Impuesto disparó consultas de empresas agropecuarias.

Consultoras privadas de plaza atendieron desde el lunes cientos de llamadas de sus clientes con campos de más de 2.000 hectáreas, producto del envío al Parlamento del nuevo impuesto a la concentración de la tierra.

1.200
productores o empresas de un total de 47.300, serán gravadas con el nuevo tributo, según el gobierno

2,5%
de los productores, que a su vez poseen 36% de la superficie de tierra del país, deberán pagar el impuesto

9
veces se multiplicó el valor de la tierra en dólares corrientes en los últimos 20 años, según el gobierno .

Los teléfonos ardieron ayer en varias consultoras tributarias privadas de plaza, ante los llamados de empresarios agropecuarios preocupados por el impacto del nuevo impuesto del gobierno dirigido a desestimular la concentración de la tierra. Uruguayos y extranjeros propietarios de extensiones de campo productivo mayores a 2.000 hectáreas quieren saber cómo incidirá en su economía.

Las inquietudes a firmas especializadas en asesoramiento tributario fueron constantes desde que el presidente José Mujica hizo pública su intención de incluir un nuevo tributo a la tierra, pero se dispararon desde el lunes, cuando el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el texto definitivo que tuvo la firma del mandatario y todos los ministros de Estado. Se quejan por un cambio en las reglas de juego.

Félix Abadi, de la consultora Rueda, Abadi, Pereira y catedrático de Impuestos de la Universidad ORT, dijo a Ultimas Noticias que casi la totalidad de sus clientes con empresas agropecuarias hicieron llegar consultas en las últimas horas. Algunos, incluso, pidieron informes para saber cuánto deberán pagar.

Según el experto, además de las consideraciones generales de los ruralistas sobre el nuevo impuesto, hay dos cuestiones puntuales que se repiten. En primer lugar advierten la "progresión a saltos" de las franjas que plantea el proyecto de ley para cobrar el tributo, basado en la cantidad de hectáreas con índice Coneat superior a 100. La puntualización en ese sentido refiere a que al superar franjas, el propietario deberá pagar la alícuota correspondiente a la cantidad de hectáreas, y no de forma progresiva. "Es decir que, si un campo tiene 5.001 hectárea con índice Coneat superior a 100, deberá pagar la segunda alícuota (equivalente a U$S 12 por hectárea por año)" que va de 5.000 a 10.000 hectáreas. Si el mismo campo tuviera dos hectáreas menos, por ejemplo, debería pagar por la primera alícuota, equivalente a U$S 8 por hectárea por año. "No es como el Irpf, es más parecido al IRP", comentó el experto tributario, y "eso genera irritación", apuntó.

En segundo lugar, las consultas a Rueda, Abadi, Pereira fueron para saber si quienes pagan Impuesto al Patrimonio podrán deducir el tributo a la concentración. Para Félix Abadi, el nuevo impuesto es "finalista" porque "persigue objetivos económicos" y, a la vez, para desestimular la concentración.

Entre los clientes de Rueda, Abadi, Pereira hay empresarios argentinos. Los mismos, según el experto tributario, llegan al país buscando "estabilidad" en las reglas de juego. Ahora, aseguran, ven cómo el gobierno envía una señal que pone en duda dicha premisa.

Otra de las consultoras de plaza que desde el lunes recibe muchas consultas sobre el impacto del nuevo impuesto es Posadas, Posadas & Vecino. El socio responsable del departamento tributario, Daniel González, dijo ayer a Ultimas Noticias que fueron "muchísimas" las llamadas. En su caso existen gran cantidad de empresarios forestales, por lo que, además de las consultas genéricas sobre las reglas de juego y el impacto concreto en la ecuación de sus negocios, preguntan si el nuevo impuesto podrá ser exonerado al invocar el beneficio específico de 12 años incluido en la ley forestal. González dijo compartir apreciaciones de su colega Abadi en cuanto a la "progresión a saltos" que plantea el esquema del tributo con sus franjas y el impacto que ello tendrá.

Con el gravamen, el gobierno espera recaudar U$S 60 millones al año para destinarlo a la reparación de caminería rural. Es por ello que en el proyecto de ley establece a la Dirección General Impositiva como agente recaudador y a los gobiernos departamentales como destinatarios del recurso. Esto último para los expertos tributarios es una clara concesión a la segura inconstitucionalidad planteada en un principio, cuando el gobierno pretendía destinar el dinero a una nueva comisión.

Una amenaza y la constitucionalidad.

El experto tributario Félix Abadi realizó un análisis para Ultimas Noticias del nuevo impuesto. En el mismo, destaca que si bien lo recaudará la DGI, "se designa como sujeto activo del mismo a los gobiernos departamentales, lo que parece dar respuesta a las críticas de inconstitucionalidad que habían surgido cuando se dieron a conocer los lineamientos preliminares del impuesto, disponiendo que un fondo administrará lo recaudado". En segundo lugar, el catedrático destacó que, como medida "antielusiva" y para "neutralizar el posible desdoblamiento artificial societario", el gobierno incluyó en el texto para el caso de conjuntos económicos "la facultad de determinar el impuesto tomando en consideración a los activos inmobiliarios sobre base consolidada del contribuyente", lo que a su juicio funcionará como una "amenaza" a que las sociedades anónimas se separen para esquivar la tributación.

El polémico Índice Coneat.

El índice elaborado por la Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra (Coneat), perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, fue elaborado en la década de 1940 para determinar la capacidad de producción de carne y lana de los predios en Uruguay.

En la exposición de motivos del proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), el gobierno indica que tal herramienta es una "aproximación a la capacidad productiva del suelo", aunque admite que "sólo refleja la productividad en términos de carne y lana, dejando afuera a la agricultura y, por tanto, no captando los más recientes usos del suelo". "No obstante -sigue la argumentación- esto no habilita a concluir que el índice ha pasado a ser inútil". “Si así fuese, la correlación entre Coneat y el precio de compra venta de la tierra sería muy baja. Sin embargo, dicha correlación es significativa”, agrega otro pasaje de la exposición de motivos del proyecto de ley.