lunes, 24 de noviembre de 2014

Inmuebles se encarecieron desde abril, según nuevo indicador de El Observador.

El precio de oferta de los apartamentos en Montevideo subió 3,4% en dólares en los seis meses a octubre.


US$ 107.000
US$ 207.000
Carrasco
US$ 202.000
Punta Gorda
US$ 201.000
Punta Carretas
US$ 180.000
Malvín
US$ 177.000
Pocitos
US$ 169.000
Buceo
US$ 165.000
Parque Batlle
US$ 155.000
Tres Cruces
US$ 153.000
Promedio Montevideo
US$ 153.000
Parque Rodó
US$ 141.000
La Blanqueada
US$ 143.000
Prado
US$ 138.000
Cordón
US$ 135.000
Palermo
US$ 115.000
Ciudad Vieja
US$ 112.000
Unión
US$ 115.000
Centro
US$ 117.000
Aguada
US$ 104.000
Jacinto Vera

Las distintas zonas son ponderadas luego por su participación efectiva en el mercado de compraventas durante 2013. De esa manera, el IPAM-EO refleja la situación actual de los precios de oferta en el mercado de apartamentos en compraventa de 18 barrios de Montevideo. Se toman en cuenta los casos de entre 20 y 250 metros cuadrados, con valores de entre US$ 20.000 y US$ 2 millones.
Si la variación en el precio de los inmuebles durante los últimos seis meses se analiza en pesos constantes –descontado el efecto del aumento general de los precios al consumo–, arroja como resultado una suba todavía más pronunciada del precio promedio del metro cuadrado. El incremento en pesos del IPAM-EO fue de 5,8% por encima de la inflación. Eso implica un aumento mayor que el del salario real, que en los 12 meses a setiembre subió 5%.
Es así que, por primera vez en varios años, el valor de los inmuebles sube por encima del incremento de la capacidad de consumo de los uruguayos, lo que implica que el poder adquisitivo de metros cuadrados de vivienda por parte de los uruguayos se redujo durante el último semestre relevado.
Medido en dólares corrientes, el aumento de los precios fue parejo a lo largo de los últimos seis meses. En el trimestre móvil finalizado en julio, el valor de los apartamentos de la capital subió 1,6%, mientras que en el trimestre a octubre, el alza fue de 1,8%.
Sin embargo, el diferente ritmo de evolución del tipo de cambio a lo largo del período, hace que en pesos constantes, el incremento fuera de 0,8% en los tres meses finalizados en julio y de 4,9% durante el período agosto-octubre.
Por barrios.
El aumento en el precio de los apartamentos se dio de forma prácticamente generalizada a lo largo de los 18 barrios relevados –que en su conjunto, representan alrededor de 75% del mercado de compraventas de la capital–. Solo el Prado y la Unión mostraron una caída de los precios en los seis meses finalizados en octubre.
Si bien el indicador del Equipo de Datos y la Unidad de Análisis Económico de El Observador evalúa el precio del metro cuadrado, los valores se expresan en un valor indicativo (teórico) de un apartamento de 65 metros cuadrados –alineado con el tamaño medio de los casos considerados–.
Buceo fue el barrio que más se encareció, con un incremento de 8,1% en dólares respecto a abril, a US$ 176.632. Le siguieron de cerca la Aguada y el Centro, con un incremento de 7,8% y 7,1%, respectivamente. En esos barrios, un apartamento de 65 metros cuadrados tiene un precio medio de US$ 118.999 y US$ 120.880.
El único barrio que bajó de precio de forma significativa durante el período relevado fue la Unión, con una baja de 9,1%, a US$ 102.949. Sin embargo, eso puede estar influido por la importante heterogeneidad de precios dentro de ese barrio y un cambio en el peso relativo de las distintas zonas que lo componen en la oferta de inmuebles a lo largo del tiempo.
Pocitos, el barrio que representa por sí solo 20% del mercado de compraventas de apartamentos en la capital, incrementó 2,8% sus precios en dólares corrientes, a US$ 180.692, de acuerdo al valor indicativo de un apartamento de 65 metros cuadrados.
El precio de los inmuebles mantiene una tendencia al alza medida en dólares corrientes. Los últimos datos procesados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) corresponden al promedio de transacciones realizadas en 2013. Esas cifras muestran que en Montevideo, el precio del metro cuadrado en propiedad horizontal subió 12,7% respecto al promedio de 2012.
A partir de noviembre, el IPAM-EO del Equipo de Datos y la Unidad de Análisis Económico de El Observador tendrá una periodicidad mensual en su actualización y será publicado durante la segunda quincena posterior al mes relevado. La iniciativa, que explota las nuevas posibilidades que brinda el Periodismo de Datos, intenta aportar a la transparencia del mercado inmobiliario en Uruguay, que posee un importante déficit en materia de indicadores en tiempo real.

La oferta de inmuebles en la web aumentó 34%

La oferta de inmuebles en los principales sitios de clasificados registró un fuerte incremento durante los seis meses finalizados en octubre, de 33,5%.
Si bien un incremento en la oferta puede estar asociado a un menor dinamismo del mercado en la concresión de compraventas, la ausencia de una serie prolongada impide detectar si este comportamiento obedece a factores estacionales, o a un cambio en el comportamiento del mercado.
Al mismo tiempo, puede estar operando, además, un cambio tecnológico, con una mayor expansión en el uso de clasificados web como mecanismo para concretar la venta de un inmueble. Sin embargo, representa un elemento relevante para realizar un seguimiento en próximas ediciones del indicador.

Tasas de LRM en pesos a corto plazo se mantienen.

os rendimientos de Letras en Regulación Monetaria (LRM) en pesos, que emite el Banco Central (BCU), se mantuvieron relativamente estables, aunque con un sesgo al alza, en una semana sin mayores sobresaltos.

Operadores bursátiles consultados explicaron que las tasas de las LRM de plazos más cortos apenas se movieron debido a que la fuerte demanda se vio contrarrestada por un aumento en la emisión por parte del BCU.
En tanto, las de más largo plazo tuvieron un aumento de rendimientos dado que la autoridad monetaria también colocó mayores montos, convalidando las exigencias del mercado.
Si no puede ver el texto haga click aquí
La emisión volvió a aumentar, alcanzando un total de $ 5.162 millones, por la que se recibió una demanda que alcanzó los $ 12.190 millones.
El índice Itlup de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) avanzó apenas 6 puntos en la semana y cerró el viernes en 1.333 enteros, su mínimo movimiento "punta a punta" en más de dos meses.

lunes, 17 de noviembre de 2014

Tasas de letras en pesos retoman senda al alza.

Los rendimientos de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos, que emite diariamente el Banco Central, mostraron un marcado repunte la semana pasada, luego de la fuerte caída evidenciada la semana anterior.

En particular, el mayor incremento fue para las tasas de títulos a 180 días, que pasaron de 12,79% en la semana previa a 13,58%.
Si no puede ver la gráfica, haga click aquí.
Operadores bursátiles consultados explicaron que las LRM a plazos más cortos están siendo las más demandadas y que se ve en el mercado una preferencia por el peso frente a la Unidad Indexada. Sin embargo, el Central aumentó su emisión de títulos en pesos, y llegó a colocar el doble de lo anunciado en una de las licitaciones, convalidando así las tasas más altas.
El índice Itlup, de Bevsa, avanzó 24 puntos en la comparación semanal y cerró el viernes en 1.327 enteros.
La emisión fue la mayor en cuatro semanas y alcanzó los $ 3.388 millones, al tiempo que la demanda fue $ 8.519 millones.

lunes, 10 de noviembre de 2014

Circulante en fideicomisos financieros se multiplicó por cuatro desde 2010.

El sector se ha especializado: los inversores acerca de qué títulos elegir y los fiduciarios en estructuración de operaciones


Los últimos 4 años han sido los de mejores resultados en la historia de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), que acaba de cumplir 20 años de existencia. En el último período, la cantidad de Obligaciones Negociables circulantes se duplicó, al tiempo que los Fideicomisos Financieros se multiplicaron por cuatro. Para el Gerente General de Bevsa, Eduardo Barbieri, este instrumento es el que generó mayor dinamismo al mercado en los últimos años. Destacó en especial la existencia del "certificado de participación", una categoría muy utilizada en los fideicomisos financieros, que vino a sustituir, en parte, al alicaído mercado de acciones. Para Barbieri, el gran desafío pasa por reducir la complejidad y los costos de emisión. A continuación, un resumen de la entrevista.
—La salida de la crisis de comienzos de la pasada década marcó un cambio importante para el sector, que había quedado muy disminuido…
—Así fue. En el año 2004, el Banco Central empieza a sofisticar su sistema de requerimiento de información a los emisores. Ese conjunto de comunicados que se fue emitiendo se explicita luego en la Ley del Mercado de Valores y en los decretos reglamentarios posteriores. A través de esa normativa, se le da potestades muy importantes al Banco Central en cuanto a la información que puede requerir para emisiones u otro tipo de operaciones. Eso tiene un impacto en los costos y en los tiempos, que uno pensaría que —básicamente— volvería menos atractivo el mercado de valores a quienes buscan financiamiento. Sin embargo, eso no ocurrió así y la demanda creció.

NUEVOS TÍTULOS.

—¿Cuáles son los cambios más significativos?
—Particularmente, ya no tienen tanta demanda las viejas obligaciones negociables, donde determinadas empresas con una sólida trayectoria, con una deuda bancaria y otra de muy corto plazo con proveedores, pueden recurrir al mercado de valores, basadas fundamentalmente en su aspecto reputacional. Ese es el modelo tradicional, básicamente de obligaciones negociables, que a lo largo del tiempo ha crecido, pero en un segmento de empresas muy grandes en la escala local. La mayoría públicas —UTE, BHU— y unas pocas privadas, caso Conaprole, Hípica Rioplatense o Puerta del Sur.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

Vía gradual al intercambio de datos automático y fin de secreto bancario.

Uruguay encarará cambios legislativos graduales para poder intercambiar con otros países datos tributarios y financieros en forma automática. Eso supone que ya no se requerirá autorización judicial para levantar el secreto bancario para la DGI o fiscos extranjeros.


En el gobierno lo tienen más que claro y ya en mayo preveían que
 en dos años Uruguay debía ir hacia el intercambio automático de información tributaria y financiera con otros países, lo que daba tiempo para procesar el fin del secreto bancario, había informado El País. Ayer, fuentes del Frente Amplio dijeron a El País que Uruguay se comprometió a intercambiar información automática y que el nuevo gobierno resolverá las modificaciones legislativas.
"No tenemos mucha chance, no hay mucha cintura para hacer cosas diferentes (a las del resto de los países) en esto", afirmó una fuente al tanto de las negociaciones. La idea es procesar los cambios —que el secreto bancario sea levantado sin necesidad de autorización judicial como hasta ahora— "lo más gradual posible", agregó.
El intercambio automático supone pasarle a otro Estado datos de cuentas bancarias, compraventa de activos y estados financieros de empresas y personas físicas de ese país que residen en Uruguay.
La Dirección General Impositiva también debería acceder a información bancaria sin necesidad de autorización judicial para estar en pie de igualdad con los fiscos extranjeros.
El ministro de Economía, Mario Bergara dijo ayer a El País que "evidentemente el secreto bancario en esta lógica se sigue erosionando" (ver aparte).
"El secreto bancario a efectos fiscales está llegando a su fin ya que los países y los principales centros financieros se comprometen a un intercambio automático de información entre jurisdicciones", señalaba un comunicado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en mayo pasado.
Eso se vio reflejado en que 51 jurisdicciones —entre ellas Argentina, Colombia, Alemania, Italia, Malta, Reino Unido, Corea— acaban de cerrar en Berlín un Acuerdo Multilateral de Intercambio de Información Tributaria y los primeros intercambios serán en 2017. Otras tres jurisdicciones —Uruguay, Colombia y Niue— se comprometieron a empezar a intercambiar información automática a partir de 2017 (según informó ayer el diario El Observador), pero sin integrar el acuerdo multilateral.
El director de la AFIP de Argentina, Ricardo Echegaray se congratuló de la decisión uruguaya (ver aparte). Otras cinco jurisdicciones (Panamá entre ellas) se negaron a firmar el acuerdo y a indicar una fecha para adoptar el nuevo esquema.
Además, 34 jurisdicciones (entre ellas Brasil, China, Canadá, Suiza, Australia, Rusia) se comprometieron a intercambiar información automática a partir de 2018, pero al igual que Uruguay sin integrar el acuerdo multilateral.
"Es una técnica para ganar tiempo. La OCDE favorece el multilateralismo, pero Uruguay se compromete a firmar con cada país", dijo a El País el profesor de Derecho Financiero y de Tributación Internacional en la UdelaR y en la Universidad de Montevideo y socio del estudio Sanguinetti/Foderé, Carlos Loaiza.
"Uruguay hizo un compromiso político de intercambiar información en forma automática. Para eso debe previamente modificar su ley de secreto bancario que exige autorización previa del juez", dijo a El País el profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica y socio del Estudio Brum-Costa, Leonardo Costa. "Uruguay se compromete al intercambio de información vis a vis con países que firmó tratados y no necesariamente que intercambien en el multilateral", indicó.
Uruguay intercambia información tributaria con los 29 países con los que actualmente tiene acuerdos (entre los que están Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Corea, Suiza), pero es por requerimientos puntuales cuando hay sospecha de evasión y con la intervención previa de la Justicia.
Con el cambio, pasaría a intercambiar datos "al barrer", sin necesidad de intervención judicial previa. En algún momento del año, Uruguay deberá intercambiar toda la información tributaria y financiera que posea sobre residentes de un país con el que tenga acuerdo (por ejemplo de argentinos con el organismo de ese país). Esto supone "estados financieros, dividendos, intereses, resultados de ventas de activos de empresas y personas físicas", dijo Loaiza.
El país no intercambiará automáticamente con las 51 jurisdicciones firmantes del acuerdo multilateral a la vez, sino que lo hará bilateralmente con aquellos países con los que ya tenga convenio.
Costa indicó que serán "las instituciones financieras quienes tendrán la carga de identificar no solo a residentes de un Estado u otro, sino también a cuentas bancarias y datos reportables, e incluso debiendo aplicar, en ciertos casos, un régimen de transparencia, a los efectos de identificar a las personas controlantes o beneficiarias". Con ello se da "una suerte de levantamiento total y absoluto del secreto bancario y profesional asociado a las entidades financieras, a los efectos de que se transmita información financiera en masa de forma continua por períodos determinados de tiempo", añadió.
Para Costa "la DGI debiera acceder automáticamente a la información, ya que si lo hace a extranjeros ¿por qué no a los residentes?" pero es "una pregunta aún sin respuesta".
Según Loaiza "no hay que ser alarmista" ya que "este es un proceso gradual" aunque "representa un gran desafío a la intimidad, a la evolución histórica que tuvo el secreto bancario en Uruguay".

Para cumplir con OCDE, Uruguay debería cambiar secreto bancario.

Expertos cuestionan compromiso de Uruguay para ir hacia acuerdos sin orden judicial previa

Antes que Uruguay pueda estar en condiciones de avanzar en acuerdos automáticos de información fiscal  sin orden judicial previa con terceros países (fines de 2017 o 2018), deberá “modificar” la ley de acceso del secreto bancario, precisó a El Observador una fuente del Poder Ejecutivo. Para tributaristas y expertos consultados por El Observador, este no es un tema menor que cambia las reglas de juego actual sobre las cuales venía transitando el país para cumplir con las recomendaciones del Foro de Transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ortos consideran que es un camino sin marcha atrás. 

El tributarista de Guyer & Regules, Juan Bonet, advirtió a El Observador sobre “los cambios” que primero deberá realizar Uruguay sobre el “secreto bancario”, para estar en condiciones de “cumplir” con el compromiso que asumió el pasado viernes en Berlín ante la OCDE para ir hacia acuerdos automáticos de información fiscal sin orden judicial. Para el experto, la nueva obligación que asumió Uruguay “va en contra de toda la normativa interna y de negociación de convenios” -de intercambio de información y para habilitar la doble imposición tributaria- que Uruguay venía impulsando hasta ahora. Bonet explicó que la política de intercambio de información que aplica Uruguay, “se hace previo requerimiento y caso por caso, sin pedidos al barrer (conocidas como “expediciones de pesca”) para acceder a información de los contribuyentes”. Según evaluó el experto, el nuevo esquema que persigue la OCDE con los intercambios automáticos “va en contra de esa política”. Recordó Uruguay no ha avanzado hasta el momento en esa línea, porque “ha optado por preservar garantías constitucionales” como el derecho a la privacidad, intimidad, y las garantías del debido proceso, para que se pueda controlar la información que se está enviando al exterior.  “El intercambio automático tiende a considerar la no preservación de esos derechos. Entendemos que el mundo va para ese lado, pero no fue la política que aplicó Uruguay hasta el día de hoy”, cuestionó.

En la misma línea, los catedráticos de Derecho tributario de la Universidad ORT, Alberto Varela y Gianni Gutiérrez, expresaron su visión crítica sobre los cambios que promueve  la OCDE en países como Uruguay. “La presión para intercambiar información bancaria en forma automática viene de la OCDE. La OCDE es un club de países ricos, que atraviesan una larga crisis y por ello están desesperados por cobrar más impuestos. Uruguay no es un país rico, ni está en crisis, por lo que esta presión le es totalmente ajena a sus intereses”, cuestionaron los expertos en una declaración a la que accedió El Observador. 

Consideraron que el intercambio automático de información bancaria es la “institucionalización de las tan criticadas expediciones de pesca. Y la crítica a las expediciones de pesca se deriva en que violan nuestra Constitución. Antes de realizar cualquier  intercambio de información, el fisco uruguayo está obligado a darle la posibilidad de que el contribuyente se oponga. No es más que el derecho al debido proceso establecido en la Constitución. Derecho que no puede ser derogado por un tratado. En Uruguay los tratados no tienen un rango superior a la Constitución, están por debajo de ella y deben ajustarse a lo que ella establece”,  advirtieron Varela y Gutiérrez. 

Para Bonet de Guyer, toda la normativa que se sancionó a partir de 2011, previendo el relevamiento del secreto bancario por la firma de convenios con el exterior,  “de alguna manera debe ser ajustada” porque está  diseñada para intercambios “caso a caso”, y “previo requerimiento” que prevé que una autoridad uruguaya “controle” la pertinencia de cada pedido de un fisco extranjero. 

Por su parte, para el economista Gustavo Licandro, director de Licandro Servicios Financieros, “un mecanismo automático sin las garantía que otorga la participación del Poder Judicial, puede ser tremendamente arbitrario, tanto como arbitrarias sean las administraciones de otros países con aquellos contribuyentes a quienes quieran perjudicar por razones de cualquier tipo”. A su juicio, la OCDE “solo se preocupa por frenar los flujos de capitales hacia las economías emergentes”. En Uruguay pasó del 3% al 6% del PIB en los últimos años, recordó. “Un parte de ese ingreso de capitales proviene de Argentina, buscando seguridad jurídica en nuestro país donde se respeta el derecho de propiedad. Es inocultable el daño que podría causarnos la OCDE, si el flujo de capitales se enlentece por esta razón”, alertó Licandro.

Primer paso
Fuentes del Poder Ejecutivo aseguraron ayer a El Observador que el compromiso que firmó Uruguay ante la OCDE en Berlín el pasado viernes “no implica abrir las puertas” para que terceros países (como Argentina) soliciten datos a Uruguay, sin necesidad de contar con una orden judicial. “Aún no hay ningún compromiso firme (ante la OCDE) y que sea de inminente aplicación para Uruguay”, precisaron las fuentes. “El compromiso de avanzar en el intercambio automático de información fiscal dependerá de la próxima administración de gobierno”, indicaron. 

Asimismo, comentaron que si Argentina “tiene intensiones de avanzar” en un acuerdo de intercambio de información automático con Uruguay, hay que “negociar” un “nuevo tratado” tributario con la vecina orilla, ya que el que está vigente hoy no contempla esa posibilidad. “Esto no es un trámite. Es un proceso complejo”, afirmaron las fuentes del Ejecutivo.
 Por otro lado, el director del estudio Ferrere, Andrés Cerisola, dijo ayer a El Observador que Uruguay no puede escapar a la tendencia que se está imponiendo hacia una mayor transparencia. “Era un tema de cuando. El mundo va ineludiblemente en una dirección de mayor transparencia. La única pregunta es cuándo, cómo y de qué forma debe hacerse. Es inocente y cortoplacista pensar que nos podemos aislar de esta ola”, reconoció el experto.
Origen de la norma en crisis de EEUUEl origen del cambio que promueve la OCDE para los intercambio de información automáticos, surgió de ley Fatca (sigla en inglés que significa Foreign Account Tax Compliance Act) que aprobó EEUU tras la crisis financiera de 2008 y que obliga a los bancos y entidades financieras a remitir información a ese país sobre las cuentas de clientes e inversores estadounidenses.  “Esto funciona como una especie de intercambio de información automática que opera a favor de un país. Lo que firmó Uruguay en Berlín va en esa línea”, explicó Bonet de Guyer & Regules.