SON SOBRE PERSONAS FÍSICAS Y ALGUNOS REFIEREN A "PASES PUENTE" EN FÚTBOL.
La Dirección General Impositiva (DGI) rechazó varios pedidos de información fiscal que llegaron de Argentina porque estaban mal fundamentados o porque no aportaban datos suficientes sobre los contribuyentes. Se trataba de personas físicas.
Tras el primer pedido de información, que había apuntado a los pases puente de futbolistas, siguieron llegando otras solicitudes, pero no todas pudieron seguir su curso, informaron a El País fuentes del gobierno que prefirieron el anonimato debido a la confidencialidad con que se trabaja en el tema.
Consultado al respecto, el director general de Rentas, Pablo Ferreri, respondió: "De ese tema no vamos a hacer ninguna declaración, está dentro del secreto tributario".
Según supo El País, los principales argumentos de la DGI para no brindar información fueron que las solicitudes no estaban bien fundamentadas o que no se habían agotado los medios en Argentina para obtener los datos requeridos.
Estas condiciones estaban contempladas en el acuerdo, que exige que las solicitudes especifiquen por escrito "la identidad de la persona sometida a inspección o investigación", "el fin tributario por el cual se solicita la información" y "una declaración que estipule que la parte requeriente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la información, salvo aquellos que dieran lugar a dificultades desproporcionadas", entre otros aspectos.
El incumplimiento de esos requisitos habilita a la DGI a "denegar su asistencia". La administración tributaria debió comunicárselo a su contraparte en Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dentro de los 60 días de haber recibido la solicitud y le notificó los defectos.
La AFIP está investigando los "pases puente" de futbolistas argentinos a través de equipos uruguayos desde hace varios meses. El mecanismo implica que los deportistas simulan pasajes por clubes locales ya que al ser vendidos desde Uruguay sus transferencias pagan menos impuestos.
Una de las operaciones que motivó un pedido de información a la DGI uruguaya fue la que implicó al pase del futbolista Emanuel Gigliotti del Novara de Italia a Boca Juniors, por un monto de US$ 1,5 millones. El 50% del pase estaba en cabeza de Fénix de Uruguay y, en 24 horas, pasó al Novara. A través de la DGI, la AFIP consultó a Fénix sobre el verdadero beneficiario del cobro del pase del jugador e incluso pidió una declaración testimonial a sus directivos.
Otro de los pedidos de información que hizo la AFIP a la DGI habría sido sobre el club Sudamérica por el mismo tema, dijeron los informantes.
En agosto del año pasado, la AFIP identificó a siete clubes uruguayos en esas triangulaciones: Sudamérica, Fénix, Progreso, Bella Vista, Cerro, Boston River y Rampla Juniors. También detectó la participación de dos equipos chilenos (Unión San Felipe y Rangers) y uno suizo (Locarno).
Empresas.
Una de las mayores preocupaciones de la AFIP es fiscalizar a empresas de gran porte, para reducir las que estén operando en Uruguay subdeclarando impuestos o aquellas que funcionen como "empresas de papel". No obstante, aún tiene restricciones para pedir datos sobre empresas y por eso se concentró en personas físicas.
Esto se debe a que el intercambio rige únicamente para los períodos fiscales que inicien durante o después del 7 de febrero (cuando entró a regir el acuerdo). Esos períodos se corresponden con el cierre de los balances de empresas argentinas que tienen operaciones en Uruguay. Así, si una firma cierra su balance el 30 de septiembre de 2013 y la AFIP pide información sobre sus activos para controlar el pago de impuestos, la DGI no está obligada a proporcionarla porque estaría dando datos sobre un ejercicio fiscal que aún no culminó.
En los únicos asuntos por los que la AFIP puede solicitar información desde que entró a regir el acuerdo son aquellos de "materia tributaria penal", es decir, por causas de la Justicia penal argentina posteriores al 7 de febrero. No pueden ser simples causas administrativas por no pago de tributos, sino que se tendrá que justificar que están vinculadas a un proceso penal.
El acuerdo con Argentina permite acceder a información de bancos, otras instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, datos vinculados a la propiedad de sociedades, sociedades personales, fideicomisos y fundaciones, entre otros.
Tras negarse a firmarlo durante años, Uruguay negoció este acuerdo por las exigencias del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de OCDE, que al realizarle al país una "revisión de pares" le criticó que no tuviera acuerdos con "socios relevantes", como Argentina y Brasil. Uruguay cumplió, pero puso como condición que los datos intercambiados no sea retroactivos.
Lavado y evasión fiscal.
La jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos realizó en junio tres allanamientos en tres entidades financieras en busca de datos útiles para una investigación en curso en Buenos Aires sobre maniobras de lavado de activos y evasión fiscal a través de transferencias de futbolistas. Esos procedimientos respondieron al pedido del juez argentino Norberto Oyarbide, quien busca a los responsables de operaciones de triangulación y "planificación fiscal "nociva". Dos de las empresas allanadas fueron Alhec Group y el Royal Bank of Canada, que luego comunicó su decisión de retirarse de Uruguay.
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