jueves, 27 de septiembre de 2012

Los argentinos llegan para abrir cuentas en los bancos uruguayos.

 Perfil. Apuntan al Litoral, son de clase media y depositan bajos montos.

El creciente intervencionismo estatal en las decisiones de gasto y ahorro de los ciudadanos argentinos alimenta la apertura de cuentas bancarias en Uruguay. El flujo de dinero es lento pero constante y se hacen depósitos de montos medios.

Elina es argentina y trabaja para una multinacional en Estados Unidos. El mes pasado cruzó el Río de la Plata y se abrió una cuenta en un banco local. El objetivo es pedirle a la empresa que le deposite el salario en Estados Unidos para luego transferirlo a una cuenta en Uruguay en la que pueda manejar sus ahorros sin el control del gobierno argentino. Valentina tiene un trabajo en Uruguay que hace a distancia y abrió una cuenta para poder cobrar. Lo mismo ocurre con Pablo o Sandra, uruguayos radicados en Buenos Aires, que cobran pensiones del Banco de Previsión Social y decidieron abrir cuentas para tener el dinero "más fácil" al momento de viajar a Uruguay.

Esta situación como tantas otras se volvió más frecuente a medida que el vecino país incrementó los controles de divisas, pese a que Uruguay y Argentina acordaron el intercambio de información fiscal este año. En los últimos meses el gobierno de Cristina Fernández elevó el monitoreo que realiza sobre la fuga de divisas de sus ciudadanos (no permite ahorrar en dólares) que no han olvidado el intervencionismo del corralito de 2001, cuando se pesificaron los depósitos en Argentina.

Según pudo saber El País en base a fuentes bancarias, la demanda de argentinos se registra con mayor énfasis en las sucursales de bancos en departamentos del Litoral, sobre todo en Colonia, pero también en Maldonado cuando vienen por el fin de semana. De hecho, el fin de semana pasado, varios bancos en Punta del Este registraron un alza en las consultas para abrir cuentas, supo El País.

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El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, dijo ayer a El País que no se observa un aumento "explosivo" pero que los datos de cuentas de no residentes tienen una tendencia "creciente" en los últimos años. "Es un crecimiento lento pero constante", sostuvo.
De Brun afirmó que el crecimiento comenzó cuando el gobierno argentino confiscó el dinero de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión a fines de 2008, pero que "cada medida que ha tomado Argentina por lo general ha implicado una salida de capitales, que en parte va para Uruguay y en parte para el resto del mundo".
En agosto, los depósitos de no residentes en el sistema bancario local aumentaron con respecto a julio, revirtiendo la caída que habían evidenciado el mes anterior, de acuerdo a cifras divulgadas por el Banco Central.

El crecimiento fue de 0,9% en pesos a pesar de las trabas establecidas por el gobierno argentino para la salida de divisas. Medidos en dólares, los ahorros de extranjeros sumaron US$ 3.464 millones. Esto supuso un incremento de US$ 54 millones con respecto a julio. El aumento fue absorbido en un 90% por los bancos privados y un 10% por los públicos.
El Central estima que cerca del 90% de los depósitos de no residentes corresponden a argentinos.
Las condiciones y precios para abrir cuentas a un argentino son variadas según de qué institución se trate (ver nota aparte).

En cuanto al tenor de los depósitos con que se están abriendo cuentas en Uruguay, De Brun informó que son "montos medios", ya que las riquezas más importantes que se fugan de ese país se vuelcan a la administración de portafolios de inversión, que se manejan desde Uruguay "pero no necesariamente con cuentas abiertas en el país".
De Brun explicó que el perfil demandante de cuentas "es diverso", pero que en general corresponde a "gente de clase media que viene habitualmente a Uruguay o gente de clase alta que viene a Uruguay porque tiene propiedades", entre otros casos.


Los requisitos varían según la institución.
 
 
Los bancos de la plaza uruguaya ponen similares exigencias formales a los no residentes que desean abrir una cuenta, pero los montos que es necesario depositar difieren según la institución.
Esto motiva a los argentinos a hacer varias consultas antes de tomar la decisión.

Los principales bancos privados exigen a los no residentes un depósito de unos US$ 5.000 o US$ 10.000 promedio, con costos fijos que en general son de US$ 10 o US$ 20 mensuales.
El Banco República, en tanto, cobra US$ 200 por abrir la cuenta y a partir de los US$ 500 depositados no tiene costo fijo mensual.

A los no residentes la banca uruguaya les exige información sobre las cuentas con las que ya operan, en qué sucursales de su banco, con qué operativa y desde cuándo, además del documento de identidad y otros comprobantes sobre los ingresos y egresos mensuales promedio, así como referencias personales y alguna factura a nombre del interesado que pruebe el domicilio. Algunos también consultan el propósito de la cuenta. La apertura de cuentas en general permite acceder a una tarjeta de crédito internacional sin costo el primer año, además de la de débito.

En agosto, las instituciones que captaron mayor volumen de depósitos de no residentes fueron Banque Heritage (US$ 24 millones), Itaú (US$ 21 millones) y en menor medida Santander (US$ 9 millones) y BBVA (US$ 8 millones), según los datos más recientes divulgados por el Banco Central.
Los argentinos que retiran más de US$ 10.000 de su país en la mano, deben declararlos ya que ese monto está sujeto a controles.
 
 

 


Caen compraventas y precios de inmuebles registran leve baja.

La actividad inmobiliaria mostró una fuerte caída en el primer trimestre del año


 
La actividad inmobiliaria de compraventas registró una fuerte caída durante el primer trimestre del año.
La menor concreción de negocios tuvo un impacto, aunque poco significativo, en los precios, que todavía se encuentran muy por encima de igual período del año anterior.
Según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cantidad de metros cuadrados transados en compraventas cayeron 16,9% en el primer trimestre del año, en comparación con el período diciembre-febrero.

Los precios registraron en ese período una leve caída. Medido en dólares, el valor promedio transado cayó 1,67%, mientras que en moneda local la caída fue de 2,82%. Sin embargo, la fuerte suba de los precios durante el último año llevó a que, a pesar de la baja de marzo, los precios se mantengan en niveles significativamente más altos que en el primer trimestre de 2011.
Los datos divulgados por el INE muestran que en la medición interanual los precios de los inmuebles subieron 15,52% en pesos y 14,9% en dólares, durante el período enero-marzo.
Ese fuerte incremento se dio aun con una caída de 10,73% en las cantidades transadas. Ese deterioro en el mercado no fue aislado, sino la continuación de una caída de 10,77% durante el último trimestre de 2011 en términos interanuales.

En comparación con el dato anterior, el alza de precios registró apenas una desaceleración. De crecer 17,4% en dólares, el aumento se moderó apenas 2,5 puntos porcentuales.
Hasta el primer cuarto del año pasado, las compraventas mostraban un crecimiento importante que iba de la mano del aumento de los precios. Con relación a 2010, mostraban un crecimiento de 13,9% en cantidad y un alza de precios de 12,9% en moneda extranjera. Sin embargo, en el segundo y tercer trimestre, el mercado se desaceleró y las ventas crecieron 4,7% y 1,4%, respectivamente.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/233427/caen-compraventas-y-precios-de-inmuebles-registran-leve-baja/

Bajó el precio del metro cuadrado de compraventas.


Fue en el primer trimestre del año frente al anterior
 
 
El precio promedio del metro cuadrado de las compraventas cayó en el trimestre móvil de enero-marzo, en relación al anterior, revirtiendo la suba evidenciada en octubre-diciembre, según se desprende del informe de actividad inmobiliaria publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice medio del precio de las compraventas disminuyó 2,82% en el trimestre enero-marzo, medido en pesos, y 1,67% en dólares, respecto al trimestre anterior. Si se compara con igual lapso de 2011, los precios aumentaron 15,52% en pesos y 14,90% en dólares.
Para el cálculo del índice se consideran las compraventas de propiedades en régimen de propiedad horizontal que se realizaron en Montevideo.
La baja de precios estuvo asociada a un menor volumen de transacciones en el mercado inmobiliario en el período analizado.

Si se compara con el primer trimestre de 2011 el índice de cantidades cayó 10,73%, el mismo retrocedió 16,93% en relación al trimestre anterior.
El costo de la construcción, que afecta directamente el precio de los inmuebles, subió levemente (0,24%) en relación a diciembre-febrero, aunque aumentó 13,89% si se compara con igual lapso de 2011.

De acuerdo a la información provista por la Dirección General de Registros, la mayoría de los actos registrados en marzo (compraventas, hipotecas, promesas) ocurrieron en Montevideo (33,6%), Maldonado (14,6%), Canelones (12,9%), Rocha (7,6%) y Colonia (4,4%).
ALQUILERES. Del análisis de los contratos de alquiler iniciados en marzo se observa una tendencia creciente del precio de los arrendamientos, según la información recolectada por el Servicio de Garantía de Alquileres.

En el último año móvil finalizado a marzo se aprecia un incremento de aproximadamente 20% en promedio, por barrio, respecto a los contratos que ya estaban vigentes con anterioridad.
Los precios más altos de los barrios donde se cuenta con información representativa se registraron en Pocitos ($ 11.199), Malvín ($10.836), Parque Batlle ($ 9.597) y Tres Cruces ($9.525).
Por otro lado, cabe destacar que el precio promedio de los alquileres en Maldonado y Ciudad de la Costa se situó por encima del valor promedio de Montevideo.

En tanto, el peso del alquiler promedio en el ingreso se los hogares se ubicó en 21% en marzo del corriente año, frente al 18% registrado en enero de 2006.
 
 
 
 
 

Contador argentino plantea fórmula para eludir tratado.

El senador Sergio Abreu, presidente del CURI, señaló que el acuerdo de intercambio con Argentina "no se debe firmar porque faltan garantías jurídicas". Subrayó que "el secreto de los tratados internacionales está en el principio de la buena fe".

El abogado Juan Manuel Romero Godoy, por su parte, señaló que tiene reparos por el "uso de un lenguaje confuso que genera contradicciones a la hora de aplicar el tratado".
En ese sentido, consignó que de acuerdo al texto que se maneja "no queda clara la forma en que se aplicará la retroactividad, tampoco se explica cómo se manejará la igualdad de los tributos o el manejo de la información del contribuyente".

Por otro lado, Rivero señaló que si se aprueba el tratado "habrá problemas para su aplicación" ya que "cada pedido de Argentina dependerá de quién lo ejecute y podría pasar que en los hechos quede todo trancado".
Por su parte, David Eibe, exdirector de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía dijo que nungún país está obligado a sumarse a la iniciativa de OCDE. No obstante, mencionó que aquellos países que queden afuera corren el riesgo de volverse "parias del mundo". Aclaró que la cadencia de los acuerdos de intercambio se incrementó al punto que en 2001 había uno y en 2012 ya suman más de 400.
Eibe y el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, coincidieron en subrayar que Uruguay nunca fue un paraíso fiscal.


A ESTUDIO EN SENADO URUGUAYO

 
 
La aplicación del convenio de intercambio de información depende de la aprobación de los poderes legislativos de ambos países. El congreso argentino ya lo aprobó meses atrás. Mientras tanto, en Uruguay sigue siendo un proyecto de ley a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado sin fecha para ser votado. En las últimas semanas varios tributaristas concurrieron para expresar su parecer sobre el texto.
 

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miércoles, 19 de septiembre de 2012

Ratificarán acuerdo tributario con Argentina tras pasar fase de OCDE.

Tributaristas sugieren retrasar aval pero el vicepresidente Danilo Astori afirmó que no comparte esta idea.


Uruguay logró avanzar a la Fase II del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), luego de presentar en París las modificaciones al marco normativo sobre el régimen de sociedades anónimas con acciones al portador y los acuerdos de información tributaria que firmó el Poder Ejecutivo.

Para los tributaristas, este hecho es una “buena noticia” para el país, además de una oportunidad para “desconprimir” la urgencia del gobierno uruguayo para ratificar el acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina, que tiene a estudio el Parlamento .
Asimismo, un experto sugirió la posibilidad de “modificar” y “mejorar el convenio”. Empero, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, aclaró que no comparte esta propuesta y por eso el gobierno seguirá adelante con la ratificación del convenio.

Una fuente del Ministerio de Economía explicó a El Observador que tras la presentación técnica que realizó Uruguay ante la OCDE en París, habrá “pequeños retoques” antes de la ratificación formal que el organismo hará sobre el pasaje de Uruguay a la Fase II el próximo mes en Sudáfrica.

En diálogo con El Observador Astori dijo que tomó la noticia con “satisfacción” porque le permite a Uruguay “defender su prestigio internacional”. Agregó que este avance del país es “tan relevante” como haber alcanzado el grado inversor a principios de año.
“Se hizo un muy buen trabajo en materia de intercambio de información tributaria, sobre la participación de las sociedades anónimas al portador y obviamente sobre el combate al lavado de activos”, destacó.

Según un comunicado del Ministerio de Economía la aprobación del informe técnico permitirá al país transitar hacia la Fase II del Foro de Transparencia Global, “que consiste en la revisión de las capacidades previstas por el marco normativo”, etapa que comenzará a regir en el primer semestre de 2014.
El paso dado por Uruguay significa dejar atrás la Fase I luego de haber abandonado la “lista gris” de la OCDE, que ponía al país dentro de la categoría de “poco colaboradores” en materia transparencia tributaria y el combate al lavado de activos.

Oportunidad.

A juicio de tres tributaristas consultados por El Observador, el hecho de avanzar hacia la Fase II de la OCDE sin tener aún ratificado el acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina abre un compás de espera y saca presión para que el Parlamento uruguayo avale el mismo en el corto plazo. El Parlamento argentino ya cumplió con ese paso por lo que solo resta la ratificación local.

Para el experto Nelson Costa, con este avance quedó comprobado que la principal restricción que tenía Uruguay para superar la Fase I era la normativa de sociedad anónimas con acciones al portador, que se terminó modificando con una ley hace dos meses. “La segunda lectura es que esto lleva a descomprimir la urgencia por ratificar el acuerdo con Argentina”, indicó.
En una línea similar, Carlos Loaiza del estudio Sanguinetti-Fodere, dijo que en vista que Uruguay ya accedió a la Fase II, “no debería apurarse” y le permite cierto “margen para renegociar las condiciones del tratado que ahora puede hacerse jugar políticamente”.
Agregó que el gobierno uruguayo queda en “una buena posición” para “presionar” a Argentina y buscar una “mejora” en el mecanismo para evitar la doble imposición incluida en el convenio que ya firmó el Ejecutivo.
Precisamente, para su colega Carlos Varela, “Argentina hace que el costo político de ratificar el tratado sea muy alto”, teniendo en cuenta la relación actual entre ambos gobiernos.
No obstante, consultado por esta posibilidad de renegociar el acuerdo Astori fue enfático y dijo “no compartir” esta sugerencia. “Uruguay tiene que seguir transitando por el camino que se requieren en estos casos. Argentina es un país relevante en esta materia para el país.
Uruguay no tiene nada que temer. El gobierno no está haciendo esto ante posibles efectos negativos por parte de Argentina, sino por un camino que ya se trazó. No creo que haya que dilatar los plazos por la decisión de la OCDE”, afirmó. El vicepresidente agregó que Uruguay no puede aprovechar el reconocimiento de la OCDE para “dilatar” los pasos que definió ratificar. Asimismo, recordó que el Poder Ejecutivo está avanzado para firmar un acuerdo de intercambio de información Brasil en los próximos meses.
El senador del Partido Nacional, Francisco Gallinal, informó a El Observador que su colectividad rechazará la ratificación del tratado con la vecina orilla “producto de la incertidumbre” y el “impacto” que generan las medidas proteccionistas de Argentina.

Sin mayor impacto en inversión
El hecho de que Uruguay consiga avanzar a la Fase II del Foro de Transparencia Gobal de la OCDE no acarreará mayores cambios en los niveles de inversión extranjera que recibe actualmente el país. Para el tributarista, Alberto Varela, las listas de la OCDE operan como un incentivo negativo pero no son determinantes para la inversión extranjera, salvo que un país esté en una lista negra que no era el caso de Uruguay. En tanto, según comentó Carlos Loaiza, los países como Uruguay que no tienen grandes recursos naturales “tienen que darle más importancia a su buena reputación”. No obstante, indicó que avanzar según los estándares de OCDE no es determinante para la inversión. Dijo que en el caso de Uruguay podría tener un efecto positivo si el gobierno planteara algunos cambios al tratado actual para darle más beneficios impositivos a los inversores argentinos.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/232878/ratificaran-acuerdo-tributario-con-argentina-tras-pasar-fase-de-ocde/

lunes, 17 de septiembre de 2012

Crece el financiamiento para vivienda.


Impulsa la edificación para los estratos medios, con impacto en los precios, pero sin que se llegue a configurar una burbuja inmobiliaria.
 
Las condiciones de mercado indican que la actividad inmobiliaria se encuentra en un momento de transición. El segmento más alto del mercado, que fue el que impulsó la salida de la crisis de la construcción, se ve afectado por los controles de capitales en Argentina y la incertidumbre derivada de la crisis internacional.
 
Por otro lado hay una demanda insatisfecha de los estratos medios de la población, quienes en años anteriores vieron dificultado el acceso a la vivienda por falta de financiamiento pese al incremento que se registraba en sus ingresos. Sin embargo, en los dos últimos años aumentó considerablemente el financiamiento bancario, lo que motivó que hayan sido las construcciones dirigidas a este segmento las que lideraran la industria. El crecimiento económico y el bajo desempleo hacen que la confianza de los consumidores se encuentre en niveles elevados. Si sumamos a ello el hecho de que los bancos estén prestando dinero, permite pensar que la demanda por viviendas se mantendrá firme y, por lo tanto, el nivel de actividad del sector en este segmento.
 
El riesgo que se presenta es que la economía se frene más de lo esperado debido al agravamiento del contexto internacional, lo que podría llevar a un aumento del desempleo y dificultades en los pagos.
 
ACTIVIDAD. En el último año, la Intendencia Municipal de Montevideo otorgó permisos de construcción por 580 mil metros cuadrados, lo que marca un descenso del 10% respecto al año 2010. Antes de extraer conclusiones apresuradas a partir de esa caída, conviene analizar la evolución histórica y entenderla a la luz de los factores que explican la evolución del sector.


En el Gráfico N° 1 se muestra la evolución de los permisos de construcción desde el año 1971. Se destacan nítidamente tres momentos del tiempo en que se alcanzan valores elevados. El primero, a fines de los años setenta marca los máximos de la serie. En los cinco años que van desde 1977 a 1982 (crisis de la tablita) se otorgaron permisos por casi 5 millones de metros cuadrados (un millón por año). En los años noventa y en los últimos cuatro años, luego de las crisis, aumentan nuevamente, situándose en promedio en los 560 mil metros cuadrados por año.
Los tres períodos en que aumentan los permisos presentan una serie de características en común, y en el caso particular de los años setenta, hay un cambio institucional que ayuda a explicar el fuerte incremento.
 
Los aspectos comunes son un contexto internacional favorable al país, con bajas tasas de interés, ingreso de capitales a la economía, incremento en el ingreso de los hogares y fácil acceso al financiamiento, aspectos todos que contribuyen a la expansión de los negocios inmobiliarios. A su vez, en los años setenta se liberalizó al sector tras un largo período de control de alquileres, que condenó a tres décadas de estancamiento en la industria de la construcción.
 
En base a los permisos de construcción y los avances de obra, desde 1991 el INE elabora y difunde semestralmente el Índice de Volumen Físico de la Construcción de Viviendas Nuevas en Montevideo (IVFC). En el segundo semestre de 2011 el IVFC registró un incremento de 3,4% respecto a igual período del año anterior.
El Gráfico N° 2 muestra la evolución de este indicador, donde se ve claramente que en el último año alcanzó el valor más alto desde que se divulga. Tal comportamiento es en respuesta a una serie de factores que incidieron en el desempeño del sector y que condicionan su evolución futura. Al respecto, es muy útil analizar el desempeño de la construcción de viviendas atendiendo a las características de las mismas. El IVFC no solo brinda información global, sino que también presenta datos según la tipología de la vivienda, siendo las torres (sean estas económicas, medianas o suntuarias) y las viviendas individuales las relevantes. Los factores que están detrás de la demanda de cada uno de estos tipos de viviendas no son los mismos por lo que, para analizar la evolución del sector, es conveniente analizarlos por separado.
 
 
TIPOLOGÍAS. Los ciclos, tanto al alza como a la baja, comienzan y terminan en la construcción de las viviendas más suntuarias. Hay una explicación para ello. La demanda por viviendas en torres suntuarias no es solo doméstica; de hecho, está muy influenciada por inversores extranjeros, fundamentalmente argentinos (Punta del Este es un claro ejemplo de ello, aunque los números aquí analizados no lo reflejan). Este tipo de inversores, de mayor poder adquisitivo, buscan la mayor rentabilidad para sus colocaciones. Una de las características que mostró la economía internacional a lo largo de la última década fue el bajo nivel de las tasas de interés, una de las tantas causas que impulsaron al alza la inversión extranjera directa (IED) en el país y el retorno de capitales nacionales ahorrados en el exterior. Una parte importante de esa IED (Uruguay XXI la ha estimado en el 30%) y del ahorro doméstico se volcó hacia emprendimientos inmobiliarios.
 
Por lo tanto, en momentos en que las tasas de interés se encuentran en niveles muy bajos, y los costos de construcción y adquisición de viviendas son relativamente más bajos que en el resto del mundo, los retornos por la inversión inmobiliaria (valorización de la propiedad y alquiler) se tornan atractivos.
En tal sentido, los cambios que se han sucedido en los últimos meses, tanto en el contexto internacional, regional y ciertas decisiones tomadas por el gobierno uruguayo pueden llegar a tener un impacto negativo en la evolución futura de la IED en nuestro país, lo que podría afectar a la construcción de torres suntuarias. De hecho, en el segundo semestre de 2011 el IVFC correspondiente a este tipo de viviendas se redujo un 30% respecto al mismo período del año anterior y un 37% respecto al primer semestre del año.
Como contrapartida, aumentó la construcción de torres medianas (76% y 20% respectivamente) y la de viviendas individuales, básicamente suntuarias con calefacción (44% y 27% respectivamente). En el caso de las viviendas medianas la explicación se encuentra por el lado del financiamiento. En los últimos años, los créditos del sistema financiero para la adquisición o refacción de viviendas han aumentado considerablemente, amparados en el dinamismo del mercado interno, el mayor ingreso de los hogares y el retorno de los préstamos del BHU, que habían cesado tras la crisis del año 2002. En el Gráfico N° 3 se muestra la evolución del crédito para la vivienda que registró un aumento del 40% en pesos (30% en términos reales).
 
 
¿BURBUJA? Según el Índice de Actividad Inmobiliaria que elabora el INE, el precio promedio del metro cuadrado transado en el año 2011 era exactamente el doble del registrado en el año 2005. A simple vista, resulta un aumento impactante que puede hacer pensar en la existencia de una burbuja en el mercado inmobiliario. Máxime lo acontecido en esos años en los países desarrollados, donde efectivamente se generó tal burbuja que, al explotar, derivó en la actual crisis internacional.
 
Es cierto que los precios subieron, pero también lo es el hecho que la base de comparación es muy baja puesto que en el año 2005 la economía estaba recuperándose de la crisis de 2002. A su vez, al medir en dólares hay una distorsión, debido a la apreciación de la moneda en dicho período, en el orden del 20%.
Estos y otros factores hay que tener en cuenta al analizar la posible existencia de una burbuja. Pero existen algunos indicadores simples, de fácil construcción que brindan una primera impresión al respecto. Concretamente, el ratio entre el precio de la vivienda y el ingreso. Se trata de un indicador relativo al esfuerzo que debe realizar el comprador.
 
Del análisis de la evolución a lo largo del tiempo se puede concluir si hay o no sobrevaluación de precios. Dicha evolución aparece en el Gráfico N° 4, donde se observa que el valor actual se ubica por debajo del promedio del período analizado. Ello descarta la idea de una sobrevaluación y por consiguiente de una burbuja. Pero este es un ratio teórico que no mide el verdadero peso en el ingreso de los hogares de la compra de una vivienda. La verdadera carga es el peso de la hipoteca.
No se cuenta con datos al respecto pero, dados los montos que circulan no parece haber hasta el momento elementos como para configurar una burbuja.

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Más de la mitad de las sociedades anónimas evita el registro de BCU.

Firmas argentinas y locales prefieren migrar hacia el régimen de acciones nominativas

Más del 50% de las sociedades anónimas (SA) que tiene acciones al portador está optando, hasta el momento, por migrar al régimen nominativo para evitar el registro que deben realizar obligatoriamente los titulares de las acciones ante el Banco Central del Uruguay (BCU), antes del 24 de octubre.
Asimismo, un porcentaje menor opta directamente por diluir las sociedades, según relevamiento de El Observador con estudios jurídicos que asesoran a empresas locales y extranjeras que tienen SA. En general, la mayoría de las multinacionales y los europeos no muestran mayores objeciones para completar el formulario e identificarse ante la autoridad monetaria. Empero, los argentinos y los empresarios locales prefieren directamente migrar al régimen nominativo, un trámite que insume unos 30 días y que evita una mayor exposición pública de sus datos personales.
Para que una empresa con acciones al portador pase al régimen nominativo, debe identificarse ante el Registro Nacional de Comercio y luego comunicarlo a la Auditoría Interna de la Nación.
El integrante del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, Nicolás Herrera, comentó ayer a El Observador que la reacción de los clientes hasta el momento ha estado dividida entre un 50% que prefiere migrar al régimen de sociedades nominativas y el restante 50% por inscribirse ante el BCU.
En tanto, Nicolas Piaggio de Guyer & Regules informó que en su caso la relación es incluso un poco mayor y el porcentaje de clientes que opta por migrar el régimen nominativo llega al 60%, básicamente por la incidencia que tiene la decisión de las empresas locales, mientras que un 40% se vuelca por el registro ante el BCU.
El experto advirtió que también se está notando que varios inversores extranjeros están optando por disolver las SA con acciones al portador con domicilio en Uruguay. Como alternativa, trasladan sus SA a otros países para evitar el registro público ante el BCU. “A varios les preocupa registrarse ante el Banco Central porque también surgen dudas sobre la seguridad que no necesariamente tienen que ver con temas fiscales”, explicó Piaggio.
Por su parte, el socio del estudio Sanguinetti-Fodere, Carlos Loaiza, dijo a El Observador que varias empresas están pensando en pasar al régimen nominativo producto que está cobrando fuerza la idea de que el Poder Ejecutivo va a quitar el impuesto del 2,4% que hoy grava las ventas de las acciones nominativas. Actualmente, no se abona este tributo para las transacciones que se hacen dentro de las SA con acciones al portador. Agregó que otro factor que está incidiendo en que se traspaso al régimen nominativo son las “dudas” que giran entorno al registro que debe elevarse ante el BCU para los titulares de acciones al portador.
Perfil
Hasta el momento, las grandes multinacionales extranjeras que desarrollan proyectos de industriales y de servicios en Uruguay al igual que los inversores europeos están optando por completar el formulario y registrarse ante el BCU. No obstante, en el caso de la gran parte de las firmas uruguayas y las argentinas que tienen acciones al portador prefieren ingresar el régimen nominativo. Esto, a priori, no tiene un efecto negativo sobre la inversión porque el régimen nominativo da cierta “reserva” a los inversores argentinos que tienen empresas en Uruguay.
Loaiza reconoció que es “natural” que a los inversores argentinos les interese “protegerse” para no figurar en un registro fácilmente accesible por parte de su fisco. Por otro lado, el experto recordó que en los países desarrollados el sistema de acciones al portador ha tendido a desaparecer no jurídicamente pero si en los hechos ya que las empresas están “habituadas” a registros públicos. Asimismo, señaló que en varios países desarrollados ya se está aplicando el intercambio de información automático entre los países. “En Uruguay aún estamos lejos de esto, pero la tendencia de los países de la OCDE es a que los países firmen acuerdos multilaterales y las entidades tributarias puedan intercambiar automáticamente la información”, indicó.
El Poder Ejecutivo, creó por ley este año un registro de titulares de participaciones patrimoniales al portador para elevar los estándares de transparencia tributaria y cumplir con las exigencias de la OCDE. Además, el  Parlamento se apresta a ratificar en los próximos días un acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina y el Ministerio de Economía tiene listo para su firma otro con Brasil.
Prevén que plazos den justo
El Banco Central de Uruguay (BCU) dio plazo hasta el 24 de octubre para que los titulares de las acciones al portador brinden sus datos de las sociedades. Para Nicolás Herrera los  plazos “están ajustados” aunque recordó que en principio se había manejado como fecha límite setiembre pero luego, finalmente, se decidió dar un mes más de plazo prorroga que servirá para que se pueda cumplir con las exigencia  del registro. No obstante, para Piaggio de Guyer los plazos del BCU para elevar los datos de los titulares son “muy escuetos” teniendo en cuenta que en Europa hay varios titulares de acciones al portador que recién están regresando de sus vacaciones de verano.  En tanto,  el plazo para elevar la declaraciones juradas de las sociedad vence el 21 de enero.

jueves, 6 de septiembre de 2012

Mantener datos de acciones para que DGI fiscalice.


 Lo deben hacer quienes pasen de al portador a nominativas.
 
La obligación de mantener los antecedentes para aquellas entidades con títulos al portador (no se sabe quienes son sus propietarios) que se pasen a nominativas (donde se conoce a sus dueños) es por meros fines tributarios, aseguró el Ministerio de Economía.
Eso está contenido en las respuestas a un pedido de informes -a las que accedió El País- que realizó el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala sobre el decreto reglamentario de la ley que establece un registro en el Banco Central (BCU) de propietarios de títulos al portador para cumplir con el Foro Global de Transparencia Fiscal.
Abdala preguntó "por qué razón" cuando se opta por el proceso simplificado para pasar los títulos al portador a nominativos "se mantienen los antecedentes por un período prolongado que la norma legal no habilita".
La respuesta de Fernando Serra (director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía) señaló que "uno de los objetivos" de esa ley es "permitirle a la Dirección General Impositiva el acceso a la información sobre la titularidad de las participaciones patrimoniales al portador". Es por eso que el acceso a esa "información, tiene fines tributarios", agregó.

"Resulta natural y obvio que la información deba conservarse por el período de prescripción de las obligaciones tributarias", concluyó Serra. Ese período es de cinco años, aunque en casos en que el contribuyente o responsable haya incurrido en defraudación o no cumpla con sus obligaciones, el plazo se duplica.

Otro de los cuestionamientos de Abdala fue si no se "extralimita" el decreto, al conceder al BCU la potestad de pedir datos adicionales a los descriptos en ese texto. La respuesta de Serra fue que "la ley encomienda el registro al BCU, por lo cual es lógico que el registrador quede habilitado -dentro de los parámetros de razonabilidad que limitan toda acción administrativa- a exigir datos que considera relevantes para el debido cumplimiento del mandato legal".

Argumentó que el artículo 4° de la Carta Orgánica del BCU dice que este "está facultado" para "realizar todos los actos jurídicos" para cumplir con "los cometidos que le asignen la Constitución y la ley" lo que se enmarca en "un principio de general reconocimiento en el Derecho Público: el de los poderes implícitos".

Abdala dijo a El País que "hay puntos oscuros" en las respuestas de Serra y por eso hará un planteo en la Comisión de Hacienda para citar al ministro de Economía, Fernando Lorenzo en función de que "las respuestas no son totalmente satisfactorias".
Uno de los aspectos que sí deja en claro Economía, es que los dueños de títulos al portador deberán aportar datos sobre sus cónyuges (como establece el decreto) pero no en caso de unión concubinaria, ya que, según Serra, "no constituye un estado civil".
Fuente: http://www.elpais.com.uy/120906/pecono-662076/economia/mantener-datos-de-acciones-para-que-dgi-fiscalice/