Además del proyecto de despenalización del aborto, el Senado aprobó en la madrugada de este miércoles el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), comúnmente denominado impuesto a la tierra, por 16 votos en 27. Los votos a favor fueron todos por parte de senadores del Frente Amplio.
La votación del proyecto estaba previsto para la semana pasada, pero se postergó por falta de quórum cuando el senador nacionalista, Luis Alberto Lacalle, pidiera reiniciar la sesión tras expirar el tiempo de un cuarto intermedio. El número de legisladores no fue suficiente ya que algunos senadores oficialistas se encontraban fuera de sala conversando en los pasillos y demoraron en ingresar. El presidente de la cámara, Danilo Astori, finalizó el cuarto intermedio y se debió levantar la sesión.
El ICIR es una iniciativa del presidente José Mujica para gravar los predios que superan las 2 mil hectáreas con un índice Coneat 100. El proyecto aprobado pasó ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/215874/senado-aprobo-impuesto-a-la-tierra/
El blog lista información relevante de Uruguay, útil para inversores y empresas residentes y no-residentes en el país (y extranjeros) que quieran realizar inversiones en Uruguay o utilizar la plaza local como plataforma para sus negocios internacionales. (by FDI: www.fdinternational.com)
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jueves, 29 de diciembre de 2011
lunes, 26 de diciembre de 2011
Contribución inmobiliaria rural subirá 8% en enero.
La contribución inmobiliaria rural subirá un 8% a partir del próximo mes de enero, en línea con la inflación, según es la voluntad del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Economía ya envió el proyecto de decreto a la Presidencia de la República.
El director de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Apezteguía, informó a El País que ya fue enviado el anteproyecto de decreto a la Presidencia de la República, para subir la contribución inmobiliaria rural un 8%.
El incremento se producirá a partir del próximo mes de enero y va en línea con la inflación, según sostuvo Apezteguía. Para definir el aumento se tuvieron en cuenta los valores de catastro y la evolución de los precios al consumo que se registró en 2011. El porcentaje de incremento definido "es un poco más que la inflación", señaló Apezteguía, por lo que, como consecuencia, se procederá a la readecuación de aforos.
A fines de 2009 el sector agropecuario puso el grito en el cielo porque la contribución inmobiliaria rural subió 35% y por más que las gremiales realizaron diversas gestiones, no pudieron frenar el incremento, que incluso formó parte del temario del Congreso Anual de la Federación Rural, donde se efectuaron fuertes críticas a la caminería rural y a los servicios que prestan al sector las intendencias.
SIN SORPRESAS. El porcentaje de aumento de este tributo, sin embargo, no sorprendió a los ruralistas esta vez, que ya venían haciendo algunas averiguaciones.
"A nadie nos gusta ningún tipo de aumento, pero este incremento previsto es normal, no nos causa ninguna sorpresa", aseguró a El País Miguel Sanguinetti, presidente de la Federación Rural al conocer la noticia. Según la visión del ruralista, "lo que es anormal son los nuevos tributos, como el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que se le pretenden imponer al sector y que discute el Parlamento. El aumento en la contribución inmobiliaria rural es normal todos los años, como aumenta el costo de vida, los sueldos y hay que asumirlo".
Lo que conforma a Sanguinetti es que el cálculo que se hizo para determinar el ajuste se basó en el análisis de parámetros normales, "como debe ser y no se sale de las reglas como se hizo en 2009". Ese año se les dijo a los ruralistas que el aumento de 35% se debía a que se utilizó el incremento en el valor de la tierra para hacer el cálculo del incremento.
"El aporte a la contribución inmobiliaria rural debería servir para arreglar la caminería y no se arregló nada", recordó el ruralista.
Al cierre del último consejo anual, los directivos de la gremial aseguraron que comenzarán a exigir al gobierno y a las comunas que el dinero que aporta el sector se utilice para que éste reciba mejores servicios. Hubo duras críticas a las intendencias -con algunas pocas excepciones- por el estado de los caminos que no pudieron enfrentar el incremento en el flujo de camiones generado por el aumento de las producciones (granos, forestación y carne, principalmente). Es que desde hace diez años el campo vive una verdadera revolución productiva.
La idea del Presidente José Mujica de "el que rompe paga" tampoco cayó muy bien en el sector, porque se considera que los aportes que se hacen a las comunas en diversos tributos -como es el caso del pago de 1% cada vez que se vende un semoviente- no está siendo destinado a mejorar los caminos vecinales.
Visión: Productores dicen que aumento es normal y apoyan base del cálculo utilizada.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111226/pecono-614816/economia/contribucion-inmobiliaria-rural-subira-8-en-enero/
El director de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Apezteguía, informó a El País que ya fue enviado el anteproyecto de decreto a la Presidencia de la República, para subir la contribución inmobiliaria rural un 8%.
El incremento se producirá a partir del próximo mes de enero y va en línea con la inflación, según sostuvo Apezteguía. Para definir el aumento se tuvieron en cuenta los valores de catastro y la evolución de los precios al consumo que se registró en 2011. El porcentaje de incremento definido "es un poco más que la inflación", señaló Apezteguía, por lo que, como consecuencia, se procederá a la readecuación de aforos.
A fines de 2009 el sector agropecuario puso el grito en el cielo porque la contribución inmobiliaria rural subió 35% y por más que las gremiales realizaron diversas gestiones, no pudieron frenar el incremento, que incluso formó parte del temario del Congreso Anual de la Federación Rural, donde se efectuaron fuertes críticas a la caminería rural y a los servicios que prestan al sector las intendencias.
SIN SORPRESAS. El porcentaje de aumento de este tributo, sin embargo, no sorprendió a los ruralistas esta vez, que ya venían haciendo algunas averiguaciones.
"A nadie nos gusta ningún tipo de aumento, pero este incremento previsto es normal, no nos causa ninguna sorpresa", aseguró a El País Miguel Sanguinetti, presidente de la Federación Rural al conocer la noticia. Según la visión del ruralista, "lo que es anormal son los nuevos tributos, como el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que se le pretenden imponer al sector y que discute el Parlamento. El aumento en la contribución inmobiliaria rural es normal todos los años, como aumenta el costo de vida, los sueldos y hay que asumirlo".
Lo que conforma a Sanguinetti es que el cálculo que se hizo para determinar el ajuste se basó en el análisis de parámetros normales, "como debe ser y no se sale de las reglas como se hizo en 2009". Ese año se les dijo a los ruralistas que el aumento de 35% se debía a que se utilizó el incremento en el valor de la tierra para hacer el cálculo del incremento.
"El aporte a la contribución inmobiliaria rural debería servir para arreglar la caminería y no se arregló nada", recordó el ruralista.
Al cierre del último consejo anual, los directivos de la gremial aseguraron que comenzarán a exigir al gobierno y a las comunas que el dinero que aporta el sector se utilice para que éste reciba mejores servicios. Hubo duras críticas a las intendencias -con algunas pocas excepciones- por el estado de los caminos que no pudieron enfrentar el incremento en el flujo de camiones generado por el aumento de las producciones (granos, forestación y carne, principalmente). Es que desde hace diez años el campo vive una verdadera revolución productiva.
La idea del Presidente José Mujica de "el que rompe paga" tampoco cayó muy bien en el sector, porque se considera que los aportes que se hacen a las comunas en diversos tributos -como es el caso del pago de 1% cada vez que se vende un semoviente- no está siendo destinado a mejorar los caminos vecinales.
Visión: Productores dicen que aumento es normal y apoyan base del cálculo utilizada.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111226/pecono-614816/economia/contribucion-inmobiliaria-rural-subira-8-en-enero/
lunes, 3 de octubre de 2011
Autoridad internacional avala pedidos de información de DGI.
Secretario del CIAT llamó al fisco a profundizar búsqueda de datos.
IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI en la Facultad de Economía de la Universidad de la República.
La iniciativa de la Dirección General Impositiva (DGI) de exigir información sobre el gasto de los contribuyentes a los colegios y otras instituciones educativas y deportivas, no solo está en línea con las prácticas realizadas en la región y en los países desarrollados, sino que también debe ser profundizada por el fisco uruguayo. El único secreto que debe limitar a la administraciónes el secreto tributario.
Así lo señaló Márcio Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización pública internacional que reúne a 40 países de todo el mundo.
En una visita a Uruguay, en el marco de las IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI en la Facultad de Economía de la Universidad de la República, el experto dialogó con El Observador sobre los instrumentos de los cuales pueden valerse los fiscos en la lucha contra la evasión.
Para Verdi, “el peor impuesto para una sociedad es aquel que solo lo paga un contribuyente y otro no”. En ese sentido, “todos deben apoyar que el fisco tenga las herramientas suficientes para verificar si cada persona está pagando lo que le corresponde”, agregó.
El experto en tributación y asesor de cuatro administraciones de gobierno en Brasil, dijo que aquellos fiscos que solo utilicen la información aportada por los contribuyentes y sus bases de datos históricas para realizar el control de la recaudación, “jamás alcanzarán la plenitud ni podrán verificar que las personas paguen lo que deberían pagar”.
La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales se expidió de forma favorable la semana pasada sobre la potestad de la DGI de exigir a las instituciones educativas y deportivas información sobre las personas que pagan cuotas y matrículas.
Sin embargo, algunos expertos del sector privado señalan que los mecanismos que emplea la administración local para obtener información tributaria vulneran el derecho a la intimidad.
Tanto en la región como en Europa y Norteamérica, “todos los fiscos tienen pleno acceso a la información. Eso no es entrar a la intimidad de cada uno”, sostuvo Verdi de manera categórica.
Dijo que las autoridades deben ir más allá en la utilización de datos proporcionados por terceros. “El fisco tiene hoy la necesidad absoluta de usar informaciones de los movimientos financieros, de las tarjetas de crédito, de los registros notariales”, señaló a modo de ejemplo.
La utilización de manera creativa de las bases de datos a las cuales pueda tener acceso la DGI y el uso de instrumental tecnológico de última generación, es una tendencia a nivel mundial que está siendo adoptada también en Uruguay, explicó el experto.
De hecho, la DGI ya realizó un cruzamiento de datos entre las ventas de autos de lujo y las declaraciones de ingresos de sus compradores, como así tambiénde transferencias de inmuebles.
Verdi señaló, sin embargo, que debe haber una clara contrapartida por parte de la DGI. La administración tributaria debe asegurar la confidencialidad de los datos. “El fisco debe tener acceso a toda la información, que debe ser tratada de forma sigilosa, solo para fines de cálculo y verificación”, explicó.
Según sostuvo, la administración uruguaya, junto a la de Ecuador y República Dominicana, fueron las que registraron un mayor avance en materia de profesionalización durante la última década a nivel regional.
IVA personalizado.
Durante las Jornadas Tributarias, un grupo de investigadores de la Asesoría Económica de la DGI, presentó una serie de trabajos de investigación. Uno de ellos, simula la implementación de un IVA personalizado, donde cada uno de los contribuyentes paga una tasa diferente, de acuerdo a la posición que ocupan en la distribución del ingreso.
La investigación, que se encuentra en su fase final, arroja que en un contexto de bancarización completa, donde se universalice el acceso a instrumentos financieros tanto por parte de las familias –tarjetas de crédito y débito– como de las empresas –posibilidad de realizar operaciones con plásticos–, el sistema no solo es viable sino que permitiría reducir 2,83 puntos el índice de Gini, que mide la desigualdad.
Fuentes del Ministerio de Economía (MEF) dijeron a El Observador que no solo se trata de un ejercicio académico realizado por los investigadores: es un objetivo de mediano y largo plazo para la administración apuntar a instrumentos que individualicen la carga impositiva y permitan profundizar las políticas distributivas.
Actualmente, el IVA es un impuesto regresivo. Esto es, una vez pago el tributo, la distribución de los ingresos disponibles de los uruguayos se vuelve 1,03 puntos más desigual en el índice de Gini.
Sin embargo, el estudio realizado por los técnicos Gustavo González, Marcelo Montero, Leticia Olmos y Fernando Peláez, una vez implementado un IVA personalizado, el impuesto pasaría a contribuir de forma positiva a la redistribución.
Según los investigadores, el requisito previo para la aplicación es el acceso universal a los servicios financieros, debido a que se implementaría solo en las compras con tarjeta de crédito y débito.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/210278/autoridad-internacional-avala-pedidos-de-informacion-de-dgi/
IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI en la Facultad de Economía de la Universidad de la República.
La iniciativa de la Dirección General Impositiva (DGI) de exigir información sobre el gasto de los contribuyentes a los colegios y otras instituciones educativas y deportivas, no solo está en línea con las prácticas realizadas en la región y en los países desarrollados, sino que también debe ser profundizada por el fisco uruguayo. El único secreto que debe limitar a la administraciónes el secreto tributario.
Así lo señaló Márcio Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización pública internacional que reúne a 40 países de todo el mundo.
En una visita a Uruguay, en el marco de las IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI en la Facultad de Economía de la Universidad de la República, el experto dialogó con El Observador sobre los instrumentos de los cuales pueden valerse los fiscos en la lucha contra la evasión.
Para Verdi, “el peor impuesto para una sociedad es aquel que solo lo paga un contribuyente y otro no”. En ese sentido, “todos deben apoyar que el fisco tenga las herramientas suficientes para verificar si cada persona está pagando lo que le corresponde”, agregó.
El experto en tributación y asesor de cuatro administraciones de gobierno en Brasil, dijo que aquellos fiscos que solo utilicen la información aportada por los contribuyentes y sus bases de datos históricas para realizar el control de la recaudación, “jamás alcanzarán la plenitud ni podrán verificar que las personas paguen lo que deberían pagar”.
La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales se expidió de forma favorable la semana pasada sobre la potestad de la DGI de exigir a las instituciones educativas y deportivas información sobre las personas que pagan cuotas y matrículas.
Sin embargo, algunos expertos del sector privado señalan que los mecanismos que emplea la administración local para obtener información tributaria vulneran el derecho a la intimidad.
Tanto en la región como en Europa y Norteamérica, “todos los fiscos tienen pleno acceso a la información. Eso no es entrar a la intimidad de cada uno”, sostuvo Verdi de manera categórica.
Dijo que las autoridades deben ir más allá en la utilización de datos proporcionados por terceros. “El fisco tiene hoy la necesidad absoluta de usar informaciones de los movimientos financieros, de las tarjetas de crédito, de los registros notariales”, señaló a modo de ejemplo.
La utilización de manera creativa de las bases de datos a las cuales pueda tener acceso la DGI y el uso de instrumental tecnológico de última generación, es una tendencia a nivel mundial que está siendo adoptada también en Uruguay, explicó el experto.
De hecho, la DGI ya realizó un cruzamiento de datos entre las ventas de autos de lujo y las declaraciones de ingresos de sus compradores, como así tambiénde transferencias de inmuebles.
Verdi señaló, sin embargo, que debe haber una clara contrapartida por parte de la DGI. La administración tributaria debe asegurar la confidencialidad de los datos. “El fisco debe tener acceso a toda la información, que debe ser tratada de forma sigilosa, solo para fines de cálculo y verificación”, explicó.
Según sostuvo, la administración uruguaya, junto a la de Ecuador y República Dominicana, fueron las que registraron un mayor avance en materia de profesionalización durante la última década a nivel regional.
IVA personalizado.
Durante las Jornadas Tributarias, un grupo de investigadores de la Asesoría Económica de la DGI, presentó una serie de trabajos de investigación. Uno de ellos, simula la implementación de un IVA personalizado, donde cada uno de los contribuyentes paga una tasa diferente, de acuerdo a la posición que ocupan en la distribución del ingreso.
La investigación, que se encuentra en su fase final, arroja que en un contexto de bancarización completa, donde se universalice el acceso a instrumentos financieros tanto por parte de las familias –tarjetas de crédito y débito– como de las empresas –posibilidad de realizar operaciones con plásticos–, el sistema no solo es viable sino que permitiría reducir 2,83 puntos el índice de Gini, que mide la desigualdad.
Fuentes del Ministerio de Economía (MEF) dijeron a El Observador que no solo se trata de un ejercicio académico realizado por los investigadores: es un objetivo de mediano y largo plazo para la administración apuntar a instrumentos que individualicen la carga impositiva y permitan profundizar las políticas distributivas.
Actualmente, el IVA es un impuesto regresivo. Esto es, una vez pago el tributo, la distribución de los ingresos disponibles de los uruguayos se vuelve 1,03 puntos más desigual en el índice de Gini.
Sin embargo, el estudio realizado por los técnicos Gustavo González, Marcelo Montero, Leticia Olmos y Fernando Peláez, una vez implementado un IVA personalizado, el impuesto pasaría a contribuir de forma positiva a la redistribución.
Según los investigadores, el requisito previo para la aplicación es el acceso universal a los servicios financieros, debido a que se implementaría solo en las compras con tarjeta de crédito y débito.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/210278/autoridad-internacional-avala-pedidos-de-informacion-de-dgi/
miércoles, 24 de agosto de 2011
Impuesto disparó consultas de empresas agropecuarias.
Consultoras privadas de plaza atendieron desde el lunes cientos de llamadas de sus clientes con campos de más de 2.000 hectáreas, producto del envío al Parlamento del nuevo impuesto a la concentración de la tierra.
1.200
productores o empresas de un total de 47.300, serán gravadas con el nuevo tributo, según el gobierno
2,5%
de los productores, que a su vez poseen 36% de la superficie de tierra del país, deberán pagar el impuesto
9
veces se multiplicó el valor de la tierra en dólares corrientes en los últimos 20 años, según el gobierno .
Los teléfonos ardieron ayer en varias consultoras tributarias privadas de plaza, ante los llamados de empresarios agropecuarios preocupados por el impacto del nuevo impuesto del gobierno dirigido a desestimular la concentración de la tierra. Uruguayos y extranjeros propietarios de extensiones de campo productivo mayores a 2.000 hectáreas quieren saber cómo incidirá en su economía.
Las inquietudes a firmas especializadas en asesoramiento tributario fueron constantes desde que el presidente José Mujica hizo pública su intención de incluir un nuevo tributo a la tierra, pero se dispararon desde el lunes, cuando el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el texto definitivo que tuvo la firma del mandatario y todos los ministros de Estado. Se quejan por un cambio en las reglas de juego.
Félix Abadi, de la consultora Rueda, Abadi, Pereira y catedrático de Impuestos de la Universidad ORT, dijo a Ultimas Noticias que casi la totalidad de sus clientes con empresas agropecuarias hicieron llegar consultas en las últimas horas. Algunos, incluso, pidieron informes para saber cuánto deberán pagar.
Según el experto, además de las consideraciones generales de los ruralistas sobre el nuevo impuesto, hay dos cuestiones puntuales que se repiten. En primer lugar advierten la "progresión a saltos" de las franjas que plantea el proyecto de ley para cobrar el tributo, basado en la cantidad de hectáreas con índice Coneat superior a 100. La puntualización en ese sentido refiere a que al superar franjas, el propietario deberá pagar la alícuota correspondiente a la cantidad de hectáreas, y no de forma progresiva. "Es decir que, si un campo tiene 5.001 hectárea con índice Coneat superior a 100, deberá pagar la segunda alícuota (equivalente a U$S 12 por hectárea por año)" que va de 5.000 a 10.000 hectáreas. Si el mismo campo tuviera dos hectáreas menos, por ejemplo, debería pagar por la primera alícuota, equivalente a U$S 8 por hectárea por año. "No es como el Irpf, es más parecido al IRP", comentó el experto tributario, y "eso genera irritación", apuntó.
En segundo lugar, las consultas a Rueda, Abadi, Pereira fueron para saber si quienes pagan Impuesto al Patrimonio podrán deducir el tributo a la concentración. Para Félix Abadi, el nuevo impuesto es "finalista" porque "persigue objetivos económicos" y, a la vez, para desestimular la concentración.
Entre los clientes de Rueda, Abadi, Pereira hay empresarios argentinos. Los mismos, según el experto tributario, llegan al país buscando "estabilidad" en las reglas de juego. Ahora, aseguran, ven cómo el gobierno envía una señal que pone en duda dicha premisa.
Otra de las consultoras de plaza que desde el lunes recibe muchas consultas sobre el impacto del nuevo impuesto es Posadas, Posadas & Vecino. El socio responsable del departamento tributario, Daniel González, dijo ayer a Ultimas Noticias que fueron "muchísimas" las llamadas. En su caso existen gran cantidad de empresarios forestales, por lo que, además de las consultas genéricas sobre las reglas de juego y el impacto concreto en la ecuación de sus negocios, preguntan si el nuevo impuesto podrá ser exonerado al invocar el beneficio específico de 12 años incluido en la ley forestal. González dijo compartir apreciaciones de su colega Abadi en cuanto a la "progresión a saltos" que plantea el esquema del tributo con sus franjas y el impacto que ello tendrá.
Con el gravamen, el gobierno espera recaudar U$S 60 millones al año para destinarlo a la reparación de caminería rural. Es por ello que en el proyecto de ley establece a la Dirección General Impositiva como agente recaudador y a los gobiernos departamentales como destinatarios del recurso. Esto último para los expertos tributarios es una clara concesión a la segura inconstitucionalidad planteada en un principio, cuando el gobierno pretendía destinar el dinero a una nueva comisión.
Una amenaza y la constitucionalidad.
El experto tributario Félix Abadi realizó un análisis para Ultimas Noticias del nuevo impuesto. En el mismo, destaca que si bien lo recaudará la DGI, "se designa como sujeto activo del mismo a los gobiernos departamentales, lo que parece dar respuesta a las críticas de inconstitucionalidad que habían surgido cuando se dieron a conocer los lineamientos preliminares del impuesto, disponiendo que un fondo administrará lo recaudado". En segundo lugar, el catedrático destacó que, como medida "antielusiva" y para "neutralizar el posible desdoblamiento artificial societario", el gobierno incluyó en el texto para el caso de conjuntos económicos "la facultad de determinar el impuesto tomando en consideración a los activos inmobiliarios sobre base consolidada del contribuyente", lo que a su juicio funcionará como una "amenaza" a que las sociedades anónimas se separen para esquivar la tributación.
El polémico Índice Coneat.
El índice elaborado por la Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra (Coneat), perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, fue elaborado en la década de 1940 para determinar la capacidad de producción de carne y lana de los predios en Uruguay.
En la exposición de motivos del proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), el gobierno indica que tal herramienta es una "aproximación a la capacidad productiva del suelo", aunque admite que "sólo refleja la productividad en términos de carne y lana, dejando afuera a la agricultura y, por tanto, no captando los más recientes usos del suelo". "No obstante -sigue la argumentación- esto no habilita a concluir que el índice ha pasado a ser inútil". “Si así fuese, la correlación entre Coneat y el precio de compra venta de la tierra sería muy baja. Sin embargo, dicha correlación es significativa”, agrega otro pasaje de la exposición de motivos del proyecto de ley.
1.200
productores o empresas de un total de 47.300, serán gravadas con el nuevo tributo, según el gobierno
2,5%
de los productores, que a su vez poseen 36% de la superficie de tierra del país, deberán pagar el impuesto
9
veces se multiplicó el valor de la tierra en dólares corrientes en los últimos 20 años, según el gobierno .
Los teléfonos ardieron ayer en varias consultoras tributarias privadas de plaza, ante los llamados de empresarios agropecuarios preocupados por el impacto del nuevo impuesto del gobierno dirigido a desestimular la concentración de la tierra. Uruguayos y extranjeros propietarios de extensiones de campo productivo mayores a 2.000 hectáreas quieren saber cómo incidirá en su economía.
Las inquietudes a firmas especializadas en asesoramiento tributario fueron constantes desde que el presidente José Mujica hizo pública su intención de incluir un nuevo tributo a la tierra, pero se dispararon desde el lunes, cuando el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el texto definitivo que tuvo la firma del mandatario y todos los ministros de Estado. Se quejan por un cambio en las reglas de juego.
Félix Abadi, de la consultora Rueda, Abadi, Pereira y catedrático de Impuestos de la Universidad ORT, dijo a Ultimas Noticias que casi la totalidad de sus clientes con empresas agropecuarias hicieron llegar consultas en las últimas horas. Algunos, incluso, pidieron informes para saber cuánto deberán pagar.
Según el experto, además de las consideraciones generales de los ruralistas sobre el nuevo impuesto, hay dos cuestiones puntuales que se repiten. En primer lugar advierten la "progresión a saltos" de las franjas que plantea el proyecto de ley para cobrar el tributo, basado en la cantidad de hectáreas con índice Coneat superior a 100. La puntualización en ese sentido refiere a que al superar franjas, el propietario deberá pagar la alícuota correspondiente a la cantidad de hectáreas, y no de forma progresiva. "Es decir que, si un campo tiene 5.001 hectárea con índice Coneat superior a 100, deberá pagar la segunda alícuota (equivalente a U$S 12 por hectárea por año)" que va de 5.000 a 10.000 hectáreas. Si el mismo campo tuviera dos hectáreas menos, por ejemplo, debería pagar por la primera alícuota, equivalente a U$S 8 por hectárea por año. "No es como el Irpf, es más parecido al IRP", comentó el experto tributario, y "eso genera irritación", apuntó.
En segundo lugar, las consultas a Rueda, Abadi, Pereira fueron para saber si quienes pagan Impuesto al Patrimonio podrán deducir el tributo a la concentración. Para Félix Abadi, el nuevo impuesto es "finalista" porque "persigue objetivos económicos" y, a la vez, para desestimular la concentración.
Entre los clientes de Rueda, Abadi, Pereira hay empresarios argentinos. Los mismos, según el experto tributario, llegan al país buscando "estabilidad" en las reglas de juego. Ahora, aseguran, ven cómo el gobierno envía una señal que pone en duda dicha premisa.
Otra de las consultoras de plaza que desde el lunes recibe muchas consultas sobre el impacto del nuevo impuesto es Posadas, Posadas & Vecino. El socio responsable del departamento tributario, Daniel González, dijo ayer a Ultimas Noticias que fueron "muchísimas" las llamadas. En su caso existen gran cantidad de empresarios forestales, por lo que, además de las consultas genéricas sobre las reglas de juego y el impacto concreto en la ecuación de sus negocios, preguntan si el nuevo impuesto podrá ser exonerado al invocar el beneficio específico de 12 años incluido en la ley forestal. González dijo compartir apreciaciones de su colega Abadi en cuanto a la "progresión a saltos" que plantea el esquema del tributo con sus franjas y el impacto que ello tendrá.
Con el gravamen, el gobierno espera recaudar U$S 60 millones al año para destinarlo a la reparación de caminería rural. Es por ello que en el proyecto de ley establece a la Dirección General Impositiva como agente recaudador y a los gobiernos departamentales como destinatarios del recurso. Esto último para los expertos tributarios es una clara concesión a la segura inconstitucionalidad planteada en un principio, cuando el gobierno pretendía destinar el dinero a una nueva comisión.
Una amenaza y la constitucionalidad.
El experto tributario Félix Abadi realizó un análisis para Ultimas Noticias del nuevo impuesto. En el mismo, destaca que si bien lo recaudará la DGI, "se designa como sujeto activo del mismo a los gobiernos departamentales, lo que parece dar respuesta a las críticas de inconstitucionalidad que habían surgido cuando se dieron a conocer los lineamientos preliminares del impuesto, disponiendo que un fondo administrará lo recaudado". En segundo lugar, el catedrático destacó que, como medida "antielusiva" y para "neutralizar el posible desdoblamiento artificial societario", el gobierno incluyó en el texto para el caso de conjuntos económicos "la facultad de determinar el impuesto tomando en consideración a los activos inmobiliarios sobre base consolidada del contribuyente", lo que a su juicio funcionará como una "amenaza" a que las sociedades anónimas se separen para esquivar la tributación.
El polémico Índice Coneat.
El índice elaborado por la Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra (Coneat), perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, fue elaborado en la década de 1940 para determinar la capacidad de producción de carne y lana de los predios en Uruguay.
En la exposición de motivos del proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), el gobierno indica que tal herramienta es una "aproximación a la capacidad productiva del suelo", aunque admite que "sólo refleja la productividad en términos de carne y lana, dejando afuera a la agricultura y, por tanto, no captando los más recientes usos del suelo". "No obstante -sigue la argumentación- esto no habilita a concluir que el índice ha pasado a ser inútil". “Si así fuese, la correlación entre Coneat y el precio de compra venta de la tierra sería muy baja. Sin embargo, dicha correlación es significativa”, agrega otro pasaje de la exposición de motivos del proyecto de ley.
jueves, 21 de julio de 2011
Uruguay y EE.UU. buscan convenio contra la doble imposición tributaria.
Las conversaciones son “muy preliminares, pero formales”, admitieron en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se enmarcan dentro de una política de dar cumplimiento a las exigencias de cooperación tributaria exigidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).
Estados Unidos, Malasia y Canadá podrán sumarse a la lista de países con los que Uruguay tiene firmados convenios para evitar la doble imposición tributaria, de acuerdo a las gestiones iniciadas por autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dijo a Ultimas Noticias una fuente del organismo.
El informante explicó que las conversaciones con Estados Unidos son “muy preliminares pero formales”, al tiempo que las gestiones realizadas con Malasia “están bien encaminadas, aunque necesitan un relanzamiento”, añadió.
Los acuerdos que gestiona el gobierno uruguayo buscan ampliar los requerimientos de la Ocde, organismo que en 2009 puso a Uruguay en una “lista gris” tras considerar su escasa colaboración con la transparencia tributaria y exigió la firma de 12 convenios.
Hasta el momento Uruguay tiene vigentes dichos tratados con Alemania, Hungría, México, España y Francia; aguarda la aprobación parlamentaria para los acuerdos con Portugal, Suiza y Lichtenstein y enviará próximamente al legislativo los acuerdos técnicos suscritos con Rumania, Malta y Ecuador, más una renegociación del convenio con Alemania.
También negocia acuerdos que eviten la doble imposición tributaria con autoridades de India, Bélgica, Corea del Sur y Finlandia, países con los que Uruguay mantiene “profundas relaciones en materia de inversiones”, comentó la fuente, tras agregar que las tratativas con estos países están en un estado “muy avanzado”.
Consultado acerca de la posibilidad de extender los acuerdos con China, uno de los países con el que Uruguay viene profundizando su relacio- namiento político y comercial en los últimos tiempos, admitió que “se realizaron gestiones muy informales, que no prosperaron”, dijo.
TRATADOS.
Si bien los eventuales tratados con Estados Unidos y Malasia recién están en una etapa inicial, la concreción de los mismos tiene como objetivo mejorar la reputación e imagen de Uruguay ante los organismos internacionales.
“La suscripción de convenios para evitar la doble imposición se realiza a efectos de demostrar el cumplimiento de los estándares fiscales internacionales”, dijo a Ultimas Noticias el abogado tributarista Francisco Cobas, del Estudio Rueda Abadi Pereira.
El experto añadió que la concreción de los mismos “genera un ambiente favorable para la inversión, dado que otorgan seguridad jurídica”.
La firma de los mismos implica la eliminación o reducción del gravamen previsto en la normativa interna en relación al capital y a las rentas obtenidas por un residente de otro estado y son consecuencia de la globalización económica, circunstancia que genera un aumento en las transacciones económicas internacionales, e influye en la movilidad de las empresas.
Buscan prevenir la evasión fiscal y regulan el tratamiento a brindar a las rentas, patrimonio, dividendos e intereses, utilizando el método de la exención o de imputación o crédito fiscal, regulando asimismo el intercambio de información entre los estados partes. Hasta el momento, la Ocde no impuso plazos a Uruguay para la aprobación de los acuerdos.
Estados Unidos, Malasia y Canadá podrán sumarse a la lista de países con los que Uruguay tiene firmados convenios para evitar la doble imposición tributaria, de acuerdo a las gestiones iniciadas por autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dijo a Ultimas Noticias una fuente del organismo.
El informante explicó que las conversaciones con Estados Unidos son “muy preliminares pero formales”, al tiempo que las gestiones realizadas con Malasia “están bien encaminadas, aunque necesitan un relanzamiento”, añadió.
Los acuerdos que gestiona el gobierno uruguayo buscan ampliar los requerimientos de la Ocde, organismo que en 2009 puso a Uruguay en una “lista gris” tras considerar su escasa colaboración con la transparencia tributaria y exigió la firma de 12 convenios.
Hasta el momento Uruguay tiene vigentes dichos tratados con Alemania, Hungría, México, España y Francia; aguarda la aprobación parlamentaria para los acuerdos con Portugal, Suiza y Lichtenstein y enviará próximamente al legislativo los acuerdos técnicos suscritos con Rumania, Malta y Ecuador, más una renegociación del convenio con Alemania.
También negocia acuerdos que eviten la doble imposición tributaria con autoridades de India, Bélgica, Corea del Sur y Finlandia, países con los que Uruguay mantiene “profundas relaciones en materia de inversiones”, comentó la fuente, tras agregar que las tratativas con estos países están en un estado “muy avanzado”.
Consultado acerca de la posibilidad de extender los acuerdos con China, uno de los países con el que Uruguay viene profundizando su relacio- namiento político y comercial en los últimos tiempos, admitió que “se realizaron gestiones muy informales, que no prosperaron”, dijo.
TRATADOS.
Si bien los eventuales tratados con Estados Unidos y Malasia recién están en una etapa inicial, la concreción de los mismos tiene como objetivo mejorar la reputación e imagen de Uruguay ante los organismos internacionales.
“La suscripción de convenios para evitar la doble imposición se realiza a efectos de demostrar el cumplimiento de los estándares fiscales internacionales”, dijo a Ultimas Noticias el abogado tributarista Francisco Cobas, del Estudio Rueda Abadi Pereira.
El experto añadió que la concreción de los mismos “genera un ambiente favorable para la inversión, dado que otorgan seguridad jurídica”.
La firma de los mismos implica la eliminación o reducción del gravamen previsto en la normativa interna en relación al capital y a las rentas obtenidas por un residente de otro estado y son consecuencia de la globalización económica, circunstancia que genera un aumento en las transacciones económicas internacionales, e influye en la movilidad de las empresas.
Buscan prevenir la evasión fiscal y regulan el tratamiento a brindar a las rentas, patrimonio, dividendos e intereses, utilizando el método de la exención o de imputación o crédito fiscal, regulando asimismo el intercambio de información entre los estados partes. Hasta el momento, la Ocde no impuso plazos a Uruguay para la aprobación de los acuerdos.
martes, 7 de junio de 2011
Astori y ministros con propuesta alternativa a impuesto a la tierra.
Tributos al agro. Serán gravados propietarios a partir de 2.000 hectáreas con US$ 8 por hectárea; hasta 5.000 con US$ 12 y más de 10.000 con US$ 16 El lunes 13 definirán primer borrador.
Hasta en la Mesa Política se criticó la iniciativa de Mujica.
Los ministros coincidieron con Mujica y la OPP en que el sector rural debe aportar más, pero no en el cómo. Astori y los tres ministerios involucrados trabajan en una alternativa. El vicepresidente confía en dar "un paso importante" el lunes 13.
Hay consenso en el Poder Ejecutivo en que el agro atraviesa un momento de altos ingresos y tiene una carga tributaria baja; también existe acuerdo en el objetivo económico de subir el aporte del sector, pero no en la forma y en los resultados que puede implicar.
En el gabinete productivo de ayer lunes, el presidente José Mujica planteó su idea de que los propietarios de tierras de más de 2.000 hectáreas tengan una mayor carga tributaria. De esa forma, inició formalmente la discusión sobre este tema, que hasta el momento se había desarrollado a través de declaraciones del propio mandatario, operadores del gobierno y productores afectados.
El presidente manejó escalas de pago por año y por hectárea. Así, propone que a partir de 2.000 hectáreas, el productor pague US$ 8 por hectárea; a partir de 5.000 hectáreas, US$ 12; y de 10.000 o más, US$ 16, todo en unidades indexadas, las cuales se reajustan diariamente. La medida afectaría a los campos a partir de índice Coneat 100 (que mide la capacidad productiva de la tierra).
Actualmente los productores pagan US$ 4 por hectárea en concepto de contribución inmobiliaria rural, lo cual se mantendrá, pero están exonerados del pago del Impuesto de Primaria y del Impuesto Patrimonio.
Mujica sostuvo que la medida afectaría a poco más de 1.000 empresas agropecurias. Su propuesta cuenta con el respaldo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la que intervino en su redacción.
En tanto, los ministros Fernando Lorenzo (Economía), Enrique Pintado (Transporte) y Tabaré Aguerre (Ganadería), coincidieron con Mujica en que el agro debe tener un mayor aporte, pero no está definida la forma en que esto se llevará adelante.
Paso importante. El vicepresidente Danilo Astori y estos tres ministros trabajan en un proyecto alternativo al del presidente, con un diseño distinto al que plantea la OPP, basado en la productividad y no en la cantidad de hectáreas.
"Pienso que el próximo lunes vamos a estar dando un paso importante", expresó Astori a El País. Acotó que "no hay plazo" para acordar un proyecto en común porque "queremos discutirlo bien".
El presidente dijo de volver a tratar este tema el lunes próximo, contando con el diseño presentado y uno alternativo. Este último en elaboración - se basará en la productividad de la tierra y no en la cantidad de hectáreas-, incluirá para ello los diferentes tipo de producción (ganadera, sojera y forestal) y la rentabilidad de cada una de esas tierras.
Ayer al inicio del gabinete productivo, Mujica aclaró que no era su intención tomar una resolución sobre su propuesta en la pasada jornada y expresó su disposición a escuchar otras posiciones.
El director de la OPP, Gabriel Frugoni, defendió la propuesta del presidente, manejó datos vinculados al aporte impositivo del sector rural y los comparó con los de otros sectores de la población.
Posteriormente hubo un intercambio de ideas entre los jerarcas, compartiendo el objetivo de que el sector rural debe tener un nivel de aporte mayor para su propio desarrollo, en especial en caminaría rural.
Pero frente a la propuesta de Mujica y la OPP, el equipo económico planteó estudiar un diseño con otra base técnica, vinculado no a los aspectos de la cantidad de hectáreas sino a la productividad. En ese sentido, en el gobierno se prevé una semana intensa de intercambio entre los jerarcas que elaboran la propuesta alternativa y de ellos con la OPP, añadieron las fuentes.
El cruce de ideas se desarrolló en un tono "franco y fraterno", y se destacó como positivo el consenso sobre el fin del planteo de Mujica, en que "no cambiará las reglas de juego" y que se trata de pedirle a un sector una contribución "muy razonable", señalaron las fuentes.
Pero estas fuentes también reconocieron las diferencias entre el equipo económico y la OPP sobre la forma en que se aplicará este aumento de tributos al agro y en cómo cada alternativa puede afectar al país y su imagen hacia los inversores.
"Hubo gran acuerdo en la necesidad de lograr un mayor aporte del propio sector para el desarrollo rural, en que ese aporte tiene que estar en función de la capacidad contributiva y que el destino del mismo incluye, en particular, infraestructura, pero no solo de escala o nivel nacional, sino más local, como los caminos vecinales, que también tienen mucho que ver con los niveles de productividad", dijo Astori a El País.
"Entonces, se comenzó a discutir cuál es la mejor vía para lograr eso. En eso estamos y vamos a continuar el próximo lunes", agregó.
"Los acuerdos más importantes han sido logrados, el objetivo, la finalidad, el concepto, es lo más importante. Ahora hay que encontrar la vía", concluyó Astori, quien junto a Lorenzo, Pintado y Aguerre trabajan en la propuesta alternativa.
Además de las diferencias en el gabinete, a nivel de la bancada del Frente Amplio tampoco hay consenso en torno al nuevo impuesto al agro propuesto por el presidente Mujica. Los senadores Rafael Michelini y Jorge Saravia ya adelantaron que no lo votarán tal como está planteado.
Las cifras
1.000 Empresas agropecuarias afectadas por el nuevo impuesto, según Mujica.
16 Máximo que tendrá que pagar un productor por hectáreas si tiene más de 10.000.
Paga el de menos renta
PAGA EL IMPUESTO
Un productor agropecuario, por ejemplo de la zona norte del país, que deberá pagar el impuesto a pesar de su rentabilidad es el siguiente: posee un campo de 2.000 hectáreas donde cría ganado (terneros y ovejas). La rentabilidad promedio con esos animales en ese predio de 2.000 hectáreas es de unos US$ 60 por hectárea al año, lo que arroja un total de US$ 120.000 de ingresos brutos. Para sacar sus animales del campo por carretera, ese productor deberá contratar entre 10 y 12 camiones por año.
NO PAGA EL IMPUESTO.
En el otro extremo está, por ejemplo, un productor de arroz de la zona noreste del país. Tiene 1.000 hectáreas sembradas lo que espera que rinda unas 200.000 bolsas de 60 kilos por año, a US$ 14 por bolsa. Su ingreso anual será US$ 2.800.000. Teniendo en cuenta insumos como semillas, fertilizantes, etc., le costarán US$ 700 por hectárea sembrada, es decir US$ 700.000 al año; al productor le quedará una ganancia por año superior a US$ 2 millones. Y utilizará entre 40 y 50 camiones para sacar la producción.
Proyecto no reúne apoyo de partidos.
Aun sin que la mayoría de los sectores políticos de los partidos de la oposición haya fijado su postura, blancos y colorados se perfilan a rechazar una propuesta del Poder Ejecutivo en el sentido de gravar la tierra tal como la trasmitió ayer el presidente José Mujica a los miembros de su gabinete.
Muchas de las posiciones que se conocen ahora se hacen en base a los anuncios públicos del presidente, y en ciertos casos se prefiere esperar a que el proyecto llegue al Parlamento antes de pronunciarse.
En el Partido Nacional no hay posiciones formales de Unidad Nacional (UNA) ni de Alianza Nacional (AN).
De las primeras consultas efectuadas a dirigentes de UNA surge que el modo "desprolijo" de hacer conocer al Parlamento las propuestas por parte del propio presidente Mujica, desestimulan un eventual apoyo. Dado que el sector que encabeza el senador Luis Alberto Lacalle entiende que las obras de mejora de infraestructura son positivas, de haberse manejado de otra forma el planteamiento, quizás "se hubiera estudiado", dijeron a El País dirigentes del sector.
En Alianza Nacional, en cambio, no hay definiciones. Ayer, luego de reunirse con el presidente Mujica, el líder aliancista Jorge Larrañaga declaró que la posición del sector se tomará más adelante. "Veremos el día que llegue la iniciativa al Parlamento", destacó Larrañaga.
En el Partido Colorado la situación parece encaminarse en el mismo sentido. El senador Tabaré Viera, de Propuesta Batllista (Proba), dijo a El País que el sector "no está definido" al respecto, aunque no se comparte la política fiscal del gobierno. Esto lleva a pensar que Proba no apoyará esta idea de Mujica, si bien se apoya la mejora de la infraestructura.
En Vamos Uruguay, en tanto, no se apoya la propuesta de Mujica porque se considera que trae "incertidumbre" a los inversores. Además, se cuestiona el procedimiento empleado por el presidente para echar una idea en la opinión pública.
Asimismo, en la Mesa Política del Frente, se cuestionó ayer la forma de comunicar del presidente en el caso del impuesto a la tierra. Incluso, se dijo que no solo funciona mal la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la bancada de legisladores, sino que ahora ha quedado en evidencia el mismo problema dentro del Poder Ejecutivo, dijeron a El País fuentes del órgano.
Hasta en la Mesa Política se criticó la iniciativa de Mujica.
Los ministros coincidieron con Mujica y la OPP en que el sector rural debe aportar más, pero no en el cómo. Astori y los tres ministerios involucrados trabajan en una alternativa. El vicepresidente confía en dar "un paso importante" el lunes 13.
Hay consenso en el Poder Ejecutivo en que el agro atraviesa un momento de altos ingresos y tiene una carga tributaria baja; también existe acuerdo en el objetivo económico de subir el aporte del sector, pero no en la forma y en los resultados que puede implicar.
En el gabinete productivo de ayer lunes, el presidente José Mujica planteó su idea de que los propietarios de tierras de más de 2.000 hectáreas tengan una mayor carga tributaria. De esa forma, inició formalmente la discusión sobre este tema, que hasta el momento se había desarrollado a través de declaraciones del propio mandatario, operadores del gobierno y productores afectados.
El presidente manejó escalas de pago por año y por hectárea. Así, propone que a partir de 2.000 hectáreas, el productor pague US$ 8 por hectárea; a partir de 5.000 hectáreas, US$ 12; y de 10.000 o más, US$ 16, todo en unidades indexadas, las cuales se reajustan diariamente. La medida afectaría a los campos a partir de índice Coneat 100 (que mide la capacidad productiva de la tierra).
Actualmente los productores pagan US$ 4 por hectárea en concepto de contribución inmobiliaria rural, lo cual se mantendrá, pero están exonerados del pago del Impuesto de Primaria y del Impuesto Patrimonio.
Mujica sostuvo que la medida afectaría a poco más de 1.000 empresas agropecurias. Su propuesta cuenta con el respaldo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la que intervino en su redacción.
En tanto, los ministros Fernando Lorenzo (Economía), Enrique Pintado (Transporte) y Tabaré Aguerre (Ganadería), coincidieron con Mujica en que el agro debe tener un mayor aporte, pero no está definida la forma en que esto se llevará adelante.
Paso importante. El vicepresidente Danilo Astori y estos tres ministros trabajan en un proyecto alternativo al del presidente, con un diseño distinto al que plantea la OPP, basado en la productividad y no en la cantidad de hectáreas.
"Pienso que el próximo lunes vamos a estar dando un paso importante", expresó Astori a El País. Acotó que "no hay plazo" para acordar un proyecto en común porque "queremos discutirlo bien".
El presidente dijo de volver a tratar este tema el lunes próximo, contando con el diseño presentado y uno alternativo. Este último en elaboración - se basará en la productividad de la tierra y no en la cantidad de hectáreas-, incluirá para ello los diferentes tipo de producción (ganadera, sojera y forestal) y la rentabilidad de cada una de esas tierras.
Ayer al inicio del gabinete productivo, Mujica aclaró que no era su intención tomar una resolución sobre su propuesta en la pasada jornada y expresó su disposición a escuchar otras posiciones.
El director de la OPP, Gabriel Frugoni, defendió la propuesta del presidente, manejó datos vinculados al aporte impositivo del sector rural y los comparó con los de otros sectores de la población.
Posteriormente hubo un intercambio de ideas entre los jerarcas, compartiendo el objetivo de que el sector rural debe tener un nivel de aporte mayor para su propio desarrollo, en especial en caminaría rural.
Pero frente a la propuesta de Mujica y la OPP, el equipo económico planteó estudiar un diseño con otra base técnica, vinculado no a los aspectos de la cantidad de hectáreas sino a la productividad. En ese sentido, en el gobierno se prevé una semana intensa de intercambio entre los jerarcas que elaboran la propuesta alternativa y de ellos con la OPP, añadieron las fuentes.
El cruce de ideas se desarrolló en un tono "franco y fraterno", y se destacó como positivo el consenso sobre el fin del planteo de Mujica, en que "no cambiará las reglas de juego" y que se trata de pedirle a un sector una contribución "muy razonable", señalaron las fuentes.
Pero estas fuentes también reconocieron las diferencias entre el equipo económico y la OPP sobre la forma en que se aplicará este aumento de tributos al agro y en cómo cada alternativa puede afectar al país y su imagen hacia los inversores.
"Hubo gran acuerdo en la necesidad de lograr un mayor aporte del propio sector para el desarrollo rural, en que ese aporte tiene que estar en función de la capacidad contributiva y que el destino del mismo incluye, en particular, infraestructura, pero no solo de escala o nivel nacional, sino más local, como los caminos vecinales, que también tienen mucho que ver con los niveles de productividad", dijo Astori a El País.
"Entonces, se comenzó a discutir cuál es la mejor vía para lograr eso. En eso estamos y vamos a continuar el próximo lunes", agregó.
"Los acuerdos más importantes han sido logrados, el objetivo, la finalidad, el concepto, es lo más importante. Ahora hay que encontrar la vía", concluyó Astori, quien junto a Lorenzo, Pintado y Aguerre trabajan en la propuesta alternativa.
Además de las diferencias en el gabinete, a nivel de la bancada del Frente Amplio tampoco hay consenso en torno al nuevo impuesto al agro propuesto por el presidente Mujica. Los senadores Rafael Michelini y Jorge Saravia ya adelantaron que no lo votarán tal como está planteado.
Las cifras
1.000 Empresas agropecuarias afectadas por el nuevo impuesto, según Mujica.
16 Máximo que tendrá que pagar un productor por hectáreas si tiene más de 10.000.
Paga el de menos renta
PAGA EL IMPUESTO
Un productor agropecuario, por ejemplo de la zona norte del país, que deberá pagar el impuesto a pesar de su rentabilidad es el siguiente: posee un campo de 2.000 hectáreas donde cría ganado (terneros y ovejas). La rentabilidad promedio con esos animales en ese predio de 2.000 hectáreas es de unos US$ 60 por hectárea al año, lo que arroja un total de US$ 120.000 de ingresos brutos. Para sacar sus animales del campo por carretera, ese productor deberá contratar entre 10 y 12 camiones por año.
NO PAGA EL IMPUESTO.
En el otro extremo está, por ejemplo, un productor de arroz de la zona noreste del país. Tiene 1.000 hectáreas sembradas lo que espera que rinda unas 200.000 bolsas de 60 kilos por año, a US$ 14 por bolsa. Su ingreso anual será US$ 2.800.000. Teniendo en cuenta insumos como semillas, fertilizantes, etc., le costarán US$ 700 por hectárea sembrada, es decir US$ 700.000 al año; al productor le quedará una ganancia por año superior a US$ 2 millones. Y utilizará entre 40 y 50 camiones para sacar la producción.
Proyecto no reúne apoyo de partidos.
Aun sin que la mayoría de los sectores políticos de los partidos de la oposición haya fijado su postura, blancos y colorados se perfilan a rechazar una propuesta del Poder Ejecutivo en el sentido de gravar la tierra tal como la trasmitió ayer el presidente José Mujica a los miembros de su gabinete.
Muchas de las posiciones que se conocen ahora se hacen en base a los anuncios públicos del presidente, y en ciertos casos se prefiere esperar a que el proyecto llegue al Parlamento antes de pronunciarse.
En el Partido Nacional no hay posiciones formales de Unidad Nacional (UNA) ni de Alianza Nacional (AN).
De las primeras consultas efectuadas a dirigentes de UNA surge que el modo "desprolijo" de hacer conocer al Parlamento las propuestas por parte del propio presidente Mujica, desestimulan un eventual apoyo. Dado que el sector que encabeza el senador Luis Alberto Lacalle entiende que las obras de mejora de infraestructura son positivas, de haberse manejado de otra forma el planteamiento, quizás "se hubiera estudiado", dijeron a El País dirigentes del sector.
En Alianza Nacional, en cambio, no hay definiciones. Ayer, luego de reunirse con el presidente Mujica, el líder aliancista Jorge Larrañaga declaró que la posición del sector se tomará más adelante. "Veremos el día que llegue la iniciativa al Parlamento", destacó Larrañaga.
En el Partido Colorado la situación parece encaminarse en el mismo sentido. El senador Tabaré Viera, de Propuesta Batllista (Proba), dijo a El País que el sector "no está definido" al respecto, aunque no se comparte la política fiscal del gobierno. Esto lleva a pensar que Proba no apoyará esta idea de Mujica, si bien se apoya la mejora de la infraestructura.
En Vamos Uruguay, en tanto, no se apoya la propuesta de Mujica porque se considera que trae "incertidumbre" a los inversores. Además, se cuestiona el procedimiento empleado por el presidente para echar una idea en la opinión pública.
Asimismo, en la Mesa Política del Frente, se cuestionó ayer la forma de comunicar del presidente en el caso del impuesto a la tierra. Incluso, se dijo que no solo funciona mal la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la bancada de legisladores, sino que ahora ha quedado en evidencia el mismo problema dentro del Poder Ejecutivo, dijeron a El País fuentes del órgano.
lunes, 6 de junio de 2011
Mujica presenta proyecto que sube los tributos a terratenientes.
El presidente de la República, José Mujica, presentará hoy al Consejo de Ministros su proyecto para aumentar el pago por Contribución que realizan los predios agropecuarios que superan las 2.000 hectáreas.
Mujica. Desestimular la concentración de la tierra en pocas manos. La Presidencia de la República avanzará hoy en su plan de obtener recursos para mantener la infraestructura vial en todo el país a partir de una suba en la Contribución que realizan aquellos padrones agropecuarios que superan las 2.000 hectáreas. Dicha línea de trabajo está en sintonía con otras que llevará adelante el gobierno y que están destinadas a desestimular la concentración de la tierra (detalles del proyecto en Columna del director).
El presidente Mujica espera recaudar unos US$ 60 millones anuales a través de dicha modificación tributaria. Señaló días atrás a LA REPÚBLICA que el nuevo aporte será pago por una ínfima porción de los productores rurales que tiene el país. Que hagan un mayor esfuerzo tributario, pidió el Presidente, y lo justificó por una razón de equidad. Precisó que no es un aumento de la carga tributaria sino una recuperación de lo que no han pagado en los últimos diez años en los que el valor de la tierra se ha multiplicado varias veces mientras que los impuestos se han mantenido. De acuerdo a lo proyectado, las superficies superiores a 2.000 hectáreas tendrán un aumento en la tributación que pasaría por un adicional a la Contribución Rural. Los propietarios de más de 10 mil hectáreas deberán pagar 16 dólares la hectárea, cifra máxima que irá bajando de acuerdo al tamaño del predio, reduciéndose a l2 dólares y así sucesivamente hasta llegar a los 4 dólares. Lo recaudado será destinado a la mejora de caminos secundarios, ya que las grandes rutas serán financiadas con el aporte del gobierno central.
En tanto, un relevamiento efectuado entre los 19 intendentes departamentales, dio como resultado que existe una tendencia marcada sobre la necesidad de mejorar la caminería en el interior del país.
Ocho intendentes blancos acompañaron el planteo de Mujica, aunque cuatro de ellos marcaron matices con respecto al origen de los recursos y se manifestaban partidarios de un impuesto por nivel de producción. El proyecto que hoy presentará Mujica prevé la eliminación del 1% al precio de venta del ganado y que recauda l8 millones de dólares anuales, abonado solo por los ganaderos, favoreciendo a los pequeños productores agropecuarios. Mujica explicó que ese impuesto del 1%, en los hechos se transforma en un 2,5% en virtud de las diferentes transacciones de cada animal.
Mujica. Desestimular la concentración de la tierra en pocas manos. La Presidencia de la República avanzará hoy en su plan de obtener recursos para mantener la infraestructura vial en todo el país a partir de una suba en la Contribución que realizan aquellos padrones agropecuarios que superan las 2.000 hectáreas. Dicha línea de trabajo está en sintonía con otras que llevará adelante el gobierno y que están destinadas a desestimular la concentración de la tierra (detalles del proyecto en Columna del director).
El presidente Mujica espera recaudar unos US$ 60 millones anuales a través de dicha modificación tributaria. Señaló días atrás a LA REPÚBLICA que el nuevo aporte será pago por una ínfima porción de los productores rurales que tiene el país. Que hagan un mayor esfuerzo tributario, pidió el Presidente, y lo justificó por una razón de equidad. Precisó que no es un aumento de la carga tributaria sino una recuperación de lo que no han pagado en los últimos diez años en los que el valor de la tierra se ha multiplicado varias veces mientras que los impuestos se han mantenido. De acuerdo a lo proyectado, las superficies superiores a 2.000 hectáreas tendrán un aumento en la tributación que pasaría por un adicional a la Contribución Rural. Los propietarios de más de 10 mil hectáreas deberán pagar 16 dólares la hectárea, cifra máxima que irá bajando de acuerdo al tamaño del predio, reduciéndose a l2 dólares y así sucesivamente hasta llegar a los 4 dólares. Lo recaudado será destinado a la mejora de caminos secundarios, ya que las grandes rutas serán financiadas con el aporte del gobierno central.
En tanto, un relevamiento efectuado entre los 19 intendentes departamentales, dio como resultado que existe una tendencia marcada sobre la necesidad de mejorar la caminería en el interior del país.
Ocho intendentes blancos acompañaron el planteo de Mujica, aunque cuatro de ellos marcaron matices con respecto al origen de los recursos y se manifestaban partidarios de un impuesto por nivel de producción. El proyecto que hoy presentará Mujica prevé la eliminación del 1% al precio de venta del ganado y que recauda l8 millones de dólares anuales, abonado solo por los ganaderos, favoreciendo a los pequeños productores agropecuarios. Mujica explicó que ese impuesto del 1%, en los hechos se transforma en un 2,5% en virtud de las diferentes transacciones de cada animal.
martes, 31 de mayo de 2011
Habrá impuesto a la tierra y otro al transporte de mercaderías.
Ambos tributos serán destinados a la financiación de infraestructura
El gobierno implementará dos nuevos impuestos con destino a mejorar la infraestructura: uno de ellos será el anunciado por el presidente José Mujica a los predios mayores de 2.000 hectáreas y el otro al transporte de mercaderías por rutas nacionales.
Frente a la intención del equipo económico astorista de modificar la iniciativa presidencial, los voceros ratificaron la decisión del mandatario y agregaron que será de carácter nacional y actualizado en función del valor de la tierra. A este impuesto se agregará una tasa ya prevista en reuniones entre el gobierno y las intendencias. Su aplicación está a estudio de los ministerios de Economía, Transporte, Agricultura y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El ministro de Agricultura, Tabaré Aguerre, había transmitido el domingo a dirigentes de la Federación Rural que la iniciativa de Mujica sufriría modificaciones, algo que también coincidió con señales desde Economía.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) marcó la cancha y advirtió este lunes que su aspiración es gravar la propiedad de la tierra para desestimular la concentración en pocas manos.
Más allá de la forma que adquiera el ajuste impositivo propuesto por el presidente José Mujica, y de que se utilice para el mantenimiento o la construcción de carreteras, el MPP respaldó públicamente la iniciativa y recordó que combatir la concentración de la tierra es un compromiso electoral del FA.
Esta posición choca con la de los sectores afines al vicepresidente Danilo Astori, que se pronuncian por un tributo –no un impuesto– que pagarían las empresas en función del uso que hagan de la infraestructura vial.
Los astoristas quieren que el agro aporte más recursos, pero a través del llamado “tributo de contribución especial”, destinado solo a financiar obras. Un legislador afín a esta idea, explicó su definición técnica: “Es un tributo cuyo presupuesto hecho se caracteriza por un beneficio económico particular proporcionado al contribuyente por la realización de obras públicas o de actividades estatales. Su producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras. La prestación tiene como límite total el costo de la misma e individualmente el incremento del valor del inmueble beneficiado”.
Reunión.
La bancada del MPP y el Espacio 609 se reunió este lunes para analizar el nuevo debate tributario instalado y resolvió apoyar el planteo de Mujica. “Hay un amplio respaldo a la idea de castigar con tributos a los predios más grandes. Es una excelente idea que forma parte del programa del Frente y estamos de acuerdo”, dijo a El Observador el diputado Gonzalo Mujica (E609).
“El tema de fondo acá es discutir si al país le sirve que la tierra se concentre en pocas manos. Unos dirán que es más productiva la concentración, otros dirán que así se concentra la renta y la riqueza; bueno, eso es lo que hay que discutir”, dijo el diputado Mujica.
“Lo que hay que resolver es si el Estado castiga o es omiso ante la concentración de la tierra”, sentenció. El diputado dijo que gravar de forma diferencia a los que más utilizan y dañan las carreteras “es sensato y equitativo”, pero señaló que “más allá de los detalles técnicos y las alícuotas, lo que hay que discutir es la concentración de la riqueza y de la tierra”.
El senador Ernesto Agazzi participó de la reunión de bancada del MPP y explicó la propuesta del presidente. El ex ministro de Ganadería dijo que más allá de aplicar el impuesto para financiar obras de infraestructura, “la consecuencia será desestimular la concentración de tierra”.
Agazzi también recordó que este objetivo está en el programa del FA. En la página 92 del programa dice: “La desconcentración de la propiedad de la tierra es un proceso que debemos comenzar en el segundo período de gobierno. El derecho de las personas a acumular y vender tierras puede ser limitado por razones de interés general. Apoyar la producción familiar por sobre la empresa agrícola, dado que porteras adentro no presentan grandes diferencias en niveles de productividad, pero sí vemos desigualdad en los aspectos que involucran las relaciones de producción comercialización, generación del ingreso y distribución del mismo”.
El gobierno implementará dos nuevos impuestos con destino a mejorar la infraestructura: uno de ellos será el anunciado por el presidente José Mujica a los predios mayores de 2.000 hectáreas y el otro al transporte de mercaderías por rutas nacionales.
Frente a la intención del equipo económico astorista de modificar la iniciativa presidencial, los voceros ratificaron la decisión del mandatario y agregaron que será de carácter nacional y actualizado en función del valor de la tierra. A este impuesto se agregará una tasa ya prevista en reuniones entre el gobierno y las intendencias. Su aplicación está a estudio de los ministerios de Economía, Transporte, Agricultura y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El ministro de Agricultura, Tabaré Aguerre, había transmitido el domingo a dirigentes de la Federación Rural que la iniciativa de Mujica sufriría modificaciones, algo que también coincidió con señales desde Economía.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) marcó la cancha y advirtió este lunes que su aspiración es gravar la propiedad de la tierra para desestimular la concentración en pocas manos.
Más allá de la forma que adquiera el ajuste impositivo propuesto por el presidente José Mujica, y de que se utilice para el mantenimiento o la construcción de carreteras, el MPP respaldó públicamente la iniciativa y recordó que combatir la concentración de la tierra es un compromiso electoral del FA.
Esta posición choca con la de los sectores afines al vicepresidente Danilo Astori, que se pronuncian por un tributo –no un impuesto– que pagarían las empresas en función del uso que hagan de la infraestructura vial.
Los astoristas quieren que el agro aporte más recursos, pero a través del llamado “tributo de contribución especial”, destinado solo a financiar obras. Un legislador afín a esta idea, explicó su definición técnica: “Es un tributo cuyo presupuesto hecho se caracteriza por un beneficio económico particular proporcionado al contribuyente por la realización de obras públicas o de actividades estatales. Su producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras. La prestación tiene como límite total el costo de la misma e individualmente el incremento del valor del inmueble beneficiado”.
Reunión.
La bancada del MPP y el Espacio 609 se reunió este lunes para analizar el nuevo debate tributario instalado y resolvió apoyar el planteo de Mujica. “Hay un amplio respaldo a la idea de castigar con tributos a los predios más grandes. Es una excelente idea que forma parte del programa del Frente y estamos de acuerdo”, dijo a El Observador el diputado Gonzalo Mujica (E609).
“El tema de fondo acá es discutir si al país le sirve que la tierra se concentre en pocas manos. Unos dirán que es más productiva la concentración, otros dirán que así se concentra la renta y la riqueza; bueno, eso es lo que hay que discutir”, dijo el diputado Mujica.
“Lo que hay que resolver es si el Estado castiga o es omiso ante la concentración de la tierra”, sentenció. El diputado dijo que gravar de forma diferencia a los que más utilizan y dañan las carreteras “es sensato y equitativo”, pero señaló que “más allá de los detalles técnicos y las alícuotas, lo que hay que discutir es la concentración de la riqueza y de la tierra”.
El senador Ernesto Agazzi participó de la reunión de bancada del MPP y explicó la propuesta del presidente. El ex ministro de Ganadería dijo que más allá de aplicar el impuesto para financiar obras de infraestructura, “la consecuencia será desestimular la concentración de tierra”.
Agazzi también recordó que este objetivo está en el programa del FA. En la página 92 del programa dice: “La desconcentración de la propiedad de la tierra es un proceso que debemos comenzar en el segundo período de gobierno. El derecho de las personas a acumular y vender tierras puede ser limitado por razones de interés general. Apoyar la producción familiar por sobre la empresa agrícola, dado que porteras adentro no presentan grandes diferencias en niveles de productividad, pero sí vemos desigualdad en los aspectos que involucran las relaciones de producción comercialización, generación del ingreso y distribución del mismo”.
jueves, 26 de mayo de 2011
Gobierno usará impuesto a la tierra para infraestructura.
El presidente José Mujica explicó hoy en su audición radial de M24 su posición de aumentar los impuestos a los propietarios de más de 1.500 o 2.000 hectáreas de tierra.
Según el mandatario, han sido "los más grandes beneficiarios del crecimiento" del país.
"Hemos crecido súbitamente mucho", dijo el presidente y este crecimiento hzio que el país se encuentre pobre en infraestructura. "Tenemos una enorme crisis de crecimiento. Esto es positivo. Nos pasan estas cosas porque hemos crecido", afirmó.
De todas maneras, Mujica aclaró que el Poder Ejecutivo tiene "muy claro" que no debe afectar el ánimo inversor que se mueve "tras el afán de la rentabilidad".
"Sabemos por experiencia que en este país a nadie la gusta pagar impuestos. Por eso Presidencia se hace cargo de esta iniciativa" afirmó el presidente, antes de aclarar que igualmente no "hablamos de una explosión impositiva".
Además explicó que su plan es "aumentar la recaudación para reinvertirla en infraestructura".
"Todos nos piden caminos, donde guardar los camiones, mejorar los puertos. Esta contradicción nos hace pensar en esos países de bajísima contribución. Eso no baja de los cielos. Eso tiene que salir del bolsillo de la gente. Nos parece justo que si la tierra sube su valor, se suban los impuestos tres o cuatro dólares", agregó.
"Va a haber que discutirlo en estos meses de invierno y tiene que estar laudado antes de la primavera", aclaró Mujica.
"Hay que hacer estudios y análisis con las carteras involucradas. Habrá que acudir a proyectos de ley", añadió.
Agregó que es probable que quien pague impuestos quiera saber en qué se gastan. Por eso se evaluarán medidas para que los ciudadanos puedan controlar en qué se invierte su dinero.
Según el mandatario, han sido "los más grandes beneficiarios del crecimiento" del país.
"Hemos crecido súbitamente mucho", dijo el presidente y este crecimiento hzio que el país se encuentre pobre en infraestructura. "Tenemos una enorme crisis de crecimiento. Esto es positivo. Nos pasan estas cosas porque hemos crecido", afirmó.
De todas maneras, Mujica aclaró que el Poder Ejecutivo tiene "muy claro" que no debe afectar el ánimo inversor que se mueve "tras el afán de la rentabilidad".
"Sabemos por experiencia que en este país a nadie la gusta pagar impuestos. Por eso Presidencia se hace cargo de esta iniciativa" afirmó el presidente, antes de aclarar que igualmente no "hablamos de una explosión impositiva".
Además explicó que su plan es "aumentar la recaudación para reinvertirla en infraestructura".
"Todos nos piden caminos, donde guardar los camiones, mejorar los puertos. Esta contradicción nos hace pensar en esos países de bajísima contribución. Eso no baja de los cielos. Eso tiene que salir del bolsillo de la gente. Nos parece justo que si la tierra sube su valor, se suban los impuestos tres o cuatro dólares", agregó.
"Va a haber que discutirlo en estos meses de invierno y tiene que estar laudado antes de la primavera", aclaró Mujica.
"Hay que hacer estudios y análisis con las carteras involucradas. Habrá que acudir a proyectos de ley", añadió.
Agregó que es probable que quien pague impuestos quiera saber en qué se gastan. Por eso se evaluarán medidas para que los ciudadanos puedan controlar en qué se invierte su dinero.
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