Expertos analizaron la postura del gobierno y concluyeron que se trata de una movida “inconstitucional”.
La Cámara de Zonas Francas, dos estudios jurídicos y un académico coincidieron en que la posición del gobierno frente al secreto bancario –con el compromiso internacional de avanzar hacia el intercambio automático de información fiscal con otros países– es inconstitucional, al atentar contra el derecho a la intimidad de los ciudadanos, además de que hace mella al sistema financiero. Agregaron que el país debería tener una postura más firme ante las solicitudes en ese ámbito de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el inicio del evento organizado por la Cámara de Zonas Francas y en el cual disertaron Juan Bonet –socio del Departamento de Impuestos del Estudio Guyer & Regules–, Ignacio de Posadas –director de Posadas, Posadas & Vecino y exministro de Economía– y Alberto Varela –catedrático de derecho tributario aplicado en la Universidad ORT–, el presidente de Zonamerica, Orlando Dovat, tomó la palabra para contextualizar la convocatoria. A falta de una voz oficial, el empresario leyó la entrevista publicada en El Observador el pasado 5 de diciembre al ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara. Allí el jerarca explica los pasos que dará Uruguay en relación al secreto bancario y en materia tributaria internacional.
Para el gobierno, el objetivo de lograr una mejor inserción internacional debe sustentarse sobre la transparencia, y las políticas de opacidad están fuera de consideración. La nueva norma global referida al secreto bancario y de intercambio automático de información, que Uruguay suscribió en octubre en Berlín, se implementará a fines de 2017 o principios de 2018.
“Somos partidarios de que Uruguay sea un centro de servicios globales, incluyendo los servicios financieros, y trabajamos desde el sector público y el privado en esa dirección. Pero nunca sobre la base de pretender que la opacidad sea una ventaja competitiva. No estamos dispuestos a que la reputación y la inserción internacional del país sean rehenes de pequeños intereses privados ni de concepciones políticas obsoletas y reaccionarias”, comentó Bergara a Consultor Tributario de El Observador.
Los exponentes entienden la postura del gobierno como un intento de disminuir el secreto bancario y, por lo tanto, de violar un derecho constitucional. Varela dijo, en ese sentido, que siempre estará en contra de la evasión fiscal, pero también a favor del derecho a la intimidad y a no inmiscuirse en la vida de otros, “cosas que protege el secreto bancario”. “Es posible las dos cosas, con un sistema en el que un juez lo levante cuando detecta una evasión y eso en Uruguay existe. No hay ninguna necesidad de cambiar el tema”, afirmó.
El experto señaló que a partir de 2017 o 2018 los bancos deberán hacer trabajo de inteligencia con sus propios clientes a favor de fiscos extranjeros, quienes a su vez podrán indagar en la privacidad de esos usuarios. “Los bancos van a dudar en todo acerca de sus clientes”, indicó. “Podrán hacer pesquisas secretas sin avisar al cliente”, añadió.
Varela llamó a analizar “qué tan irresistible son” esas imposiciones que llegan desde la OCDE y qué posibilidades tiene el país de hacerles frente. “Hay que ser sinceros y contarle a la gente sobre estas presiones injustas y mentirosas, y por tanto cumplir lo más tarde posible sin ser incumplidores”, dijo el docente de la ORT. Agregó que en el gobierno existió un apuro para decidirse sobre esto, lo que denota una “desorientación en la materia”. “Esta presión es el fruto de la competencia fiscal. A los países europeos no les gusta que les compitan bajando impuestos”, concluyó.
Bonet, socio de Guyer & Regules, afirmó que en el compromiso asumido por Uruguay a fines de octubre en Berlín, Alemania, no se dice nada acerca del secreto profesional que “contiene mayor información financiera” que el secreto bancario. “No se sabe cómo va a quedar eso”, se preguntó. Bonet dijo que la iniciativa global es “una ley extraterritorial que choca con la normativa local”, lo que implicará cambios legislativos en el país.
La explicación puede venir en que, según Bonet, exista una búsqueda de homogeneización de estándares a nivel internacional, cuando el concepto global “es multiforme” en todas sus áreas. “Otros países están aplicando matices y Uruguay debería lograr sus matices”, dijo el abogado. En ese sentido, así como no hay que demonizar a la OCDE, “tampoco la endiosemos”, un organismo que el país ni siquiera integra, añadió.
“Lo que está en juego es el derecho a la intimidad, no se trata de conservar un privilegio para los bancos”, dijo por su parte Ignacio de Posadas, exministro de Economía. “El gobierno debe proteger un mandato constitucional”, insistió. De Posadas indicó que existe una presión a una serie de países “de poderío menor”, como Uruguay, en el que no solo se afecta el secreto bancario, sino también la soberanía.
Para el exministro, también existe una violación al principio de separación de poderes, al decidir el Poder Ejecutivo un asunto que debería competerle al Poder Legislativo. “Los legisladores no fueron consultados ni informados. No hubo una instancia política”, argumentó. “Esto no empezó ahora, se inició desde la eliminación de las SAFI (Sociedades Anónimas Financieras de Inversión)”, se lamentó.
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