viernes, 23 de octubre de 2015

OCDE destaca actitud de Uruguay y abre las puertas.

Uruguay está en condiciones de iniciar el camino para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así por lo menos, se ve desde el organismo, si bien el gobierno es todavía cauto respecto a esa posibilidad.



La OCDE la integran 34 países entre los que están Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Italia, España, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Corea, entre otros. Solo dos latinoamericanos son parte: México y Chile (que ingresó en 2010). A su vez, en mayo de 2013 comenzó conversaciones de acceso con Colombia y en abril de 2015 con Costa Rica, entre otros.
En el viaje que la semana próxima realizará el presidente Tabaré Vázquez a Francia, se espera formalizar el ingreso de Uruguay al Comité de Asuntos Fiscales como "observador participante" y al Centro de Desarrollo de la OCDE como "miembro" mediante la entrega de las cartas respectivas dijeron a El País fuentes oficiales. Estos son dos foros vinculados a la OCDE.
Por su parte, el director del Centro para Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint Amans dijo en diálogo con El País que "ser un observador participante del Comité de Asuntos Fiscales" del organismo "es una gran movida de Uruguay".
Consultado respecto a si Uruguay está en condiciones de convertirse en miembro del Comité de Asuntos Fiscales, Saint Amans afirmó a El País: "pienso que Uruguay sería más que bienvenido como miembro del Comité de Asuntos Fiscales, absolutamente, y escuché que como miembro de la OCDE, aunque eso va más allá de mi capacidad" como funcionario.
El pasado 30 de septiembre, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori se refirió a esto en rueda de prensa al volver del viaje a Estados Unidos cuando acompañó a Vázquez a la Asamblea de Naciones Unidas. Astori anunció allí que Uruguay se integraba al Comité de Asuntos Fiscales como observador, un foro que "viene avanzando notoriamente en cuanto al análisis y al monitoreo de los sistemas tributarios en el mundo".
A su vez, indicó que también fue admitido como miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE. Esto, "no es lo mismo que ingresar a la OCDE" sino que "es una parte de la organización. De todas maneras, ingresar al Centro de Desarrollo es un paso que acorta las distancias entre la institución y el país", afirmó. En el Centro de Desarrollo están países miembros y no miembros del organismo.
Según informó el semanario Búsqueda el pasado 8 de octubre, durante el gobierno de José Mujica la Cancillería "elaboró un informe que recomendaba considerar una aproximación de Uruguay a la OCDE". Aunque, agregó que "el tema por entonces pareció quedar en la nada, y de hecho para muchos se instaló una visión negativa acerca de ese club de economías pujantes".
El hecho de que un funcionario del organismo como Saint Amans maneje la posibilidad de que Uruguay pueda pedir el ingreso al organismo vuelve a abrir las puertas.
Uno de los pioneros en señalar que Uruguay debería recorrer el camino para ingresar a la OCDE es el profesor de Derecho Financiero y de Tributación Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Carlos Loaiza Keel. Escribió el libro "Ser o no ser. Uruguay y su camino a la OCDE"..
En diálogo con El País, Loaiza Keel dijo que el hecho de ingresar como observador al Comité de Asuntos Fiscales "es un éxito de la política tributaria del gobierno" porque muestra "la reacción" que tuvo para salir de la lista "negra" de países no cooperantes con el intercambio de información tributaria y haber superado las fases I y II de la revisión entre pares en la materia.
"Se acercó al estándar de países desarrollados", agregó.
Por otro lado, ingresar al Centro de Desarrollo del organismo "es un paso muy positivo" evaluó. Es que allí están países de la OCDE y otros que no, pero que al organismo "le interesan especialmente como China y Brasil", añadió.
Estos dos pasos, abren "una ventana de oportunidad" para que Uruguay "pueda recorrer el camino para ingresar como miembro de la OCDE", explicó Loaiza Keel. Es que más allá que ese organismo "tenga aspectos cuestionables", es quien "está a la vanguardia del diseño de la arquitectura económica mundial", aseguró.
Según Loaiza Keel "Uruguay tiene un perfil interesante" para el organismo. "No tiene el tamaño de la economía de México" por ejemplo, pero "si tiene algo parecido a Chile, es un país mesocrático, bien ordenado, con tradición de respeto por el Estado de derecho", explicó. Y si el país decide recorrer el camino de ingreso, "puede ser hasta más fácil" que Colombia, añadió. El solo hecho de decidir iniciar el camino "es importante" porque implicaría "hacer reformas de una envergadura tal que pueden cambiar la cultura organizacional de Uruguay, aún sin entrar", expresó Loaiza.
Estar en la OCDE, implica que el país puede conocer y participar de decisiones de primera mano. "Es mejor conocer las decisiones de primera mano, si voy a tener que reaccionar" a ellas, planteó el profesor de Derecho Financiero y Tributación Internacional. Ingresar "obliga a un país a medirse con los mejores y no buscar excusas de porqué no estás bien", finalizó.
La relación con la OCDE.

Además de ingresar como miembro al Centro de Desarrollo de la OCDE y como observador participante al Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, Uruguay ya tiene desde hace tiempo relación con el organismo. Es que el país también es miembro del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Tributarios de OCDE. Este foro —al igual que el Centro de Desarrollo— lo integran países miembros y no miembros del organismo.

En este foro, Uruguay se comprometió al intercambio automático de información tributaria a partir de 2018. A su vez, el Centro de Desarrollo hizo en abril del año pasado una "revisión multidimensional" de Uruguay en la que evaluó al país en diferentes áreas y sugirió políticas a seguir.

En seis meses se depositaron US$ 1.000: afuera.

En el primer semestre del año los uruguayos enviaron a bancos del exterior casi US$ 1.000 millones.
Al cierre de junio los depósitos de familias y empresas uruguayas en el exterior totalizaban US$ 9.044 millones, esto es, US$ 977 millones más que a fin de 2014 o un 12,1% más, según datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) a los que accedió El País.
En el segundo trimestre del año los depósitos en el exterior registraron un mínimo incremento de 3,6% frente al primer trimestre. En dinero esto implicó un aumento en US$ 316 millones frente a los US$ 8.728 millones que estaban en bancos del exterior a fin de marzo.
A fin de junio de 2015, las empresas y familias uruguayas tenían depósitos en bancos (locales y en el exterior) por un total de US$ 34.127 millones. De esa cantidad, se desprende que el 26,5% estaba fuera de fronteras y el 73,5% en Uruguay.
Por otra parte, desde 1995 —fecha desde donde existen datos para Uruguay en el BIS—, hasta fin de junio de 2015, (con altibajos) los depósitos de uruguayos en bancos del exterior se multiplicaron por más de dos veces y media, esto es, crecieron en US$ 5.609 millones.
El mínimo de colocaciones de uruguayos en el sistema financiero internacional según la serie histórica elaborada por el BIS para Uruguay, se registró en junio de 1999 con US$ 2.778 millones. Por el contrario, el nivel máximo de ahorro en el exterior se dio en junio 2015 con los US$ 9.044 millones.
En 2010 el gobierno anunció que pasaría a gravar con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (a una tasa del 12%) los intereses que generan los depósitos en el exterior. Con la reforma tributaria de 2007, el gobierno siguió un criterio de renta de fuente uruguaya (es decir que se genera en el país) y a partir de 2010 lo cambio a renta de fuente mundial. Esa imposición a la renta de los activos en el exterior, hizo caer el dinero de los uruguayos depositados en bancos del exterior en ese año, pero luego empezaron a recuperarse.

jueves, 8 de octubre de 2015

Inmuebles en la capital acumulan dos meses de precios estables.

En ocho de los barrios relevados se encarecieron y en otros ocho disminuyeron
Los precios de oferta de los inmuebles montevideanos registraron en agosto una segunda leve suba mensual consecutiva, lo que ratifica la relativa estabilidad del mercado tras un período de caída. Esos dos aumentos, en extremo magros, vinieron luego de tres meses consecutivos (abril, mayo y junio) de descensos en los precios de los apartamentos capitalinos. 

Los precios de los apartamentos que se ofrecdidos agosto se mantuvieron casi en los mismos niveles que en el mes anterior, medidos en dólares corrientes. La modesta suba de agosto fue de 0,1%, idéntica a la de julio. 

De acuerdo al último dato, el precio teórico por un apartamento de 65 metros cuadrados en Montevideo fue de US$ 161.100 en el promedio de la oferta disponible. Un mes antes, esa cifra había sido algo inferior: US$ 160.500. 

Los datos surgen del relevamiento mensual que realiza la Unidad de Análisis Económico de El Observador, a partir de la captura y procesamiento de todos los avisos clasificados vigentes al cierre de cada mes en los principales portales especializados de la web.

Esas bases de datos, de más de 20 mil viviendas mensuales, son depuradas y procesadas para elaborar una serie de indicadores que permiten realizar un seguimiento en los 18 barrios de mayor oferta de inmuebles de la capital. El indicador de precios del promedio de Montevideo considera el peso relativo de cada uno de esos barrios en el promedio de compraventas efectuadas durante el año 2013 –último dato disponible–.

Entre enero y agosto de este año, los precios de los apartamentos aumentaron en ocho barrios, bajaron en otros ocho y se mantuvieron sin cambios en uno. 

En el primer grupo están Prado (6,9%), Parque Rodó (4,2%), Parque Batlle (3,2%), Jacinto Vera (3%), Malvín (1,6%), Centro (1,5%), Aguada (0,9%) y Pocitos (0,6%). 

Por el lado de los que vieron caer sus precios, en tanto, se encuentran los barrios de Punta Carretas (-0,4%), Punta Gorda (-0,9), Cordón (-1%), Buceo (-1,3%), Carrasco (-2,2%), La Blanqueada (-2,4), Tres Cruces (-5%) y Ciudad Vieja (-5,2%). 

Unión, por su parte, mantuvo sin alteraciones en sus precios medios.

Respecto al mes anterior, es llamativa la fuerte suba que registró el indicador de precios de apartamentos en Prado: 10,2% frente a julio. Ese caso atípico puede responder a la aparición de un proyecto de vivienda de interés social de porte, que volcó nuevas unidades al mercado. 

El aumento que le sigue al de Prado –a considerable distancia– es el de Ciudad Vieja, de 2,6%. 

Otro fenómeno a destacar es que Pocitos, uno de los barrios con mayor oferta junto con Cordón, interrumpió dos meses de caída en los precios de sus apartamentos. El repunte en agosto en comparación con julio fue de 0,5%. 

Cordón también mostró un fortalecimiento de sus precios (de 0,1%) tras el dato de julio, cuando habían experimentado una caída de -1,1%. 

El peso del dólar

El estancamiento en los precios de los apartamentos se da en tiempos de intenso fortalecimiento del dólar, lo que vuelve más cautelosos a los compradores. 

En el período enero-agosto el billete verde se apreció en plaza 15,5% en promedio, respecto a igual lapso del año pasado. 

Así, mientras que en los primeros ocho meses de 2014 a un uruguayo le bastaban $ 2.278 para adquirir US$ 100, un año después necesitó sacar de su bolsillo $ 2.630 para comprar la misma cantidad de la divisa estadounidense. 

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Moody’s baja la estimación de crecimiento del PIB.

La calificadora de riesgo Moody’s revisó a la baja el crecimiento de Uruguay para este año y el próximo, después de conocer los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre divulgados días atrás por el Banco Central (BCU).
30 sep 2015
La agencia señaló que aunque los factores excepcionales pesaron sobre el desempeño económico, los sectores no afectados por choques transitorios también presentaron una fuerte desaceleración de la actividad.
Además, indicó que una inflación alta persistente que se mantiene por encima de la meta establecida por las autoridades económicas también está teniendo un efecto negativo en la confianza de la economía. "Como resultado de las condiciones económicas que se debilitan, estamos revisando nuestras previsiones de crecimiento del PIB real de 2015 y 2016 a la baja, al tiempo que aumenta nuestra estimación de inflación para ambos años", expresó Moodys en un informe al que accedió El País.
En ese sentido, indicó que se espera que el PIB de Uruguay aumente 1,8% en 2015 contra la anterior previsión de 2,6%. Para 2016 la calificadora estima ahora una expansión económica de 2,1% frente a la anterior de 3,1%
Sobre la inflación, Moodys expresó que aunque espera una suba de precios de 9,5% a fines de este año "existen riesgos al alza para este pronóstico dado el relativamente alto nivel de dolarización de la economía uruguaya y la fuerte depreciación de la moneda (local) en lo que va del año".
Pese al acuerdo que congeló los precios de 1.400 artículos (que vence mañana y hasta el momento no se ha anunciado que sea renovado) y a que el BCU "planchó" el dólar en agosto, la inflación en los últimos 12 meses trepó hasta 9,48% y es una de las preocupaciones de las autoridades. A su vez, en el acumulado enero-agosto fue de 8,17% la más alta para ese período desde 2002.
Moodys sostuvo que más allá del efecto psicológico, una inflación de dos dígitos podría traer consecuencias y renegociaciones de los convenios salariales. Para este ronda, el gobierno determinó que una cláusula gatillo se disparará si la inflación llega a 12%.
Por otra parte, la calificadora manifestó que en el frente fiscal, los objetivos de déficit anunciados por el gobierno recientemente van en su mayoría en línea con sus previsiones actuales para el gobierno central (-2,4% del PIB en 2015 y -2% en 2016).
"A pesar de las perspectivas macroeconómicas más negativas, mantenemos nuestras proyecciones fiscales ya que esperamos que el gobierno será capaz y estará dispuesto en poner en práctica las medidas de ajuste en el segundo semestre de este año. Un retraso en el endurecimiento de la política fiscal más allá de 2015 exigiría un ajuste más fuerte en los próximos años", sostuvo la agencia.



Alquileres: sanción a los que incumplan cobro vía bancos.

El Poder Ejecutivo publicó el decreto con el cual establece que a partir del 1° de diciembre, el pago de alquileres —cuando supere las 40 BPC anuales ($ 122.080)— deberá hacerse obligatoriamente por medios electrónicos.


30 sep 2015
En el articulado se establecieron sanciones y consecuencias en caso de detectarse incumplimientos. Allí se expresó que el arrendador, subarrendador u otorgante del crédito en uso que acepte el pago por otro medio diverso al previsto o no cumpla con determinadas condiciones establecidas en el decreto deberá abonar a la Dirección General Impositiva (DGI) una multa equivalente a tres veces el precio mensual pactado en el contrato.
Esas condiciones son las de identificar la cuenta del medio electrónico en los nuevos contratos o comunicar esa cuenta en los contratos en curso. También se estableció que será pasible de esta sanción el administrador de bienes inmuebles habilitado que luego de realizar la cobranza deposite el importe en una cuenta diferente a la que corresponda.
El decreto señaló que "no se dará curso a ninguna acción judicial hasta tanto se acredite en el primer acto procesal el cumplimiento (de la comunicación o identificación de la cuenta) y que los pagos efectuados desde el 1° de diciembre de 2015, o desde la vigencia del contrato si ésta ocurrió con posterioridad, se hayan realizado a través de medios electrónicos admitidos y en las condiciones previstas en la presente reglamentación".
También expresa el decreto que en caso de incumplimiento en lo anterior expuesto "no se dará curso a ninguna acción judicial hasta tanto no se presente en los autos el comprobante de pago de la multa prevista" de la identificación o comunicación de la cuenta.
Además, queda prohibido que la Contaduría General de la Nación (CGN) y a toda otra entidad que otorgue garantía de alquileres, concederla cuando en el contrato de arrendamiento no se estipule el pago del precio del alquiler.

Jubilaciones.

El Poder Ejecutivo también estableció aspectos reglamentarios para el pago de salarios, pasividades, prestaciones y honorarios por vía de medios electrónicos.
Allí se expresó que las jubilaciones que se tramiten a partir del 1° de noviembre de este año se pagarán en cuenta bancaria o a través de emisores de dinero electrónico.
El asociado senior de Ferrere Abogados, Javier Domínguez, explicó a El País que la elección debe hacerse en el momento del trámite jubilatorio.
A su vez, indicó que en el caso de las actuales jubilaciones y las que se tramiten antes del 1° de noviembre se podrán seguir cobrando como hasta ahora.

martes, 29 de septiembre de 2015

Buscan eliminar "agujeros" en reporte de lavado de activos.

Muchos profesionales que hoy miran desde el balcón van a tener que empezar a dar información". Con esa frase el presidente el Banco Central (BCU), Mario Bergara, dejó en claro que en el corto plazo se ajustarán los mecanismos y las normas para cumplir con los nuevos estándares de transparencia internacional y combate al lavado de dinero y los controles irán de la mano.

Contadores, escribanos e inmobiliarias, entre otros agentes que están por fuera del sistema financiero son algunos de los obligados a reportar operaciones sospechosas en los que se prevé poner foco.
Es que según el gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU, Daniel Espinosa, si bien en total hay cerca de 10.000 agentes obligados a reportar operaciones sospechosas, "hay unos 9.000 que nunca vieron una operación no sospechosa ni siquiera inusual".
Ambos funcionarios disertaron ayer en las IV Jornadas de Derecho Bancocentralista. Adelantándose al debate que se puede generar por las acciones previstas, Bergara dijo que "hay que seguir adaptándose para no ampararse en la opacidad y correr el riesgo de perder reputación. Esto es como el investment grade, es un sello internacional imprescindible para que Uruguay fortalezca su reputación" y "para su inserción internacional" porque "el mundo va a seguir girando con o sin Uruguay adentro".
Para cumplir con los "deberes" que tiene el país se deberán hacer algunos cambios normativos que se prevén promover el próximo año.
Entre ellos figura el transparentar el beneficiario final de las sociedades y fideicomisos nacionales. En esto, la figura de los contadores, según Bergara, cobrará mayor dimensión y tendrá más responsabilidades a la hora de reportar operaciones sospechosas.
También se buscará tipificar los delitos fiscales como precedentes de lavado de activos (por ejemplo la evasión de impuestos será considerada precedente de lavado), lo que prevén que aporte más información.
Ya el presupuesto incluyó un incremento de fondos para la creación de una unidad de análisis dentro de la UIAF para que no solo opere de forma reactiva cuando reciba una denuncia sino que realice investigación propia. Asimismo, el presupuesto previó la creación de una Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que tendrá, entre otras, la potestad de "practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados" en caso de que existan indicios de posibles operaciones ilícitas.
Asimismo le da potestad para exigir documentación y en caso de no recibirla podrá sancionar a los agentes.

¿Qué hay detrás?

La clave del por qué se ajustarán los mecanismos de control radica en que el organismo que supervisa el control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel internacional, el GAFI, realizará una evaluación de Uruguay en 2019 y entre las modificaciones que hizo a su metodología se encuentra que ya no solo analiza que el país cuente con una cierta norma sino la efectividad de la misma. Para esto el gobierno deberá exhibir estadísticas que muestren que todos los aspectos están siendo controlados, dijo el secretario Antilavado de Activos Carlos Díaz.
Esto va en línea con los mecanismos que utiliza la OCDE que no solo verifica la existencia de normativa que facilite el intercambio de información tributaria sino cómo opera esa normativa en los hechos.
El problema al que se enfrentan las autoridades es que, por ejemplo, entre enero y julio recibieron 199 reportes de operaciones sospechosas, en un 90% del sistema financiero. Pero hay múltiples sectores que en los últimos 10 años no han brindado información, tal es el caso de rematadores y zonas francas.
Según datos presentados en las jornadas, entre 2004 y 2014 el Banco Central recibió 1.906 reportes de operaciones sospechosas de los cuales 1.439 (75,4%) corresponde a 20 sujetos obligados a hacerlo.
"Hoy no hay percepción de riesgo de ser sancionado", dijo Espinosa, quien afirmó que actualmente "nos preocupa el sector de valores porque no estamos recibiendo los reportes que deberíamos".
Entre los obligados a reportar situaciones sospechosas de lavado de dinero figuran inmobiliarias, casinos, escribanos, rematadores, zonas francas y las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales. En el proyecto de ley del Presupuesto se incluyó también a las empresas constructoras.
La idea es "controlar más" a los agentes que habitualmente no generan reportes de forma que éstos comiencen a informar de manera más sistemática. De lo contrario prevén incrementar las sanciones.
"Si se detecta una operación de lavado que no haya sido reportada por los agentes ya existen penas", advirtió Bergara, quien en un guiño sobre el alcance que eso puede llegar a tener recordó que el año pasado el Ministerio de Economía sancionó al escribano y al operador inmobiliario que participaron de la venta de la estancia El Entrevero con una multa de US$ 276.035 y US$ 88.934 respectivamente, por incumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley de lavado.

Los amigos y los parientes.

Uno de los requisitos del GAFI es que exista la figura del agente encubierto dada su utilidad para identificar a los delincuentes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. El mismo debe ser un funcionario público.

Pero la posibilidad de cumplir es vista con dificultad. "No sé como vamos a cumplirlo porque en Uruguay la mitad somos parientes y la otra mitad somos amigos y cuando hubo un agente encubierto terminó procesado, pero vamos a cumplir con el GAFI", dijo la jueza letrada de Crimen Organizado Adriana de los Santos.

Según la jueza quienes lavan dinero en su mayoría "están muy bien asesorados" y generalmente "forman sociedades y las vinculan con otras sociedades" lo que hace difícil su detección.

jueves, 17 de septiembre de 2015

Con US$ 1.000 se puede participar en emisión.

La empresa Aluminios del Uruguay colocará deuda por US$ 5 millones
Los ahorristas minoristas podrán participar nuevamente en el mercado de capitales. La empresa Aluminios del Uruguay realizará el próximo viernes 18 de setiembre una emisión de Obligaciones Negociables en dólares por un total de hasta US$ 5 millones. 

En esta oportunidad, y a pedido expreso del Banco Central (BCU), los pequeños inversores podrán acceder a los títulos, con un mínimo de US$ 1.000. La inversión propuesta tiene un horizonte de seis años con un rendimiento fijo de 4,5% anual y amortizaciones parciales de 10% al cabo del segundo año; luego 15% al cabo del tercer año y finalmente tres pagos anuales de 25%.

En el primer día de operaciones se realizarán suscripciones por un monto máximo de US$ 50 mil y durante la segunda jornada (lunes 21 de setiembre) se recibirán suscripciones sin limitación de monto por inversor.

Fuentes del mercado consultadas por El Observador indicaron que con seguridad se coloque la totalidad de la emisión. "Va a tener muy buena demanda. Los corredores tienen mucha avidez porque no hay demasiados productos para ofrecer", dijo uno de los consultados.

Además, está prevista la conformación de un fideicomiso de garantía, administración y pago que se conformará con los créditos que tenga o que pueda tener el emisor con distintos clientes.

La empresa fundada en 1957 cuenta con una planta edificada de 20 mil metros cuadrados, destinados a fábrica, laboratorios, administración, ventas y showroom. Produce anualmente 5.000 toneladas de aluminio en perfiles para la construcción y usos industriales, y laminación e impresión de foil de aluminio y films plásticos para la fabricación de envases flexibles. 

En los últimos tres años la empresa concentró sus inversiones –por montos promedio superiores a US$ 1,4 millones anuales– en el aumento y mejora de su capacidad productiva para adecuarla a los desafíos del mercado local y de los mercados de destino de sus exportaciones.
Ahora la compañía apuesta a optimizar la eficiencia de la estructura de costos de fabricación, para lo cual necesita emprender un plan de reducción de costos de energía, laboral y por desperdicios de materias primas. 

"Esa reducción del costo de fabricación permitirá competir mejor en plaza para abastecer mayor proporción del mercado, y potenciar el volumen de exportaciones para aprovechar mejor la capacidad de las inversiones realizadas", según el prospecto de la operación divulgado por la Bolsa de Valores de Montevideo.