El Ejecutivo llegó a un acuerdo; lo pagarán dueños o administradores.
La alternativa al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que el gobierno tiene casi aprobada, implicará que quienes paguen sean los mismos 1.200 productores que estaban comprendidos en ese tributo o en su defecto quienes administran esos campos.
El gobierno tiene definido que los recursos para la reparación de la caminería rural saldrán del Impuesto al Patrimonio, aunque no está claro cómo se hará para acotarlo a esos propietarios.
El ICIR fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y ahora el Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de recaudar ese dinero (US$ 60 millones) para volcar a las intendencias y además afectar la concentración de la tierra.
El gabinete productivo que sesionó ayer en la Torre Ejecutiva acordó volver a implementar el cobro del Impuesto al Patrimonio sobre los inmuebles rurales. El sector fue exonerado de pagar el tributo durante el gobierno de Jorge Batlle tras la crisis de 2002.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo a El Observador que los detalles finos todavía no están acordados, pero sí está definido que la alternativa será mediante el Impuesto al Patrimonio.
“Hay acuerdo total en el gobierno en buscar un mecanismo que ayude a reducir la concentración de la tierra”, dijo el jerarca. “Buscamos un mecanismo ágil y eficiente, que además sirva para conseguir la recaudación necesaria para la caminería rural”, dijo Guerrero. “El tributo que va a salir no está totalmente terminado”, agregó.
Guerrero afirmó que la solución estará en “muy pocos días” y que el presidente José Mujica se lo comunicará directamente al Congreso de Intendentes.
El vicepresidente Danilo Astori también se refirió ayer al preacuerdo en el gobierno. Recordó que los productores rurales “habían sido excluidos” del Impuesto al Patrimonio “cuando les tocó pasar por momentos críticos desde el punto de vista económico” y que “hoy en día paga Impuesto al Patrimonio toda la economía con la excepción de estos productores, algo que no se justifica”. Luego de terminada la sesión del gabinete, el presidente José Mujica llamó al intendente de Río Negro, Omar Lafluf, para comunicarle la decisión. El tema será tratado el jueves entre el mandatario y todos los jefes comunales del país, cuando sesione en Durazno el Congreso Nacional de Intendentes.
Pero antes de ese encuentro, los intendentes escucharán la postura de las gremiales rurales sobre la idea de gravar a los grandes propietarios de tierra en una reunión que tendrá lugar en el local de la Expoactiva en Soriano. Si bien los ruralistas rechazan la aplicación de modificaciones tributarias, entienden que es más justo que se cobre impuestos sobre la ganancia de los campos y no sobre el capital, como quiere la mayoría del gobierno.
El fallo de la SCJ golpeó al gobierno y a las intendencias del interior, algunas de las cuales habían empezado a gastar a cuenta de lo que recibirían para mejorar la caminería rural. En algunos departamentos se pararon las licitaciones para la compra de maquinaria que se habían iniciado a mediados del año pasado, mientras que en otros casos se siguió adelante con el proceso utilizando fondos propios. Hasta diciembre del año pasado la Dirección General Impositiva llevaba recaudados US$ 9 millones.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/245646/-impuesto-al-patrimonio-sera-para-los-mismos-afectados-por-el-icir/
El gobierno tiene definido que los recursos para la reparación de la caminería rural saldrán del Impuesto al Patrimonio, aunque no está claro cómo se hará para acotarlo a esos propietarios.
El ICIR fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y ahora el Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de recaudar ese dinero (US$ 60 millones) para volcar a las intendencias y además afectar la concentración de la tierra.
El gabinete productivo que sesionó ayer en la Torre Ejecutiva acordó volver a implementar el cobro del Impuesto al Patrimonio sobre los inmuebles rurales. El sector fue exonerado de pagar el tributo durante el gobierno de Jorge Batlle tras la crisis de 2002.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo a El Observador que los detalles finos todavía no están acordados, pero sí está definido que la alternativa será mediante el Impuesto al Patrimonio.
“Hay acuerdo total en el gobierno en buscar un mecanismo que ayude a reducir la concentración de la tierra”, dijo el jerarca. “Buscamos un mecanismo ágil y eficiente, que además sirva para conseguir la recaudación necesaria para la caminería rural”, dijo Guerrero. “El tributo que va a salir no está totalmente terminado”, agregó.
Guerrero afirmó que la solución estará en “muy pocos días” y que el presidente José Mujica se lo comunicará directamente al Congreso de Intendentes.
El vicepresidente Danilo Astori también se refirió ayer al preacuerdo en el gobierno. Recordó que los productores rurales “habían sido excluidos” del Impuesto al Patrimonio “cuando les tocó pasar por momentos críticos desde el punto de vista económico” y que “hoy en día paga Impuesto al Patrimonio toda la economía con la excepción de estos productores, algo que no se justifica”. Luego de terminada la sesión del gabinete, el presidente José Mujica llamó al intendente de Río Negro, Omar Lafluf, para comunicarle la decisión. El tema será tratado el jueves entre el mandatario y todos los jefes comunales del país, cuando sesione en Durazno el Congreso Nacional de Intendentes.
Pero antes de ese encuentro, los intendentes escucharán la postura de las gremiales rurales sobre la idea de gravar a los grandes propietarios de tierra en una reunión que tendrá lugar en el local de la Expoactiva en Soriano. Si bien los ruralistas rechazan la aplicación de modificaciones tributarias, entienden que es más justo que se cobre impuestos sobre la ganancia de los campos y no sobre el capital, como quiere la mayoría del gobierno.
El fallo de la SCJ golpeó al gobierno y a las intendencias del interior, algunas de las cuales habían empezado a gastar a cuenta de lo que recibirían para mejorar la caminería rural. En algunos departamentos se pararon las licitaciones para la compra de maquinaria que se habían iniciado a mediados del año pasado, mientras que en otros casos se siguió adelante con el proceso utilizando fondos propios. Hasta diciembre del año pasado la Dirección General Impositiva llevaba recaudados US$ 9 millones.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/245646/-impuesto-al-patrimonio-sera-para-los-mismos-afectados-por-el-icir/
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