El Royal Bank of Canada (RBC), cuyas oficinas en Zonamerica fueron allanadas a pedido de la Justicia argentina, se retira de Uruguay. Para la Asociación de Bancos Privados y expertos tributaristas se trata de un antecedente "negativo".
El allanamiento en el RBC por parte de la Justicia y a pedido de Argentina, con el retiro de la información de la totalidad de sus clientes, hizo que la institución tomara la decisión de abandonar el país. La noticia no ha caído bien en el sector financiero, donde se estima que la actuación judicial dejó sentado un mal precedente y siembra desconfianza entre los clientes bancarios.
La institución de origen canadiense mantendrá abierta sus oficinas en Montevideo hasta el 31 de octubre "para permitir una transición suave y ordenada, tanto para empleados como para clientes, brindando toda la información disponible a lo largo del período de transición", dijo ayer a El País una alta fuente del RBC.
"La investigación judicial que implica a la oficina de Uruguay es un asunto independiente y RBC seguirá trabajando con las autoridades para resolverlo. En este momento no hay denuncias de irregularidades cometidas por RBC o cualquier empleado de RBC", añadió el informante.
Formalmente, el banco justificó su alejamiento "como parte de una revisión estratégica de su negocio en Latinoamérica".
La jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, quienes decidieron dar curso al pedido de cooperación del magistrado argentino Norberto Oyarbide, inicialmente decidieron que el colega del vecino país enviara a Montevideo su equipo de peritos para que examinara la información incautada (45 computadoras y celulares) y definiera si se la llevaba o devolvía a sus propietarios.
Sin embargo, días después y alertada sobre las graves derivaciones que tenía su decisión, la magistrada revocó su resolución y dispuso que "solo se accederá a la documentación y material incautados por los peritos uruguayos". En ese sentido, fue designado un equipo técnico integrado por peritos judiciales y de la Secretaría Antilavado de Activos de la Presidencia que todavía analizan la información requisada.
De haber dado acceso irrestricto a la Justicia argentina, habría habilitado que otros clientes que no estaban en el marco de la investigación quedaran expuestos a acciones de Oyarbide. Además, podría haberse perforado el acuerdo de intercambio de información tributaria que impide la entrega de datos en forma retroactiva, ya que con la información Oyarbide podría haber iniciado múltiples acciones gracias a las pruebas aportadas por Uruguay.
Además, solo la DGI puede dar la información que la jueza de los Santos ofrecía.
De hecho, la polémica en torno al allanamiento llegó a la Suprema Corte de Justicia, que por planteos informales realizados por operadores financieros, envió a la jueza un pedido de informes para que diera detalles sobre su actuación. La magistrada respondió el 2 de julio y el tema todavía está a estudio del máximo órgano judicial.
"Mala señal".
El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y expresidente del Banco Central, Julio de Brun, dijo a El País que el allanamiento al RBC causó "preocupación" en la institución y advirtió que el episodio genera "una mala señal" porque afecta "la imagen de la banca y del país".
"Se montó el allanamiento de un banco de la misma forma en que se haría un allanamiento en una bodega en busca de contrabando", expresó ayer de Brun, y aclaró que el accionar de la Justicia "no está en discusión", pero cuestionó que se trató de un operativo "muy mal implementado".
"Un procedimiento mucho más lógico hubiera sido ir con un par de funcionarios del BCU que bajan la información que se necesita, no se entera nadie, y el asunto no tiene mayor repercusión", explicó de Brun.
"Esto era evitable si nos hubiéramos ajustado a la ley y a la tradición de Uruguay", sostuvo, por su parte, el abogado tributarista Alberto Varela al ser consultado ayer por El País sobre la decisión del RBC de cesar su operativa en Uruguay.
El abogado cuestionó la decisión de la jueza de los Santos de habilitar los allanamientos pedidos por Oyarbide porque, a su criterio, se trata de un caso tributario y la línea histórica seguida por Uruguay es no brindar cooperación. "Para la industria de la banca off shore genera un pésimo antecedente y estimo que debe haber muchos poniendo las barbas en remojo", consideró Varela.
Por su parte, el abogado tributarista Carlos Loaiza, dijo que este caso "demuestra y es una señal que la aplicación estricta del marco normativo es fundamental para la seguridad jurídica de un país. Es un valor que Uruguay debe preservar".
"El más mínimo resquicio de duda sobre la normativa genera este tipo de ruido al inversor. Países más grandes se pueden permitir más locuras, pero a nosotros nos puede provocar consecuencias insospechadas", acotó. Loaiza dijo ser contrario a intervenir en decisiones judiciales, "pero los jueces deben estar formados para conocer el impacto de sus decisiones a nivel económico, saber comunicar y explicar sus resoluciones".
Consideró que se debe vincular este caso con otros procesos, como lo referido a delitos precedentes en materia de lavado. "Hay que ser cauto en cómo manejar los cambios, contemplando efectos e impacto de las decisiones", concluyó.
1.Oyarbide vino personalmente
El lunes 10 de junio, el juez federal argentino Norberto Oyarbide llegó al juzgado especializado en crimen organizado, ubicado en la calle Buenos Aires 580 esquina Brecha, en plena Ciudad Vieja. Allí se reunió con su colega uruguaya Adriana de los Santos, a quien invocando un acuerdo de cooperación penal internacional firmado por Uruguay y Argentina, pidió allanar tres financieras (dos de ellas con sede en el World Trade Center) y el Royal Bank of Canada (RBC) de Zonamerica, en el marco de una megacausa que el juez argentino tramita en su país relativa a maniobras de lavado y defraudación fiscal en base a transferencias de futbolistas.
2.Jueza y fiscal al mando
La jueza de los Santos hizo lugar a la solicitud de su colega argentino. El jueves 13 de junio se realizaron los allanamientos. La magistrada encabezó personalmente el operativo en el RBC mientras que el fiscal Juan Gómez estuvo a cargo de los allanamientos de las financieras del World Trade Center, entre ellas Alhec Group, a la que el 28 de junio el Banco Central suspendió y no puede seguir operando en Uruguay. En los allanamientos se incautó documentación, computadoras y hasta los celulares de las personas que estaban presentes en cada lugar en ese momento.
3.Un error de la justicia
El 17 de junio la jueza De los Santos solicitó al juez Oyarbide el envió de peritos informáticos y contables "a la brevedad" para "analizar los equipos informáticos incautados y disponer sobre el destino final de esos bienes, ya sea su traslado a la República Argentina o su devolución a sus propietarios si no contienen información relevante para la causa". El 24 de junio, la jueza revocó la medida y dispuso que "solo se accederá a la documentación y material incautados por los peritos uruguayos", para determinar qué es lo que se envía a la sede argentina.
4.SCJ consultó a la magistrada
Tras recibir quejas informales sobre el allanamiento, la Suprema Corte de Justicia le pidió el 27 de junio un informe sobre el caso a la jueza de los Santos. La magistrada respondió el 2 de julio y el tema está a estudio del máximo órgano judicial.
5.Devolvieron 27 PC al RBC
Tras más de un mes de análisis de la información incautada en los allanamientos, el 8 de agosto le fueron devueltas al RBC 27 de las 45 computadoras que le habían sido requisadas. El equipo técnico (integrado por peritos judiciales y de la Secretaría Antilavado) siguen analizando la información de las 18 computadoras restantes.
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