Uruguay debería pasar la auditoría sobre la transparencia fiscal de la OCDE, aunque se le presentarán algunos problemas por no dar información en forma retroactiva. El gobierno y expertos son conscientes que el secreto bancario va hacia su fin en los próximos dos años.
Mientras, el gobierno uruguayo monitorea el proceso de auditoría del Foro Global de Transparencia fiscal al que es sometido Uruguay -conocido como Fase II- también está atento a hacia dónde va el mundo en materia de intercambio de información tributaria: el fin del secreto bancario.
"En el gobierno son conscientes de este aspecto", dijo a El País una fuente del sector privado. El intercambio de información tributaria entre organismos de recaudación de diferentes países ya es un "estándar" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Autoridades de gobierno ya transmitieron a algunos actores del sector privado que en los próximos dos años, Uruguay deberá ir hacia el intercambio automático de información tributaria y por ende al fin del secreto bancario para el fisco. Si bien, se puede avanzar en forma sucesiva, habrá que ir hacía allí, entienden en el Poder Ejecutivo, indicaron fuentes del sector privado.
Actualmente, el intercambio de información que practica Uruguay con aquellos países con los que tiene acuerdo es a pedido del fisco y con levantamiento del secreto bancario autorizado por la Justicia y en procesos que llevan varios meses. El intercambio automático que se viene, supone que el fisco extranjero acceda a la información que requiera "en línea".
El profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica y socio del Estudio Brum-Costa Abogados, Leonardo Costa, dijo a El País que Suiza, país paradigma en materia de secreto bancario "va hacia el intercambio de información tributaria en forma automática". Eso significa que un fisco extranjero podrá acceder a "toda la información bancaria" que requiera de Suiza.
Lo de Suiza, "es como una señal" para el resto de los países, expresó Costa.
Con ese diagnóstico coincide Costa. "Hay modificaciones legales que habrá que ir procesando" en un lapso de "dos años", afirmó.
Este cambio que impulsa la OCDE obligará también a renegociar los 27 acuerdos de intercambio de información tributaria que tiene Uruguay con países como Alemania, Argentina, Australia, Brasil, España, Francia, Inglaterra, México y Suiza entre otros.
Para el catedrático de Derecho Tributario en la Universidad ORT e integrante de Ferrere Abogados, Alberto Varela, el "intercambio de información tributaria en forma automática es un disparate" porque implica dar "información al barrer" cada cierto tiempo.
Loaiza apuntó que este esquema con la eliminación del secreto bancario "va en contra de nuestros principios jurídicos, incluso de la Constitución" y dijo que genera un "gran desafío operativo" porque requiere que los dos fiscos "estén interconectados mediante un software".
Fase II.
Mientras espera por como decantará la situación del secreto bancario, el gobierno uruguayo juega otro partido: el de la revisión de la Fase II del Foro Global de Transparencia fiscal y que audita si las leyes y procedimientos que tiene el país realmente permiten intercambiar información tributaria con otros países.
Es un partido un poco particular, "donde el contrario (por la OCDE) te mueve el arco", indicó el catedrático Varela a El País. Es que a su juicio a "Uruguay le debería ir bien, porque lamentablemente ha hecho todo lo que le han pedido". Empero, el organismo siempre pide cumplir con nuevos estándares.
"Uruguay está bien parado, se han hecho cambios. El tema es si no nos van a exigir más", coincidió Costa. "Desde el punto de vista del intercambio, no hay un problema", agregó.
Para el profesor Loaiza "no va a haber problemas por el lado de la Dirección General Impositiva (DGI) -que es la encargada de intercambiar datos con fiscos extranjeros- pero sí en otras oficinas como la Auditoría Interna y el Registro" y también por el lado "del manejo del secreto profesional" que para OCDE debería ser más restrictivo".
En el gobierno -que ya contestó el formulario inicial del organismo- se entiende que va a haber algún inconveniente con el hecho de que Uruguay proporciona información desde la fecha que entra a regir el tratado y no en forma retroactiva, según dijeron a El País fuentes del sector privado que conocen la situación. Este es uno de los planteos que puede cuestionar Argentina.
A nivel oficial se espera la aprobación de una ley que permita liquidar las sociedades inactivas, lo que puede ser otro inconveniente para la OCDE.
La posibilidad de integrarse a la OCDE en la visión de los expertos.
El profesor de Derecho Financiero y de Tributación, Carlos Loaiza publicó a fines del año pasado el libro "Ser o no ser: Uruguay y su camino hacia la OCDE" en el que explora las alternativas que tienen Uruguay para ser parte de este club de países desarrollados y recomienda su adopción.
Según Loaiza el país debería seguir el camino de Chile que terminó convirtiéndose en miembro pleno de esa organización. Eso lo llevó a cabo el gobierno de centro-izquierda de la Concertación y le permitió poder procesar reformas económicas que de otro modo no habrían sido llevadas a cabo, indicó. Si bien, Uruguay no puede convertirse ya en miembro pleno de la OCDE, Loaiza sugiere que comenzar por dar pasos en ese sentido -como ser observador en órganos técnicos- ligados a una "agenda de política exterior uruguaya".
Por su parte, el profesor de Derecho Tributario, Alberto Varela opinó que la OCDE es "un superpoder que somete a las naciones a cambios legislativos y a veces hasta constitucionales en beneficio de un grupo de países poderosos que hoy están en problemas".
