La bancada del Frente Amplio presentará un proyecto de ley que permitirá al Estado clasificar la información pública como reservada en el momento en que se reciba una solicitud de acceso a la misma.
A instancias de la senadora Lucía Topolansky la bancada del Frente Amplio presentará un proyecto de ley -que pretende aprobar este año en la Cámara Alta- que amplía las causales por las que los organismos pueden declarar reservada la información pública. Esta facultad ya había generado polémica con la ley vigente cuando los ministerios del Interior y Defensa, y los bancos Central y República, pusieron bajo ese blindaje prácticamente toda la información en su poder y fueron denunciados por el Centro de Acceso a la información Pública (Cainfo) por hacer un uso abusivo de tal prerrogativa.
La ley de Acceso a la Información Pública (N° 18.381) es la que permitió, por ejemplo, que la Justicia obligara a la ANEP a liberar los datos de repetición en escuelas de Montevideo y liceos de todo el país.
Este miércoles, la Comisión de Educación de la Cámara Alta analizó las modificaciones a la ley, que el Ejecutivo ya había enviado en la pasada Rendición de Cuentas pero el Senado retiró del proyecto.
Topolansky trabajó con la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), dependiente del Ejecutivo, para mejorar la redacción del texto enviado en la Rendición, haciéndolo más específico, aunque, como lo puntualizó la propia senadora, el espíritu de las restricciones se mantiene.
Los cambios que el oficialismo pretende introducir en los artículos 9° y 21° de la ley de Acceso a la Información Pública (N° 18.381) permiten a los organismos que "excepcionalmente" puedan clasificar la información como reservada "en el momento en que se reciba la solicitud de acceso a la misma".
En este caso el organismo deberá remitir en un plazo de cinco días hábiles su resolución a la UAIP para que determine si el criterio seguido se ajusta a lo dispuesto por la ley. Ante la comisión, Gabriel Delpiazzo, presidente del Consejo Ejecutivo de la UAIP, dijo que ese mecanismo se instrumenta para que "en la Unidad podamos controlar y advertir si esa clasificación fue correctamente realizada, al amparo de los criterios que fije la ley, o motivada en otras cuestiones, ya sea por quién es el que la pide o de qué tipo de información se trata".
Las modificaciones también habilitan a los organismos públicos a denegar la información en caso de que forme parte de un proceso de toma de decisiones, licitación o control. En este sentido, la modificación agrega a la lista de causales que permiten clasificar como reservada a la información a aquella cuya difusión pueda: "Afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar documentada".
La oposición rechaza la inclusión de más causales de reserva de información, fundamentalmente la que permite hacerlo una vez que llegó la solicitud de acceso.
Más cambios.
Por otra parte, la senadora Topolansky dijo que es momento de hacer una evaluación del funcionamiento de la ley a cinco años de su vigencia, y fue crítica con el uso que se le ha dado.
"Creo que es necesario -no digo revisar- hacer una evaluación, como lo hicimos con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Cuando una ley es compleja, se pone sobre la realidad y, pasado un cierto tiempo de ejercicio, hay que evaluarla para ver cómo funciona, porque cuando queda aprobada en el papel puede funcionar perfectamente bien, pero la realidad siempre es más rica. Me parece bien hacer un ejercicio de evaluación y si de ese ejercicio surge que deberíamos llegar a introducir cambios o leyes complementarias, bienvenido sea", explicó Topolansky.
La senadora y primera dama también se preguntó sobre el uso dado a la ley. "Mi duda fundamental está por el lado de si la sociedad tiene la madurez suficiente como para el manejo de estas leyes. He visto un manejo equivocado de la Ley de Acceso a la Información Pública, y eso me preocupa. Quiero dejar esto sentado con una conceptualización porque, en todo caso, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para que se use bien. A todas las delegaciones que vinieron les hice esta pregunta y ninguna me dio una respuesta sensata o explicativa. Quiere decir que la duda no solo se me agravó, sino que ese hecho, en cierto modo, me da la razón para pensar que esa situación existe", sostuvo.
Cuando El País publicó los datos de repetición y deserción de los liceos del Uruguay, Topolansky dijo que "una generosa ley" del Frente Amplio "se utilizó para hacer politiquería barata". El miércoles ante la comisión, dijo: "Personalmente creo que son válidas las preguntas sobre educación; lo que no es válido es su utilización estigmatizante. Entonces pensé y dije -a quien lo quiso oír- que me voy a encargar de enviar al diario "El País", con destino al suplemento "Qué pasa", algunas informaciones, para ver si me las publica. Nunca hay ida y vuelta en estas cosas".
La legisladora también cuestionó a El Observador porque pidió información sobre el gasto telefónico, financiado con dineros públicos, de cada diputado y senador. "Para la Cámara de Representantes fue todo un problema, por la disposición de personal, por los costos y una cantidad de cosas. Ahora bien, sinceramente me pregunto qué se ganaba con ese pedido. En lo personal, me queda una enorme duda", dijo.
Topolansky dijo que "hay muchas cosas que quisiera saber y no tengo cómo" y puso como ejemplo la identidad de los financistas de algunas ONG.
Pedir información: hecho ilícito.
El senador Óscar López Goldaracena (FA) preguntó a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) si en algún caso se puede dar un supuesto de abuso de derecho y que el ejercicio de ese derecho, en sí mismo, pueda configurar un hecho ilícito desde el punto de vista civil.
"Se me contestó positivamente en cuanto a que la solicitud de información de manera abusiva puede ser un hecho ilícito. En algunas legislaciones esto se invoca para denegar información", explicó López Goldaracena a El País.
Ante esa pregunta, el presidente del Consejo Ejecutivo de la UAIP, Gabriel Delpiazzo, dijo que hay un abuso y lo ha visto.
"Creo que sí. Reitero: creo que sí. Además, lo he visto. "Considero que el abuso del derecho, al igual que en todos los derechos, también aplica al que tiene que ver con el acceso a la información pública. El instituto está previsto en el Código Civil y, por más que no esté en la Ley de Acceso, pienso que aplica también a este caso", dijo. Puso como ejemplo el caso de un gremio que pidió a una institución los recibos de sueldo de todos los funcionarios correspondientes a los últimos diez años.
"Entiendo que ese podría ser un caso de ejercicio abusivo de la solicitud o del derecho a acceder a la información", explicó.
Agregó que "en muchas leyes de Latinoamérica está previsto como excepción cuando el pedido de información implique un obstáculo al funcionamiento normal de los organismos, cuando se paralice el funcionamiento de una oficina por tres semanas o un mes debido a un pedido que se hizo. Ahí hay un ejercicio abusivo y podemos considerarlo, esté o no esté en la ley".
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