martes, 10 de septiembre de 2013

Inmobiliarias piden no subir alquileres en Punta.

OPERAN CON TARJETA DE CRÉDITO PARA FACILITAR A ARGENTINOS.


El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado (Cidem), Juan Bistiancic, sostuvo que, para el próximo verano, los propietarios de casas y apartamentos deberían mantener los precios de los alquileres del verano 2012/2013.
Bistiancic explicó a El País que si bien no existe una posición oficial de la institución hay consenso entre sus asociados de definir una estrategia a partir de aplicar los mismos precios del verano pasado.
"Queremos que los valores se sostengan para ver como se presenta la demanda. Hay muchas consultas. Hay propietarios que ya alquilaron, otros no. Todavía no hay una tendencia clara en materia de alquileres por temporada", afirmó
El empresario destacó que tanto su institución como la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este (Adipe), definen por estas horas una agresiva estrategia de comercialización de alquileres por temporada con tarjetas de crédito.
"Seguimos confiando y tratando de instrumentar el tema de las tarjetas de crédito para poder contar con una herramienta de comercialización que vino para quedarse en el caso de los alquileres de verano. Estamos tratando las dos agremiaciones, Adipe y Cidem, de agilizar y facilitar el uso de las tarjetas de crédito de forma que sea mucho más sencillo el trámite. Tanto para los clientes como para las propias inmobiliarias", indicó. Bistiancic entiende que el empleo del plástico permitirá generar una mayor cantidad de alquileres y además combatir el informalismo que tanto golpea al sector.
"Los clientes quieren venir. Tienen interés en hacerlo y hay muchas consultas y con la tarjeta le damos la posibilidad a los clientes argentinos de poder comprar dólares al precio oficial. Aunque tengan un recargo sobre el costo igual les sirve", apuntó.
"Estamos corrigiendo algunas cosas para mejorar este servicio porque en el verano pasado la implementación de este tipo de mecanismo nos agarró muy sobre la marcha. Ni nosotros, ni las tarjetas estábamos preparados. Todo costó mucho. Inclusive existía un temor entre todos nosotros por la aplicación de esta modalidad que consiste en la intermediación de un pago. Creo que para este verano esos temores no existirán", agregó.
Bistiancic explicó que las tarjetas de crédito cobran por comisión un 4.9% más IVA sobre el precio del alquiler pactado entre las partes. El empresario recordó que el IVA a los alquileres a extranjeros no se aplica por lo que ese impuesto debe ser descontado con otras actividades de la empresa.
Sobre este punto Bistiancic reveló que las gremiales empresariales mantienen varias reuniones con jerarcas y técnicos de la Dirección General Impositiva (DGI). "Le planteamos a la DGI diferenciar los pagos de comisión de alquileres porque en la actualidad tenemos que hacer un adelanto por las comisiones que se generan", añadió.

La AFIP argentina pide más datos tributarios y DGI le niega algunos.

SON SOBRE PERSONAS FÍSICAS Y ALGUNOS REFIEREN A "PASES PUENTE" EN FÚTBOL.


La Dirección General Impositiva (DGI) rechazó varios pedidos de información fiscal que llegaron de Argentina porque estaban mal fundamentados o porque no aportaban datos suficientes sobre los contribuyentes. Se trataba de personas físicas.

Tras el primer pedido de información, que había apuntado a los pases puente de futbolistas, siguieron llegando otras solicitudes, pero no todas pudieron seguir su curso, informaron a El País fuentes del gobierno que prefirieron el anonimato debido a la confidencialidad con que se trabaja en el tema.
Consultado al respecto, el director general de Rentas, Pablo Ferreri, respondió: "De ese tema no vamos a hacer ninguna declaración, está dentro del secreto tributario".
Según supo El País, los principales argumentos de la DGI para no brindar información fueron que las solicitudes no estaban bien fundamentadas o que no se habían agotado los medios en Argentina para obtener los datos requeridos.
Estas condiciones estaban contempladas en el acuerdo, que exige que las solicitudes especifiquen por escrito "la identidad de la persona sometida a inspección o investigación", "el fin tributario por el cual se solicita la información" y "una declaración que estipule que la parte requeriente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la información, salvo aquellos que dieran lugar a dificultades desproporcionadas", entre otros aspectos.
El incumplimiento de esos requisitos habilita a la DGI a "denegar su asistencia". La administración tributaria debió comunicárselo a su contraparte en Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dentro de los 60 días de haber recibido la solicitud y le notificó los defectos.
La AFIP está investigando los "pases puente" de futbolistas argentinos a través de equipos uruguayos desde hace varios meses. El mecanismo implica que los deportistas simulan pasajes por clubes locales ya que al ser vendidos desde Uruguay sus transferencias pagan menos impuestos.
Una de las operaciones que motivó un pedido de información a la DGI uruguaya fue la que implicó al pase del futbolista Emanuel Gigliotti del Novara de Italia a Boca Juniors, por un monto de US$ 1,5 millones. El 50% del pase estaba en cabeza de Fénix de Uruguay y, en 24 horas, pasó al Novara. A través de la DGI, la AFIP consultó a Fénix sobre el verdadero beneficiario del cobro del pase del jugador e incluso pidió una declaración testimonial a sus directivos.
Otro de los pedidos de información que hizo la AFIP a la DGI habría sido sobre el club Sudamérica por el mismo tema, dijeron los informantes.
En agosto del año pasado, la AFIP identificó a siete clubes uruguayos en esas triangulaciones: Sudamérica, Fénix, Progreso, Bella Vista, Cerro, Boston River y Rampla Juniors. También detectó la participación de dos equipos chilenos (Unión San Felipe y Rangers) y uno suizo (Locarno).

Empresas.

Una de las mayores preocupaciones de la AFIP es fiscalizar a empresas de gran porte, para reducir las que estén operando en Uruguay subdeclarando impuestos o aquellas que funcionen como "empresas de papel". No obstante, aún tiene restricciones para pedir datos sobre empresas y por eso se concentró en personas físicas.
Esto se debe a que el intercambio rige únicamente para los períodos fiscales que inicien durante o después del 7 de febrero (cuando entró a regir el acuerdo). Esos períodos se corresponden con el cierre de los balances de empresas argentinas que tienen operaciones en Uruguay. Así, si una firma cierra su balance el 30 de septiembre de 2013 y la AFIP pide información sobre sus activos para controlar el pago de impuestos, la DGI no está obligada a proporcionarla porque estaría dando datos sobre un ejercicio fiscal que aún no culminó.
En los únicos asuntos por los que la AFIP puede solicitar información desde que entró a regir el acuerdo son aquellos de "materia tributaria penal", es decir, por causas de la Justicia penal argentina posteriores al 7 de febrero. No pueden ser simples causas administrativas por no pago de tributos, sino que se tendrá que justificar que están vinculadas a un proceso penal.
El acuerdo con Argentina permite acceder a información de bancos, otras instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, datos vinculados a la propiedad de sociedades, sociedades personales, fideicomisos y fundaciones, entre otros.
Tras negarse a firmarlo durante años, Uruguay negoció este acuerdo por las exigencias del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de OCDE, que al realizarle al país una "revisión de pares" le criticó que no tuviera acuerdos con "socios relevantes", como Argentina y Brasil. Uruguay cumplió, pero puso como condición que los datos intercambiados no sea retroactivos.
Lavado y evasión fiscal.
La jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos realizó en junio tres allanamientos en tres entidades financieras en busca de datos útiles para una investigación en curso en Buenos Aires sobre maniobras de lavado de activos y evasión fiscal a través de transferencias de futbolistas. Esos procedimientos respondieron al pedido del juez argentino Norberto Oyarbide, quien busca a los responsables de operaciones de triangulación y "planificación fiscal "nociva". Dos de las empresas allanadas fueron Alhec Group y el Royal Bank of Canada, que luego comunicó su decisión de retirarse de Uruguay.

martes, 3 de septiembre de 2013

Mercado inmobiliario "estabilizado"; negocios por US$ 899,2: en 6 meses.


AUMENTA EL MONTO, PERO BAJA LA CANTIDAD DE OPERACIONES CONCRETADAS

El mercado inmobiliario "se estabilizó" coinciden operadores del sector. En el primer semestre, la compraventa de inmuebles fue por un monto mayor, aunque con una leve baja en cantidad de transacciones frente al mismo lapso de 2012.

Hay argentinos invirtiendo en viviendas de interés social para generar una renta. Foto: Inés Guimaraens

"El mercado hoy está más estabilizado con precios firmes, similares a los del año anterior", dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Gabriel Conde a El País.
Según cifras preliminares de la Dirección General Impositiva (DGI) -a las que accedió El País- la recaudación del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) en los primeros seis meses fue de $ 697 millones (US$ 35,9 millones), un 4,4% más que en igual período de 2012.
El ITP grava con 2% al comprador y otro 2% al vendedor de inmuebles de usufructo. Si se parte de la base de que el impuesto que recauda la DGI representa el 4% del valor de las operaciones inmobiliarias, el total negociado en el primer semestre fue de al menos US$ 899,2 millones. Esto es 6,1% más que en el primer semestre de 2011. Si se quita el efecto cambiario, el crecimiento es de 4,4%.
Los US$ 899,2 millones constituyen un "piso" del monto negociado que debe ser superior. Es que la base que se utiliza para calcular el ITP es el valor catastral del inmueble, que generalmente es inferior al precio al que se negocia.
Si bien el monto de las transacciones es superior, la cantidad de negocios disminuyó en el primer semestre del año. La cantidad de pagos realizados de ITP bajó 3,4% en enero-junio respecto a igual lapso de 2012, según los datos de la DGI. Por tanto, el valor promedio de los pagos fue 8% superior en ese período.
En la mayoría de los casos hay dos pagos por operación inmobiliaria, pero también puede haber uno solo. De todas maneras, la variación relativa de esos pagos es una buena aproximación a la variación en la cantidad de operaciones.

Análisis.

"Después de un 2012 que fue peor que 2011 en niveles de actividad, en el primer trimestre de 2013 fue estable y en el segundo trimestre hubo una recuperación bastante importante motivado por la vivienda de interés social (VIS)" dijo a El País el consultor inmobiliario Julio Villamide.
Entre abril y junio "llegan inversores de clase media de Argentina a Montevideo, y se orientan a viviendas de interés social en busca de una renta interesante. La rentabilidad que se obtienen en Montevideo, es sensiblemente superior a la que se logra en Buenos Aires", aseguró el operador.
En tanto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria dijo que "la ausencia de inversores argentinos fuera de Montevideo se siente, tanto en Punta del Este como en Colonia, ya que allí existe una gran dependencia de este tipo de inversores".
La VIS otorga exoneraciones tributarias a inversores privados para la construcción, ampliación o reciclaje de viviendas con el objetivo de que se facilite a las familias de ingresos medios la adquisición de un inmueble.
Desde que rige la ley de VIS (octubre de 2011), ingresaron 211 proyectos que suponen la construcción de 6.402 viviendas, según datos de la Agencia Nacional de Viviendas.
"Las viviendas de interés social son un porcentaje importante (del total de negocios), pero no tan alto (entre 20% y 25%) porque recién están empezando a ser comercializadas", indicó Villamide.
Para Conde, "los compradores locales son los que han dinamizado el mercado, motivados por la ley de VIS tanto el que adquiere para habitar como para resguardo de sus ahorros. Este régimen ayudó a que no siguieran aumentando los precios ya que las exoneraciones que tienen compensan el aumento en los costos de construcción".
En tanto, según Alejandro Passadore, director de Inmobiliaria Passadore -que opera principalmente en zona Norte de Montevideo- "hay un enlentecimiento en el mercado, con algún movimiento esporádico de cierre de ventas".
Passadore dijo a El País que "los precios de las propiedades están dados para que comiencen a descender a precios normales, esta todo inflado".
Agregó que "en la zona Norte (Colón, Peñarol, Sayago) no están habiendo casi proyectos de vivienda Social, pese a que en teoría es de las zonas que se buscan impulsar".
Para Villamide en lo que queda del año, la tendencia es de crecimiento, "dado que se está expandiendo el crédito hipotecario". Explicó que "vamos a cerrar el año 30% arriba en crédito total hipotecario con una cifra cercana a los US$ 300 millones" cuando "cinco o seis años atrás estábamos solo en US$ 30 millones al año".
Conde recordó que hoy el crédito hipotecario representa "el 15%" de las ventas "cuando históricamente era de 8%. En tres o cuatro años se iría a 30% o 40%" del total.
"El Banco Hipotecario que tiene la mitad del mercado, hoy es un elemento positivo de expansión, cuando antes era distorsivo", remató Villamide.

Momento de cambio muy fuerte.



"Estamos en un momento de un cambio muy fuerte en el mercado inmobiliario, el cual estaba más orientado a inversores que a compradores de vivienda final", aseguró el consultor Julio Villamide a El País. "En el período 2006-2012 el 82% de las nuevas construcciones se ubicaban en la costa, con un pico de 90% en el 2008" y en el primer semestre de este año ese porcentaje "bajó a 29,7%", dijo. "Los promotores quitaron el pie del acelerador (en construcción en la costa), por que no se vendían. Varios promotores optaron por abocarse a viviendas de interés social", remarcó Villamide.

martes, 27 de agosto de 2013

Scotia: ve clima inversor en país pese a desacelere.


EL UNO DEL GRUPO EN URUGUAY VE OPCIONES EN INFRAESTRUCTURA


Pese a la desaceleración económica, Uruguay tiene un clima favorable para las inversiones, tanto de grandes empresas como de pequeños ahorristas señaló el country head en el país del canadiense Scotiabank Group Diego Masola. Localmente este grupo es propietario del 100% de las acciones de la financiera Pronto!, y del Banco Comercial.

Diego Masola, principal del Scotiabank Group en Uruguay. Foto: El País
Masola afirmó que a nivel empresarial las mayores oportunidades, y donde se daran las principales inversiones, pasan por la construcción y reparación de la infraestructura existente.
Indicó que esto se debe a que en el actual escenario de baja en el valor de los commodities, se generarían obras de este tipo con el fin de lograr mayores grados de rentabilidad para el sector de las materias primas.
El country head del Scotiabank Group sostuvo que desde el gobierno esta situación se tiene "muy clara y por ello se le está dando mucha importancia a temas como el puerto de aguas profundas y la mejora en carreteras. Ello va a hacer que los commodities mantengan su rentabilidad (al haber menos gastos en su transporte) si bien los precios de estos van a caer".
En ese marco, la clave está en hacer alianzas público privadas en las cuales el gobierno mantenga un porcentaje de la sociedad, afirmó Masola, y dé a su vez las facilidades necesarias, tales como convenios impositivos, para que los privados sean quienes aportan los capitales para las obras.
Otro de los sectores de la economía en los cuales existen oportunidades de inversión, según Masola está en los agro negocios. "Es algo que siempre funciona y Uruguay es líder en el sector de la agricultura. Existen una ventaja grande por el nivel de tierras y la buena calidad profesional", afirmó.
Para los pequeños ahorristas, dijo que es una oportunidad colocar su dinero en el mercado de bonos.

Buen momento para poder emprender.


Para el country head del Scotiabank Group en Uruguay, Diego Masola, es un buen momento para invertir en emprendimientos relacionados a la ocupación o conocimientos de los ahorristas que si bien pueden tener un mayor riesgo, también tienen un potencial de mayores ganancias. "Para el que quiera (invertir y) trabajar es un buen momento", apuntó.

viernes, 23 de agosto de 2013

Banco Central y banca privada enfrentados por fuerte suba del dólar.


Con una fuerte suba en el precio del dólar, atribuible según todas las fuentes a la falta de pesos en la plaza lo que fuerza a los bancos a vender divisas para hacerse de moneda nacional, la autoridad monetaria y los privados tuvieron duros cuestionamientos mutuos acerca de las políticas que llevan adelante y que están incidiendo en la economía diaria.


Banco Central / Presidencia
“Los problemas que tenemos estas semanas en el mercado tienen que ver con que se pensó que el Banco Central sería más expansivo de lo que dijo que iba a ser (…) El dólar fluctúa razonablemente y estos movimientos son parte de las decisiones lógicas de los agentes (en tanto) no hay un acto asociado a la política monetaria que sea la responsable ni de que el dólar haya subido tanto en las semanas anteriores ni que haya bajado en los últimos días”, afirmó el presidente del BCU, Mario Bergara. “Mi recomendación es créanle al Banco Central que tiene un talante contractivo, créanle, les va a ir mejor”, sentenció el jerarca.
Por su parte el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, dijo que “en parte la confusión la generó el propio Banco Central , en el contexto en que armó el cambio de régimen” dijo en referencia a la variación de la política monetaria para asegurar niveles en la tasa de interés. “El contexto del régimen se hizo con un sesgo expansivo, que después el BCU corrigió y me parece bien, pero yo pienso que fue un problema de calibración del BCU en el inicio del régimen”, detalló de Brun en declaraciones que publica el diario El País.

Las fluctuaciones de la divisa norteamericana

El dólar marcó el miércoles su mayor ascenso desde fines de mayo (+1,97%) en una sola jornada y promedió a $ 22,026 en el mercado interbancario. La divisa acumuló así un alza de 2,45% en agosto y de 13,54% en lo que va de 2013.
Por su parte, el Banco República elevó 35 centésimos la compra hasta $ 21,75 en su pizarra y 45 centésimos la venta a $ 22,45; los mayores niveles desde el año pasado.
Los problemas para conseguir pesos se reflejaron otra vez en la tasa call interbancaria que fue de 20,41% el miércoles con lo cual, el BCU colocó pesos en el mercado por  $2.200 millones, a una tasa media de 21,07%.


jueves, 22 de agosto de 2013

Para el FMI, Uruguay es referencia mundial en políticas antilavado.

Un asesor del Fondo Monetario disertó ayer en jornada sobre el asunto.

"¿Hay lavado de activos en Uruguay? Por supuesto que hay lavado de activos en Uruguay. Hay lavado de activos en Uruguay, en Argentina, en Brasil y en casi todos los países del mundo. La diferencia es que Uruguay ha tomado el toro por las astas desde hace tiempo, poniendo los problemas sobre la mesa y abordándolos de una manera organizada y con fuerte voluntad política del más alto nivel”. Esto dijo ayer Mariano Federici, asesor regional del grupo Integridad Financiera del Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para América latina y el Caribe.

El respaldo del representante del FMI a Uruguay por sus políticas antilavado fue reiterado y explícito. “El FMI tiene una relación muy estrecha con Uruguay en esta materia”, dijo Federici, en la Segunda jornada anual sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, organizada por Costa y Testa Consultores, que se realizó ayer en el Hotel Sheraton. Federici ha trabajado con autoridades uruguayas desde 2006 hasta hoy en el diseño de estrategias preventivas de lavado de activos. 

A fines de la década pasada, el organismo internacional especializado en la materia, el Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero (Gafi), cambió la estrategia propuesta de combate al delito: de un paradigma de cumplimiento de reglas a uno basado en evaluación de riesgos. El asesor del FMI reconoció que “el enfoque basado en cumplimiento no produjo el resultado esperado para la comunidad internacional”, y, por ello, se cambió el enfoque. “No hemos logrado a través de las herramientas que nos proporciona la lucha contra el lavado de activos neutralizar esos problemas todavía. Por supuesto que hemos avanzado mucho. Hace 10 años atrás, los que trabajábamos en estos temas parecíamos un equipo de la tercera división jugando contra un equipo de primera, siendo la primera división el crimen organizado. Un baile nos estaban pegando en estos temas. Hoy tenemos el conocimiento y las herramientas para dar una batalla. Ahora hay que dar esa batalla, con efectividad y mostrando resultados. A eso apunta el nuevo enfoque, basado en riesgos”.

El enfoque basado en riesgos, “permite eximir de la aplicación de las normas de Gafi a ciertas actividades donde el riesgo sea bajo”, mientras que exige “aplicar medidas más estrictas a aquellas actividades identificadas como de riesgo alto”. 

Tras este cambio, “Uruguay nuevamente tomó la delantera, solicitando al FMI asistencia técnica para realizar una evaluación nacional de riesgos de lavado de activos a nivel país. Uruguay fue el primer país de la región y uno de los primeros países del mundo en llevar a cabo una evaluación nacional de riesgo a nivel país, entre 2009 y 2010”, agregó el asesor del FMI.

“Obtuvimos resultados interesantes porque nos permitió poner los problemas sobre la mesa, identificar las principales amenazas al sistema, tanto las provenientes de la criminalidad interna, como fundamentalmente aquella proveniente de la criminalidad externa al Uruguay, pero que utiliza la jurisdicción para lavar activos en el país”, explicó Federico, quien agregó: “Una vez terminado el diagnóstico, las autoridades volvieron a solicitarnos asistencia técnica. El trabajo fue aprobado el año pasado y puso al país al frente, a la vanguardia en estos temas, con una estrategia nacional basada en riesgo, una de las primeras estrategias nacionales basadas en riesgo a nivel global”. 

Uruguay aprobó en 2004 la primera ley antilavado, actualizada en 2009. Sin embargo, los cambios más importantes en esta materia, según el director de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz, se dieron con la entrada en vigencia del IRPF y la identificación nominativa ante el Banco Central de las acciones societarias. Estos dos cambios implican que todas las personas deben declarar cuánto ganan y cuántas acciones tienen en sociedades anónimas.

En la jornada anual realizada ayer, Díaz explicó que la posición de Uruguay en materia de lavado de activos se resume en una cita del presidente José Mujica, que expresó con motivo del lanzamiento de la estrategia antilavado, el 18 de junio de 2012. “Creemos que no se puede soñar con un modelo de país que termine siendo un enemigo de la región porque se dedica al saqueo del dinero negro que se va de la región. (…) Habrá algunos que piensan con criterio de banqueros de corto plazo y entonces cualquier plata que venga es buena. Nosotros pensamos que no cualquier plata que venga es buena, porque al final terminamos pagando con lo peor, la vergüenza como sociedad y como nación. Nuestro proyecto nacional es ser un país derecho, ser cada día más derecho y más creíble”, dijo Mujica.

En contraposición a esta postura, el vicepresidente Danilo Astori lamentó esta semana el cierre del banco Royal Bank of Canada, instalado en Zonamérica, tras un allanamiento dirigido por el juzgado de Crimen Organizado, en el marco de una causa de lavado de dinero.

"Corruptos que compran lindos campos"

 El asesor del FMI Mariano Federici destacó que en Uruguay existe un compromiso político para combatir el lavado de dinero. Sin embargo, advirtió que esto no se da en todos los países de la región. “Debe haber un compromiso político de alto nivel. Esto es clave porque el país debe querer conocer cuáles son sus problemas, desnudarlos, ponerlos sobre la mesa. Y les digo que aunque esto parezca simple en Uruguay, en muchos países quizá no tan alejados de Uruguay podría no haber un interés tan importante en conocer cuáles son los verdaderos problemas a los que se encuentra expuestos”. La alusión a Argentina pareció quedar reforzada minutos después, cuando aludió a “corruptos” que compran “lindos campos”. “¿Son delincuentes locales los que lavan dinero? ¿Son los contrabandistas y los narcotraficantes locales? ¿O es la criminalidad transnacional, que comete delitos fuera de la jurisdicción pero que se siente atraída por la jurisdicción para venir a lavar dinero? ¿Cuál es la naturaleza de esa criminalidad? ¿Es crimen organizado? ¿Son corruptos que aprovechan la jurisdicción para comprar lindos campos, propiedades en zonas atractivas para venir a disfrutar de esos fondos mal habidos?” La Justicia de Crimen Organizado en Uruguay investiga a empresarios vinculados al expresidente argentino Néstor Kirchner y a su viuda y actual mandataria, Cristina Fernández, por la compra de El Entrevero, un campo con salida al mar en José Ignacio, Maldonado, que costó US$ 14 millones.

Tras crítica de Astori, BCU anuncia un protocolo para allanamientos.

BANCOS APOYAN Y FISCAL DICE QUE SE BUSCA REDUCIR PERJUICIOS


El Banco Central del Uruguay (BCU) anunció que la institución elaborará un protocolo que establecerá la forma en que se procederá cuando se reciban solicitudes extranjeras para allanar bancos que actúan en Uruguay.
BCU consultará a jueces y fiscales para "perfeccionar modalidades".  

El presidente del BCU, Mario Bergara, explicó que la autoridad monetaria está en diálogo con jueces y fiscales para diseñar rápidamente el protocolo y el anuncio fue bien recibido por la Asociación de Bancos del Uruguay. Bergara dijo que la presencia de la institución es considerada por el sistema financiero como una garantía y que se trabajará rápidamente con los jueces y fiscales de Crimen Organizado y la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU.
El anuncio fue realizado un día después de que el vicepresidente de la República, Danilo Astori, se mostrara preocupado por el abandono de la plaza por parte del Royal Bank of Canada, luego de que fuera allanado. Astori dijo que "no es buena cosa para Uruguay que un banco de esa importancia se vaya" y que "las cosas se pudieron haber hecho de una manera más cuidadosa". Astori dijo que le preocupó que el allanamiento se haya producido tras un pedido de la Justicia argentina.
El comentario del vicepresidente evidenció la existencia de matices en el gobierno respecto al tema y molestó a otros integrantes del Poder Ejecutivo que consideraron que Astori debió informarse mejor antes de dar esa opinión. El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, había considerado que la ida del banco "repercute de forma positiva porque demuestra (que hay) un control y que Uruguay se está adaptando a los nuevos tiempos". El senador comunista Eduardo Lorier coincidió "en cuanto a la necesidad de mirar a largo plazo" ya que "mal favor se hace cuando no se toman medidas de control"
Bergara consideró que "las actuaciones judiciales dieron todas las garantías del caso" pero matizó que "se pueden perfeccionar las modalidades". El funcionario reivindicó de todas formas y en líneas generales lo actuado.
"Antes ofrecíamos opacidad a la región, hoy tenemos que ofrecer transparencia al mundo", aseguró. Y recordó que la institución ya había sido investigada por el BCU años atrás y había sido objeto de una multa en 2008 que fue la mayor que el banco emisor haya dispuesto aplicando la normativa para combatir el lavado de activos.
Los bancos privados dieron la bienvenida al anuncio de que se elaborará un marco de actuación. Julio de Brun, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Uruguay que se había mostrado muy crítico con los allanamientos, dijo que "es una muy buena noticia" y que los bancos consideran que es potestad del Estado el diseño del protocolo "ya que no sería bueno que quienes van a ser objeto de él estén incidiendo y opinando". Según De Brun, antes del episodio del banco canadiense, con la forma habitual de proceder de las autoridades en estos casos "no se generaban inconvenientes".
Jorge Barrera, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, opinó que elaborar un protocolo será productivo en la medida que establezca cómo proceder utilizando las normas existentes.
"Es esencial que cuando se solicite la cooperación, la población pueda tener la tranquilidad de que la información que no tenga que ver con esa solicitud no será dada, que solamente se dará aquella que pueda ser relevante penalmente y que los abogados defensores tengan acceso a conocer qué se envía", opinó. Así, se preservaría el secreto bancario y el país cumpliría los acuerdos de cooperación internacional que ha suscripto que son dos valores sustanciales de la identidad jurídica uruguaya, dijo Barrera.
En cualquier caso, la iniciativa de elaborar un protocolo si bien existe, está en una fase "de conversaciones preliminares", advirtió el fiscal especializado en Crimen Organizado, Juan Gómez, que intervino en el allanamiento del RBC.
"La idea sería analizar un protocolo para hacer lo menos perjudicial posible el acto de allanamiento para la institución bancaria que lo sufra", pero que no contendrá disposiciones sobre la pertinencia de las actuaciones, la cual deberá ser establecida por el Poder Judicial. Se mostró de acuerdo con la idea, entonces, si "facilita el trabajo" lo que dependerá de "qué tipo" de protocolo finalmente se adopte.
El diario argentino El Cronista sostuvo que cayeron los depósitos en dólares de argentinos en Uruguay como consecuencia del allanamiento pero De Brun consideró que no se puede asegurar que exista una tendencia en ese sentido. "Es muy rápido como para hablar de eso. No es una tendencia. Para eso hay que esperar bastante tiempo", sostuvo. La caída "es un tema puntual", aseguró,
El Cronista publicó que los depósitos argentinos bajaron de US$ 2.707 millones en junio a US$ 2.697 millones en julio. La información oficial del BCU no especifica la nacionalidad de los depositantes extranjeros en la plaza uruguaya.
El diario argentino manejó que el Royal Bank of Canada tenía unas 3.000 cuentas abiertas de argentinos por un total de US$ 1.800 millones.

OPERATIVO JUDICIAL POLÉMICO.


-El Royal Bank of Canada (RBC) fue allanado a pedido del juez argentino Norberto Oyarbide. La jueza Adriana de los Santos incautó la información de todos los clientes de la institución y la puso a disposición del magistrado argentino pero el 24 de junio estableció que Oyarbide solamente accederá a "documentación y material incautados por los peritos uruguayos" y dispuso la devolución de 27 de las 45 computadoras inicialmente requisadas. El RBC anunció que cerrará su oficina el 31 de octubre y atribuyó la decisión a una revisión estratégica de su presencia en la región. Oyarbide pidió el allanamiento de RBC y otras dos financieras como parte de una investigación sobre lavado de activos con transferencias de futbolistas.