El gobierno impulsa la revisión de las normas que permiten combatir el blanqueo de capitales y aspira a que la evasión fiscal, el sicariato y el abigeato sean considerados delitos precedentes del lavado de activos. Otros cambios sustantivos que pretende el Poder Ejecutivo son la prohibición de que una sociedad anónima sea beneficiaria final de otra y establecer que los contadores estén obligados de informar transacciones sospechosas a las autoridades.
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