Nuevo proyecto elimina válvula de escape en acciones al portador.

BCU. Sugirió el cambio en vista de nuevas normas contra lavado de dinero. A sugerencia del BCU, el gobierno endureció el proyecto de ley de acciones al portador. Todas las entidades no residentes con actividad local deberán informar sus titulares, lo que elimina la "válvula de escape" para tener activos sin ser identificado. El proyecto de ley para crear un registro de titulares de participaciones al portador de la bancada del Frente Amplio fue aprobado ayer en Comisión de Hacienda de Diputados, si bien en general tuvo el voto en contra de la oposición (ver recuadro aparte). El proyecto pasará a ser tratado en sesión extraordinaria del Plenario este jueves. Ese proyecto incorpora varios cambios a sugerencia del Banco Central (BCU). En línea con los intereses de su Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), están los cambios introducidos al artículo 2° del proyecto, que con una oración amplió el alcance de la obligación de informar a todas las sociedades no residentes. La versión que estaba a estudio del Parlamento establecía en ese artículo solo dos semanas atrás que la obligación alcanzará a "los titulares de participaciones patrimoniales emitidas por entidades no residentes que desarrollen actividades en la República, y que en virtud del ejercicio de las mismas estén sujetas a la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Comercio de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989" (ley de sociedades comerciales). Pero la nueva versión añade: "Asimismo, quedan comprendidas en el presente inciso las restantes entidades no residentes que desarrollen actividades en territorio nacional". Para dos tributaristas consultados por El País, esto es un agregado incongruente que "endurece el proyecto". El experto Leonardo Costa, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Católica, estimó que es "incongruente en lo técnico y le falta precisión jurídica", porque en la primera parte se acota qué entidades deben informar y en el agregado se extiende a "las restantes". Pero, además, agregó que en los hechos el gobierno "está volviendo para atrás" a la versión original. Es que el primer proyecto (enviado al Parlamento en diciembre por Economía) fue reformulado en febrero para evitar que empresas del exterior se terminaran registrando en Uruguay cuando ni siquiera desarrollan actividades en el país. Varios tributaristas advirtieron que eso permitía una "válvula de escape" para que aquellas sociedades con acciones al portador cuya actividad es en otro país pero poseen un activo en Uruguay (como inmuebles o cuentas bancarias) podían no estar obligadas a informar. Así, Uruguay podría cumplir con las recomendaciones de transparencia internacional que le formuló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sin tener una fuerte fuga de inversores cuyos activos en Uruguay no estaban declarados en su país de origen. Ese es el caso de argentinos que ahora con un artículo más abarcativo quedarán expuestos ante el fisco de su país, dado que se acaba de aprobar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Argentina (que será enviado al Parlamento para su ratificación). Pero en la UIAF no estaban cómodos con esa "válvula", ya que la Unidad pronto deberá cumplir con nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de dinero. Si bien los criterios que el GAFI aplicará en 2013 y 2014 para sus evaluaciones aún no son claros, la nueva versión del artículo 2° del proyecto "tiene que ver con esto, porque implica subir la apuesta", dijo a El País un jerarca del BCU. "La UIAF tiene que participar también en intercambios con otros países en la información y estar en las investigaciones, entonces (en estas normativas) siempre pide el máximo de transparencia para no tener obstáculos", añadió. El artículo como estaba planteado antes de las sugerencias del BCU generaba dudas de interpretación, pero era menos estricto que la última versión del Frente Amplio, afirmó el tributarista Carlos Loaiza. El experto explicó que el ar- tículo 193 de la ley de sociedades establece la obligación de registro si esa entidad "cumple su objeto social" en Uruguay. Así, una entidad panameña que fabrica tornillos y tiene un inmueble en Punta del Este (o una participación en una sociedad uruguaya que posee un inmueble) no estaría obligada a informar, pero "empieza a ser cuestionable" si debe hacerlo en caso de que sin esa actividad sea propietaria del inmueble, ejemplificó Loaiza. El proyecto de BCU también agregó al artículo 2° la obligación de que fideicomisos y fondos de inversión de titulares no residentes que sean administrados por residentes deban registrarse. Oposición en contra. Diputados de los tres partidos de oposición votaron en contra del proyecto oficialista en Comisión de Hacienda porque da al fisco un acceso "bastante ilimitado" al registro y por discrepancias con la "discrecionalidad" de algunas sanciones, dijo a El País el nacionalista Pablo Abdala. El Partido Independiente presentará hoy otro proyecto para transformar todas las acciones al portador en nominativas, con el apoyo del Partido Nacional. Fuente: http://www.elpais.com.uy/120515/pecono-641288/economia/nuevo-proyecto-elimina-valvula-de-escape-en-acciones-al-portador/