Uruguay reclamó a OCDE recibir el mismo trato que otros países.

El gobierno envió un informe a la OCDE con sus avances para pasar la Fase I de la revisión sobre transparencia fiscal. En algunos puntos que el organismo le cuestionó, Uruguay pidió el mismo trato que a otros países que no fueron observados.

El informe fechado el 30 de abril está acompañado de una carta firmada por los ministros Luis Almagro (Relaciones Exteriores) y Fernando Lorenzo (Economía y Finanzas) dirigida al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría. El País accedió a ambos documentos.

En la carta que firman Lorenzo y Almagro "se desea dejar expresa constancia" que en el informe que determinó que Uruguay no pase la fase I del Foro de Transparencia Global, "algunas observaciones" el gobierno considera que "están ajustadas al estándar" y por lo tanto "no corresponde se realicen modificaciones normativas". Además "algunas de las observaciones formuladas a Uruguay (...) han sido tomadas como ajustadas al estándar en recientes evaluaciones realizadas a países que presentan marcos jurídicos similares", añaden.
Uno de los puntos objetados en la Fase I es que "no hay ningún requisito que deban cumplir los `nominees`". Esta es una figura por la que las acciones se registran a nombre de una persona pero a su vez el propietario es otro. Uruguay marcó que quiere recibir "el mismo tratamiento dado a Chile, Brasil, Costa Rica, España, Francia, Bélgica y Mónaco" donde se "consideró" que el "concepto `nominee` no existe", expresa el informe.

En cuanto a la observación referida a "establecer disposiciones coercitivas para apoyar el mantenimiento de información de propiedad e identidad para todo tipo de acciones", el gobierno respondió en el informe que ya existen "disposiciones coercitivas en la normativa de Uruguay" y que "no obstante" se envió al Parlamento el proyecto de ley para identificar a los dueños de títulos al portador que contiene "una disposición que impone una multa" en caso que se venda la participación y no haya sido registrada. Pero además, Uruguay solicitó "su profundo deseo" de recibir el mismo trato que México y Chile, que no fueron observados por este aspecto.

En la Fase I también se objetó que Uruguay no tiene "claramente establecido" el requisito de "mantener documentación" por al menos cinco años en empresas que operen en zonas francas.
El gobierno respondió que "existe una previsión específica" en el Código Tributario que consagra eso y que "en el caso específico de los usuarios de zonas francas" deben "presentar una declaración anual de su balance, con un informe de auditor independiente".
Se agregó que "el mismo argumento fue usado por Hong Kong, China" y por ello el gobierno "expresa su deseo de recibir idéntico tratamiento".

Otro punto cuestionado fue que "el alcance del secreto profesional" de los abogados "en el Uruguay no es claro".
En el informe presentado a la OCDE, el gobierno respondió que "este aspecto deberá ser considerado en el transcurso de la Fase II, como ha ocurrido con otros países, por ejemplo España".
MÁS ACUERDOS. Además de señalar que Uruguay firmó un acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina, que negocia uno con Brasil y que estaba en trámite parlamentario un proyecto de ley para registrar a los propietarios de títulos al portador -los tres puntos más cuestionados en la Fase I-, el gobierno detalló otros avances.

En el informe enviado, se expresó que "Uruguay ha firmado 19 tratados" de intercambio de datos fiscales -un cuestionamiento era que el país no tenía una cantidad suficiente- y adelantó que otros con Bélgica, Rumania, Canadá, Australia "han sido negociados" y están listos para la firma. Por otro lado están "en proceso de negociación" acuerdos con Malasia, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido e Italia.
A su vez con Estados Unidos se iniciaron "los primeros pasos" para negociar "respondiéndose a un cuestionario atinente a políticas, normas y prácticas vinculadas al intercambio de información", se indicó.

Concuerdan en que se frenaron inversiones.

El jueves, en la comparecencia del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, a la comisión de Hacienda por el proyecto de ley que crea un registro de titulares de acciones al portador, se dio una discusión entre un legislador oficialista y otro de la oposición acerca del acuerdo de intercambio de datos con Argentina. El senador frenteamplista, Alberto Couriel, dijo que en la reunión "organizada por el Partido Colorado" que "se realizó en Punta del Este, en el Hotel Conrad" y de la que participaron Isaac Alfie, Luis Mosca, Ignacio De Posadas y Julio De Brun "se expresó que no hay retroactividad para el pago de impuestos pero sí la hay para dar información".
"Honestamente debo decir que me llamaron algunas personas amigas que tienen una inmobiliaria en Punta del Este para decirme que luego de ese análisis que se hizo en el Conrad, allí había quedado todo trabado" en materia de negocios inmobiliarios, dijo.

El senador colorado, José Amorín Batlle, salió al cruce y afirmó que estuvo "en Maldonado el día previo y el posterior a esa reunión a la que concurrieron exministros y expresidentes del Banco Central para opinar sobre este tema". Continuó e indicó que discrepa "con lo que dijeron los amigos del señor senador Couriel que tienen una inmobiliaria, porque la impresión que tuve el día anterior a la reunión es que luego de que se planteara este proyecto de ley pero, sobre todo, después de la firma del tratado con Argentina, la actividad en Punta del Este se paró". "Por lo tanto, no se detuvo a raíz de que tres economistas fueron al Conrad a explicar el contenido de algún proyecto y de un convenio", añadió.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/12/06/09/pecono_645439.asp?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=text-link&utm_content=Uruguay%20reclam%C3%B3%20a%20OCDE%20recibir%20el%20mismo%20trato%20que%20otros%20pa%C3%ADses&utm_campaign=Resumen%20Matutino