parte del BROU en 2011. US$ 34,6: Venezuela. Recibió estos fondos de parte del BROU que invirtió en títulos soberanos. US$ 2,9: Austria. Captó esos fondos financieros en 2011 de parte del banco BBVA. Las familias también elevaron ahorro local Al igual que los bancos, el ahorro que las empresas y familias uruguayas tenían colocado en el exterior venía en bajada el año pasado. A septiembre (último dato disponible del Banco Internacional de Pagos) el sector no financiero (personas y empresas) tenían US$ 6.992 millones en instituciones del exterior. Esto era 17,2% menos que a septiembre de 2010 y a su vez el valor más bajo en casi cuatro años. En cambio, los depósitos de familias y empresas uruguayas en bancos locales crecieron 18,6% en 2011 y totalizaban US$ 19.512 millones a fin del año pasado (sin contar el Banco Hipotecario), según datos del Banco Central. Si bien el nivel de los activos de uruguayos en el exterior venía aumentando desde diciembre de 1995, tras registrar en marzo de 2010 un máximo de US$ 8.893 millones, comenzaron a caer en el trimestre siguiente. Si bien la ley que abandona el criterio de la fuente para gravar la renta e instala el de la renta mundial se aprobó en diciembre de 2010, el anuncio había sido realizado a mediados de ese año. Esto implica que los residentes comenzarían a pagar impuestos por los intereses por depósitos, bonos y dividendos de acciones, entre otros. Precisamente, a partir de junio el nivel de depósitos en el extranjero comenzó a bajar. La ley fue reglamentada recién el 31 de diciembre pasado, por lo que, deberán pagar impuestos todos los residentes en Uruguay que tuvieran activos en el exterior en 2011. Sin embargo, recién hace unas semanas la Dirección General Impositiva emitió una resolución por la que bancos y la Bolsa deberán retener el impuesto desde mayo. Fuente: http://www.elpais.com.uy/120424/pecono-637838/economia/bancos-de-plaza-redujeron-18-sus-inversiones-en-el-exterior-en-2011/

Uruguay y Argentina firmaron acuerdo para intercambiar información tributaria.

El acuerdo cumple los requisitos que había establecido Uruguay, informó este martes el ministro de Economía Fernando Lorenzo. Los gobiernos de Uruguay y Argentina firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria, informó este martes el ministro de Economía Fernando Lorenzo en conferencia de prensa. El acuerdo cumple los requisitos que había establecido Uruguay, indicó el secretario de Estado. Esas condiciones eran la no retroactividad, que se evite la doble imposición y que no operen agentes fiscalizadores de otras administraciones dentro del territorio nacional. La no retroactividad implica que ante un requerimiento de un fisco extranjero, en este caso Argentina, el país va a informar al día del momento del pedido de informe por los bienes o activos que tiene la persona jurídica o física por la que se consulta en el país. Con esos datos, el fisco extranjero no puede recalcular y cobrar impuestos retroactivos. Lo que sí puede hacer es gravar esos bienes desde el momento en que se la da información hacia adelante. Para evitar la doble imposición se va a crear un mecanismo de crédito fiscal. Si un argentino tiene una casa en Uruguay y paga impuesto al patrimonio, por ejemplo, por esos impuestos pagados la Dirección General de Impositiva (DGI) va a otorgarle un crédito fiscal que va a poder presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Argentina para que se le descuente ese pago de los impuestos que generó ese bien. El otro punto que había propuesto y que fue respetado, implica que la jurisdicción uruguaya estará protegida y que, por ejemplo, no vendrán inspectores de la AFIP a investigar acá. El acuerdo fue firmado en Anchorena. Por Argentina participaron Ricardo Etchegaray, titular de AFIP, y dos asesores, y por Uruguay los hicieron Lorenzo, el secretario general Pedro Apezteguía y Jorge Polgar de la Asesoría Macroeconómica El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento el acuerdo y deberá ser aprobado para entrar en vigencia. OCDE Además, el ministro Lorenzo informó que a mediados de año Uruguay solicitará a la OCDE una nueva revisión para presentar los avances que ha obtenido y demostrar que está en condiciones de acceder a la fase 2. Fuente: http://elobservador.com.uy/noticia/222835/uruguay-y-argentina-firmaron-acuerdo-para-intercambiar-informacion-tributaria/

Fitch mejoró perspectiva de la nota uruguaya.

La calificadora de riesgo Fitch mejoró la perspectiva de la deuda uruguaya de estable a positiva, pero mantuvo su nota en BB+ con lo cual permanece en terreno especulativo, por debajo del grado inversor otorgado a principio de abril por Standard & Poor’s. La calificadora estadounidense valoró la “continua reducción de las vulnerabilidades externas y fiscales” debido al aumento de las reservas y a la desdolarización de la deuda pública. Sin embargo, sostiene que el nivel de endeudamiento sigue siendo alto si se compara con otros países de igual calificación. Al mismo tiempo, la debilidad de la economía argentina “podría afectar el crecimiento uruguayo”, señalan. Otro aspecto señalado por la calificadora es la inflación promedio de 8,1% en 2011, que se ubica por encima de los países que tienen la misma calificación que Uruguay. Fuente: http://elobservador.com.uy/noticia/222850/fitch-mejoro-perspectiva-de-la-nota-uruguaya/

Preocupa que DGI conozca a titulares de acciones al portador.

El nuevo proyecto otorga “discrecionalidad” al órgano recaudador para solicitar datos, según empresarios y oposición. Les preocupa que la DGI pueda conocer a quienes son los titulares de las acciones al portador.

La norma que instrumenta un registro para identificar a los titulares de las acciones al portador de las sociedades anónimas permite solicitar información a la Dirección General Impositiva (DGI). El Ministerio de Economía dice que es para equiparar potestades con los organismos recaudadores de otros países, y que los pedidos no podrán realizarse para los "operativos de pesca".

El Poder Ejecutivo remitió el jueves al Parlamento el proyecto de ley que diseña el mecanismo para identificar a los titulares de acciones al portador de las sociedades anónimas.

El mismo restringe el acceso a la información a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU), la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, y DGI, una oficina sobre la que varios legisladores observan inconveniencias en las nuevas potestades asignadas porque consideran que la dota de un exceso de discrecionalidad para su uso.

No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas, autor del proyecto, sostiene que la potestad de la DGI de acceder a la nómina obedece a la necesidad de "alinear el derecho que tiene cualquier administración tributaria extranjera con el que tiene nuestra administración tributaria", según afirmó el titular de la cartera, Fernando Lorenzo, durante su concurrencia a la comisión de Hacienda de Diputados.

Para el jerarca, la no inclusión de ese organismo entre los que tienen acceso "debilitaría a nuestra administración tributaria en beneficio de algo a lo que tenemos derecho", dijo tras explicar que su ausencia permitiría la posibilidad de acceder a información de un país tercero a un tipo de datos sobre los que no se puede acceder en nuestro país.

Agregó que si las solicitudes de países con los que Uruguay tiene firmados tratados de intercambio de información llegaran a través de la DGI, esta debería entregarlos "sin poder tocarlos", y descartó que la redacción del articulado tenga como objetivo "avanzar sobre nada que tenga que ver con derechos protegidos en la intimidad individual.

No obstante, exceptuó que la información sobre dueños de los títulos de acciones al portador pueda ser solicitada para el diseño de las operaciones de pesca -conocidas en la jerga como los operativos al barrer para detectar infractores-, una facultad que está expresamente excluida de las exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en sus protocolos de intercambios de cooperación.

POTESTADES

La eventual inconveniencia de que la DGI acceda a los datos, siempre que "se soliciten una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados", como señala el artículo 4º, ya había sido advertida semanas atrás por el experto tributarista de la consultora CPA Ferrere, Gianni Gutiérrez, en ocasión de presentar algunas conclusiones del nuevo proyecto ante los clientes de esa firma.

Sin perjuicio de ello y de las observaciones manifestadas por el empresariado, también hay diputados que observan la normativa. En diálogo con Ultimas Noticias, el diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo que "existe preocupación por la discrecionalidad que va a tener la DGI para disponer de esa información" porque puede llegar a ser "usada en forma inconveniente", independientemente de que las garantías de secreto y de las fuertes sanciones que pesan ante la evasión del secreto.

A su juicio, el proyecto "debe incluir restricciones", como la necesidad "de fundamentar debida y detalladamente el uso que la DGI quiere dar a la información requerida", aunque reconoció la dificultad de integrar a un tercer organismo que juzgue "el punto exacto de lo que está debidamente fundamentado, y lo que no".

Según la Ocde, la posibilidad de que intervenga un juez cuando hay un requerimiento de información está excluida, y en este punto convergen tanto el oficialismo como la oposición.

Posada también consideró que, así como las solicitudes de información para operativos de pesca en Uruguay no están permitidas, la misma cláusula deberá incorporarse para los solicitantes extranjeros. "No es posible que un país solicite información para realizar una función que no podemos hacer nosotros", dijo, tras señalar que la oportunidad de realizar correcciones al proyecto debe aprovecharse para corregir asimetrías tales como "que una acción nominativa pague impuestos cuando se traspasa, mientras que la acción al portador no lo hace ante una idéntica situación", expresó.

Pero Posada no es el único que tiene aspectos críticos. El nacionalista Pablo Abdala también cuestionó en diálogo con Ultimas Noticias que la DGI acceda a la información "sin la mediación de un tercero imparcial", dijo, y argumentó que la redacción otorga un "exceso de discrecionalidad a la DGI". Y si bien evaluó positivamente la prohibición de requerir datos para operativos de pesca, el legislador afirmó que "así como está, el proyecto arroga potestades que limitan las garantías de los contribuyentes", dijo.

También el diputado nacionalista Jorge Gandini expresó sus observaciones a Ultimas Noticias. Dijo que en la medida que la redacción del proyecto del MEF "prevé disposiciones que claramente no son solicitudes previstas en los acuerdos de la Ocde".

En ese marco, "es necesario clarificar cuál es el real alcance del uso que la DGI podrá dar a los datos solicitados", expresó, aunque aclaró que el proyecto está en una etapa inicial de discusión.

Junta de Ética

El nacionalismo propondrá que la Junta de Ética y Transparencia también pueda acceder a la nómina de titulares de acciones al portador, dijo a Ultimas Noticias el diputado Jorge Gandini. Argumentó que servirá para detectar posibles casos de corrupción en la función pública, en la medida que dicha oficina posee las declaraciones juradas de todos los funcionarios. Según el proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, las únicas oficinas que pueden acceder a la nómina accionaria son el Banco Central, la Junta Antilavado, la DGI y los juzgados penales.

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/hoy/portada/economia.html

BCU se encargará del registro de titulares de acciones al portador.

La identificación alcanzará a empresas registradas a nivel local.

El Ministerio de Economía aceptó la sugerencia de que sea el Banco Central la entidad encargada de recabar la información de los titulares de sociedades anónimas con acciones al portador, en lugar de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) como estaba previsto en el borrador inicial.

La propuesta había sido presentada por el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, y fue finalmente incluida en el texto normativo que el ministro Fernando Lorenzo presentó ayer ante los legisladores de la Comisión de Hacienda de Diputados.

La iniciativa legal también incorpora un régimen de sanciones para los funcionarios de la institución que "violenten la obligación de guardar reserva" sobre los datos, agrega la exposición de motivos del proyecto.

El texto presentado, al que accedió El Observador, establece además que la responsabilidad de identificar a los titulares "en los casos en que exista una cadena de propiedad" de las empresas, se limitará exclusivamente a los propietarios cuya información se encuentre bajo el control de entidades que se hallen en la jurisdicción nacional, lo que cumple con "los estándares internacionales".

Eso significa que si una sociedad local es propiedad de otra radicada fuera de la jurisdicción nacional, el Estado no estará obligado a llegar a la identificación final de los titulares.

Deberán integrar el registro del Banco Central "los propietarios de títulos de participación patrimonial al portador emitidos por sociedades anónimas, en comandita por acciones, asociaciones agrarias y cualquier otra entidad residente", como fideicomisos o fondos de inversión, según dispone el primer artículo del proyecto.

La información deberá identificar al propietario y al tenedor, custodio o mandatario que ejerza poderes de representación –en caso de que existan–, además del valor nominal de las acciones y demás títulos al portador.

Los propietarios de participaciones patrimoniales emitidas por entidades no residentes también estarán obligados a identificarse si las mismas desarrollan actividades en Uruguay que exijan la inscripción ante el Registro Nacional de Comercio.

Podrán acceder a la información que recabe el BCU la Dirección General Impositiva (DGI)
–ante una solicitud encuadrada en una actuación inspectiva o para cumplir con la solicitud de un fisco extranjero–; además de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y las sedes penales del Poder Judicial.

Además, los legisladores plantearon ayer que también se incluya entre las entidades habilitadas la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y los Juzgados Civiles, informó el diputado Alfredo Asti. El pedido busca equiparar las potestades extendidas a organismos del exterior para usos netamente locales, como cuando se requiere, por ejemplo, identificar la solvencia patrimonial ante demandadas por pensiones alimenticias o para investigaciones de personas sospechadas enriquecimiento ilícito, complementó Asti.

Sanciones.
La información deberá ser transmitida a través de declaración jurada. Toda vez que se modifiquen las participaciones accionarias se deberá comunicar de forma obligatoria al Banco Central.

En el texto se establece también la obligación de reserva para los funcionarios encargados de recabar la información, bajo sanciones que pueden ir de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, equiparables a la violación del secreto bancario.

Ante incumplimientos por parte de los propietarios a informar de sus participaciones, se sancionará al involucrado con la imposibilidad de ejercer su derecho en el cobro como beneficiario de las participaciones patrimoniales (dividendos), además de la aplicación de una multa por "hasta cien veces el máximo de multa por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario", que equivale actualmente a unos $ 157.000.
La misma multa aplicará a las entidades emisoras y sus representantes, junto con la imposibilidad de pagar dividendos o utilidades, recesos o resultados de liquidación de la sociedad. Si se produce alguna de estas acciones, la multa máxima será equivalente al monto distribuido indebidamente, reza el artículo ocho del proyecto.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/222112/bcu-se-encargara-del-registro-de-titulares-de-acciones-al-portador/

Dueños de acciones al portador no podrán ocultarse tras testaferros.

Acciones al portador. Enviaron proyecto de ley al Parlamento. BCU será depositario de datos. Deberá haber un registro de estados contables. Fijan sanciones a quien revele datos sin permiso.

El gobierno envió al Parlamento la tercera versión de un proyecto de ley que identifica a titulares de acciones o fideicomisos al portador. El registro de los datos estará en el Banco Central y se puso un mecanismo para evitar el uso de testaferros.

El 28 de diciembre pasado el Ministerio de Economía envió un primer proyecto al Parlamento que fue muy criticado por expertos tributaristas, cámaras empresariales y la oposición, ante lo cual decidió retirarlo. En marzo armó otro ante-proyecto que se lo presentó a gremiales empresariales, tributaristas y los partidos políticos para recibir sugerencias.

Esa segunda versión "sufrió ajustes y mejoras", dijo ayer el ministro de Economía, Fernando Lorenzo en su comparecencia en la Comisión de Hacienda de Diputados, según el audio de la reunión al que accedió El País. La tercera versión del proyecto, que ingresó al Parlamento, establece que el Banco Central (BCU) sea el depositario de los datos de "los propietarios de títulos al portador, emitidos por sociedades anónimas, en comandita por acciones, asociaciones agrarias y cualquier otra entidad residente".

A diferencia de los títulos nominativos, en las acciones o fideicomisos al portador, ningún organismo conoce quienes son sus propietarios. Con el proyecto esto deja de ser así, ya que los propietarios deben presentar a la entidad que emitió el título los datos que permitan su identificación a través de una declaración jurada. Esa entidad luego debe elevar al BCU una declaración jurada que contenga los datos que los propietarios informaron.

También deberán informar al Central los propietarios de participaciones emitidas por entidades "no residentes que desarrollen actividades" en el país y que por ello estén sujetas a la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Comercio. A juicio de tributaristas consultados por El País el nuevo texto es mejor que las versiones anteriores, cuando el registro iba a estar en la Dirección General Impositiva (DGI) o en la Auditoría Interna de la Nación. Por otro lado, difieren sobre qué propietarios de entidades no residentes estarán obligados a dar sus datos y cuáles no (ver nota aparte).

El registro de los datos de propietarios de títulos al portador tendrá carácter reservado y para asegurarlo se establecen "iguales sanciones que las aplicables ante violaciones al secreto bancario" dice la exposición de motivos. Esto es tres meses de prisión a tres años de penitenciaria.

"TEXTO PARCO". En el nuevo texto, se eliminan varios aspectos incluidos en el primer proyecto que no tenían que ver con el cumplimiento de las recomendaciones que emitió el Foro Global de Transparencia Fiscal a Uruguay luego que no pasara la Fase I de la revisión entre pares. Lorenzo dijo en la comisión que el proyecto presentado busca "adaptar nuestro marco jurídico en lo necesario y lo más parco posible para cumplir" con los estándares de cooperación internacional "en el marco del interés nacional".

El texto incluye un ajuste respecto a los anteriores que es que "en los casos en que se verifique desmembramiento de dominio, la información deberá comprender tanto al nudo propietario como al usufructuario".

En la exposición de motivos de la iniciativa se indica que en "casos en que exista una cadena de propiedad" esto "asegura la identificación de las personas que integran dicha cadena" y evita que un propietario pueda esconderse tras un testaferro. A juicio del tributarista Carlos Loaiza (socio del estudio Sanguinetti/Foderé) es una norma "antielusiva" con la que se logra que si el propietario de una acción es uno pero el usufructo de la misma lo tiene otro, no se pueda evitar el registro "con un tecnicismo".

Las sociedades que coticen títulos al portador en Bolsas de Valores nacionales e internacionales estarán exoneradas de presentar datos y si una sociedad cambia de títulos al portador a nominativos también.

El proyecto establece sanciones para aquellos que incumplan con presentar la información requerida al BCU. Entre otros aspectos no podrán cobrar utilidades de la sociedad y serán multados por hasta 100 veces el valor máximo de la multa por contravención, esto es $ 440.000. Para el tributarista Leonardo Costa son "desproporcionadas las sanciones con el objetivo buscado".

DGI SÍ O NO. Si bien el registro en el BCU es reservado, habrá acceso restringido a algunos organismos. La DGI podrá hacerlo "siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados" o para cumplir con "solicitudes expresas y fundadas" por una administración tributaria extranjera en el marco de los convenios de intercambio de información que firmó Uruguay.

En la comparecencia del ministro de Economía, los diputados nacionalistas Pablo Abdala y Jorge Gandini y el del partido Independiente, Iván Posada plantearon algunos cuestionamientos respecto a cómo accede la DGI.

Lorenzo dijo que se buscó "alinear lo que tiene derecho cualquier administración tributaria extranjera a lo que tiene derecho nuestra administración tributaria", ya que si la DGI no pudiera acceder a datos del registro en esos casos sería "un desbalance" que "debilitaría" al organismo. "¡Vaya si algo que le damos a un fisco extranjero, no se lo vamos a dar a nuestra propia administración tributaria!", exclamó.

Ante ello, Posada propuso agregar al texto que el acceso de DGI sea en el marco de una "resolución fundada". El ministro respondió que "ir por ese camino y adaptar la redacción podría ser una alternativa", aunque agregó que "habría que ver quién evalúa qué tiene fundamentos".

También podrán acceder a los datos la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en casos relacionados "con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo".

Además, las sedes penales del Poder Judicial tendrán acceso. Posada propuso agregar a las sedes civiles en casos de reclamos por manutención de hijos y Gandini pidió incluir a la Junta Anticorrupción. Lorenzo dijo que "perfectamente" se pueden atender esos planteos.

Expertos difieren sobre qué ocurre con dueños de inmuebles a través de S.A.
El tributarista Carlos Loaiza ve "muy bien" el proyecto porque se fija el "objetivo de cumplir" con lo que pide el Foro Global y "nada más", al tiempo que valoró que el registro de datos esté en el Banco Central en vez de en la Auditoría Interna. Para Leonardo Costa, socio de Brum/Costa Abogados es una "garantía muy grande" que el registro lo lleve el BCU.

En cambio, el socio principal de Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, Fernando Jiménez de Aréchaga señaló que el proyecto "es sustancialmente menos malo que el anterior" pero "eso no quiere decir que sea bueno". Un aspecto de la iniciativa es que si una entidad no residente con actividad en Uruguay pero que no está obligada a inscribirse en el Registro Nacional de Comercio en principio no deberá informar los titulares de acciones al BCU. Esto serviría para utilizar sociedades extranjeras como vehículos de inversión en inmuebles o activos financieros. Por ejemplo, un argentino que tenga un inmueble en Uruguay y quiera mantener ese anonimato ante un acuerdo de intercambio de datos con Argentina, podría utilizar por ejemplo una sociedad panameña para tener el inmueble.

Según Loaiza la doctrina no es clara sobre si está obligado a registrarse en el BCU. Para Costa es claro que no está obligado, porque la sociedad no desarrolla su objeto en Uruguay sino que solo tiene un activo. En tanto, Jiménez de Aréchaga dijo esperar que la reglamentación no lo obligue a registrarse.

Las cinco pistas del proyecto.
Ni la Dirección General Impositiva (DGI) como se manejó en un primer momento, ni la Auditoría Interna de la Nación como preveía un segundo anteproyecto de ley del Ministerio de Economía. El depositario del registro de datos de titulares de sociedades anónimas al portador y fideicomisos será el Banco Central (BCU). Así, Economía recogió una propuesta de la oposición.

El BCU informará de los datos a la DGI siempre que se solicite "una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados" o para cumplir con "solicitudes expresas y fundadas" de un Estado extranjero "exclusivamente" en el marco de convenios de intercambio de información o para evitar la doble tributación vigentes. La oposición ya planteó en la Cámara de Diputados que se incluya en el caso del pedido de la DGI, que debe ser fundamentado.

El BCU informará los incumplimientos de la normativa a la DGI respecto a las declaraciones juradas que deben presentar las entidades con los datos de sus accionistas. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo "a publicar la nómina de los sujetos y entidades que hubiesen incurrido en incumplimiento".

"No estarán obligadas" a presentar datos, las entidades que "cuyas acciones, cuotas sociales y demás títulos de participación patrimonial coticen a través de las Bolsas de Valores nacionales, de Bolsas Internacionales de reconocido prestigio" u otras formas de "oferta pública". La segunda versión del anteproyecto establecía que era para las que "hayan emitido", eso se cambió ante críticas de la Bolsa de Valores.

Si la entidad cambia sus acciones al portador por nominativas podrá solicitar la exclusión del registro "en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo".

MEF afín a discutir eliminarlas
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se mostró afín a discutir la eliminación de las acciones al portador en la Comisión de Hacienda de Diputados aunque una vez que se apruebe el proyecto y se cumpla con lo que requiere OCDE. "Estamos abiertos a discutirlo. Nos gustaría ver todos los resortes jurídicos que estaríamos cambiando respecto a eso", afirmó.

El director general de secretaría, Pedro Apezteguía, agregó a El País que la posibilidad de eliminarlas "requiere analizar qué valor tiene para el país que las acciones sean al portador o sean nominativas" y necesita "un estudio más allá de una declaración de principios".

Fuente: http://www.elpais.com.uy/120412/pecono-635774/economia/duenos-de-acciones-al-portador-no-podran-ocultarse-tras-testaferros/

Plan de Vivienda Social dispara el precio de tierra en Cordón y Centro.

Operadores. Constatan que los precios son 50% superiores a los de 2011.

Centro y Cordón se volvieron muy atractivos para construir vivienda de clase media con exoneraciones fiscales, pero los propietarios elevaron hasta un 50% los montos que piden para vender terrenos, lo que dificulta la ecuación de los inversores.

"Se vende. Ideal para construcción plan de vivienda", dice un aviso clasificado del domingo pasado. Con una oferta que ya era restringida en esos barrios, los propietarios están conscientes de que la demanda por la zona aumentó, dado que la ley de promoción de la vivienda de interés social da exoneraciones de impuestos muy significativas a quienes construyan, refaccionen o amplíen dos o más viviendas (para su posterior venta o alquiler). Así, al margen de su valor real, los propietarios buscan dar un mayor precio a sus inmuebles aprovechando el potencial que tienen por su ubicación, en el marco de los cambios impulsados por la ley 18.795.

El contador Alfredo Kaplan, asesor financiero de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, dijo a El País que, si se tienen en cuenta los avisos clasificados, el precio de los terrenos en Cordón y Centro aumentó "cerca de un 50%". La comparación es con respecto al año pasado, ya que fue en octubre que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió la ventanilla para que los inversores presentaran sus proyectos.

Los beneficios que da la nueva ley son de 100% en todos los impuestos nacionales al momento de construir. También hay para cuando el destino final es el alquiler: si bien las exenciones tributarias tienen una base del 40% del impuesto a la renta, en Montevideo hay un incentivo adicional para una franja que comprende buena parte del Centro y Ciudad Vieja. Allí la exoneración puede alcanzar el 100% del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los arrendamientos que se realicen a través del Fondo de Garantía de Alquileres. Ese beneficio rige por los 10 años posteriores a la finalización de la obra.

La constatación de una suba en los precios ofertados por los propietarios fue respaldada por el gerente de ventas de la inmobiliaria ACSA, Edgardo Senlle. "La expectativa del propietario es de aumento con respecto a lo que valían antes. A veces tasás en US$ 100.000 y te piden US$ 150.000", dijo a El País.

No obstante, el operador inmobiliario desestimó que esas expectativas puedan traducirse en el precio de la transacción. "La euforia de que van a aumentar los precios no la veo clara. Las expectativas de crecimiento que tienen los propietarios a mi entender no son válidas. Una cosa es lo que se pide y otra a lo que se vende", indicó.

Entre otros argumentos, señaló que "la mayoría de terrenos no son de altura, entonces la incidencia del terreno es muy importante" en la ecuación de costos de los inversores (porque pueden construir menos apartamentos).

A esto agregó que el costo de construir ha subido y ya no baja de US$ 1.100 por metro cuadrado, mientras que los costos aumentaron por el encarecimiento de la mano de obra y otros insumos. "A la empresa le tienen que dar los números y los números no están cerrando mucho, porque por más exenciones impositivas que haya los costos de construcción también son mayores", dijo.

Senlle agregó que las empresas que están elaborando proyectos para concretar en estos barrios aún no son las de mayor porte, por lo que sus finanzas no son tan holgadas.

Por su parte, el rematador Assad Hajjoul, secretario de la Cámara Inmobiliaria, resaltó a El País que la oferta de terrenos en la zona es "muy escasa" y "lo poco que sale a la venta es más caro". "La pretensión de los ofertantes de obtener un precio mayor hace que los negocios se estanquen y se enlentezca el ciclo de forma bastante considerable (en las transacciones)", dijo. A su parecer, "empieza a haber un contagio" en los barrios de rápida rotación de un fenómeno que antes ocurría solo en Punta del Este: "tener un negocio medio cerrado y que el propietario te pida más".

Al menos tres de cada 10 son propietarios
La proporción de inquilinos en los barrios Centro y Ciudad Vieja duplica a la de Montevideo en general, según datos del Instituto Nacional de Estadística que maneja la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), a los que accedió El País.

Mientras que en la capital el porcentaje de inquilinos es de 24%, en Centro asciende a 47% y en Ciudad Vieja a 56%. En Cordón y Barrio Sur es algo menor (38% y 41% respectivamente). Esto se traduce en un menor porcentaje de propietarios que la media del departamento, que es de 48%. En Cordón la proporción es de 41%, mientras que en Centro es de 33% y desciende a 24% en Ciudad Vieja.

La edad promedio de los jefes de hogar en Centro es de 44 años, por debajo de los 53 años que se registran como media en Montevideo. En Cordón es de 39 años y en Ciudad Vieja de 37.

Otra de las particularidades de Centro es que tiene una proporción muy elevada de hogares unipersonales: son 51,2% del total mientras que en Montevideo es de 24,1%. También es mayor a la media del departamento la cantidad de hogares con dos integrantes (32,7% frente a 28,4%).

De hecho, el 65% de los inmuebles en el Centro posee una habitación para dormir, mientras que en la capital en general esa tipología de vivienda solo alcanza al 45% del total. Además, el 61% de los propietarios están ocupados y un 37% inactivos (jubilados, pensionistas o estudiantes).

LA CIFRA
56% Es la cantidad de inquilinos que existe en la Ciudad Vieja, en el Centro es el 47%.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/120411/pecono-635582/economia/plan-de-vivienda-social-dispara-el-precio-de-tierra-en-cordon-y-centro/

Depósito promedio del ahorrista no residente es de US$ 54.683 .

El 96.5% de los depositantes en el sistema financiero son residentes en el país, según un informe de la consultora Deloitte. Sin embargo, en volumen de negocios el promedio de depósitos de los ahorristas residentes en el país es de US$ 11.201 y el de los no residentes de US$ 54.683.

El promedio de depósitos en los bancos de los residentes en Uruguay aumentó 213 dólares en los dos primeros meses del año, al pasar de 10.988 en diciembre de 2011 a 11.201 en febrero de 2012.

Los residentes tienen en los bancos un promedio de US$ 11.201. En los bancos privados la media es de 13.538 dólares, en tanto en el Banco de la República llega a US$ 9.335.

Las cifras surgen del Análisis del desempeño del sistema financiero en el Uruguay, realizado por la consultora Deloitte, al cierre del mes de febrero.

Además del banco oficial, el análisis incluye a los bancos de la Nación Argentina, Itaú, Santander, Heritage, Bandes, BBVA, Citi, Discount, Hsbc, Lloyds y Nuevo Banco Comercial.

El informe revela que las doce instituciones analizadas tienen 1.664.933 depositantes, de los cuales 902.774 son del Brou (54.2) y 762.159 (45.8%) de los privados. El 96.5% de los depositantes son residentes en el país.

En este período estos bancos sumaron en conjunto 18.218 depositantes, 1.1% más que al concluir 2011. De ese total el República captó 10.270 clientes (56%) y los privados 7.948.

El promedio de depósito en el conjunto, incluyendo ahorristas residentes y no residentes, es de 12.780 dólares. En las instituciones privadas la media es de U$S 16.481 y en el Brou de U$S 9.655.

El promedio de depósitos de los ahorristas residentes en el país es de US$ 11.201 y el de los no residentes de US$ 54.683. En dos meses de 2012 el promedio de depósitos aumentó 261 dólares (2.1%). En los privados la cantidad ahorrada creció promedialmente US$ 419 (+ 2.6%) y en el República US$ 131 (1.4%).

Entre los privados, Nuevo Banco Comercial tiene la mayor cantidad de depositantes (201.380), seguido por Santander (176.739) e Itaú (131.449).

En los dos primeros meses de 2012 la institución que incrementó más su cartera de depositantes fue Citi (+ 6.4%). También destaca el desempeño de Discount (+ 4.1%) y Nuevo Banco Comercial (+ 2.8%).

El 78.6% de los depósitos es por montos iguales o menores a US$ 5.000. Sólo el 2.2% de las cuentas tiene más de 100.000 dólares.

El Heritage tiene el mayor promedio de ahorro, con US$ 136.859 por depositante. Luego se ubican el Lloyds (61.424) y el Citi (53.988).

Fuente: http://genteynegocios.elpais.com.uy/ahorristas-aumentan-sus-cuentas-bancarias

Tras 10 años, Uruguay recuperó el grado inversor.

La calificadora de riesgo Standard & Poor's ascendió de BB+ a BBB- la nota de la deuda.

La calificadora de riesgo Standard&Poor’s acaba de otorgar a Uruguay el grado inversor, según informó hace minutos la agencia Bloomberg.

La agencia elevó la nota de Uruguay de BB+ a BBB-, lo que ya califica como grado inversor.

Se trata de la primera agencia que le dio la nota de “excelencia” a Uruguay, algo que el gobierno viene reclamando desde hace tiempo. Ahora se espera por Fitch Ratings y Moodys, las otras agencias de calificación que también tiene a Uruguay a un escalón del grado inversor.

"La actualización se basa en las sólidas perspectivas de crecimiento económico Uruguay, y en la mejora de los indicadores fiscales y externos, mientras la inversión extranjera directa se fortalece y mejora la diversificación económica", dijo el analista de la empresa, Sebastián Briozzo, en un comunicado. "Las prudentes políticas económicas en los últimos años, respaldados por un amplio consenso político, han permitido a Uruguay para crecer rápidamente y reducir sus vulnerabilidades de crédito principales."

El país perdió su calificación de grado de inversión en febrero 2002, cuando la crisis empezaba a afectar la economía uruguaya, y después de que Argentina dejó de pagar $ 95 mil millones de la deuda, lo que desató una corrida de depósitos bancarios y una devaluación de la moneda en Uruguay. Hoy en día S&P califica Argentina con la nota B, cinco niveles por debajo de grado de inversión.

El fondo se tocó en mayo de 2003, cuando la compañía declaró al país en cesación de pagos, algo que se levantó un mes después, luego del canje con inversores.

La nota de BBB- califica a las compañías que se encuentran “en buena situación” al momento de ser calificadas, y permite establecer tasas de interés más bajas a la hora de colocar deuda en el mercado.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/221680/tras-10-anos-uruguay-recupero-el-grado-inversor/