Críticas de OCDE. Falta de información de S.A., dudas por secreto bancario y exigencia de intercambio de datos con Argentina y Brasil Mujica dijo que "no conviene" quedar en "la ilegalidad internacional"
La OCDE anunció que Uruguay no pasó la fase uno de su revisión de pares y el gobierno hará ajustes para cumplir con estándares de transparencia fiscal: negociará con Argentina acuerdo de intercambio de datos y adaptará acciones al portador.
El presidente, José Mujica dijo anoche a El País que "por ahora" no hará declaraciones ya que prefiere que "hable el ministro de Economía (Fernando Lorenzo)", pero afirmó: "Pienso que no deberíamos quedar en la ilegalidad internacional, no nos conviene, punto".
En esa línea, el vicepresidente, Danilo Astori, dijo ayer que se estudiarán "las propuestas para conocer la identidad de los propietarios de las sociedades como para intercambiar información tributaria con países relevantes". Anunció que "Uruguay está decidido a hacer un planteo a nivel de los países del Mercosur, que incluye obviamente a Brasil, Argentina y Paraguay, para avanzar" en acuerdos de intercambio de datos tributarios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que Uruguay no cumple los estándares por su régimen de acciones al portador y por no tener acuerdos de intercambio de datos con socios relevantes. El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para efectos fiscales de la OCDE sostuvo en el informe de Uruguay que en un año se revisará la situación. Pero, Astori apuntó a la "tranquilidad" y recordó que la fase dos de la revisión es "recién en 2014", por lo que "tenemos un lapso suficientemente extenso" para "considerar detenidamente estos instrumentos y dar satisfacción" a los planteos.
Señaló que "en los últimos años se ha venido acentuando el rigor del análisis internacional sobre estos aspectos" fiscales y que Uruguay "no lo puede ignorar". Agregó que en materia de sociedades anónimas un camino puede ser eliminar las acciones al portador y otro el de Alemania, que las mantiene pero garantizando que el Estado tendrá a disposición los datos de la identidad de sus propietarios cuando le sea pedida.
Fuentes del gobierno dijeron a El País que se evalúan dos alternativas para las sociedades anónimas al portador: la "salida a la Costa Rica" y la solución "alemana". La primera consiste en eliminar todo tipo de títulos al portador (acciones, fideicomisos), se crea un registro de los socios de las compañías y se obliga a guardar información cinco años para atrás. La segunda supone crear un registro de los accionistas al portador en la Dirección General Impositiva (a los efectos de que esté disponible el intercambio de esos datos si otro Estado lo requiere) pero para el resto de las actuaciones se mantiene la innominatividad.
Las fuentes señalaron que el gobierno esperaba que la OCDE objetara el régimen de sociedades y el no tener acuerdos de intercambio de datos con socios relevantes pero que aún así Uruguay pasaría a la fase dos "con reparos".
La OCDE divulgó ayer reportes de 13 países, entre ellos el de Uruguay -al que accedió El País- que señala que algunos elementos "cruciales para alcanzar un efectivo intercambio de información" no fueron implementados y "se recomienda que no se avance a la fase 2 de la revisión" hasta que se cumpla con ellos. De 10 aspectos que evaluó la OCDE, Uruguay no cumple dos, en otros dos sí, en cuatro cumple pero con la necesidad de hacer mejoras y en el último no se puede evaluar porque corresponde a la fase 2 (ver listado aparte).
"Aún queda trabajo para hacer", dice el informe, recibido en París por el jefe de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Nelson Hernández.
La OCDE sugiere "que Uruguay se mueva rápidamente" para tener una red de acuerdos más amplia, "particularmente con sus socios comerciales clave" y cita a Argentina y Brasil. Además, señala que hasta ahora solo rigen cinco acuerdos (Francia, Alemania, Hungría, México y España) y que en el resto solo se avanzó a nivel técnico o en la ratificación parlamentaria (Ecuador, Liechtenstein, Malta, Portugal y Suiza).
La firma de 12 acuerdos fue exigida a Uruguay en 2009, cuando fue ubicado en la "lista gris" de OCDE, que agrupaba a países comprometidos a colaborar con la transparencia fiscal pero que aún no han cumplido. Ahora ese requisito está materializado en solo dos de los 10 puntos que examina OCDE en la revisión de pares. Esos 10 puntos abarcan tres conceptos: disponibilidad de información, acceso oportuno a la misma e intercambio de datos.
El informe señala las "carencias" en la disponibilidad de información sobre la propiedad y la "falta de requisitos" para mantener documentación contable. "Si bien la capacidad de Uruguay para acceder a información relevante en general es correcta, varios problemas se han observado", dice.
Uruguay tiene en su legislación las obligaciones que requieren la retención de información contable y de propiedad relevantes. También contribuyen la regulación bancaria, el régimen anti-lavado de activos, así como el Código Tributario.
"En la mayoría de los casos, estas leyes crean suficientes requisitos para asegurar la disponibilidad de la información sobre identidad y propiedad. Sin embargo, las acciones al portador pueden todavía ser emitidas por sociedades anónimas y en comandita por acciones", dice OCDE. Añade que las medidas eficaces para apoyar algunas de las obligaciones de propiedad e identidad "no está clara".
En cuanto a los registros contables, se afirma que "la mayoría de las entidades e instrumentos" están sujetos a requisitos claros, pero surgen "inquietudes" cuando la entidad no paga impuestos en Uruguay, en cuyo caso el requisito de mantener los documentos por al menos cinco años "no está claramente establecido".
En cuanto al requisito de datos bancarios, el Foro entiende que sí se cumple. El informe refiere al régimen de flexibilización del secreto bancario donde se requiere aprobación del Poder Judicial para levantarlo, aunque le hace críticas. "Este régimen especial parece ser en general efectivo, pero plantea una cuestión relativa a la obligación de notificar a los contribuyentes que no parece ser consistente con los estándares", dice. También exige que la información disponible pueda ser retroactiva, es decir, anterior al 2 de enero de 2011.
El ministro de Economía de Francia, François Baroin, advirtió que los países sobre los que la OCDE demostró que "no respetan sus compromisos deben cumplirlos sin dilación. En caso contrario, se les podría aplicar una batería de sanciones".
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111027/pecono-602502/economia/propondran-un-acuerdo-para-dar-datos-en-mercosur-y-cambiaran-s-a-/
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