Autoridad internacional avala pedidos de información de DGI.

Secretario del CIAT llamó al fisco a profundizar búsqueda de datos.


IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI en la Facultad de Economía de la Universidad de la República.

La iniciativa de la Dirección General Impositiva (DGI) de exigir información sobre el gasto de los contribuyentes a los colegios y otras instituciones educativas y deportivas, no solo está en línea con las prácticas realizadas en la región y en los países desarrollados, sino que también debe ser profundizada por el fisco uruguayo. El único secreto que debe limitar a la administraciónes el secreto tributario.

Así lo señaló Márcio Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización pública internacional que reúne a 40 países de todo el mundo.

En una visita a Uruguay, en el marco de las IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI en la Facultad de Economía de la Universidad de la República, el experto dialogó con El Observador sobre los instrumentos de los cuales pueden valerse los fiscos en la lucha contra la evasión.

Para Verdi, “el peor impuesto para una sociedad es aquel que solo lo paga un contribuyente y otro no”. En ese sentido, “todos deben apoyar que el fisco tenga las herramientas suficientes para verificar si cada persona está pagando lo que le corresponde”, agregó.

El experto en tributación y asesor de cuatro administraciones de gobierno en Brasil, dijo que aquellos fiscos que solo utilicen la información aportada por los contribuyentes y sus bases de datos históricas para realizar el control de la recaudación, “jamás alcanzarán la plenitud ni podrán verificar que las personas paguen lo que deberían pagar”.

La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales se expidió de forma favorable la semana pasada sobre la potestad de la DGI de exigir a las instituciones educativas y deportivas información sobre las personas que pagan cuotas y matrículas.

Sin embargo, algunos expertos del sector privado señalan que los mecanismos que emplea la administración local para obtener información tributaria vulneran el derecho a la intimidad.

Tanto en la región como en Europa y Norteamérica, “todos los fiscos tienen pleno acceso a la información. Eso no es entrar a la intimidad de cada uno”, sostuvo Verdi de manera categórica.

Dijo que las autoridades deben ir más allá en la utilización de datos proporcionados por terceros. “El fisco tiene hoy la necesidad absoluta de usar informaciones de los movimientos financieros, de las tarjetas de crédito, de los registros notariales”, señaló a modo de ejemplo.

La utilización de manera creativa de las bases de datos a las cuales pueda tener acceso la DGI y el uso de instrumental tecnológico de última generación, es una tendencia a nivel mundial que está siendo adoptada también en Uruguay, explicó el experto.

De hecho, la DGI ya realizó un cruzamiento de datos entre las ventas de autos de lujo y las declaraciones de ingresos de sus compradores, como así tambiénde transferencias de inmuebles.

Verdi señaló, sin embargo, que debe haber una clara contrapartida por parte de la DGI. La administración tributaria debe asegurar la confidencialidad de los datos. “El fisco debe tener acceso a toda la información, que debe ser tratada de forma sigilosa, solo para fines de cálculo y verificación”, explicó.

Según sostuvo, la administración uruguaya, junto a la de Ecuador y República Dominicana, fueron las que registraron un mayor avance en materia de profesionalización durante la última década a nivel regional.

IVA personalizado.

Durante las Jornadas Tributarias, un grupo de investigadores de la Asesoría Económica de la DGI, presentó una serie de trabajos de investigación. Uno de ellos, simula la implementación de un IVA personalizado, donde cada uno de los contribuyentes paga una tasa diferente, de acuerdo a la posición que ocupan en la distribución del ingreso.

La investigación, que se encuentra en su fase final, arroja que en un contexto de bancarización completa, donde se universalice el acceso a instrumentos financieros tanto por parte de las familias –tarjetas de crédito y débito– como de las empresas –posibilidad de realizar operaciones con plásticos–, el sistema no solo es viable sino que permitiría reducir 2,83 puntos el índice de Gini, que mide la desigualdad.

Fuentes del Ministerio de Economía (MEF) dijeron a El Observador que no solo se trata de un ejercicio académico realizado por los investigadores: es un objetivo de mediano y largo plazo para la administración apuntar a instrumentos que individualicen la carga impositiva y permitan profundizar las políticas distributivas.

Actualmente, el IVA es un impuesto regresivo. Esto es, una vez pago el tributo, la distribución de los ingresos disponibles de los uruguayos se vuelve 1,03 puntos más desigual en el índice de Gini.

Sin embargo, el estudio realizado por los técnicos Gustavo González, Marcelo Montero, Leticia Olmos y Fernando Peláez, una vez implementado un IVA personalizado, el impuesto pasaría a contribuir de forma positiva a la redistribución.
Según los investigadores, el requisito previo para la aplicación es el acceso universal a los servicios financieros, debido a que se implementaría solo en las compras con tarjeta de crédito y débito.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/210278/autoridad-internacional-avala-pedidos-de-informacion-de-dgi/