El nuevo proyecto otorga “discrecionalidad” al órgano recaudador para solicitar datos, según empresarios y oposición. Les preocupa que la DGI pueda conocer a quienes son los titulares de las acciones al portador.
La norma que instrumenta un registro para identificar a los titulares de las acciones al portador de las sociedades anónimas permite solicitar información a la Dirección General Impositiva (DGI). El Ministerio de Economía dice que es para equiparar potestades con los organismos recaudadores de otros países, y que los pedidos no podrán realizarse para los "operativos de pesca".
El Poder Ejecutivo remitió el jueves al Parlamento el proyecto de ley que diseña el mecanismo para identificar a los titulares de acciones al portador de las sociedades anónimas.
El mismo restringe el acceso a la información a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU), la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, y DGI, una oficina sobre la que varios legisladores observan inconveniencias en las nuevas potestades asignadas porque consideran que la dota de un exceso de discrecionalidad para su uso.
No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas, autor del proyecto, sostiene que la potestad de la DGI de acceder a la nómina obedece a la necesidad de "alinear el derecho que tiene cualquier administración tributaria extranjera con el que tiene nuestra administración tributaria", según afirmó el titular de la cartera, Fernando Lorenzo, durante su concurrencia a la comisión de Hacienda de Diputados.
Para el jerarca, la no inclusión de ese organismo entre los que tienen acceso "debilitaría a nuestra administración tributaria en beneficio de algo a lo que tenemos derecho", dijo tras explicar que su ausencia permitiría la posibilidad de acceder a información de un país tercero a un tipo de datos sobre los que no se puede acceder en nuestro país.
Agregó que si las solicitudes de países con los que Uruguay tiene firmados tratados de intercambio de información llegaran a través de la DGI, esta debería entregarlos "sin poder tocarlos", y descartó que la redacción del articulado tenga como objetivo "avanzar sobre nada que tenga que ver con derechos protegidos en la intimidad individual.
No obstante, exceptuó que la información sobre dueños de los títulos de acciones al portador pueda ser solicitada para el diseño de las operaciones de pesca -conocidas en la jerga como los operativos al barrer para detectar infractores-, una facultad que está expresamente excluida de las exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en sus protocolos de intercambios de cooperación.
POTESTADES
La eventual inconveniencia de que la DGI acceda a los datos, siempre que "se soliciten una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados", como señala el artículo 4º, ya había sido advertida semanas atrás por el experto tributarista de la consultora CPA Ferrere, Gianni Gutiérrez, en ocasión de presentar algunas conclusiones del nuevo proyecto ante los clientes de esa firma.
Sin perjuicio de ello y de las observaciones manifestadas por el empresariado, también hay diputados que observan la normativa. En diálogo con Ultimas Noticias, el diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo que "existe preocupación por la discrecionalidad que va a tener la DGI para disponer de esa información" porque puede llegar a ser "usada en forma inconveniente", independientemente de que las garantías de secreto y de las fuertes sanciones que pesan ante la evasión del secreto.
A su juicio, el proyecto "debe incluir restricciones", como la necesidad "de fundamentar debida y detalladamente el uso que la DGI quiere dar a la información requerida", aunque reconoció la dificultad de integrar a un tercer organismo que juzgue "el punto exacto de lo que está debidamente fundamentado, y lo que no".
Según la Ocde, la posibilidad de que intervenga un juez cuando hay un requerimiento de información está excluida, y en este punto convergen tanto el oficialismo como la oposición.
Posada también consideró que, así como las solicitudes de información para operativos de pesca en Uruguay no están permitidas, la misma cláusula deberá incorporarse para los solicitantes extranjeros. "No es posible que un país solicite información para realizar una función que no podemos hacer nosotros", dijo, tras señalar que la oportunidad de realizar correcciones al proyecto debe aprovecharse para corregir asimetrías tales como "que una acción nominativa pague impuestos cuando se traspasa, mientras que la acción al portador no lo hace ante una idéntica situación", expresó.
Pero Posada no es el único que tiene aspectos críticos. El nacionalista Pablo Abdala también cuestionó en diálogo con Ultimas Noticias que la DGI acceda a la información "sin la mediación de un tercero imparcial", dijo, y argumentó que la redacción otorga un "exceso de discrecionalidad a la DGI". Y si bien evaluó positivamente la prohibición de requerir datos para operativos de pesca, el legislador afirmó que "así como está, el proyecto arroga potestades que limitan las garantías de los contribuyentes", dijo.
También el diputado nacionalista Jorge Gandini expresó sus observaciones a Ultimas Noticias. Dijo que en la medida que la redacción del proyecto del MEF "prevé disposiciones que claramente no son solicitudes previstas en los acuerdos de la Ocde".
En ese marco, "es necesario clarificar cuál es el real alcance del uso que la DGI podrá dar a los datos solicitados", expresó, aunque aclaró que el proyecto está en una etapa inicial de discusión.
Junta de Ética
El nacionalismo propondrá que la Junta de Ética y Transparencia también pueda acceder a la nómina de titulares de acciones al portador, dijo a Ultimas Noticias el diputado Jorge Gandini. Argumentó que servirá para detectar posibles casos de corrupción en la función pública, en la medida que dicha oficina posee las declaraciones juradas de todos los funcionarios. Según el proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, las únicas oficinas que pueden acceder a la nómina accionaria son el Banco Central, la Junta Antilavado, la DGI y los juzgados penales.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/hoy/portada/economia.html
El blog lista información relevante de Uruguay, útil para inversores y empresas residentes y no-residentes en el país (y extranjeros) que quieran realizar inversiones en Uruguay o utilizar la plaza local como plataforma para sus negocios internacionales. (by FDI: www.fdinternational.com)
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lunes, 16 de abril de 2012
BCU se encargará del registro de titulares de acciones al portador.
La identificación alcanzará a empresas registradas a nivel local.
El Ministerio de Economía aceptó la sugerencia de que sea el Banco Central la entidad encargada de recabar la información de los titulares de sociedades anónimas con acciones al portador, en lugar de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) como estaba previsto en el borrador inicial.
La propuesta había sido presentada por el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, y fue finalmente incluida en el texto normativo que el ministro Fernando Lorenzo presentó ayer ante los legisladores de la Comisión de Hacienda de Diputados.
La iniciativa legal también incorpora un régimen de sanciones para los funcionarios de la institución que "violenten la obligación de guardar reserva" sobre los datos, agrega la exposición de motivos del proyecto.
El texto presentado, al que accedió El Observador, establece además que la responsabilidad de identificar a los titulares "en los casos en que exista una cadena de propiedad" de las empresas, se limitará exclusivamente a los propietarios cuya información se encuentre bajo el control de entidades que se hallen en la jurisdicción nacional, lo que cumple con "los estándares internacionales".
Eso significa que si una sociedad local es propiedad de otra radicada fuera de la jurisdicción nacional, el Estado no estará obligado a llegar a la identificación final de los titulares.
Deberán integrar el registro del Banco Central "los propietarios de títulos de participación patrimonial al portador emitidos por sociedades anónimas, en comandita por acciones, asociaciones agrarias y cualquier otra entidad residente", como fideicomisos o fondos de inversión, según dispone el primer artículo del proyecto.
La información deberá identificar al propietario y al tenedor, custodio o mandatario que ejerza poderes de representación –en caso de que existan–, además del valor nominal de las acciones y demás títulos al portador.
Los propietarios de participaciones patrimoniales emitidas por entidades no residentes también estarán obligados a identificarse si las mismas desarrollan actividades en Uruguay que exijan la inscripción ante el Registro Nacional de Comercio.
Podrán acceder a la información que recabe el BCU la Dirección General Impositiva (DGI)
–ante una solicitud encuadrada en una actuación inspectiva o para cumplir con la solicitud de un fisco extranjero–; además de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y las sedes penales del Poder Judicial.
Además, los legisladores plantearon ayer que también se incluya entre las entidades habilitadas la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y los Juzgados Civiles, informó el diputado Alfredo Asti. El pedido busca equiparar las potestades extendidas a organismos del exterior para usos netamente locales, como cuando se requiere, por ejemplo, identificar la solvencia patrimonial ante demandadas por pensiones alimenticias o para investigaciones de personas sospechadas enriquecimiento ilícito, complementó Asti.
Sanciones.
La información deberá ser transmitida a través de declaración jurada. Toda vez que se modifiquen las participaciones accionarias se deberá comunicar de forma obligatoria al Banco Central.
En el texto se establece también la obligación de reserva para los funcionarios encargados de recabar la información, bajo sanciones que pueden ir de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, equiparables a la violación del secreto bancario.
Ante incumplimientos por parte de los propietarios a informar de sus participaciones, se sancionará al involucrado con la imposibilidad de ejercer su derecho en el cobro como beneficiario de las participaciones patrimoniales (dividendos), además de la aplicación de una multa por "hasta cien veces el máximo de multa por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario", que equivale actualmente a unos $ 157.000.
La misma multa aplicará a las entidades emisoras y sus representantes, junto con la imposibilidad de pagar dividendos o utilidades, recesos o resultados de liquidación de la sociedad. Si se produce alguna de estas acciones, la multa máxima será equivalente al monto distribuido indebidamente, reza el artículo ocho del proyecto.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/222112/bcu-se-encargara-del-registro-de-titulares-de-acciones-al-portador/
El Ministerio de Economía aceptó la sugerencia de que sea el Banco Central la entidad encargada de recabar la información de los titulares de sociedades anónimas con acciones al portador, en lugar de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) como estaba previsto en el borrador inicial.
La propuesta había sido presentada por el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, y fue finalmente incluida en el texto normativo que el ministro Fernando Lorenzo presentó ayer ante los legisladores de la Comisión de Hacienda de Diputados.
La iniciativa legal también incorpora un régimen de sanciones para los funcionarios de la institución que "violenten la obligación de guardar reserva" sobre los datos, agrega la exposición de motivos del proyecto.
El texto presentado, al que accedió El Observador, establece además que la responsabilidad de identificar a los titulares "en los casos en que exista una cadena de propiedad" de las empresas, se limitará exclusivamente a los propietarios cuya información se encuentre bajo el control de entidades que se hallen en la jurisdicción nacional, lo que cumple con "los estándares internacionales".
Eso significa que si una sociedad local es propiedad de otra radicada fuera de la jurisdicción nacional, el Estado no estará obligado a llegar a la identificación final de los titulares.
Deberán integrar el registro del Banco Central "los propietarios de títulos de participación patrimonial al portador emitidos por sociedades anónimas, en comandita por acciones, asociaciones agrarias y cualquier otra entidad residente", como fideicomisos o fondos de inversión, según dispone el primer artículo del proyecto.
La información deberá identificar al propietario y al tenedor, custodio o mandatario que ejerza poderes de representación –en caso de que existan–, además del valor nominal de las acciones y demás títulos al portador.
Los propietarios de participaciones patrimoniales emitidas por entidades no residentes también estarán obligados a identificarse si las mismas desarrollan actividades en Uruguay que exijan la inscripción ante el Registro Nacional de Comercio.
Podrán acceder a la información que recabe el BCU la Dirección General Impositiva (DGI)
–ante una solicitud encuadrada en una actuación inspectiva o para cumplir con la solicitud de un fisco extranjero–; además de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y las sedes penales del Poder Judicial.
Además, los legisladores plantearon ayer que también se incluya entre las entidades habilitadas la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y los Juzgados Civiles, informó el diputado Alfredo Asti. El pedido busca equiparar las potestades extendidas a organismos del exterior para usos netamente locales, como cuando se requiere, por ejemplo, identificar la solvencia patrimonial ante demandadas por pensiones alimenticias o para investigaciones de personas sospechadas enriquecimiento ilícito, complementó Asti.
Sanciones.
La información deberá ser transmitida a través de declaración jurada. Toda vez que se modifiquen las participaciones accionarias se deberá comunicar de forma obligatoria al Banco Central.
En el texto se establece también la obligación de reserva para los funcionarios encargados de recabar la información, bajo sanciones que pueden ir de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, equiparables a la violación del secreto bancario.
Ante incumplimientos por parte de los propietarios a informar de sus participaciones, se sancionará al involucrado con la imposibilidad de ejercer su derecho en el cobro como beneficiario de las participaciones patrimoniales (dividendos), además de la aplicación de una multa por "hasta cien veces el máximo de multa por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario", que equivale actualmente a unos $ 157.000.
La misma multa aplicará a las entidades emisoras y sus representantes, junto con la imposibilidad de pagar dividendos o utilidades, recesos o resultados de liquidación de la sociedad. Si se produce alguna de estas acciones, la multa máxima será equivalente al monto distribuido indebidamente, reza el artículo ocho del proyecto.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/222112/bcu-se-encargara-del-registro-de-titulares-de-acciones-al-portador/
jueves, 12 de abril de 2012
Dueños de acciones al portador no podrán ocultarse tras testaferros.
Acciones al portador. Enviaron proyecto de ley al Parlamento. BCU será depositario de datos. Deberá haber un registro de estados contables. Fijan sanciones a quien revele datos sin permiso.
El gobierno envió al Parlamento la tercera versión de un proyecto de ley que identifica a titulares de acciones o fideicomisos al portador. El registro de los datos estará en el Banco Central y se puso un mecanismo para evitar el uso de testaferros.
El 28 de diciembre pasado el Ministerio de Economía envió un primer proyecto al Parlamento que fue muy criticado por expertos tributaristas, cámaras empresariales y la oposición, ante lo cual decidió retirarlo. En marzo armó otro ante-proyecto que se lo presentó a gremiales empresariales, tributaristas y los partidos políticos para recibir sugerencias.
Esa segunda versión "sufrió ajustes y mejoras", dijo ayer el ministro de Economía, Fernando Lorenzo en su comparecencia en la Comisión de Hacienda de Diputados, según el audio de la reunión al que accedió El País. La tercera versión del proyecto, que ingresó al Parlamento, establece que el Banco Central (BCU) sea el depositario de los datos de "los propietarios de títulos al portador, emitidos por sociedades anónimas, en comandita por acciones, asociaciones agrarias y cualquier otra entidad residente".
A diferencia de los títulos nominativos, en las acciones o fideicomisos al portador, ningún organismo conoce quienes son sus propietarios. Con el proyecto esto deja de ser así, ya que los propietarios deben presentar a la entidad que emitió el título los datos que permitan su identificación a través de una declaración jurada. Esa entidad luego debe elevar al BCU una declaración jurada que contenga los datos que los propietarios informaron.
También deberán informar al Central los propietarios de participaciones emitidas por entidades "no residentes que desarrollen actividades" en el país y que por ello estén sujetas a la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Comercio. A juicio de tributaristas consultados por El País el nuevo texto es mejor que las versiones anteriores, cuando el registro iba a estar en la Dirección General Impositiva (DGI) o en la Auditoría Interna de la Nación. Por otro lado, difieren sobre qué propietarios de entidades no residentes estarán obligados a dar sus datos y cuáles no (ver nota aparte).
El registro de los datos de propietarios de títulos al portador tendrá carácter reservado y para asegurarlo se establecen "iguales sanciones que las aplicables ante violaciones al secreto bancario" dice la exposición de motivos. Esto es tres meses de prisión a tres años de penitenciaria.
"TEXTO PARCO". En el nuevo texto, se eliminan varios aspectos incluidos en el primer proyecto que no tenían que ver con el cumplimiento de las recomendaciones que emitió el Foro Global de Transparencia Fiscal a Uruguay luego que no pasara la Fase I de la revisión entre pares. Lorenzo dijo en la comisión que el proyecto presentado busca "adaptar nuestro marco jurídico en lo necesario y lo más parco posible para cumplir" con los estándares de cooperación internacional "en el marco del interés nacional".
El texto incluye un ajuste respecto a los anteriores que es que "en los casos en que se verifique desmembramiento de dominio, la información deberá comprender tanto al nudo propietario como al usufructuario".
En la exposición de motivos de la iniciativa se indica que en "casos en que exista una cadena de propiedad" esto "asegura la identificación de las personas que integran dicha cadena" y evita que un propietario pueda esconderse tras un testaferro. A juicio del tributarista Carlos Loaiza (socio del estudio Sanguinetti/Foderé) es una norma "antielusiva" con la que se logra que si el propietario de una acción es uno pero el usufructo de la misma lo tiene otro, no se pueda evitar el registro "con un tecnicismo".
Las sociedades que coticen títulos al portador en Bolsas de Valores nacionales e internacionales estarán exoneradas de presentar datos y si una sociedad cambia de títulos al portador a nominativos también.
El proyecto establece sanciones para aquellos que incumplan con presentar la información requerida al BCU. Entre otros aspectos no podrán cobrar utilidades de la sociedad y serán multados por hasta 100 veces el valor máximo de la multa por contravención, esto es $ 440.000. Para el tributarista Leonardo Costa son "desproporcionadas las sanciones con el objetivo buscado".
DGI SÍ O NO. Si bien el registro en el BCU es reservado, habrá acceso restringido a algunos organismos. La DGI podrá hacerlo "siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados" o para cumplir con "solicitudes expresas y fundadas" por una administración tributaria extranjera en el marco de los convenios de intercambio de información que firmó Uruguay.
En la comparecencia del ministro de Economía, los diputados nacionalistas Pablo Abdala y Jorge Gandini y el del partido Independiente, Iván Posada plantearon algunos cuestionamientos respecto a cómo accede la DGI.
Lorenzo dijo que se buscó "alinear lo que tiene derecho cualquier administración tributaria extranjera a lo que tiene derecho nuestra administración tributaria", ya que si la DGI no pudiera acceder a datos del registro en esos casos sería "un desbalance" que "debilitaría" al organismo. "¡Vaya si algo que le damos a un fisco extranjero, no se lo vamos a dar a nuestra propia administración tributaria!", exclamó.
Ante ello, Posada propuso agregar al texto que el acceso de DGI sea en el marco de una "resolución fundada". El ministro respondió que "ir por ese camino y adaptar la redacción podría ser una alternativa", aunque agregó que "habría que ver quién evalúa qué tiene fundamentos".
También podrán acceder a los datos la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en casos relacionados "con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo".
Además, las sedes penales del Poder Judicial tendrán acceso. Posada propuso agregar a las sedes civiles en casos de reclamos por manutención de hijos y Gandini pidió incluir a la Junta Anticorrupción. Lorenzo dijo que "perfectamente" se pueden atender esos planteos.
Expertos difieren sobre qué ocurre con dueños de inmuebles a través de S.A.
El tributarista Carlos Loaiza ve "muy bien" el proyecto porque se fija el "objetivo de cumplir" con lo que pide el Foro Global y "nada más", al tiempo que valoró que el registro de datos esté en el Banco Central en vez de en la Auditoría Interna. Para Leonardo Costa, socio de Brum/Costa Abogados es una "garantía muy grande" que el registro lo lleve el BCU.
En cambio, el socio principal de Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, Fernando Jiménez de Aréchaga señaló que el proyecto "es sustancialmente menos malo que el anterior" pero "eso no quiere decir que sea bueno". Un aspecto de la iniciativa es que si una entidad no residente con actividad en Uruguay pero que no está obligada a inscribirse en el Registro Nacional de Comercio en principio no deberá informar los titulares de acciones al BCU. Esto serviría para utilizar sociedades extranjeras como vehículos de inversión en inmuebles o activos financieros. Por ejemplo, un argentino que tenga un inmueble en Uruguay y quiera mantener ese anonimato ante un acuerdo de intercambio de datos con Argentina, podría utilizar por ejemplo una sociedad panameña para tener el inmueble.
Según Loaiza la doctrina no es clara sobre si está obligado a registrarse en el BCU. Para Costa es claro que no está obligado, porque la sociedad no desarrolla su objeto en Uruguay sino que solo tiene un activo. En tanto, Jiménez de Aréchaga dijo esperar que la reglamentación no lo obligue a registrarse.
Las cinco pistas del proyecto.
Ni la Dirección General Impositiva (DGI) como se manejó en un primer momento, ni la Auditoría Interna de la Nación como preveía un segundo anteproyecto de ley del Ministerio de Economía. El depositario del registro de datos de titulares de sociedades anónimas al portador y fideicomisos será el Banco Central (BCU). Así, Economía recogió una propuesta de la oposición.
El BCU informará de los datos a la DGI siempre que se solicite "una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados" o para cumplir con "solicitudes expresas y fundadas" de un Estado extranjero "exclusivamente" en el marco de convenios de intercambio de información o para evitar la doble tributación vigentes. La oposición ya planteó en la Cámara de Diputados que se incluya en el caso del pedido de la DGI, que debe ser fundamentado.
El BCU informará los incumplimientos de la normativa a la DGI respecto a las declaraciones juradas que deben presentar las entidades con los datos de sus accionistas. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo "a publicar la nómina de los sujetos y entidades que hubiesen incurrido en incumplimiento".
"No estarán obligadas" a presentar datos, las entidades que "cuyas acciones, cuotas sociales y demás títulos de participación patrimonial coticen a través de las Bolsas de Valores nacionales, de Bolsas Internacionales de reconocido prestigio" u otras formas de "oferta pública". La segunda versión del anteproyecto establecía que era para las que "hayan emitido", eso se cambió ante críticas de la Bolsa de Valores.
Si la entidad cambia sus acciones al portador por nominativas podrá solicitar la exclusión del registro "en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo".
MEF afín a discutir eliminarlas
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se mostró afín a discutir la eliminación de las acciones al portador en la Comisión de Hacienda de Diputados aunque una vez que se apruebe el proyecto y se cumpla con lo que requiere OCDE. "Estamos abiertos a discutirlo. Nos gustaría ver todos los resortes jurídicos que estaríamos cambiando respecto a eso", afirmó.
El director general de secretaría, Pedro Apezteguía, agregó a El País que la posibilidad de eliminarlas "requiere analizar qué valor tiene para el país que las acciones sean al portador o sean nominativas" y necesita "un estudio más allá de una declaración de principios".
Fuente: http://www.elpais.com.uy/120412/pecono-635774/economia/duenos-de-acciones-al-portador-no-podran-ocultarse-tras-testaferros/
El gobierno envió al Parlamento la tercera versión de un proyecto de ley que identifica a titulares de acciones o fideicomisos al portador. El registro de los datos estará en el Banco Central y se puso un mecanismo para evitar el uso de testaferros.
El 28 de diciembre pasado el Ministerio de Economía envió un primer proyecto al Parlamento que fue muy criticado por expertos tributaristas, cámaras empresariales y la oposición, ante lo cual decidió retirarlo. En marzo armó otro ante-proyecto que se lo presentó a gremiales empresariales, tributaristas y los partidos políticos para recibir sugerencias.
Esa segunda versión "sufrió ajustes y mejoras", dijo ayer el ministro de Economía, Fernando Lorenzo en su comparecencia en la Comisión de Hacienda de Diputados, según el audio de la reunión al que accedió El País. La tercera versión del proyecto, que ingresó al Parlamento, establece que el Banco Central (BCU) sea el depositario de los datos de "los propietarios de títulos al portador, emitidos por sociedades anónimas, en comandita por acciones, asociaciones agrarias y cualquier otra entidad residente".
A diferencia de los títulos nominativos, en las acciones o fideicomisos al portador, ningún organismo conoce quienes son sus propietarios. Con el proyecto esto deja de ser así, ya que los propietarios deben presentar a la entidad que emitió el título los datos que permitan su identificación a través de una declaración jurada. Esa entidad luego debe elevar al BCU una declaración jurada que contenga los datos que los propietarios informaron.
También deberán informar al Central los propietarios de participaciones emitidas por entidades "no residentes que desarrollen actividades" en el país y que por ello estén sujetas a la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Comercio. A juicio de tributaristas consultados por El País el nuevo texto es mejor que las versiones anteriores, cuando el registro iba a estar en la Dirección General Impositiva (DGI) o en la Auditoría Interna de la Nación. Por otro lado, difieren sobre qué propietarios de entidades no residentes estarán obligados a dar sus datos y cuáles no (ver nota aparte).
El registro de los datos de propietarios de títulos al portador tendrá carácter reservado y para asegurarlo se establecen "iguales sanciones que las aplicables ante violaciones al secreto bancario" dice la exposición de motivos. Esto es tres meses de prisión a tres años de penitenciaria.
"TEXTO PARCO". En el nuevo texto, se eliminan varios aspectos incluidos en el primer proyecto que no tenían que ver con el cumplimiento de las recomendaciones que emitió el Foro Global de Transparencia Fiscal a Uruguay luego que no pasara la Fase I de la revisión entre pares. Lorenzo dijo en la comisión que el proyecto presentado busca "adaptar nuestro marco jurídico en lo necesario y lo más parco posible para cumplir" con los estándares de cooperación internacional "en el marco del interés nacional".
El texto incluye un ajuste respecto a los anteriores que es que "en los casos en que se verifique desmembramiento de dominio, la información deberá comprender tanto al nudo propietario como al usufructuario".
En la exposición de motivos de la iniciativa se indica que en "casos en que exista una cadena de propiedad" esto "asegura la identificación de las personas que integran dicha cadena" y evita que un propietario pueda esconderse tras un testaferro. A juicio del tributarista Carlos Loaiza (socio del estudio Sanguinetti/Foderé) es una norma "antielusiva" con la que se logra que si el propietario de una acción es uno pero el usufructo de la misma lo tiene otro, no se pueda evitar el registro "con un tecnicismo".
Las sociedades que coticen títulos al portador en Bolsas de Valores nacionales e internacionales estarán exoneradas de presentar datos y si una sociedad cambia de títulos al portador a nominativos también.
El proyecto establece sanciones para aquellos que incumplan con presentar la información requerida al BCU. Entre otros aspectos no podrán cobrar utilidades de la sociedad y serán multados por hasta 100 veces el valor máximo de la multa por contravención, esto es $ 440.000. Para el tributarista Leonardo Costa son "desproporcionadas las sanciones con el objetivo buscado".
DGI SÍ O NO. Si bien el registro en el BCU es reservado, habrá acceso restringido a algunos organismos. La DGI podrá hacerlo "siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados" o para cumplir con "solicitudes expresas y fundadas" por una administración tributaria extranjera en el marco de los convenios de intercambio de información que firmó Uruguay.
En la comparecencia del ministro de Economía, los diputados nacionalistas Pablo Abdala y Jorge Gandini y el del partido Independiente, Iván Posada plantearon algunos cuestionamientos respecto a cómo accede la DGI.
Lorenzo dijo que se buscó "alinear lo que tiene derecho cualquier administración tributaria extranjera a lo que tiene derecho nuestra administración tributaria", ya que si la DGI no pudiera acceder a datos del registro en esos casos sería "un desbalance" que "debilitaría" al organismo. "¡Vaya si algo que le damos a un fisco extranjero, no se lo vamos a dar a nuestra propia administración tributaria!", exclamó.
Ante ello, Posada propuso agregar al texto que el acceso de DGI sea en el marco de una "resolución fundada". El ministro respondió que "ir por ese camino y adaptar la redacción podría ser una alternativa", aunque agregó que "habría que ver quién evalúa qué tiene fundamentos".
También podrán acceder a los datos la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en casos relacionados "con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo".
Además, las sedes penales del Poder Judicial tendrán acceso. Posada propuso agregar a las sedes civiles en casos de reclamos por manutención de hijos y Gandini pidió incluir a la Junta Anticorrupción. Lorenzo dijo que "perfectamente" se pueden atender esos planteos.
Expertos difieren sobre qué ocurre con dueños de inmuebles a través de S.A.
El tributarista Carlos Loaiza ve "muy bien" el proyecto porque se fija el "objetivo de cumplir" con lo que pide el Foro Global y "nada más", al tiempo que valoró que el registro de datos esté en el Banco Central en vez de en la Auditoría Interna. Para Leonardo Costa, socio de Brum/Costa Abogados es una "garantía muy grande" que el registro lo lleve el BCU.
En cambio, el socio principal de Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, Fernando Jiménez de Aréchaga señaló que el proyecto "es sustancialmente menos malo que el anterior" pero "eso no quiere decir que sea bueno". Un aspecto de la iniciativa es que si una entidad no residente con actividad en Uruguay pero que no está obligada a inscribirse en el Registro Nacional de Comercio en principio no deberá informar los titulares de acciones al BCU. Esto serviría para utilizar sociedades extranjeras como vehículos de inversión en inmuebles o activos financieros. Por ejemplo, un argentino que tenga un inmueble en Uruguay y quiera mantener ese anonimato ante un acuerdo de intercambio de datos con Argentina, podría utilizar por ejemplo una sociedad panameña para tener el inmueble.
Según Loaiza la doctrina no es clara sobre si está obligado a registrarse en el BCU. Para Costa es claro que no está obligado, porque la sociedad no desarrolla su objeto en Uruguay sino que solo tiene un activo. En tanto, Jiménez de Aréchaga dijo esperar que la reglamentación no lo obligue a registrarse.
Las cinco pistas del proyecto.
Ni la Dirección General Impositiva (DGI) como se manejó en un primer momento, ni la Auditoría Interna de la Nación como preveía un segundo anteproyecto de ley del Ministerio de Economía. El depositario del registro de datos de titulares de sociedades anónimas al portador y fideicomisos será el Banco Central (BCU). Así, Economía recogió una propuesta de la oposición.
El BCU informará de los datos a la DGI siempre que se solicite "una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados" o para cumplir con "solicitudes expresas y fundadas" de un Estado extranjero "exclusivamente" en el marco de convenios de intercambio de información o para evitar la doble tributación vigentes. La oposición ya planteó en la Cámara de Diputados que se incluya en el caso del pedido de la DGI, que debe ser fundamentado.
El BCU informará los incumplimientos de la normativa a la DGI respecto a las declaraciones juradas que deben presentar las entidades con los datos de sus accionistas. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo "a publicar la nómina de los sujetos y entidades que hubiesen incurrido en incumplimiento".
"No estarán obligadas" a presentar datos, las entidades que "cuyas acciones, cuotas sociales y demás títulos de participación patrimonial coticen a través de las Bolsas de Valores nacionales, de Bolsas Internacionales de reconocido prestigio" u otras formas de "oferta pública". La segunda versión del anteproyecto establecía que era para las que "hayan emitido", eso se cambió ante críticas de la Bolsa de Valores.
Si la entidad cambia sus acciones al portador por nominativas podrá solicitar la exclusión del registro "en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo".
MEF afín a discutir eliminarlas
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se mostró afín a discutir la eliminación de las acciones al portador en la Comisión de Hacienda de Diputados aunque una vez que se apruebe el proyecto y se cumpla con lo que requiere OCDE. "Estamos abiertos a discutirlo. Nos gustaría ver todos los resortes jurídicos que estaríamos cambiando respecto a eso", afirmó.
El director general de secretaría, Pedro Apezteguía, agregó a El País que la posibilidad de eliminarlas "requiere analizar qué valor tiene para el país que las acciones sean al portador o sean nominativas" y necesita "un estudio más allá de una declaración de principios".
Fuente: http://www.elpais.com.uy/120412/pecono-635774/economia/duenos-de-acciones-al-portador-no-podran-ocultarse-tras-testaferros/
jueves, 15 de marzo de 2012
Cambios en dividendos y utilidades
1. Introducción
A través de la Ley 18.718, con vigencia 1º de enero del 2011, se abandona la aplicación del principio territorial del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) siendo alcanzados por este impuesto los rendimientos de capital mobiliario originados en depósitos, préstamos, y en general en toda colocación de capital o crédito de cualquier naturaleza (rentas pasivas) que provengan de una entidad no residente y sean obtenidos por una persona física residente. Estas disposiciones han sido recientemente reglamentadas a través del Decreto 510/011 de 2/2/012.
Estos rendimientos del exterior de capital mobiliario pueden ser obtenidos en forma directa por las personas físicas residentes o a través de distintas figuras.
En entregas pasadas nos referimos a los casos en los que la persona física residente obtiene estos rendimientos en forma directa así como también a través de ciertos intermediarios (Bolsa de Valores de Montevideo, Bolsa Electrónica de Valores, corredores de Bolsa que las integren, los fondos de inversión y fideicomisos).
En esta oportunidad nos referiremos al caso en que los rendimientos de capital mobiliario del exterior sean obtenidos por la persona física a través de un contribuyente del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), comentando los cambios que deben afrontar las empresas en ocasión del pago de dividendos o utilidades a personas físicas residentes.
2. Dividendos y utilidades gravados por IRPF
El IRPF grava desde su inicio los dividendos y utilidades originados en rentas gravadas por IRAE. Los rendimientos de capital mobiliario del exterior no están alcanzados por este impuesto por considerarse una renta de fuente extranjera, situación esta que permanece incambiada para este impuesto.
A través de la Ley 18.718, así como de su reglamentación, se dispone que constituyen rentas de capital mobiliario gravadas por IRPF los dividendos y utilidades distribuidos por contribuyentes de IRAE, siempre que tales dividendos constituyan rendimientos de capital mobiliario provenientes de entidades no residentes y se hubieran devengado en ejercicios iniciados a partir del 1º de enero del 2011.
En este último caso, para que tales rendimientos se encuentren gravados se deben obtener en forma exclusiva, o en combinación con otras rentas puras. En caso de obtenerse en combinación con actividades empresariales solo estarán gravados si se demuestra por la DGI que la persona física ha efectuado la inversión mobiliaria en el exterior a través del contribuyente de IRAE.
Es decir lo que se pretende es no alcanzar los rendimientos de capital mobiliario que podría obtener el contribuyente de IRAE en el exterior que provinieran de su operativa y sí incluir aquellos rendimientos de capital mobiliario que fueran obtenidos por la persona física a través del contribuyente de IRAE.
3. Retención
3.1. Momento de practicar la retención y tasas aplicables
Las empresas contribuyentes de IRAE deberán retener el IRPF correspondiente a los dividendos y utilidades que "paguen o acrediten" a personas físicas residentes.
Según la Administración Fiscal el concepto "acreditación" se refiere al momento del devengamiento, que según el artículo 17 del Decreto 148/007 ocurre cuando el órgano social competente o los socios a falta de éste hayan resuelto dicha distribución.
Se consideran contribuyentes de IRAE, y por lo tanto deben practicar la retención, todas las entidades mencionadas en los numerales 1) a 8) del literal A) del artículo 3º del Título 4 de IRAE, aun cuando las mismas tuvieran la totalidad de sus rentas de fuente extranjera.
La tasa aplicable para la retención del IRPF sobre dividendos y utilidades correspondientes a rentas de capital mobiliario del exterior es de 12%. Cabe recordar que el resto de los dividendos y utilidades están gravados al 7%.
3.2. Monto imponible - mecanismo de asignación de dividendos y utilidades
En cuanto al monto imponible, el Decreto 510/011 establece un mecanismo de asignación de dividendos y utilidades gravados que consiste en ordenar los mismos según su origen y aplicarle la tasa correspondiente.
Así, los dividendos o utilidades distribuidos se imputan en primer lugar a los resultados acumulados de ejercicios iniciados antes del 1º de julio del 2007 y no están gravados por IRPF.
Una vez agotados los resultados acumulados generados antes del 1/7/2007 los dividendos y utilidades distribuidos se imputarán en primer lugar a la renta neta fiscal gravada por el IRAE devengada desde el primer ejercicio incluido en el IRAE y hasta el ejercicio anterior a aquel iniciado luego del 1º de enero del 2011, en la proporción que corresponda a cada socio o accionista, e independientemente del ejercicio en el cual se generaron. La tasa aplicable en este caso es de 7%.
Una vez que se hubiera agotado la renta neta fiscal recién mencionada, los dividendos y utilidades distribuidos se imputarán en primer lugar a los rendimientos de capital mobiliario que provengan de entidades no residentes estando gravados por IRPF a la tasa del 12%.
En caso de que no existan las mencionadas rentas o que existan pero sean menores al monto distribuido, el remanente se imputará a la renta neta fiscal gravada por el IRAE devengada en ejercicios iniciados luego del 1/1/2011, siendo la tasa aplicable 7%.
En otras palabras, la norma propone que una vez consumidos los resultados acumulados devengados en ejercicios previos al IRAE y absorbida la renta neta fiscal de IRAE devengada en ejercicios iniciados antes del 1/1/2011, los dividendos y utilidades que se distribuyan se imputen en primer lugar a los rendimientos de capital mobiliario del exterior (12%) y el remanente a la RNF gravada por IRAE (7%).
3.3. Casos particulares
Cuando el contribuyente de IRAE participe en el patrimonio de una entidad no residente y ésta se encuentre en un régimen de baja tributación (tasa efectiva inferior al 12%), las rentas pasivas de capital mobiliario que fueran percibidas por la entidad del exterior se imputarán al contribuyente de IRAE al solo efecto de determinar los dividendos gravados por el IRAE.
Es decir, la entidad del exterior se transforma en una entidad "transparente" desde el punto de vista fiscal, debiendo el contribuyente de IRAE en ocasión de la distribución de dividendos y utilidades considerar las rentas pasivas que obtiene dicha entidad cuando es percibida por aquella, con independencia de cuándo la entidad del exterior distribuya los dividendos.
Cuando la entidad del exterior distribuya los dividendos habrá que determinar la porción de los mismos que ya fue imputada, para no gravar dos veces el mismo concepto.
4. Acreditación de impuestos pagados en el exterior
El contribuyente de IRPF puede compensar el impuesto a la renta pagado en el exterior por estas mismas rentas. Para ello deberá presentar declaración jurada, dado que la compensación no la efectúa el agente de retención.
5. A modo de conclusión
Si bien las empresas contribuyentes de IRAE no ven afectada su tributación en relación a los rendimientos de capital mobiliario provenientes del exterior, los que continúan estando no comprendidos en el IRAE sí ven afectada su carga administrativa por la complejidad que conllevará tener que retener el IRPF correspondiente a tales rentas en ocasión de la distribución de dividendos o utilidades.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/cambios-en-dividendos-y-utilidades/ecoymer_629966_120312.html
A través de la Ley 18.718, con vigencia 1º de enero del 2011, se abandona la aplicación del principio territorial del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) siendo alcanzados por este impuesto los rendimientos de capital mobiliario originados en depósitos, préstamos, y en general en toda colocación de capital o crédito de cualquier naturaleza (rentas pasivas) que provengan de una entidad no residente y sean obtenidos por una persona física residente. Estas disposiciones han sido recientemente reglamentadas a través del Decreto 510/011 de 2/2/012.
Estos rendimientos del exterior de capital mobiliario pueden ser obtenidos en forma directa por las personas físicas residentes o a través de distintas figuras.
En entregas pasadas nos referimos a los casos en los que la persona física residente obtiene estos rendimientos en forma directa así como también a través de ciertos intermediarios (Bolsa de Valores de Montevideo, Bolsa Electrónica de Valores, corredores de Bolsa que las integren, los fondos de inversión y fideicomisos).
En esta oportunidad nos referiremos al caso en que los rendimientos de capital mobiliario del exterior sean obtenidos por la persona física a través de un contribuyente del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), comentando los cambios que deben afrontar las empresas en ocasión del pago de dividendos o utilidades a personas físicas residentes.
2. Dividendos y utilidades gravados por IRPF
El IRPF grava desde su inicio los dividendos y utilidades originados en rentas gravadas por IRAE. Los rendimientos de capital mobiliario del exterior no están alcanzados por este impuesto por considerarse una renta de fuente extranjera, situación esta que permanece incambiada para este impuesto.
A través de la Ley 18.718, así como de su reglamentación, se dispone que constituyen rentas de capital mobiliario gravadas por IRPF los dividendos y utilidades distribuidos por contribuyentes de IRAE, siempre que tales dividendos constituyan rendimientos de capital mobiliario provenientes de entidades no residentes y se hubieran devengado en ejercicios iniciados a partir del 1º de enero del 2011.
En este último caso, para que tales rendimientos se encuentren gravados se deben obtener en forma exclusiva, o en combinación con otras rentas puras. En caso de obtenerse en combinación con actividades empresariales solo estarán gravados si se demuestra por la DGI que la persona física ha efectuado la inversión mobiliaria en el exterior a través del contribuyente de IRAE.
Es decir lo que se pretende es no alcanzar los rendimientos de capital mobiliario que podría obtener el contribuyente de IRAE en el exterior que provinieran de su operativa y sí incluir aquellos rendimientos de capital mobiliario que fueran obtenidos por la persona física a través del contribuyente de IRAE.
3. Retención
3.1. Momento de practicar la retención y tasas aplicables
Las empresas contribuyentes de IRAE deberán retener el IRPF correspondiente a los dividendos y utilidades que "paguen o acrediten" a personas físicas residentes.
Según la Administración Fiscal el concepto "acreditación" se refiere al momento del devengamiento, que según el artículo 17 del Decreto 148/007 ocurre cuando el órgano social competente o los socios a falta de éste hayan resuelto dicha distribución.
Se consideran contribuyentes de IRAE, y por lo tanto deben practicar la retención, todas las entidades mencionadas en los numerales 1) a 8) del literal A) del artículo 3º del Título 4 de IRAE, aun cuando las mismas tuvieran la totalidad de sus rentas de fuente extranjera.
La tasa aplicable para la retención del IRPF sobre dividendos y utilidades correspondientes a rentas de capital mobiliario del exterior es de 12%. Cabe recordar que el resto de los dividendos y utilidades están gravados al 7%.
3.2. Monto imponible - mecanismo de asignación de dividendos y utilidades
En cuanto al monto imponible, el Decreto 510/011 establece un mecanismo de asignación de dividendos y utilidades gravados que consiste en ordenar los mismos según su origen y aplicarle la tasa correspondiente.
Así, los dividendos o utilidades distribuidos se imputan en primer lugar a los resultados acumulados de ejercicios iniciados antes del 1º de julio del 2007 y no están gravados por IRPF.
Una vez agotados los resultados acumulados generados antes del 1/7/2007 los dividendos y utilidades distribuidos se imputarán en primer lugar a la renta neta fiscal gravada por el IRAE devengada desde el primer ejercicio incluido en el IRAE y hasta el ejercicio anterior a aquel iniciado luego del 1º de enero del 2011, en la proporción que corresponda a cada socio o accionista, e independientemente del ejercicio en el cual se generaron. La tasa aplicable en este caso es de 7%.
Una vez que se hubiera agotado la renta neta fiscal recién mencionada, los dividendos y utilidades distribuidos se imputarán en primer lugar a los rendimientos de capital mobiliario que provengan de entidades no residentes estando gravados por IRPF a la tasa del 12%.
En caso de que no existan las mencionadas rentas o que existan pero sean menores al monto distribuido, el remanente se imputará a la renta neta fiscal gravada por el IRAE devengada en ejercicios iniciados luego del 1/1/2011, siendo la tasa aplicable 7%.
En otras palabras, la norma propone que una vez consumidos los resultados acumulados devengados en ejercicios previos al IRAE y absorbida la renta neta fiscal de IRAE devengada en ejercicios iniciados antes del 1/1/2011, los dividendos y utilidades que se distribuyan se imputen en primer lugar a los rendimientos de capital mobiliario del exterior (12%) y el remanente a la RNF gravada por IRAE (7%).
3.3. Casos particulares
Cuando el contribuyente de IRAE participe en el patrimonio de una entidad no residente y ésta se encuentre en un régimen de baja tributación (tasa efectiva inferior al 12%), las rentas pasivas de capital mobiliario que fueran percibidas por la entidad del exterior se imputarán al contribuyente de IRAE al solo efecto de determinar los dividendos gravados por el IRAE.
Es decir, la entidad del exterior se transforma en una entidad "transparente" desde el punto de vista fiscal, debiendo el contribuyente de IRAE en ocasión de la distribución de dividendos y utilidades considerar las rentas pasivas que obtiene dicha entidad cuando es percibida por aquella, con independencia de cuándo la entidad del exterior distribuya los dividendos.
Cuando la entidad del exterior distribuya los dividendos habrá que determinar la porción de los mismos que ya fue imputada, para no gravar dos veces el mismo concepto.
4. Acreditación de impuestos pagados en el exterior
El contribuyente de IRPF puede compensar el impuesto a la renta pagado en el exterior por estas mismas rentas. Para ello deberá presentar declaración jurada, dado que la compensación no la efectúa el agente de retención.
5. A modo de conclusión
Si bien las empresas contribuyentes de IRAE no ven afectada su tributación en relación a los rendimientos de capital mobiliario provenientes del exterior, los que continúan estando no comprendidos en el IRAE sí ven afectada su carga administrativa por la complejidad que conllevará tener que retener el IRPF correspondiente a tales rentas en ocasión de la distribución de dividendos o utilidades.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/cambios-en-dividendos-y-utilidades/ecoymer_629966_120312.html
viernes, 9 de marzo de 2012
Bolsa de Valores criticó nuevo proyecto de S.A.
Cambios. Economía está abierto pero registro sería único.
A la Bolsa de Valores de Montevideo no le convence la redacción del anteproyecto de ley para identificar los accionistas al portador. El Ministerio de Economía está abierto a cambios siempre que por eso Uruguay "no quede mal parado".
El anteproyecto de ley que presentó Economía a legisladores de todos los partidos -y que estos quedaron en estudiar para realizar sugerencias durante los próximos 15 días antes que sea enviado al Parlamento- establece la exclusión de informar sobre los tenedores de títulos a las entidades que los emitan en oferta pública.
El artículo 14 del texto establece que "no estarán obligadas a presentar la información (...) las entidades que hayan emitido sus acciones, cuotas sociales y demás títulos de participación patrimonial a través de las Bolsas de Valores nacionales, de Bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos coticen regularmente y estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados, de acuerdo con los criterios y dentro de los límites que establezca la reglamentación".
Además señala que "cuando dicha emisión no comprenda la totalidad de los títulos emitidos, deberán cumplirse las obligaciones a que refiere la presente ley -es decir informar sus tenedores- por la parte que corresponda a la emisión privada".
El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Pablo Montaldo dijo a El País que "la redacción" del anteproyecto "no es muy feliz" y que "no satisface" a la BVM. Por eso promoverá en el Parlamento lograr cambios a la iniciativa "para que se entienda que la redacción no es del todo acertada" lo que podría dificultar el desarrollo del mercado de capitales en Uruguay, expresó.
Para Montaldo "es un error conceptual" que se diferencie la emisión de los títulos (que no está obligada a informarse sobre sus propietarios) de lo que corresponde a emisión privada y no cotiza.
"Se lo dije personalmente al ministro (de Economía, Fernando Lorenzo) que en una sociedad (que está en Bolsa) no hay parte cerrada o abierta, porque ¿potencialmente cómo hacés para distinguir lo que cotiza en Bolsa?", se preguntó.
Es que según la interpretación que hace la BVM del anteproyecto las empresas uruguayas que cotizan en Bolsa deberían informar sus propietarios porque los títulos se emitieron para sus dueños y luego abrieron "una parte" del capital en la BVM. Es el caso de la agroquímica Isusa, el Frigorífico Modelo y Gralado (la administradora de la terminal y el shopping Tres Cruces).
"Gran parte de las acciones de esas empresas están en manos privadas" por lo que tendrán que "cumplir" con la información, comentó Montaldo. Si bien gran parte no cotiza en la Bolsa, "potencialmente está todo (el capital) abierto" porque uno de los dueños podría ir a la entidad y vender su participación en forma pública, agregó. Esto dificultaría el desarrollo del mercado de capitales, "porque una empresa que salga de cero en Bolsa, no existe en Uruguay", argumentó.
Montaldo afirmó que la redacción del anteproyecto está pensada "para entidades del exterior" y "de la manera que pide la OCDE".
La propuesta que la BVM hizo a Lorenzo no es que las empresas que coticen en Bolsa queden excluidas de informar sobre sus accionistas sino que sean las entidades registrantes las que tengan los datos.
"No proponemos exonerar sino que la entidad registrante, que en muchos casos es la propia BVM sea la que tenga los datos", explicó Montaldo.
Así "no se hace engorroso; es un tema práctico", agregó.
Recordó que así se hace en "muchas jurisdicciones" y señaló que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) -que es quien se prevé que lleve el registro de los datos- podría "tener acceso" a la información.
Fuentes del Ministerio de Economía dijeron ayer a El País que "se pueden introducir cambios" para aclarar el concepto de la cotización de las acciones y de si es parte privada o pública. "Ahora, el registro es uno solo", aseguró un informante. Eso significa que sea la AIN o el Banco Central -como propuso el senador Jorge Larrañaga y Lorenzo estuvo de acuerdo- no habrá otros registros como pide la BVM.
"Donde el gobierno no transa es en tener algo que deje a Uruguay mal parado en el concepto de transparencia", explicó el funcionario.
Para el tributarista, Carlos Loaiza del estudio Sanguinetti, Foderé, Bragard "es una muy buena señal" la que dio el gobierno al aceptar las críticas de los privados a un proyecto anterior que había presentado en diciembre, que ahora retiró y propuso uno nuevo.
Pese a que el anteproyecto es "muy bueno", se "pueden mejorar cosas", dijo Loaiza a El País. En ese sentido, cuestionó que sea la AIN la que lleve el registro de los titulares de acciones al portador porque "es una autoridad que ha demostrado en el pasado que no es eficiente". Añadió que si se diera que finalmente es el Banco Central, "es mucho más apropiado".
Evaluó que si estuviera en la AIN eso "puede afectar la revisión" de la Fase II del Foro Global sobre Transparencia Fiscal. Uruguay no superó la Fase I por no poder identificar a los accionistas al portador y no tener acuerdos de intercambio de datos con Argentina y Brasil, sus socios relevantes. Si supera la Fase I, en la II podría encontrar reparos por la AIN "porque no podría haber intercambio fluido de información", estimó.
Según Loaiza un aspecto destacable del anteproyecto es que se establece un "fast track" para aquellas sociedades que quieran cambiar sus acciones al portador por nominativas. Si bien se pasa a saber quiénes son los accionistas al ser nominativas, esa información queda en la sociedad. "Genera un estímulo positivo a cambiar a acciones nominativas", afirmó.
Consideró que podría mejorarse la redacción referida a las entidades del exterior que tengan actividad en el país.
Políticos cuestionan Cancillería
La Cancillería es foco de cuestionamiento por parte de la oposición respecto a la OCDE. Tras reunirse con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el miércoles, el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo que "estamos viendo una presión internacional sobre nuestro país y no vemos a la Cancillería actuando, previendo esta situación" y afirmó que "ha dejado que estas cosas se nos vengan tan encima". Tras la misma reunión el líder colorado, Pedro Bordaberry, escribió en su cuenta de Twitter que "el ministro de Economía parece bien encaminado; pero el de Relaciones (Exteriores) parece estar en falta".
Fuente: http://www.elpais.com.uy/120309/pecono-629496/economia/bolsa-de-valores-critico-nuevo-proyecto-de-s-a-/
A la Bolsa de Valores de Montevideo no le convence la redacción del anteproyecto de ley para identificar los accionistas al portador. El Ministerio de Economía está abierto a cambios siempre que por eso Uruguay "no quede mal parado".
El anteproyecto de ley que presentó Economía a legisladores de todos los partidos -y que estos quedaron en estudiar para realizar sugerencias durante los próximos 15 días antes que sea enviado al Parlamento- establece la exclusión de informar sobre los tenedores de títulos a las entidades que los emitan en oferta pública.
El artículo 14 del texto establece que "no estarán obligadas a presentar la información (...) las entidades que hayan emitido sus acciones, cuotas sociales y demás títulos de participación patrimonial a través de las Bolsas de Valores nacionales, de Bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos coticen regularmente y estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados, de acuerdo con los criterios y dentro de los límites que establezca la reglamentación".
Además señala que "cuando dicha emisión no comprenda la totalidad de los títulos emitidos, deberán cumplirse las obligaciones a que refiere la presente ley -es decir informar sus tenedores- por la parte que corresponda a la emisión privada".
El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Pablo Montaldo dijo a El País que "la redacción" del anteproyecto "no es muy feliz" y que "no satisface" a la BVM. Por eso promoverá en el Parlamento lograr cambios a la iniciativa "para que se entienda que la redacción no es del todo acertada" lo que podría dificultar el desarrollo del mercado de capitales en Uruguay, expresó.
Para Montaldo "es un error conceptual" que se diferencie la emisión de los títulos (que no está obligada a informarse sobre sus propietarios) de lo que corresponde a emisión privada y no cotiza.
"Se lo dije personalmente al ministro (de Economía, Fernando Lorenzo) que en una sociedad (que está en Bolsa) no hay parte cerrada o abierta, porque ¿potencialmente cómo hacés para distinguir lo que cotiza en Bolsa?", se preguntó.
Es que según la interpretación que hace la BVM del anteproyecto las empresas uruguayas que cotizan en Bolsa deberían informar sus propietarios porque los títulos se emitieron para sus dueños y luego abrieron "una parte" del capital en la BVM. Es el caso de la agroquímica Isusa, el Frigorífico Modelo y Gralado (la administradora de la terminal y el shopping Tres Cruces).
"Gran parte de las acciones de esas empresas están en manos privadas" por lo que tendrán que "cumplir" con la información, comentó Montaldo. Si bien gran parte no cotiza en la Bolsa, "potencialmente está todo (el capital) abierto" porque uno de los dueños podría ir a la entidad y vender su participación en forma pública, agregó. Esto dificultaría el desarrollo del mercado de capitales, "porque una empresa que salga de cero en Bolsa, no existe en Uruguay", argumentó.
Montaldo afirmó que la redacción del anteproyecto está pensada "para entidades del exterior" y "de la manera que pide la OCDE".
La propuesta que la BVM hizo a Lorenzo no es que las empresas que coticen en Bolsa queden excluidas de informar sobre sus accionistas sino que sean las entidades registrantes las que tengan los datos.
"No proponemos exonerar sino que la entidad registrante, que en muchos casos es la propia BVM sea la que tenga los datos", explicó Montaldo.
Así "no se hace engorroso; es un tema práctico", agregó.
Recordó que así se hace en "muchas jurisdicciones" y señaló que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) -que es quien se prevé que lleve el registro de los datos- podría "tener acceso" a la información.
Fuentes del Ministerio de Economía dijeron ayer a El País que "se pueden introducir cambios" para aclarar el concepto de la cotización de las acciones y de si es parte privada o pública. "Ahora, el registro es uno solo", aseguró un informante. Eso significa que sea la AIN o el Banco Central -como propuso el senador Jorge Larrañaga y Lorenzo estuvo de acuerdo- no habrá otros registros como pide la BVM.
"Donde el gobierno no transa es en tener algo que deje a Uruguay mal parado en el concepto de transparencia", explicó el funcionario.
Para el tributarista, Carlos Loaiza del estudio Sanguinetti, Foderé, Bragard "es una muy buena señal" la que dio el gobierno al aceptar las críticas de los privados a un proyecto anterior que había presentado en diciembre, que ahora retiró y propuso uno nuevo.
Pese a que el anteproyecto es "muy bueno", se "pueden mejorar cosas", dijo Loaiza a El País. En ese sentido, cuestionó que sea la AIN la que lleve el registro de los titulares de acciones al portador porque "es una autoridad que ha demostrado en el pasado que no es eficiente". Añadió que si se diera que finalmente es el Banco Central, "es mucho más apropiado".
Evaluó que si estuviera en la AIN eso "puede afectar la revisión" de la Fase II del Foro Global sobre Transparencia Fiscal. Uruguay no superó la Fase I por no poder identificar a los accionistas al portador y no tener acuerdos de intercambio de datos con Argentina y Brasil, sus socios relevantes. Si supera la Fase I, en la II podría encontrar reparos por la AIN "porque no podría haber intercambio fluido de información", estimó.
Según Loaiza un aspecto destacable del anteproyecto es que se establece un "fast track" para aquellas sociedades que quieran cambiar sus acciones al portador por nominativas. Si bien se pasa a saber quiénes son los accionistas al ser nominativas, esa información queda en la sociedad. "Genera un estímulo positivo a cambiar a acciones nominativas", afirmó.
Consideró que podría mejorarse la redacción referida a las entidades del exterior que tengan actividad en el país.
Políticos cuestionan Cancillería
La Cancillería es foco de cuestionamiento por parte de la oposición respecto a la OCDE. Tras reunirse con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el miércoles, el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo que "estamos viendo una presión internacional sobre nuestro país y no vemos a la Cancillería actuando, previendo esta situación" y afirmó que "ha dejado que estas cosas se nos vengan tan encima". Tras la misma reunión el líder colorado, Pedro Bordaberry, escribió en su cuenta de Twitter que "el ministro de Economía parece bien encaminado; pero el de Relaciones (Exteriores) parece estar en falta".
Fuente: http://www.elpais.com.uy/120309/pecono-629496/economia/bolsa-de-valores-critico-nuevo-proyecto-de-s-a-/
jueves, 9 de febrero de 2012
Expertos cierran filas en contra de la identificación de accionistas.
Lo que tenemos que hacer es jugar al fútbol. Si Suárez la atajó con la mano, ¡qué importa! Salimos cuartos. No hay nada que cambiar”, dijo elevando el tono el ex presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, hablando desde el público como “un empresario indignado” por el proyecto de ley que elevó al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que busca satisfacer la exigencia de la OCDE de eliminar el sistema de acciones al portador, al tiempo que le concede mayores potestades a la Dirección General Impositiva (DGI). Presagió una huida de capitales argentinos y el fin del “Uruguay productivo”. Minutos atrás, era uno más de los oyentes de un auditorio repleto de empresarios, contadores y abogados que escuchaban a otros empresarios, contadores y abogados hablar de tributación. Durante el espacio de preguntas, sin embargo, se adueñó del micrófono y recibió el aplauso y la aprobación del auditorio que superó a la prodigada a los propios conferencistas.
En la sala de actos de la Bolsa de Valores de Montevideo, la Cámara de Comercio y Servicios reunió a los principales referentes locales en tributación internacional para debatir la iniciativa oficial de modificación del régimen de acciones al portador. El proyecto de ley faculta a la DGI a identificar a los accionistas locales y extranjeros que participan en sociedades uruguayas bajo ese régimen.
La opinión entre los expertos fue unánime: el Poder Ejecutivo fue demasiado lejos en el proyecto, más de lo que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más de lo que se estila a nivel internacional y más de lo que están dispuestos a conceder algunos inversores. Como consecuencia, coinciden, el nuevo régimen podría constituirse en un freno al ingreso de capitales.
La iniciativa es comparada por los expertos con la apertura de las bases de datos del Banco Central con información sobre las deudas de 550 mil usuarios del sistema bancario, con la exigencia por parte de la DGI a las instituciones educativas privadas de brindar información financiera y la apertura del secreto bancario.
Señalan que el derecho a la intimidad, defendido por la Constitución y la normativa internacional, está siendo vulnerados por la actual administración.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/218422/expertos-cierran-filas-en-contra-de-la-identificacion-de-accionistas/
En la sala de actos de la Bolsa de Valores de Montevideo, la Cámara de Comercio y Servicios reunió a los principales referentes locales en tributación internacional para debatir la iniciativa oficial de modificación del régimen de acciones al portador. El proyecto de ley faculta a la DGI a identificar a los accionistas locales y extranjeros que participan en sociedades uruguayas bajo ese régimen.
La opinión entre los expertos fue unánime: el Poder Ejecutivo fue demasiado lejos en el proyecto, más de lo que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más de lo que se estila a nivel internacional y más de lo que están dispuestos a conceder algunos inversores. Como consecuencia, coinciden, el nuevo régimen podría constituirse en un freno al ingreso de capitales.
La iniciativa es comparada por los expertos con la apertura de las bases de datos del Banco Central con información sobre las deudas de 550 mil usuarios del sistema bancario, con la exigencia por parte de la DGI a las instituciones educativas privadas de brindar información financiera y la apertura del secreto bancario.
Señalan que el derecho a la intimidad, defendido por la Constitución y la normativa internacional, está siendo vulnerados por la actual administración.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/218422/expertos-cierran-filas-en-contra-de-la-identificacion-de-accionistas/
Críticas a proyecto sobre identificación de sociedades.
La Cámara de Comercio realizó ayer un desayuno de trabajo para exponer sobre el proyecto de ley sobre identificación de titulares en sociedades comerciales. Los expositores coincidieron en que el proyecto que espera aprobación parlamentaria es perjudicial para los contribuyentes y que de ponerse en funcionamiento sería el hecho más grave realizado por el actual gobierno.
La apertura del evento estuvo a cargo del Presidente de la Cámara, Marcelo Lombardi, quien resaltó dos elementos que a su juicio marcan la preocupación del sector empresarial.
En primer lugar, cuestionó que el organismo que centralizaría la información sea la Dirección General Impositiva (DGI). Esta solución, le otorga más facultades y herramientas que se suman a las actuales, en detrimento de conferir garantías y derechos a los contribuyentes. En su opinión, se deberían evaluar otras opciones para sistematizar dicha información, por ejemplo, en el sector privado a través de un acuerdo fiduciario a favor de gremiales empresariales o estudios profesionales, o instituciones financieras, dijo Lombardi.
El empresario agregó que, en segundo lugar, se obliga a identificar a la institución que viene del exterior sin límite alguno. Esto afectará directamente a sectores muy intensivos en mano de obra como la construcción y los servicios, y pondrá en riesgo inversiones actuales o futuras.
Al momento de su exposición, el ex ministro de Economía Ignacio de Posadas consideró que este proyecto sería lo más grave que ha hecho el actual gobierno, por las consecuencias económicas y sociales que tendrá para nuestro país. En efecto señaló: “Acá hay un quiebre fundamental en lo que es la esencia del Uruguay desde hace más de un siglo”, sostuvo.
Cuestionó fuertemente las razones esgrimidas públicamente para impulsarlo y dejó en claro que en su opinión, esto está motivado por preconceptos ideológicos en los que se establece una falsa dicotomía entre el país productivo y el país de servicios
Continuando con las críticas, Fernando Jiménez de Aréchaga manifestó que el presente proyecto atentaría contra el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución y diversos instrumentos internacionales, además de mencionar otros ejemplos de normas y resoluciones que conllevan a la misma solución.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2012feb09/eco02.html
La apertura del evento estuvo a cargo del Presidente de la Cámara, Marcelo Lombardi, quien resaltó dos elementos que a su juicio marcan la preocupación del sector empresarial.
En primer lugar, cuestionó que el organismo que centralizaría la información sea la Dirección General Impositiva (DGI). Esta solución, le otorga más facultades y herramientas que se suman a las actuales, en detrimento de conferir garantías y derechos a los contribuyentes. En su opinión, se deberían evaluar otras opciones para sistematizar dicha información, por ejemplo, en el sector privado a través de un acuerdo fiduciario a favor de gremiales empresariales o estudios profesionales, o instituciones financieras, dijo Lombardi.
El empresario agregó que, en segundo lugar, se obliga a identificar a la institución que viene del exterior sin límite alguno. Esto afectará directamente a sectores muy intensivos en mano de obra como la construcción y los servicios, y pondrá en riesgo inversiones actuales o futuras.
Al momento de su exposición, el ex ministro de Economía Ignacio de Posadas consideró que este proyecto sería lo más grave que ha hecho el actual gobierno, por las consecuencias económicas y sociales que tendrá para nuestro país. En efecto señaló: “Acá hay un quiebre fundamental en lo que es la esencia del Uruguay desde hace más de un siglo”, sostuvo.
Cuestionó fuertemente las razones esgrimidas públicamente para impulsarlo y dejó en claro que en su opinión, esto está motivado por preconceptos ideológicos en los que se establece una falsa dicotomía entre el país productivo y el país de servicios
Continuando con las críticas, Fernando Jiménez de Aréchaga manifestó que el presente proyecto atentaría contra el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución y diversos instrumentos internacionales, además de mencionar otros ejemplos de normas y resoluciones que conllevan a la misma solución.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2012feb09/eco02.html
Acciones al portador: fuertes críticas de principales estudios
Foro tributario. Expertos creen que habría sido más práctico eliminar las acciones al portador Afirman que el proyecto va más allá de lo exigido por OCDE Dicen que afectará la intimidad y las inversiones.
Los principales estudios jurídicos acusaron al Ejecutivo de no adoptar alternativas menos perjudiciales para el país, al criticar el proyecto de ley para identificar a titulares de acciones al portador, que va "más allá" de lo exigido por OCDE.
Las visiones de sus expertos fueron ayer el motivo de una muy concurrida conferencia organizada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), titulada "Identificación de titulares en sociedades: `¿qué está en juego para Uruguay`". Allí pidieron que no se vote el proyecto a tapa cerrada y se tomen en cuenta sus aportes. Los panelistas rechazaron el alcance del proyecto de ley sobre acciones al portador que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el 27 diciembre, motivado por las exigencias del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Si el país no tiene un registro de los titulares de esas acciones no puede dar información completa a fiscos extranjeros cuando se la soliciten sobre sus contribuyentes con activos en Uruguay.
Una de las principales críticas fue que la Dirección General Impositiva (DGI) sea el organismo que reciba la información proporcionada por las sociedades anónimas. Otras fueron que el pedido de datos alcanza a la identidad de los beneficiarios últimos (y no solo de accionistas), así como la amplitud de las sociedades del extranjero obligadas a informar.
Incluso el titular de la CNCS, Marcelo Lombardi, expresó la oposición del empresariado al proyecto (ver nota aparte).
El contador Nicolás Juan, de Guyer & Regules, señaló que los datos identificatorios que pide el proyecto no solo alcanzan a los accionistas directos sino que el proyecto "va más allá, va a la identificación del beneficiario final" (la persona física detrás de las jurídicas, ya sean uruguayas o extranjeras), mientras que la OCDE pidió menos.
Juan dijo que el organismo se conformaba con que se conociera la identidad de las sociedades extranjeras que tienen establecimiento permanente en el país y no de todas como dice el proyecto. También cuestionó que la DGI reciba los datos y la obligación de informar cada vez que se modifica la tenencia del capital accionario.
Antes que aprobar este proyecto, estimó "más sencillo" transformar las acciones al portador e ir hacia el régimen de sociedades nominativas. Esto obliga al accionista a registrarse en un libro social guardado en la sociedad, que solo ante una investigación específica de un órgano competente se puede revisar y analizar.
El tributarista del estudio Ferrere Alberto Varela estuvo de acuerdo en que transformar las acciones al portador es una mejor alternativa. De hecho, dijo que otros países que tienen "la bendición de OCDE" optaron por soluciones más acotadas que la del gobierno local.
Por ejemplo, Austria, Canadá, Dinamarca y Finlandia establecieron que la información se diera a proveedores de servicios privados (bancos o estudios jurídicos y notariales). En tanto, en Polonia, Irlanda y Liechtenstein se dan los datos a una entidad gubernamental o privada según el tipo de sociedad. Otros, comunican a una entidad del gobierno que no es el fisco (como podría ser el Banco Central o la Auditoría Interna de la Nación). En otros países solo se registra a accionistas "titulares de más de un equis porcentaje del capital accionario", como Alemania. "Nada de esto aparece en el proyecto", afirmó Varela.
Por su parte, el abogado Fernando Jiménez de Aréchaga dijo que el derecho a la intimidad está siendo avasallado por la serie de medidas que tomó el gobierno para cumplir con estándares que definen los países desarrollados. A su vez, afirmó que las presiones de OCDE para que Uruguay cumpla con sus exigencias podrían violar el principio de no intervención pacíficamente admitido en el derecho internacional público.
En tanto, el abogado y ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, señaló que el proyecto "va a tener un impacto económico y social enorme", porque "pega" sobre miles de inversiones y sus actividades asociadas.
Asimismo, criticó que el gobierno plantee una dicotomía entre país productivo y plaza financiera y se refiera a la intimidad como "opacidad". "La gente quiere mantener su privacidad en sus actividades económicas por razones que son de incumbencia del gobierno mientras no violen ninguna ley", dijo.
El abogado Carlos Loaiza, del estudio Sanguinetti/Foderé, coincidió en que Uruguay debería tener "cautela" y mantenerse entre los países "no reprochados" sin figurar entre los "aplaudidos" por la OCDE. También criticó que el no se estimara el costo-beneficio que supone hacer los cambios planteados en el proyecto.
La visión de los expertos
De Posadas: "Se cede a las presiones mucho más de lo que se puede pedir"
Se cede a las presiones mucho más allá de lo que razonablemente se puede pedir. La estructura del proyecto de ley no existe en ninguna legislación en el mundo; lo que estaríamos haciendo en nuestro perjuicio es algo que nadie ha hecho: desvestir no solo la información sobre los accionistas de las sociedades sino a los accionistas de los accionistas de los accionistas sea donde sea que estén en el mundo. Solo lo hacemos nosotros, que durante un siglo construimos un país serio y hospitalario con las inversiones que no parece explicar los problemas fiscales de otros países".
Loaiza: "El sector público no analizó cuál es la pérdida de inversión posible"
Aquí no hubo un análisis de costo-beneficio de cuál es la pérdida de inversión posible. No lo hizo el sector privado, pero tampoco el público, que era el primer responsable de hacerlo. No sabemos cómo va a impactar, pero si medimos por el nerviosismo de muchos inversores en Argentina está claro que es un problema, un asunto a debatir. El proyecto de ley podría haber exigido la identificación de los titulares para sociedades del extranjero solo cuando tienen establecimiento permanente. Eso hubiera excluido, por ejemplo, a activos inmobiliarios".
Jiménez de Aréchaga: Entre gobierno y OCDE hay "retroalimentación diabólica"
Las normas y resoluciones que se han sancionado en muy poco tiempo, en un año o medio dos, todas constituyen un avance cada vez más progresivo sobre el derecho a la intimidad en una especie una retroalimentación diabólica entre la OCDE y las propias autoridades de gobierno. Emiten recomendaciones y el gobierno no solo las implementa sino que incluso va más allá". Como antecedentes mencionó la central de riesgos del Banco Central, la flexibilización del secreto bancario, la imposición a rentas del exterior y los pedidos de datos de la DGI.
Varela: "¿Tenemos que avergonzarnos de las cosas que estábamos haciendo?"
Nuestro provincialismo enfermizo nos lleva a creer que todos los pedidos del mundo desarrollado están bien. ¿Tenemos que avergonzarnos de las cosas que estábamos haciendo? No es inmoral gravar únicamente la renta que se genera en Uruguay ni negarse a dar información a los fiscos extranjeros ni proteger la intimidad de las personas con secreto bancario. No es inmoral que los titulares de acciones al portador sean anónimos. Pueden ser cosas discutibles, pero nos salteamos la discusión. Si renunciamos a esta estaríamos cumpliendo con culpa.
Juan: Como en ciclismo, "ir al ladito del pelotón o se retirarán inversores"
La pregunta es si realmente tenemos que ir por una opción de avanzada, con un proyecto de ley innovador como el del gobierno. En la Vuelta Ciclista hay un pelotón, escapados y rezagados. Uruguay está rezagado y la mentalidad de un ciclista rezagado es alcanzar el pelotón y trabajar en él. Este proyecto está diciendo que el ciclista llega al pelotón, lo mira y se escapa rápido. Ese ciclista pierde el aire y lo vamos a perder. Tenemos que ser prudentes e ir siempre al ladito del pelotón (nuestros competidores en la búsqueda de inversiones). Si nos escapamos, algún inversor se nos puede retirar".
La CNCS advierte por poder de la DGI
El presidente reclamó consultar a los privados
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Marcelo Lombardi, reclamó al gobierno que tenga en cuenta la visión del sector privado al momento de negociar con Argentina un acuerdo de intercambio de información y al aprobar la ley que introduce cambios al régimen de acciones al portador.
Lombardi señaló que Uruguay está "inmerso en un vecindario complicado" y que el apoyo y la visión del sector privado "resulta clave". "Esperamos fervientemente que podamos aportar nuestro grano de arena", dijo, con la intención de que se tomen las decisiones que permitan "minimizar las pérdidas" para el país.
El titular de la Cámara indicó que los avances en la negociación con Argentina fueron "sin participación del sector privado", a pesar de que la gremial empresarial le propuso al presidente de la República, José Mujica, y al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, poner sus técnicos a trabajar en conjunto con los negociadores. "No pudo ser materializado", afirmó.
En cuanto al proyecto de ley, criticó una vez más que sea la Dirección General Impositiva (DGI) la institución que realice el registro, ya que su poder sobre los contribuyentes es "cada vez mayor".
En cambio, Lombardi propuso que la entidad a cargo de esa tarea sea una institución financiera, estudios jurídicos, instituciones de representación empresarial o incluso la Auditoría Interna de la Nación (si fuera en el sector público), ya que esto es "una señal más amigable para el inversor".
"El otorgamiento de nuevas facultades a la DGI, quien manejaría más información, no puede llevar a realizar `expediciones de pesca` con indicios que obtenga y no con una determinación sobre base cierta como se deriva del artículo 66 del Código Tributario", dice un comunicado divulgado ayer por la Cámara.
La gremial empresarial sostiene que la identificación de los titulares de las sociedades anónimas ante la DGI, para que pueda proporcionarla ante pedidos de fiscos extranjeros, debe cumplirse con "mucha cautela" para no poner en riesgo el stock de inversiones actuales y las futuras.
En ese sentido, considera que la obligación de proporcionar datos debería recaer sobre las sociedades regidas por la ley 16.060 y no para aquellas sociedades extranjeras que tienen activos en el país.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/120209/pecono-623590/economia/acciones-al-portador-fuertes-criticas-de-principales-estudios/
Los principales estudios jurídicos acusaron al Ejecutivo de no adoptar alternativas menos perjudiciales para el país, al criticar el proyecto de ley para identificar a titulares de acciones al portador, que va "más allá" de lo exigido por OCDE.
Las visiones de sus expertos fueron ayer el motivo de una muy concurrida conferencia organizada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), titulada "Identificación de titulares en sociedades: `¿qué está en juego para Uruguay`". Allí pidieron que no se vote el proyecto a tapa cerrada y se tomen en cuenta sus aportes. Los panelistas rechazaron el alcance del proyecto de ley sobre acciones al portador que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el 27 diciembre, motivado por las exigencias del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Si el país no tiene un registro de los titulares de esas acciones no puede dar información completa a fiscos extranjeros cuando se la soliciten sobre sus contribuyentes con activos en Uruguay.
Una de las principales críticas fue que la Dirección General Impositiva (DGI) sea el organismo que reciba la información proporcionada por las sociedades anónimas. Otras fueron que el pedido de datos alcanza a la identidad de los beneficiarios últimos (y no solo de accionistas), así como la amplitud de las sociedades del extranjero obligadas a informar.
Incluso el titular de la CNCS, Marcelo Lombardi, expresó la oposición del empresariado al proyecto (ver nota aparte).
El contador Nicolás Juan, de Guyer & Regules, señaló que los datos identificatorios que pide el proyecto no solo alcanzan a los accionistas directos sino que el proyecto "va más allá, va a la identificación del beneficiario final" (la persona física detrás de las jurídicas, ya sean uruguayas o extranjeras), mientras que la OCDE pidió menos.
Juan dijo que el organismo se conformaba con que se conociera la identidad de las sociedades extranjeras que tienen establecimiento permanente en el país y no de todas como dice el proyecto. También cuestionó que la DGI reciba los datos y la obligación de informar cada vez que se modifica la tenencia del capital accionario.
Antes que aprobar este proyecto, estimó "más sencillo" transformar las acciones al portador e ir hacia el régimen de sociedades nominativas. Esto obliga al accionista a registrarse en un libro social guardado en la sociedad, que solo ante una investigación específica de un órgano competente se puede revisar y analizar.
El tributarista del estudio Ferrere Alberto Varela estuvo de acuerdo en que transformar las acciones al portador es una mejor alternativa. De hecho, dijo que otros países que tienen "la bendición de OCDE" optaron por soluciones más acotadas que la del gobierno local.
Por ejemplo, Austria, Canadá, Dinamarca y Finlandia establecieron que la información se diera a proveedores de servicios privados (bancos o estudios jurídicos y notariales). En tanto, en Polonia, Irlanda y Liechtenstein se dan los datos a una entidad gubernamental o privada según el tipo de sociedad. Otros, comunican a una entidad del gobierno que no es el fisco (como podría ser el Banco Central o la Auditoría Interna de la Nación). En otros países solo se registra a accionistas "titulares de más de un equis porcentaje del capital accionario", como Alemania. "Nada de esto aparece en el proyecto", afirmó Varela.
Por su parte, el abogado Fernando Jiménez de Aréchaga dijo que el derecho a la intimidad está siendo avasallado por la serie de medidas que tomó el gobierno para cumplir con estándares que definen los países desarrollados. A su vez, afirmó que las presiones de OCDE para que Uruguay cumpla con sus exigencias podrían violar el principio de no intervención pacíficamente admitido en el derecho internacional público.
En tanto, el abogado y ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, señaló que el proyecto "va a tener un impacto económico y social enorme", porque "pega" sobre miles de inversiones y sus actividades asociadas.
Asimismo, criticó que el gobierno plantee una dicotomía entre país productivo y plaza financiera y se refiera a la intimidad como "opacidad". "La gente quiere mantener su privacidad en sus actividades económicas por razones que son de incumbencia del gobierno mientras no violen ninguna ley", dijo.
El abogado Carlos Loaiza, del estudio Sanguinetti/Foderé, coincidió en que Uruguay debería tener "cautela" y mantenerse entre los países "no reprochados" sin figurar entre los "aplaudidos" por la OCDE. También criticó que el no se estimara el costo-beneficio que supone hacer los cambios planteados en el proyecto.
La visión de los expertos
De Posadas: "Se cede a las presiones mucho más de lo que se puede pedir"
Se cede a las presiones mucho más allá de lo que razonablemente se puede pedir. La estructura del proyecto de ley no existe en ninguna legislación en el mundo; lo que estaríamos haciendo en nuestro perjuicio es algo que nadie ha hecho: desvestir no solo la información sobre los accionistas de las sociedades sino a los accionistas de los accionistas de los accionistas sea donde sea que estén en el mundo. Solo lo hacemos nosotros, que durante un siglo construimos un país serio y hospitalario con las inversiones que no parece explicar los problemas fiscales de otros países".
Loaiza: "El sector público no analizó cuál es la pérdida de inversión posible"
Aquí no hubo un análisis de costo-beneficio de cuál es la pérdida de inversión posible. No lo hizo el sector privado, pero tampoco el público, que era el primer responsable de hacerlo. No sabemos cómo va a impactar, pero si medimos por el nerviosismo de muchos inversores en Argentina está claro que es un problema, un asunto a debatir. El proyecto de ley podría haber exigido la identificación de los titulares para sociedades del extranjero solo cuando tienen establecimiento permanente. Eso hubiera excluido, por ejemplo, a activos inmobiliarios".
Jiménez de Aréchaga: Entre gobierno y OCDE hay "retroalimentación diabólica"
Las normas y resoluciones que se han sancionado en muy poco tiempo, en un año o medio dos, todas constituyen un avance cada vez más progresivo sobre el derecho a la intimidad en una especie una retroalimentación diabólica entre la OCDE y las propias autoridades de gobierno. Emiten recomendaciones y el gobierno no solo las implementa sino que incluso va más allá". Como antecedentes mencionó la central de riesgos del Banco Central, la flexibilización del secreto bancario, la imposición a rentas del exterior y los pedidos de datos de la DGI.
Varela: "¿Tenemos que avergonzarnos de las cosas que estábamos haciendo?"
Nuestro provincialismo enfermizo nos lleva a creer que todos los pedidos del mundo desarrollado están bien. ¿Tenemos que avergonzarnos de las cosas que estábamos haciendo? No es inmoral gravar únicamente la renta que se genera en Uruguay ni negarse a dar información a los fiscos extranjeros ni proteger la intimidad de las personas con secreto bancario. No es inmoral que los titulares de acciones al portador sean anónimos. Pueden ser cosas discutibles, pero nos salteamos la discusión. Si renunciamos a esta estaríamos cumpliendo con culpa.
Juan: Como en ciclismo, "ir al ladito del pelotón o se retirarán inversores"
La pregunta es si realmente tenemos que ir por una opción de avanzada, con un proyecto de ley innovador como el del gobierno. En la Vuelta Ciclista hay un pelotón, escapados y rezagados. Uruguay está rezagado y la mentalidad de un ciclista rezagado es alcanzar el pelotón y trabajar en él. Este proyecto está diciendo que el ciclista llega al pelotón, lo mira y se escapa rápido. Ese ciclista pierde el aire y lo vamos a perder. Tenemos que ser prudentes e ir siempre al ladito del pelotón (nuestros competidores en la búsqueda de inversiones). Si nos escapamos, algún inversor se nos puede retirar".
La CNCS advierte por poder de la DGI
El presidente reclamó consultar a los privados
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Marcelo Lombardi, reclamó al gobierno que tenga en cuenta la visión del sector privado al momento de negociar con Argentina un acuerdo de intercambio de información y al aprobar la ley que introduce cambios al régimen de acciones al portador.
Lombardi señaló que Uruguay está "inmerso en un vecindario complicado" y que el apoyo y la visión del sector privado "resulta clave". "Esperamos fervientemente que podamos aportar nuestro grano de arena", dijo, con la intención de que se tomen las decisiones que permitan "minimizar las pérdidas" para el país.
El titular de la Cámara indicó que los avances en la negociación con Argentina fueron "sin participación del sector privado", a pesar de que la gremial empresarial le propuso al presidente de la República, José Mujica, y al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, poner sus técnicos a trabajar en conjunto con los negociadores. "No pudo ser materializado", afirmó.
En cuanto al proyecto de ley, criticó una vez más que sea la Dirección General Impositiva (DGI) la institución que realice el registro, ya que su poder sobre los contribuyentes es "cada vez mayor".
En cambio, Lombardi propuso que la entidad a cargo de esa tarea sea una institución financiera, estudios jurídicos, instituciones de representación empresarial o incluso la Auditoría Interna de la Nación (si fuera en el sector público), ya que esto es "una señal más amigable para el inversor".
"El otorgamiento de nuevas facultades a la DGI, quien manejaría más información, no puede llevar a realizar `expediciones de pesca` con indicios que obtenga y no con una determinación sobre base cierta como se deriva del artículo 66 del Código Tributario", dice un comunicado divulgado ayer por la Cámara.
La gremial empresarial sostiene que la identificación de los titulares de las sociedades anónimas ante la DGI, para que pueda proporcionarla ante pedidos de fiscos extranjeros, debe cumplirse con "mucha cautela" para no poner en riesgo el stock de inversiones actuales y las futuras.
En ese sentido, considera que la obligación de proporcionar datos debería recaer sobre las sociedades regidas por la ley 16.060 y no para aquellas sociedades extranjeras que tienen activos en el país.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/120209/pecono-623590/economia/acciones-al-portador-fuertes-criticas-de-principales-estudios/
viernes, 18 de noviembre de 2011
Canciller Almagro: “Vamos a tener que firmar con Argentina y con Brasil”.
El canciller, Luis Almagro, aseguró que existe un "claro interés de Argentina y Brasil de contar con acuerdos de información tributaria y bancaria.
Almagro se refirió anoche, en diálogo con LA REPÚBLICA desde México, a la interpelación que aprobó el Senado a instancias del Partido Colorado contra su gestión, por la declaración del presidente Sarkozy referida a que Uruguay es un “paraíso fiscal”.
Desde el Partido Colorado se ha cuestionado que el canciller afirmó que Argentina “no incidió en la calificación de Uruguay como “paraíso fiscal”, ante lo cual Almagro respondió en forma tajante que existe una “gran confusión”.
“Lo que dije fue: ‘es muy temerario decir que Argentina incidió en las declaraciones del presidente Sarkozy’, porque las afirmaciones del mandatario francés fueron las que calificaron a Uruguay como un paraíso fiscal. Eso no surge de los trabajos del Foro de Transparencia Mundial ni de la OCDE”, resaltó.
De todas maneras, Almagro reconoció que “sí existe un interés claro de Argentina y de Brasil de tener acuerdos de información tributaria y bancaria con Uruguay”.
En tal sentido, citó las palabras del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien expresó que es “irrelevante que un país como Andorra tenga cien tratados de información bancaria o tributaria pero no los tenga con España ni Francia”. Almagro añadió que trasladando ese concepto a la situación de Uruguay, “nuestro país va a tener que firmar acuerdos con países de relevancia, ergo: con sus principales socios económicos y comerciales”, es decir Argentina y Brasil.
Asimismo afirmó que Uruguay continúa adelante con su estrategia y esquema de trabajo que se había trazado al comienzo y con la sustancia de la negociación. “Hay que tener muy mala fe para confundirse en los términos. Tendrían que desgrabar mis palabras y escuchar lo que dije exactamente y luego opinar sobre ello. Los motivos de la interpelación son algo que se mueve permanentemente”, cuestionó Almagro, haciendo referencia a la postura de la oposición.
A la vez, aclaró que en cuanto a los temas de cooperación de información tributaria y bancaria que se definan en el futuro, “la Cancillería estará a lo que defina el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero es claro que no ha habido una sola acción descoordinada entre Economía y la Cancillería.
Balance de la gira.
Por otro lado, el canciller realizó un balance de la gira por México que culmina hoy. Desde el punto de vista político fue “muy importante” que el presidente mexicano, Felipe Calderón, como nuevo presidente del G-20 enviara un mensaje a través del mundo con tanto “compromiso” respecto al posicionamiento de Uruguay en términos de intercambio de información bancaria y tributaria. “Esta reafirmación de que Uruguay no es un paraíso fiscal y que las apreciaciones de Sarkozy habían sido injustas y jamás acordadas con los demás integrantes del G-20, reivindican el posicionamiento del país y las buenas relaciones y asociación entre Uruguay y México”, resaltó Almagro. Destacó el “fuerte e importante” trabajo diplomático que se realizó previo a la visita, por parte de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores. Dijo que lo importante es continuar trabajando porque Uruguay tiene una estrategia y un programa de trabajo, y en la medida que integra el Foro de Transparencia Mundial “surge su compromiso de cooperar con el sistema”; ello implica que el país tenga que avanzar en aquellos aspectos puntuales que todavía faltan para completar la evaluación que permita acceder a la Fase II, sin alterar los cronogramas, ni las estrategias, ni las sustancias de negociación para levantar estas observaciones”.
En cuanto a los asuntos comerciales, Almagro resaltó la importancia de lograr “definir políticamente algunas soluciones para temas que preocupan al Uruguay, como el acceso a mercados de productos uruguayos, tales como lácteos, extensión de la presencia de la carne ovina, grasas y aceites vegetales, y en cuanto a la triangulación de origen y derechos aduaneros”. Por otro lado, resaltó que se firmó el plan estratégico de cooperación entre los dos países y se trabajó sobre la base de algunas prioridades como “biotecnología, agricultura, energía y cooperación antártica”. Una reunión en el instituto de Jalisco de Tecnología de la Información fue propicia para identificar posibilidades de cooperación en el área de “agricultura, en especial de trazabilidad y software”. Asimismo, desde el punto de vista comercial, Uruguay realizó una presentación sobre el país ante la Cámara de Comercio de México, que fue oportuna para que el presidente José Mujica se refiriera a la importancia de profundizar el Tratado de Libre Comercio entre los dos países, “fortalecerlo y hacerlo operativo en materia de acceso a mercados que son importantes para Uruguay y cerrar las negociaciones en compras públicas y servicios financieros”.
Fuente: http://www.lr21.com.uy/politica/480174-vamos-a-tener-que-firmar-con-argentina
Almagro se refirió anoche, en diálogo con LA REPÚBLICA desde México, a la interpelación que aprobó el Senado a instancias del Partido Colorado contra su gestión, por la declaración del presidente Sarkozy referida a que Uruguay es un “paraíso fiscal”.
Desde el Partido Colorado se ha cuestionado que el canciller afirmó que Argentina “no incidió en la calificación de Uruguay como “paraíso fiscal”, ante lo cual Almagro respondió en forma tajante que existe una “gran confusión”.
“Lo que dije fue: ‘es muy temerario decir que Argentina incidió en las declaraciones del presidente Sarkozy’, porque las afirmaciones del mandatario francés fueron las que calificaron a Uruguay como un paraíso fiscal. Eso no surge de los trabajos del Foro de Transparencia Mundial ni de la OCDE”, resaltó.
De todas maneras, Almagro reconoció que “sí existe un interés claro de Argentina y de Brasil de tener acuerdos de información tributaria y bancaria con Uruguay”.
En tal sentido, citó las palabras del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien expresó que es “irrelevante que un país como Andorra tenga cien tratados de información bancaria o tributaria pero no los tenga con España ni Francia”. Almagro añadió que trasladando ese concepto a la situación de Uruguay, “nuestro país va a tener que firmar acuerdos con países de relevancia, ergo: con sus principales socios económicos y comerciales”, es decir Argentina y Brasil.
Asimismo afirmó que Uruguay continúa adelante con su estrategia y esquema de trabajo que se había trazado al comienzo y con la sustancia de la negociación. “Hay que tener muy mala fe para confundirse en los términos. Tendrían que desgrabar mis palabras y escuchar lo que dije exactamente y luego opinar sobre ello. Los motivos de la interpelación son algo que se mueve permanentemente”, cuestionó Almagro, haciendo referencia a la postura de la oposición.
A la vez, aclaró que en cuanto a los temas de cooperación de información tributaria y bancaria que se definan en el futuro, “la Cancillería estará a lo que defina el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero es claro que no ha habido una sola acción descoordinada entre Economía y la Cancillería.
Balance de la gira.
Por otro lado, el canciller realizó un balance de la gira por México que culmina hoy. Desde el punto de vista político fue “muy importante” que el presidente mexicano, Felipe Calderón, como nuevo presidente del G-20 enviara un mensaje a través del mundo con tanto “compromiso” respecto al posicionamiento de Uruguay en términos de intercambio de información bancaria y tributaria. “Esta reafirmación de que Uruguay no es un paraíso fiscal y que las apreciaciones de Sarkozy habían sido injustas y jamás acordadas con los demás integrantes del G-20, reivindican el posicionamiento del país y las buenas relaciones y asociación entre Uruguay y México”, resaltó Almagro. Destacó el “fuerte e importante” trabajo diplomático que se realizó previo a la visita, por parte de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores. Dijo que lo importante es continuar trabajando porque Uruguay tiene una estrategia y un programa de trabajo, y en la medida que integra el Foro de Transparencia Mundial “surge su compromiso de cooperar con el sistema”; ello implica que el país tenga que avanzar en aquellos aspectos puntuales que todavía faltan para completar la evaluación que permita acceder a la Fase II, sin alterar los cronogramas, ni las estrategias, ni las sustancias de negociación para levantar estas observaciones”.
En cuanto a los asuntos comerciales, Almagro resaltó la importancia de lograr “definir políticamente algunas soluciones para temas que preocupan al Uruguay, como el acceso a mercados de productos uruguayos, tales como lácteos, extensión de la presencia de la carne ovina, grasas y aceites vegetales, y en cuanto a la triangulación de origen y derechos aduaneros”. Por otro lado, resaltó que se firmó el plan estratégico de cooperación entre los dos países y se trabajó sobre la base de algunas prioridades como “biotecnología, agricultura, energía y cooperación antártica”. Una reunión en el instituto de Jalisco de Tecnología de la Información fue propicia para identificar posibilidades de cooperación en el área de “agricultura, en especial de trazabilidad y software”. Asimismo, desde el punto de vista comercial, Uruguay realizó una presentación sobre el país ante la Cámara de Comercio de México, que fue oportuna para que el presidente José Mujica se refiriera a la importancia de profundizar el Tratado de Libre Comercio entre los dos países, “fortalecerlo y hacerlo operativo en materia de acceso a mercados que son importantes para Uruguay y cerrar las negociaciones en compras públicas y servicios financieros”.
Fuente: http://www.lr21.com.uy/politica/480174-vamos-a-tener-que-firmar-con-argentina
Descartan freno total de negocios por dar información a Argentina.
Cambios por OCDE. Lorenzo dijo que incertidumbre sobre qué ocurrirá puede "afectar algún negocio en particular" Una vez firmado el acuerdo no espera que genere "hechos de significancia económica"
Si bien el posible acuerdo de intercambio de datos con Argentina generó un freno en algunas construcciones en Punta del Este, el gobierno considera que es un efecto "particular" que "de ninguna manera" afectará "las posibilidades económicas del país".
El miércoles, el secretario ejecutivo de la gremial de promotores privados de la construcción, Aníbal Durán, dijo a El País que la firma de un acuerdo para evitar la doble tributación con Argentina que contenga un capítulo de intercambio de datos fiscales, llevó a que colegas argentinos que "empezaban" dos torres en Punta del Este plantearan que "por ahora no empezaban nada" e indicó que hay "varias ventas frenadas" de inmuebles. El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Gabriel Conde insistió en la misma línea y afirmó que hay ventas de terrenos que se cayeron.
Ante la preocupación empresarial, el ministro de Economía Fernando Lorenzo señaló ayer a El País que el posible acuerdo por intercambio de información con los países del Mercosur y las modificaciones en las sociedades anónimas "aunque pueden estar afectando, pueden afectar algún negocio en particular", pero "seguramente esas dificultades se disiparán en la medida en que se conozca cuál es el contenido, cuál es el alcance, las implicaciones prácticas que tienen este tipo de tratados".
Lorenzo aseguró que "de ninguna manera hay que pensar que las posibilidades económicas del país, que verdaderamente son muy buenas en múltiples ámbitos de la economía, se van a ver afectadas por algo que además es parte de un proceso internacional". Es que "si se tratara de que Uruguay diera pasos que generaran una suerte de excepcionalidad internacional" es posible que "esas preocupaciones podrían estar presentes, pero es todo lo contrario, se trata de caminar hacia ser parte de formas de cooperación y formas de regulación que son las internacionalmente difundidas", afirmó.
"Me costaría mucho imaginar que esto causara dificultades sustantivas en ningún negocio", respondió a las alertas que lanzaron los privados.
La propuesta de Uruguay será la de firmar un acuerdo para evitar la doble tributación con el Mercosur al estilo del que Uruguay suscribió con Alemania "que da un marco mucho mejor para el desarrollo de los negocios", indicó el ministro.
Anoche el vicepresidente de la República Danilo Astori dijo que "por muchas razones el modelo alemán es el que más se adecúa". Afirmó que el objetivo es "defender el interés nacional" y "hacer los acuerdos que se reclaman siempre evitando la doble tributación además de ponerle un límite al pedido de información porque de lo contrario tendría consecuencias negativas para el país".
Desconociendo estos detalles y las posibles implicancias "es muy lógico que haya efectos y acciones que generen incertidumbre, consultas", remarcó Lorenzo. Y añadió: "A largo plazo y una vez que uno separa lo que es simplemente velo de la incertidumbre sobre lo que serán los acontecimientos, no estamos ante hechos que tengan significación en materia económica".
Francia se retracta con Panamá
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, afirmó en París que "Francia sacará a Panamá de la lista de paraísos fiscales antes de fin de año", tras reunirse con su homólogo francés Nicolas Sarkzoy. En su primera visita oficial a Francia, el mandatario panameño precisó que ello será posible una vez que el parlamento francés apruebe el convenio de doble tributación que ambos países firmaron en junio pasado.
La visita a Francia de Martinelli se produce en medio de la tensión generada por unas declaraciones de Sarkozy durante la Cumbre del G20 en Cannes advirtiendo que los paraísos fiscales "serán apartados de la comunidad internacional", entre ellos Uruguay.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111118/pecono-607143/economia/descartan-freno-total-de-negocios-por-dar-informacion-a-argentina/
Si bien el posible acuerdo de intercambio de datos con Argentina generó un freno en algunas construcciones en Punta del Este, el gobierno considera que es un efecto "particular" que "de ninguna manera" afectará "las posibilidades económicas del país".
El miércoles, el secretario ejecutivo de la gremial de promotores privados de la construcción, Aníbal Durán, dijo a El País que la firma de un acuerdo para evitar la doble tributación con Argentina que contenga un capítulo de intercambio de datos fiscales, llevó a que colegas argentinos que "empezaban" dos torres en Punta del Este plantearan que "por ahora no empezaban nada" e indicó que hay "varias ventas frenadas" de inmuebles. El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Gabriel Conde insistió en la misma línea y afirmó que hay ventas de terrenos que se cayeron.
Ante la preocupación empresarial, el ministro de Economía Fernando Lorenzo señaló ayer a El País que el posible acuerdo por intercambio de información con los países del Mercosur y las modificaciones en las sociedades anónimas "aunque pueden estar afectando, pueden afectar algún negocio en particular", pero "seguramente esas dificultades se disiparán en la medida en que se conozca cuál es el contenido, cuál es el alcance, las implicaciones prácticas que tienen este tipo de tratados".
Lorenzo aseguró que "de ninguna manera hay que pensar que las posibilidades económicas del país, que verdaderamente son muy buenas en múltiples ámbitos de la economía, se van a ver afectadas por algo que además es parte de un proceso internacional". Es que "si se tratara de que Uruguay diera pasos que generaran una suerte de excepcionalidad internacional" es posible que "esas preocupaciones podrían estar presentes, pero es todo lo contrario, se trata de caminar hacia ser parte de formas de cooperación y formas de regulación que son las internacionalmente difundidas", afirmó.
"Me costaría mucho imaginar que esto causara dificultades sustantivas en ningún negocio", respondió a las alertas que lanzaron los privados.
La propuesta de Uruguay será la de firmar un acuerdo para evitar la doble tributación con el Mercosur al estilo del que Uruguay suscribió con Alemania "que da un marco mucho mejor para el desarrollo de los negocios", indicó el ministro.
Anoche el vicepresidente de la República Danilo Astori dijo que "por muchas razones el modelo alemán es el que más se adecúa". Afirmó que el objetivo es "defender el interés nacional" y "hacer los acuerdos que se reclaman siempre evitando la doble tributación además de ponerle un límite al pedido de información porque de lo contrario tendría consecuencias negativas para el país".
Desconociendo estos detalles y las posibles implicancias "es muy lógico que haya efectos y acciones que generen incertidumbre, consultas", remarcó Lorenzo. Y añadió: "A largo plazo y una vez que uno separa lo que es simplemente velo de la incertidumbre sobre lo que serán los acontecimientos, no estamos ante hechos que tengan significación en materia económica".
Francia se retracta con Panamá
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, afirmó en París que "Francia sacará a Panamá de la lista de paraísos fiscales antes de fin de año", tras reunirse con su homólogo francés Nicolas Sarkzoy. En su primera visita oficial a Francia, el mandatario panameño precisó que ello será posible una vez que el parlamento francés apruebe el convenio de doble tributación que ambos países firmaron en junio pasado.
La visita a Francia de Martinelli se produce en medio de la tensión generada por unas declaraciones de Sarkozy durante la Cumbre del G20 en Cannes advirtiendo que los paraísos fiscales "serán apartados de la comunidad internacional", entre ellos Uruguay.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111118/pecono-607143/economia/descartan-freno-total-de-negocios-por-dar-informacion-a-argentina/
Datos de S.A. se pedirán en declaración jurada al pagar tributos.
Fernando Lorenzo | Ministro de Economía y Finanzas.
-¿Cómo ve el respaldo de México a la posición de Uruguay respecto a los cuestionamientos del presidente francés Nicolas Sarkozy?
-México siempre ha sido muy amigo de Uruguay. En más de una oportunidad ya había mostrado su predisposición a cooperar con Uruguay en todos los temas. México ha sido país de acogida de asilados políticos uruguayos, es el único país con el que tenemos un Tratado de Libre Comercio en desarrollo, es un país con el que tenemos crecientes relaciones económicas y mucho contacto político.
-En la OCDE se señaló que Argentina mencionó que Uruguay no tenía acuerdos con socios relevantes lo que terminó siendo una de las observaciones del organismo. ¿Cómo se interpreta esto?
-No nos consta que ese tipo de dichos hayan sido determinantes en lo que es el contenido de las sugerencias y opiniones sobre los estándares para la cooperación tributaria y de qué manera Uruguay está preparado o no para esa cooperación. Los aspectos que señala el informe (de OCDE), son aspectos que se pueden ellos mismos justificar más allá de la opinión de terceros y tienen sus explicaciones en lo que son estos estándares y cuál es la justificación que tienen.
-¿Es posible lograr un acuerdo para evitar la doble tributación con Argentina que contenga el intercambio de datos, teniendo en cuenta que ese país últimamente ha firmado convenios simplemente de intercambio de información?
-El camino a recorrer, el que seguramente le vamos a plantear al presidente de la República (José Mujica), es que los acuerdos con los socios del Mercosur se materialicen en un acuerdo en el marco del Mercosur. Por supuesto, estos acuerdos tendrán especificidades bilaterales en cada uno de los casos, como los pueden tener siempre. Obviamente vamos por un formato de acuerdo en el que el intercambio de información es una parte de un tratado para evitar la doble tributación. Es un tratado como el que fue aprobado por el Parlamento con Alemania; es ese el tipo de acuerdos, es el que tiene más contenido porque no solo facilita la cooperación tributaria sino que da un marco mucho mejor para el desarrollo de los negocios en los países.
-En cuanto a la observación sobre el régimen de acciones al portador, ¿la idea es ir por el camino alemán de crear un registro donde el Estado tenga la información de quiénes son los titulares de las acciones?
-Estamos analizando el tema. El presidente va a hacer en los próximos días una convocatoria a los líderes de la oposición con quienes he mantenido contacto y en esa oportunidad se les presentará cuál es el enfoque, el encare y seguramente se materializará por parte del presidente cuáles de las opciones disponibles son las más adecuadas. De parte del Ministerio de Economía en principio nos estamos inclinando por sugerir al presidente esta vía de asegurar, con fines de cooperación tributaria -que es de lo que se trata esto- que sea identificable la propiedad de empresas, de patrimonios en general, al amparo del secreto tributario. O sea que se materialice en una información que brindan las empresas en ocasión de las declaraciones juradas de impuestos y que esa información es utilizada como instrumento para facilitar y poder instrumentar los esfuerzos de cooperación en intercambio de información tributario.
-Desde la oposición se critica por qué no se hizo algo antes sabiendo que los cuestionamientos de la OCDE se venían. ¿Qué responde a ello?
-Estuvimos en un intenso proceso de negociación durante el año 2010, 2011. Éramos conscientes que una vez que conociéramos el informe del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria se nos iban a señalar un conjunto de aspectos sobre los que había que progresar. Una vez conocido el contenido del informe se procede a avanzar en estas acciones. No se puede interpretar como algo en lo que estábamos en falta. Simplemente estábamos progresando y en la buena dirección. Si uno analiza la secuencia de acciones con la que Uruguay ha estado trabajando en materia de cooperación, para abandonar cualquier atisbo de ser una zona de no cooperación en esta materia, es muy sorprendente. En ocasión de la reforma tributaria Uruguay instauró el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, instauró el Impuesto a la Renta de No Residentes, estableció alícuotas sobre el impuesto al capital y a no residentes bien por encima de las que caracterizan a los denominados paraísos fiscales; Uruguay eliminó las SAFI. Más tarde se avanzó en la suscripción de acuerdos para eliminar la doble tributación y para cooperar a nivel tributario internacional con múltiples países muy relevantes para Uruguay y muy relevantes en el seno internacional. Procedimos el año pasado a adaptar el funcionamiento de nuestro secreto bancario para la cooperación tributaria internacional, hemos sido parte del Foro Global. Y cuando uno participa de esas instancias y cuando uno describe esta cantidad de acciones, coincide con lo que dice el informe, y es que Uruguay ha sido de los países que en los últimos cuatro años más progresos ha realizado y más decididos en esta materia. Y vamos a seguir siendo parte de ese proceso.
-¿La idea es pedir antes de tiempo una revisión de la OCDE para ver si Uruguay pasa a la fase II?
-Uruguay va a hacer todas las acciones que sean necesarias para ser parte de la fase II. La fase II se inicia en el año 2014 y en las propias definiciones que ya se han adoptado en el Foro están establecidos cuáles son los plazos dentro de los cuales los países pueden pedir reevaluación de su sistema. Pero Uruguay, en la medida que va a caminar rápidamente y decididamente en la adaptación de algunos aspectos que se han observado, seguramente va a pedir una reevaluación de la situación.
-La puede pedir en seis meses.
-Sí, hasta seis meses, realizados avances y constatados avances en algunas de las áreas que se señalan se puede pedir una reevaluación. Después, en el marco de los seis meses siguientes, se puede solicitar.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111118/pecono-607144/economia/datos-de-s-a-se-pediran-en-declaracion-jurada-al-pagar-tributos/
-¿Cómo ve el respaldo de México a la posición de Uruguay respecto a los cuestionamientos del presidente francés Nicolas Sarkozy?
-México siempre ha sido muy amigo de Uruguay. En más de una oportunidad ya había mostrado su predisposición a cooperar con Uruguay en todos los temas. México ha sido país de acogida de asilados políticos uruguayos, es el único país con el que tenemos un Tratado de Libre Comercio en desarrollo, es un país con el que tenemos crecientes relaciones económicas y mucho contacto político.
-En la OCDE se señaló que Argentina mencionó que Uruguay no tenía acuerdos con socios relevantes lo que terminó siendo una de las observaciones del organismo. ¿Cómo se interpreta esto?
-No nos consta que ese tipo de dichos hayan sido determinantes en lo que es el contenido de las sugerencias y opiniones sobre los estándares para la cooperación tributaria y de qué manera Uruguay está preparado o no para esa cooperación. Los aspectos que señala el informe (de OCDE), son aspectos que se pueden ellos mismos justificar más allá de la opinión de terceros y tienen sus explicaciones en lo que son estos estándares y cuál es la justificación que tienen.
-¿Es posible lograr un acuerdo para evitar la doble tributación con Argentina que contenga el intercambio de datos, teniendo en cuenta que ese país últimamente ha firmado convenios simplemente de intercambio de información?
-El camino a recorrer, el que seguramente le vamos a plantear al presidente de la República (José Mujica), es que los acuerdos con los socios del Mercosur se materialicen en un acuerdo en el marco del Mercosur. Por supuesto, estos acuerdos tendrán especificidades bilaterales en cada uno de los casos, como los pueden tener siempre. Obviamente vamos por un formato de acuerdo en el que el intercambio de información es una parte de un tratado para evitar la doble tributación. Es un tratado como el que fue aprobado por el Parlamento con Alemania; es ese el tipo de acuerdos, es el que tiene más contenido porque no solo facilita la cooperación tributaria sino que da un marco mucho mejor para el desarrollo de los negocios en los países.
-En cuanto a la observación sobre el régimen de acciones al portador, ¿la idea es ir por el camino alemán de crear un registro donde el Estado tenga la información de quiénes son los titulares de las acciones?
-Estamos analizando el tema. El presidente va a hacer en los próximos días una convocatoria a los líderes de la oposición con quienes he mantenido contacto y en esa oportunidad se les presentará cuál es el enfoque, el encare y seguramente se materializará por parte del presidente cuáles de las opciones disponibles son las más adecuadas. De parte del Ministerio de Economía en principio nos estamos inclinando por sugerir al presidente esta vía de asegurar, con fines de cooperación tributaria -que es de lo que se trata esto- que sea identificable la propiedad de empresas, de patrimonios en general, al amparo del secreto tributario. O sea que se materialice en una información que brindan las empresas en ocasión de las declaraciones juradas de impuestos y que esa información es utilizada como instrumento para facilitar y poder instrumentar los esfuerzos de cooperación en intercambio de información tributario.
-Desde la oposición se critica por qué no se hizo algo antes sabiendo que los cuestionamientos de la OCDE se venían. ¿Qué responde a ello?
-Estuvimos en un intenso proceso de negociación durante el año 2010, 2011. Éramos conscientes que una vez que conociéramos el informe del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria se nos iban a señalar un conjunto de aspectos sobre los que había que progresar. Una vez conocido el contenido del informe se procede a avanzar en estas acciones. No se puede interpretar como algo en lo que estábamos en falta. Simplemente estábamos progresando y en la buena dirección. Si uno analiza la secuencia de acciones con la que Uruguay ha estado trabajando en materia de cooperación, para abandonar cualquier atisbo de ser una zona de no cooperación en esta materia, es muy sorprendente. En ocasión de la reforma tributaria Uruguay instauró el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, instauró el Impuesto a la Renta de No Residentes, estableció alícuotas sobre el impuesto al capital y a no residentes bien por encima de las que caracterizan a los denominados paraísos fiscales; Uruguay eliminó las SAFI. Más tarde se avanzó en la suscripción de acuerdos para eliminar la doble tributación y para cooperar a nivel tributario internacional con múltiples países muy relevantes para Uruguay y muy relevantes en el seno internacional. Procedimos el año pasado a adaptar el funcionamiento de nuestro secreto bancario para la cooperación tributaria internacional, hemos sido parte del Foro Global. Y cuando uno participa de esas instancias y cuando uno describe esta cantidad de acciones, coincide con lo que dice el informe, y es que Uruguay ha sido de los países que en los últimos cuatro años más progresos ha realizado y más decididos en esta materia. Y vamos a seguir siendo parte de ese proceso.
-¿La idea es pedir antes de tiempo una revisión de la OCDE para ver si Uruguay pasa a la fase II?
-Uruguay va a hacer todas las acciones que sean necesarias para ser parte de la fase II. La fase II se inicia en el año 2014 y en las propias definiciones que ya se han adoptado en el Foro están establecidos cuáles son los plazos dentro de los cuales los países pueden pedir reevaluación de su sistema. Pero Uruguay, en la medida que va a caminar rápidamente y decididamente en la adaptación de algunos aspectos que se han observado, seguramente va a pedir una reevaluación de la situación.
-La puede pedir en seis meses.
-Sí, hasta seis meses, realizados avances y constatados avances en algunas de las áreas que se señalan se puede pedir una reevaluación. Después, en el marco de los seis meses siguientes, se puede solicitar.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111118/pecono-607144/economia/datos-de-s-a-se-pediran-en-declaracion-jurada-al-pagar-tributos/
jueves, 10 de noviembre de 2011
"Uruguay es ejemplo en política fiscal".
Alicia Bárcena
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) desde julio de 2008, Alicia Bárcena, dijo en entrevista con El País que las declaraciones del titular del gobierno francés, Nicolas Sarkozy, fueron "injustas" y "fuertes" dado que el país "ha hecho unos esfuerzos enormes" en adaptar su legislación, al punto que sostuvo que el organismo pone a Uruguay "como ejemplo de políticas fiscales". Descartó que esto impacte en las inversiones en el país que considera deberían representar el 26% del Producto Interno Bruto y no el 20% actual. Además recomendó elevar la integración del Mercosur para enfrentar la crisis.
-En su visita por Uruguay dijo que América Latina debe elevar su comercio intrarregional, ¿cómo se puede concretar en el Mercosur?
-Con un programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas. Eso es lo que están haciendo en Asia. En Asean, los diez países chiquitos como Vietnam y Malasia se están integrando entre sí y a su vez con China y Japón. Así fueron avanzando. Aquí tenemos que hacer algo muy parecido.
-Pero hay fuertes asimetrías en el bloque y Argentina está sustituyendo importaciones.
-Hay que analizar cadenas productivas. Si, por ejemplo, Brasil necesita un insumo para Petrobras que se produzca en el Mercosur no tiene por qué traerlo de afuera. Ese tipo de valores hay que ponerlos sobre la mesa. No podemos caer en el juego de los aranceles y la doble tributación. Hay que ver si asociadas ganan más las exportaciones del Mercosur que separadas. Uruguay es el quinto exportador de carne y el séptimo de soja. Sudamérica produce el 48% de la soja del mundo. ¿No te parece que asociados podemos lograr más, si nos ponemos de acuerdo en los precios, en cómo lo hacemos, en a quién le exportamos y si le agregamos valor? Creo que los liderazgos en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay dan para hacer una cosa de éstas. Y nosotros, Aladi y Unasur tenemos que sentarnos a arrastrar el lápiz para decirles cuáles son las opciones.
-¿En qué otros temas tiene que cooperar la región?
-El otro gran tema en el Mercosur es que pensamos en infraestructura hacia adentro. Lo que hizo (José) Mujica al viajar a Brasil para plantear una línea ferroviaria me parece importantísimo. Y ya hizo lo mismo con Argentina. Tiene la voluntad política, es pragmático. Y dice que no nos peleemos con los vecinos porque son nuestra alternativa, nuestros aliados. Yo coincido.
-Lo dijo por las acusaciones a Argentina y Brasil de que incidieron en el discurso del presidente de Francia en la cumbre del G20. ¿Uruguay es un "paraíso fiscal" para Cepal?
-No, francamente no. Uruguay ha avanzado muchísimo en materia de fiscalización. Es injusto que (Nicolas) Sarkozy haya hablado de esto y no de Andorra o de Mónaco. Uruguay ha hecho unos esfuerzos enormes. Lo está haciendo con gradualidad y precaución porque aquí existía un secreto bancario y cambiar esa dinámica exige diálogo con la sociedad. Francamente, calificar a Uruguay de paraíso fiscal me parece fuerte, cuando tiene una tasa tributaria alta, es un país ordenado, con reglas claras. Esos acuerdos de intercambio de información se resuelven, pero si me dices que la situación de Uruguay es parecida a la de países con una tasa tributaria del 10% y un alto nivel de exención fiscal... Nosotros ponemos a Uruguay como ejemplo de políticas fiscales. Tiene estos problemas que hay que atacar y resolver con diálogo y coordinación; Europa también los tiene.
-Algunos dicen que estas exigencias de transparencia fiscal del mundo desarrollado son un "neocolonialismo" que surge de su necesidad de recaudar más por la crisis, ¿cómo lo ve?
-Habría que analizarlo en detalle. Sin duda debemos tener la precaución de que esto no venga como imposición. Tiene que haber virtudes para los países involucrados también; si no las economías emergentes son invitadas al G20 solo para socializar las pérdidas, ¿entonces por qué no nos invitaron antes? Creo que los emergentes están haciendo un frente común interesante y México, Brasil y Argentina pueden ser un buen puente para otros países de la región.
-Se refirió a la necesidad de elevar la inversión al 26% del PIB en la región. En Uruguay es del 20%. ¿Se puede ver afectada la inversión local por los dichos de Sarkozy?
-No. Las cifras de inversión en Uruguay son muy positivas. La inversión extranjera en el primer trimestre sumó US$ 561 millones y en todo 2010 fue de US$ 1.627. Pese a la crisis en 2009 fue de US$ 1.200 millones. La inversión no ha caído, está creciendo.
-¿Qué estrategia debe adoptar Uruguay para administrar la inversión con una visión de mediano plazo?
-Estamos contribuyendo con el gobierno uruguayo en dejar montado un sistema de información sobre la formación bruta de capital fijo por sector institucional, por sector de la economía y por tipo de activo de inversión, que permitirá saber qué inversiones llegan. Se necesita este sistema, no sólo alcanza saber el coeficiente de inversión sobre el Producto. Se trata de direccionar la inversión; desestimular la especulativa y estimular la productiva, que además de rentabilidad genera empleo y deja rentas de productividad dentro del país. Este sistema quedará en funcionamiento el año próximo.
Elevar inversión debe ser prioridad
La secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena, destacó ayer en su visita a la sede de Aladi en Montevideo que la crisis europea desacelerará el crecimiento de América Latina, advirtió sobre eventuales dificultades por el canal comercial producto de la crisis global. Estimó que la región crecerá 4,4% este año, pero en 2012 tendrá "una fuerte desaceleración" y crecerá 3,8%. Sobre la inversión, dijo que es "el puente de plata entre el corto y el mediano plazo" y que debe estar "en el centro de las políticas macroeconómicas" de la región. Dijo que para poder cerrar la brecha con Asia se deben alcanzar niveles de 25% del PIB. También resaltó la necesidad de elevar el comercio intrarregional, cuyo nivel es "muy bajo" (menos de 17% mientras que en países asiáticos es superior a 27%).
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) desde julio de 2008, Alicia Bárcena, dijo en entrevista con El País que las declaraciones del titular del gobierno francés, Nicolas Sarkozy, fueron "injustas" y "fuertes" dado que el país "ha hecho unos esfuerzos enormes" en adaptar su legislación, al punto que sostuvo que el organismo pone a Uruguay "como ejemplo de políticas fiscales". Descartó que esto impacte en las inversiones en el país que considera deberían representar el 26% del Producto Interno Bruto y no el 20% actual. Además recomendó elevar la integración del Mercosur para enfrentar la crisis.
-En su visita por Uruguay dijo que América Latina debe elevar su comercio intrarregional, ¿cómo se puede concretar en el Mercosur?
-Con un programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas. Eso es lo que están haciendo en Asia. En Asean, los diez países chiquitos como Vietnam y Malasia se están integrando entre sí y a su vez con China y Japón. Así fueron avanzando. Aquí tenemos que hacer algo muy parecido.
-Pero hay fuertes asimetrías en el bloque y Argentina está sustituyendo importaciones.
-Hay que analizar cadenas productivas. Si, por ejemplo, Brasil necesita un insumo para Petrobras que se produzca en el Mercosur no tiene por qué traerlo de afuera. Ese tipo de valores hay que ponerlos sobre la mesa. No podemos caer en el juego de los aranceles y la doble tributación. Hay que ver si asociadas ganan más las exportaciones del Mercosur que separadas. Uruguay es el quinto exportador de carne y el séptimo de soja. Sudamérica produce el 48% de la soja del mundo. ¿No te parece que asociados podemos lograr más, si nos ponemos de acuerdo en los precios, en cómo lo hacemos, en a quién le exportamos y si le agregamos valor? Creo que los liderazgos en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay dan para hacer una cosa de éstas. Y nosotros, Aladi y Unasur tenemos que sentarnos a arrastrar el lápiz para decirles cuáles son las opciones.
-¿En qué otros temas tiene que cooperar la región?
-El otro gran tema en el Mercosur es que pensamos en infraestructura hacia adentro. Lo que hizo (José) Mujica al viajar a Brasil para plantear una línea ferroviaria me parece importantísimo. Y ya hizo lo mismo con Argentina. Tiene la voluntad política, es pragmático. Y dice que no nos peleemos con los vecinos porque son nuestra alternativa, nuestros aliados. Yo coincido.
-Lo dijo por las acusaciones a Argentina y Brasil de que incidieron en el discurso del presidente de Francia en la cumbre del G20. ¿Uruguay es un "paraíso fiscal" para Cepal?
-No, francamente no. Uruguay ha avanzado muchísimo en materia de fiscalización. Es injusto que (Nicolas) Sarkozy haya hablado de esto y no de Andorra o de Mónaco. Uruguay ha hecho unos esfuerzos enormes. Lo está haciendo con gradualidad y precaución porque aquí existía un secreto bancario y cambiar esa dinámica exige diálogo con la sociedad. Francamente, calificar a Uruguay de paraíso fiscal me parece fuerte, cuando tiene una tasa tributaria alta, es un país ordenado, con reglas claras. Esos acuerdos de intercambio de información se resuelven, pero si me dices que la situación de Uruguay es parecida a la de países con una tasa tributaria del 10% y un alto nivel de exención fiscal... Nosotros ponemos a Uruguay como ejemplo de políticas fiscales. Tiene estos problemas que hay que atacar y resolver con diálogo y coordinación; Europa también los tiene.
-Algunos dicen que estas exigencias de transparencia fiscal del mundo desarrollado son un "neocolonialismo" que surge de su necesidad de recaudar más por la crisis, ¿cómo lo ve?
-Habría que analizarlo en detalle. Sin duda debemos tener la precaución de que esto no venga como imposición. Tiene que haber virtudes para los países involucrados también; si no las economías emergentes son invitadas al G20 solo para socializar las pérdidas, ¿entonces por qué no nos invitaron antes? Creo que los emergentes están haciendo un frente común interesante y México, Brasil y Argentina pueden ser un buen puente para otros países de la región.
-Se refirió a la necesidad de elevar la inversión al 26% del PIB en la región. En Uruguay es del 20%. ¿Se puede ver afectada la inversión local por los dichos de Sarkozy?
-No. Las cifras de inversión en Uruguay son muy positivas. La inversión extranjera en el primer trimestre sumó US$ 561 millones y en todo 2010 fue de US$ 1.627. Pese a la crisis en 2009 fue de US$ 1.200 millones. La inversión no ha caído, está creciendo.
-¿Qué estrategia debe adoptar Uruguay para administrar la inversión con una visión de mediano plazo?
-Estamos contribuyendo con el gobierno uruguayo en dejar montado un sistema de información sobre la formación bruta de capital fijo por sector institucional, por sector de la economía y por tipo de activo de inversión, que permitirá saber qué inversiones llegan. Se necesita este sistema, no sólo alcanza saber el coeficiente de inversión sobre el Producto. Se trata de direccionar la inversión; desestimular la especulativa y estimular la productiva, que además de rentabilidad genera empleo y deja rentas de productividad dentro del país. Este sistema quedará en funcionamiento el año próximo.
Elevar inversión debe ser prioridad
La secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena, destacó ayer en su visita a la sede de Aladi en Montevideo que la crisis europea desacelerará el crecimiento de América Latina, advirtió sobre eventuales dificultades por el canal comercial producto de la crisis global. Estimó que la región crecerá 4,4% este año, pero en 2012 tendrá "una fuerte desaceleración" y crecerá 3,8%. Sobre la inversión, dijo que es "el puente de plata entre el corto y el mediano plazo" y que debe estar "en el centro de las políticas macroeconómicas" de la región. Dijo que para poder cerrar la brecha con Asia se deben alcanzar niveles de 25% del PIB. También resaltó la necesidad de elevar el comercio intrarregional, cuyo nivel es "muy bajo" (menos de 17% mientras que en países asiáticos es superior a 27%).
martes, 1 de noviembre de 2011
Dólar: descartan impacto en Uruguay de medidas argentinas.
Ayer comenzó a regir el control de la venta de divisas en Argentina. El ministro de Economía fue consultado sobre eventuales efectos para nuestro país. Lorenzo consideró que en principio “ninguna de las medidas que adoptó Argentina de control de cambio tiene efectos directos”.
Consideró que “lo que puede provocar son cambios en las condiciones de acceso a la divisa para la población argentina y eso habrá que ir viendo de qué manera puede estar afectando algún tipo de relación económica con nuestro país”. Expresó su esperanza de que esas nuevas condiciones de acceso a las divisas en el mercado argentino “no terminen perjudicando ninguna de las operativas comerciales o de servicios que Uruguay le presta a los argentinos”. En cuanto a las versiones de que un acuerdo con ese país para intercambiar información tributaria podría ahuyentar inversiones, el ministro destacó que Uruguay es muy respetuoso del secreto tributario. Aclaró que desea un convenio de intercambio de información con todo el Mercosur y recordó que nuestro país está firmando convenios de ese tipo con varios países.
Precisamente una de las exigencias de la OCDE para sacar a nuestro país de una lista de naciones con poca transparencia, fue la de acordar convenios de intercambio de información tributaria.
“Uruguay ha estado suscribiendo acuerdos para eliminar la doble tributación e intercambio de información con múltiples países y obviamente que esa cooperación se extiende al ámbito regional”, subrayó.
“Son realidades globales a las cuales todos los países se van a tener que ir ajustando y no creo que puedan tener efectos negativos de entidad. Ello puede provocar en algún momento cierta incertidumbre, pero quiero trasmitirle tranquilidad a los uruguayos o a cualquiera que mire hacia nuestro país, que Uruguay va manejar estos temas como todos los temas financieros y tributarios, con seriedad”.
Por otra parte el ministro señaló que el marco jurídico interno se ha ido modificando para preparar al país para hacer parte de la cooperación internacional. Recordó que las modificaciones a las normativas del secreto bancario ya preveían la posibilidad de que, ante requerimientos de información tributaria de países con los que tenemos acuerdos, la misma se haría efectiva. Aclaró que ello será “siempre en el marco de vigencia del secreto tributario”.
Por otra parte, el ministro de Economía señaló que se sigue con atención la situación de algunos países de Europa y que espera conocer a la brevedad las políticas que se adopten para superar la crisis fiscal y financiera, y sus resultados.
Fuente: http://www.lr21.com.uy/economia/477990-dolar-descartan-impacto-en-uruguay-de-medidas-argentinas
Consideró que “lo que puede provocar son cambios en las condiciones de acceso a la divisa para la población argentina y eso habrá que ir viendo de qué manera puede estar afectando algún tipo de relación económica con nuestro país”. Expresó su esperanza de que esas nuevas condiciones de acceso a las divisas en el mercado argentino “no terminen perjudicando ninguna de las operativas comerciales o de servicios que Uruguay le presta a los argentinos”. En cuanto a las versiones de que un acuerdo con ese país para intercambiar información tributaria podría ahuyentar inversiones, el ministro destacó que Uruguay es muy respetuoso del secreto tributario. Aclaró que desea un convenio de intercambio de información con todo el Mercosur y recordó que nuestro país está firmando convenios de ese tipo con varios países.
Precisamente una de las exigencias de la OCDE para sacar a nuestro país de una lista de naciones con poca transparencia, fue la de acordar convenios de intercambio de información tributaria.
“Uruguay ha estado suscribiendo acuerdos para eliminar la doble tributación e intercambio de información con múltiples países y obviamente que esa cooperación se extiende al ámbito regional”, subrayó.
“Son realidades globales a las cuales todos los países se van a tener que ir ajustando y no creo que puedan tener efectos negativos de entidad. Ello puede provocar en algún momento cierta incertidumbre, pero quiero trasmitirle tranquilidad a los uruguayos o a cualquiera que mire hacia nuestro país, que Uruguay va manejar estos temas como todos los temas financieros y tributarios, con seriedad”.
Por otra parte el ministro señaló que el marco jurídico interno se ha ido modificando para preparar al país para hacer parte de la cooperación internacional. Recordó que las modificaciones a las normativas del secreto bancario ya preveían la posibilidad de que, ante requerimientos de información tributaria de países con los que tenemos acuerdos, la misma se haría efectiva. Aclaró que ello será “siempre en el marco de vigencia del secreto tributario”.
Por otra parte, el ministro de Economía señaló que se sigue con atención la situación de algunos países de Europa y que espera conocer a la brevedad las políticas que se adopten para superar la crisis fiscal y financiera, y sus resultados.
Fuente: http://www.lr21.com.uy/economia/477990-dolar-descartan-impacto-en-uruguay-de-medidas-argentinas
viernes, 28 de octubre de 2011
Nuevo marco permitirá que se levante secreto tributario cuando haya un “indicio firme” de evasión.
Acuerdo para salir de “lista gris” dispara inquietud de argentinos.
Las principales consultoras y estudios de asesoramiento tributario aumentaron la recepción de consultas desde el vecino país, luego de que el Poder Ejecutivo anunció el diseño de herramientas “para salir de la ilegalidad”. El “modelo alemán”, en el que trabaja el gobierno, permitirá que la DGI -previa autorización de un juez- dé información a la contraparte.
El gobierno pretende firmar con Argentina un acuerdo que permita intercambiar información tributaria, y para ello elabora una fórmula que contemple las garantías necesarias similares al nuevo régimen de secreto bancario, "flexibilizado" meses atrás por ley, transmitieron a Ultimas Noticias fuentes oficiales.
La medida responde a la necesidad del país de cumplir con los requisitos de la Organización para el Desarrollo Económico (Ocde) para ser quitado de la "lista gris", un juicio otorgado a los países que no colaboran en materia de información tributaria.
Dicho status fue ratificado el miércoles por el organismo, tras reprobar los avances hechos por Uruguay en materia de estándares de fiscalidad, por no contar con el número exigido de tratados que eviten la doble imposición tributaria y permitan el intercambio de información, al tiempo que detectó inconsistencias jurídicas relacionadas a las acciones al portador, entre otros argumentos.
De acuerdo a la nueva norma uruguaya que será tomada como modelo, y en cuyo diseño ya trabajan varios funcionarios del gobierno, el secreto tributario podrá ser levantado cuando la Dirección General Impositiva (DGI) encuentre indicios firmes de evasión fiscal, previa autorización de un juez. Uruguay había seguido -en parte- el camino señalado por la organización conformada por 34 países del primer mundo, al firmar más de una decena de tratados para evitar la doble imposición tributaria, aunque algunos de ellos aguardan la confirmación del Parlamento.
Ello, sin embargo, no fue suficiente y en la Torre Ejecutiva fue traducido por algunos operadores del equipo económico paralelo como una "derrota" del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que conduce Fernando Lorenzo y responde a la línea del vicepresidente Danilo Astori.
CONSULTAS
El gobierno acusó el golpe del informe de la Ocde y, lejos de atribuirle una intención conspirativa, anunció la puesta en marcha de medidas para "salir de la ilegalidad", según expresó el presidente José Mujica.
Esa mención más las declaraciones del vicepresidente Danilo Astori en la misma línea dispararon las consultas de varios inversores y empresarios con activos en Uruguay, según un relevamiento realizado por Ultimas Noticias con varios de los principales estudios de asesoramiento jurídico y tributario de plaza que trabajan con clientes internacionales.
Así lo confirmó el ex ministro de Economía y socio de "Posadas, Posadas y Vecino", Ignacio de Posadas, quien dijo que la decisión de entregar datos a los socios del Mercosur genera "incertidumbre" y "es pésima para Uruguay".
Valoró que el gobierno "se movió muy mal" desde que, en 2009, la Ocde comenzó a exigir flexibilización de datos con varios países, porque "no evaluó cuáles eran los "intereses para Uruguay" a la hora de asistir a los socios con información y acusó de "ingenuidad" a las autoridades por pensar que con cumplir con la firma de acuerdos solicitados se llegaría a salir de la lista gris, "hecho que ha quedado demostrado que no es así" tras la suma de nuevas exigencias.
De Posadas señaló que el número de consultas que llegan a su estudio aumentaron, y advirtió un "seguro efecto negativo para la economía", en función de las futuras decisiones que adopten los inversores con el nuevo marco legal. También expresó que detrás del juicio de la Ocde hay "intencionalidad política".
Felix Abadi, socio de "Rueda Abadi Pereira", en tanto, también constató un incremento "importante" de las consultas, en especial de argentinos, y habló de "preocupación" por parte de inversores de la vecina orilla "ante el cambio de coordenadas que se avecina".
En relación a la decisión de la Ocde, valoró que se trata de un tema político promovido por "socios comerciales de Uruguay que muchas veces no cumplen sus acuerdos", y relativizó el alcance de la decisión del organismo internacional, por "tratarse de una mesa en la que se sientan solamente los países ricos", impidiéndole a Uruguay y a otras naciones tener "incidencia y voz" en las resoluciones.
El mismo estado de situación prevalece en las oficinas del Departamento de Impuestos de "CPA/Ferrere", según comentó el gerente del área, Leonardo Isoardi. Dijo que entre ayer y hoy hubo un fuerte incremento de las consultas de clientes argentinos, aunque aclaró que inversores de otras partes del mundo también requirieron información de primera mano acerca de los acontecimientos.
Sin embargo, Isoardi aclaró que por el momento no percibe "ninguna clase de dramatismo ni una preocupación extrema" en el tenor de las consultas.
En relación a la solicitudes de información, dijo que la mayoría de ellas se centran en conocer "cuándo entrarán en vigencia los cambios" que analiza el gobierno, mientras que en una segunda lista de consultas se relacionan con el contenido: "Conocer un poco más el qué", explicó el jefe del staff tributarista de CPA.
Un cuarto experto, integrante de uno de los principales estudios locales, dijo que ayer hubo un incremento importante de consultas, aunque prefirió mantener el anonimato. Mencionó, con un tono de mayor preocupación que el de sus colegas, "que hay un lógico nerviosismo" de los clientes y advirtió que la entrega de datos "es algo nada bueno para Uruguay".
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011oct28/eco01.html
Las principales consultoras y estudios de asesoramiento tributario aumentaron la recepción de consultas desde el vecino país, luego de que el Poder Ejecutivo anunció el diseño de herramientas “para salir de la ilegalidad”. El “modelo alemán”, en el que trabaja el gobierno, permitirá que la DGI -previa autorización de un juez- dé información a la contraparte.
El gobierno pretende firmar con Argentina un acuerdo que permita intercambiar información tributaria, y para ello elabora una fórmula que contemple las garantías necesarias similares al nuevo régimen de secreto bancario, "flexibilizado" meses atrás por ley, transmitieron a Ultimas Noticias fuentes oficiales.
La medida responde a la necesidad del país de cumplir con los requisitos de la Organización para el Desarrollo Económico (Ocde) para ser quitado de la "lista gris", un juicio otorgado a los países que no colaboran en materia de información tributaria.
Dicho status fue ratificado el miércoles por el organismo, tras reprobar los avances hechos por Uruguay en materia de estándares de fiscalidad, por no contar con el número exigido de tratados que eviten la doble imposición tributaria y permitan el intercambio de información, al tiempo que detectó inconsistencias jurídicas relacionadas a las acciones al portador, entre otros argumentos.
De acuerdo a la nueva norma uruguaya que será tomada como modelo, y en cuyo diseño ya trabajan varios funcionarios del gobierno, el secreto tributario podrá ser levantado cuando la Dirección General Impositiva (DGI) encuentre indicios firmes de evasión fiscal, previa autorización de un juez. Uruguay había seguido -en parte- el camino señalado por la organización conformada por 34 países del primer mundo, al firmar más de una decena de tratados para evitar la doble imposición tributaria, aunque algunos de ellos aguardan la confirmación del Parlamento.
Ello, sin embargo, no fue suficiente y en la Torre Ejecutiva fue traducido por algunos operadores del equipo económico paralelo como una "derrota" del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que conduce Fernando Lorenzo y responde a la línea del vicepresidente Danilo Astori.
CONSULTAS
El gobierno acusó el golpe del informe de la Ocde y, lejos de atribuirle una intención conspirativa, anunció la puesta en marcha de medidas para "salir de la ilegalidad", según expresó el presidente José Mujica.
Esa mención más las declaraciones del vicepresidente Danilo Astori en la misma línea dispararon las consultas de varios inversores y empresarios con activos en Uruguay, según un relevamiento realizado por Ultimas Noticias con varios de los principales estudios de asesoramiento jurídico y tributario de plaza que trabajan con clientes internacionales.
Así lo confirmó el ex ministro de Economía y socio de "Posadas, Posadas y Vecino", Ignacio de Posadas, quien dijo que la decisión de entregar datos a los socios del Mercosur genera "incertidumbre" y "es pésima para Uruguay".
Valoró que el gobierno "se movió muy mal" desde que, en 2009, la Ocde comenzó a exigir flexibilización de datos con varios países, porque "no evaluó cuáles eran los "intereses para Uruguay" a la hora de asistir a los socios con información y acusó de "ingenuidad" a las autoridades por pensar que con cumplir con la firma de acuerdos solicitados se llegaría a salir de la lista gris, "hecho que ha quedado demostrado que no es así" tras la suma de nuevas exigencias.
De Posadas señaló que el número de consultas que llegan a su estudio aumentaron, y advirtió un "seguro efecto negativo para la economía", en función de las futuras decisiones que adopten los inversores con el nuevo marco legal. También expresó que detrás del juicio de la Ocde hay "intencionalidad política".
Felix Abadi, socio de "Rueda Abadi Pereira", en tanto, también constató un incremento "importante" de las consultas, en especial de argentinos, y habló de "preocupación" por parte de inversores de la vecina orilla "ante el cambio de coordenadas que se avecina".
En relación a la decisión de la Ocde, valoró que se trata de un tema político promovido por "socios comerciales de Uruguay que muchas veces no cumplen sus acuerdos", y relativizó el alcance de la decisión del organismo internacional, por "tratarse de una mesa en la que se sientan solamente los países ricos", impidiéndole a Uruguay y a otras naciones tener "incidencia y voz" en las resoluciones.
El mismo estado de situación prevalece en las oficinas del Departamento de Impuestos de "CPA/Ferrere", según comentó el gerente del área, Leonardo Isoardi. Dijo que entre ayer y hoy hubo un fuerte incremento de las consultas de clientes argentinos, aunque aclaró que inversores de otras partes del mundo también requirieron información de primera mano acerca de los acontecimientos.
Sin embargo, Isoardi aclaró que por el momento no percibe "ninguna clase de dramatismo ni una preocupación extrema" en el tenor de las consultas.
En relación a la solicitudes de información, dijo que la mayoría de ellas se centran en conocer "cuándo entrarán en vigencia los cambios" que analiza el gobierno, mientras que en una segunda lista de consultas se relacionan con el contenido: "Conocer un poco más el qué", explicó el jefe del staff tributarista de CPA.
Un cuarto experto, integrante de uno de los principales estudios locales, dijo que ayer hubo un incremento importante de consultas, aunque prefirió mantener el anonimato. Mencionó, con un tono de mayor preocupación que el de sus colegas, "que hay un lógico nerviosismo" de los clientes y advirtió que la entrega de datos "es algo nada bueno para Uruguay".
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011oct28/eco01.html
Acuerdo con Argentina daría a la AFIP datos de US$ 2.200: en ahorros.
Críticas de OCDE. De firmar acuerdos por intercambio de datos con la región afirman que se afectará mercado inmobiliario Expertos tributaristas plantean varias "alternativas" al gobierno
La AFIP se llamó a silencio ayer luego que el gobierno uruguayo anunció que negociará un acuerdo de intercambio de datos fiscales, con el que el organismo recaudador argentino podría alcanzar a depósitos locales por US$ 2.224 millones.
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se negaron ayer a hacer declaraciones tras los anuncios del vicepresidente Danilo Astori. Fuentes del organismo señalaron que el silencio procura no introducir ruidos políticos en momentos en que el gobierno uruguayo empieza a entregar señales de mayor flexibilidad.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó el martes que Uruguay no pasó la primera fase de su revisión de pares por no cumplir con algunos estándares de transparencia global, entre los que figuraba no tener acuerdos con "socios relevantes", como Argentina y Brasil. Tras ese anuncio, Astori dijo que "Uruguay está decidido" a hacer un planteo a nivel de los países del Mercosur para avanzar en acuerdos de intercambio de datos fiscales.
La AFIP, dirigida por Ricardo Etchegaray, viene solicitando desde fines de 2008 concretar un convenio bilateral con la Dirección General Impositiva (DGI) para intercambiar información tributaria. Pero el trabajoso reestablecimiento de las relaciones entre los dos países tras el conflicto por la planta de celulosa UPM (ex Botnia) y la necesidad de no agregar nuevos elementos de rispidez hizo que la presión argentina disminuyera en los últimos meses.
Lo cierto es que las modificaciones tanto en la posibilidad de dar datos a Argentina como en la estructura de las sociedades anónimas abriría una fuente incalculable de datos para el organismo recaudador de ese país, ya sea tomando en cuenta el volumen de depósitos que hay en el sistema uruguayo como el hecho de que al menos el 50% de las operaciones que se realizan con inmuebles en Punta del Este involucran a argentinos. El gobierno de Cristina Fernández necesita recursos ante el debilitamiento de su situación fiscal y estos datos podrían ser útiles.
Para el tributarista Jorge Gaggero, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, contar con información desde Uruguay mejoraría la recaudación tributaria "solo en el margen". "Pero hay cosas que meten mucho ruido, como las cerealeras que exportan soja a Uruguay mediante un mecanismo de triangulación para pagar menos impuestos en la Argentina y para terminar exportando a otro destino real", señaló.
Además de los propietarios de inmuebles en Maldonado, en la AFIP tienen sospechas de empresarios argentinos que cuentan con acciones de compañías radicadas en Uruguay no declaradas. De hecho, la OCDE recomendó que se realicen cambios en el régimen de acciones al portador para que se pueda conocer con precisión quiénes son sus dueños.
En este tema ya se han hecho avances a nivel de sociedades anónimas con acciones al portador que son propietarias de tierras o titulares de explotaciones agropecuarias, que desde el 1° de julio debieron pasar a ser nominativas para poder comprar campos, lo que permite identificar a sus propietarios.
El otro segmento al que apuntan las autoridades argentinas está conformado por titulares de cuentas bancarias en el sistema local, sobre todo si se tiene en cuenta que la fuga de capitales alcanzará este año en Argentina a US$ 22.000 millones, según la consultora Ecolatina. En Uruguay, los depósitos de no residentes en el sistema financiero local representaban a fin de 2010 la cuarta parte del total. De cada US$ 10 que había depositados de un no residente, US$ 7 eran de argentinos.
En total unos US$ 2.224 millones de clientes de esa nacionalidad estaban depositados, sobre todo en bancos privados, según datos procesados por la consultora CPA/Ferrere en base a datos del Banco Central. En tanto, los depósitos de brasileños eran por solo unos US$ 200 millones a diciembre. Pero a esos montos que se encuentran a nivel bancario se suman otros del sistema financiero no contabilizados por el Banco, como los que se encuentran en otras instituciones. En esos casos, de todas formas, puede que incluso levantando el secreto bancario no se las alcance ya que se trata de cuentas manejadas desde Uruguay pero abiertas en las casas matrices instaladas en EE.UU. o europa.
A nivel de inmuebles el impacto sería elevado también. "La mayoría de las transacciones en Punta del Este son de argentinos", dijo a El País el analista inmobiliario Julio Villamide. Indicó que esa ha sido la tradición en las últimas décadas y agregó que en el último año y medio también aumentó su participación en Montevideo y en el mercado rural en los últimos "cinco o seis años". A eso se suma el interés de los argentinos por adquirir propiedades en Colonia. "La presencia de propietarios argentinos es casi masiva sobre la costa y es muy importante dentro de la ciudad también", dijo Villamide.
El analista dijo que si se acordara intercambiar datos con Argentina el impacto sobre el mercado sería negativo, aunque "es difícil medir su intensidad". De todos modos, dijo que cuatro años atrás el impacto sería mucho más negativo, ya que en la actualidad existe un retorno de capitales a la región debido a la incertidumbre que genera tener colocaciones en bancos o títulos de Europa o Estados Unidos.
Si bien con el intercambio de datos Argentina podría conocer qué ciudadanos evaden impuestos, Villamide dijo que lo correcto sería previamente firmar un acuerdo para evitar la doble imposición. De esa manera, se evitaría que los argentinos paguen impuestos en los dos países.
Las cifras
200 Millones de dólares son los que tenían brasileños al cierre del año pasado en el sistema bancario local, según datos del BCU.
50% De las operaciones de compraventa de inmuebles en Maldonado se sostiene que se realizan con argentinos.
LAS ALTERNATIVAS QUE PROPONEN LOS EXPERTOS
Eliana Sartori Tributación internacional en PWC.
"Evitar doble imposición"
Para la directora de tributación internacional de la consultora PwC, Uruguay debe negociar con Argentina un acuerdo más amplio que el de intercambio de información, que evite la doble imposición. Así, argentinos que tengan activos en Uruguay no pagarían impuestos en las dos orillas. Sobre las acciones al portador, dijo no ser partidaria de eliminarlas.
David Eibe
Exdirector de asesoría tributaria del MEF.
"Apoyo de países pesados"
Quien era asesor en el Ministerio de Economía cuando Uruguay fue incluido en la "lista gris" de OCDE estimó que el gobierno debería usar su buena imagen internacional para capitalizar la opinión favorable de "países pesados" como Francia, Alemania, España y México, con los que ya tiene convenios de intercambio de datos vigentes.
Gianni Gutiérrez
ÁREA DE IMPUESTOS DE FERRERE ABOGADOS
"No todo puede aceptarse"
El experto del estudio Ferrere dijo que Uruguay debe moverse con cautela. Sostuvo que "hay algunos cuestionamientos que no pueden ser aceptados", como la retroactividad del levantamiento del secreto bancario. En acuerdos con Argentina y Brasil es partidario del estilo suizo, que impide intercambio de datos automáticos o expediciones de pesca.
Carlos Loaiza
Máster en tributación
"La solución es regional"
El socio del estudio Olivera Abogados sostiene que Uruguay debe caer en cuenta que las presiones no son internacionales sino regionales, por lo que el gobierno debe encarar su estrategia de salida con "realismo", sabiendo que la solución pasa por negociar con Argentina y Brasil. "La solución es sentarnos a hablar con los vecinos a ver qué logramos", djio.
Leonardo Costa
Profesor de fiscalidad internacional
"La salida que tomó Suiza"
El abogado sostiene que el informe de la OCDE sobre Uruguay contiene "imprecisiones" y "errores interpretativos" sobre la normativa uruguaya. En cuanto al requisito de firmar un convenio con Argentina cree que una alternativa puede ser la que adoptó Suiza con Alemania: le cobra impuestos a los alemanes que tengan dinero en sus bancos y luego vuelca esa recaudación sin identificarlos.
LAS CLAVES TRAS EL INFORME
EXIGENCIA DE CAMBIOS
Al igual que otros 59 países que pasaron por este proceso de "revisión de pares", Uruguay fue examinado por OCDE para ver si cumplía con los estándares de transparencia global y no aprobó la primera fase a pesar de sus avances. Los motivos principales fueron el actual régimen de acciones al portador, la falta de intercambio con "socios relevantes"(Argentina y Brasil) y algunas objeciones a la flexibilización del secreto bancario, como su no retroactividad y el aviso previo al contribuyente.
REFLEJO OFICIAL de cambiar
Conocido el informe el vicepresidente de la República, Danilo Astori, informó que el gobierno estudiará las propuestas para conocer la identidad de los propietarios de sociedades con acciones al portador. Además "planteará a los países del Mercosur avanzar en acuerdos de intercambio de datos". Tras esto, el propio Presidente, José Mujica, dijo a El País que "no conviene quedar en la ilegalidad internacional" reafirmando el interés de cambiar las reglas actuales.
Magnitud de las modificaciones
Pese al anuncio, el vicepresidente dejó en claro que el acuerdo de intercambio de información sería a nivel Mercosur, esto es, evitaría la negociación bilateral. Asimismo, en el caso de las sociedades anónimas con acciones al portador dejó planteado que se podría ir desde la eliminación de las mismas hasta mantenerlas pero asegurando que el Estado tiene a disposición la identidad de los propietarios.
Plazo de los CAMBIOS
Si bien la OCDE estableció un plazo de 12 meses para hacer una revisión del informe, la fase dos de la revisión de pares comenzará recién en 2014, por lo que Astori dijo que el lapso es "suficientemente extenso" para considerar los instrumentos y satisfacer los planteos.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111028/pecono-602714/economia/acuerdo-con-argentina-daria-a-la-afip-datos-de-us-2-200-en-ahorros/
La AFIP se llamó a silencio ayer luego que el gobierno uruguayo anunció que negociará un acuerdo de intercambio de datos fiscales, con el que el organismo recaudador argentino podría alcanzar a depósitos locales por US$ 2.224 millones.
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se negaron ayer a hacer declaraciones tras los anuncios del vicepresidente Danilo Astori. Fuentes del organismo señalaron que el silencio procura no introducir ruidos políticos en momentos en que el gobierno uruguayo empieza a entregar señales de mayor flexibilidad.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó el martes que Uruguay no pasó la primera fase de su revisión de pares por no cumplir con algunos estándares de transparencia global, entre los que figuraba no tener acuerdos con "socios relevantes", como Argentina y Brasil. Tras ese anuncio, Astori dijo que "Uruguay está decidido" a hacer un planteo a nivel de los países del Mercosur para avanzar en acuerdos de intercambio de datos fiscales.
La AFIP, dirigida por Ricardo Etchegaray, viene solicitando desde fines de 2008 concretar un convenio bilateral con la Dirección General Impositiva (DGI) para intercambiar información tributaria. Pero el trabajoso reestablecimiento de las relaciones entre los dos países tras el conflicto por la planta de celulosa UPM (ex Botnia) y la necesidad de no agregar nuevos elementos de rispidez hizo que la presión argentina disminuyera en los últimos meses.
Lo cierto es que las modificaciones tanto en la posibilidad de dar datos a Argentina como en la estructura de las sociedades anónimas abriría una fuente incalculable de datos para el organismo recaudador de ese país, ya sea tomando en cuenta el volumen de depósitos que hay en el sistema uruguayo como el hecho de que al menos el 50% de las operaciones que se realizan con inmuebles en Punta del Este involucran a argentinos. El gobierno de Cristina Fernández necesita recursos ante el debilitamiento de su situación fiscal y estos datos podrían ser útiles.
Para el tributarista Jorge Gaggero, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, contar con información desde Uruguay mejoraría la recaudación tributaria "solo en el margen". "Pero hay cosas que meten mucho ruido, como las cerealeras que exportan soja a Uruguay mediante un mecanismo de triangulación para pagar menos impuestos en la Argentina y para terminar exportando a otro destino real", señaló.
Además de los propietarios de inmuebles en Maldonado, en la AFIP tienen sospechas de empresarios argentinos que cuentan con acciones de compañías radicadas en Uruguay no declaradas. De hecho, la OCDE recomendó que se realicen cambios en el régimen de acciones al portador para que se pueda conocer con precisión quiénes son sus dueños.
En este tema ya se han hecho avances a nivel de sociedades anónimas con acciones al portador que son propietarias de tierras o titulares de explotaciones agropecuarias, que desde el 1° de julio debieron pasar a ser nominativas para poder comprar campos, lo que permite identificar a sus propietarios.
El otro segmento al que apuntan las autoridades argentinas está conformado por titulares de cuentas bancarias en el sistema local, sobre todo si se tiene en cuenta que la fuga de capitales alcanzará este año en Argentina a US$ 22.000 millones, según la consultora Ecolatina. En Uruguay, los depósitos de no residentes en el sistema financiero local representaban a fin de 2010 la cuarta parte del total. De cada US$ 10 que había depositados de un no residente, US$ 7 eran de argentinos.
En total unos US$ 2.224 millones de clientes de esa nacionalidad estaban depositados, sobre todo en bancos privados, según datos procesados por la consultora CPA/Ferrere en base a datos del Banco Central. En tanto, los depósitos de brasileños eran por solo unos US$ 200 millones a diciembre. Pero a esos montos que se encuentran a nivel bancario se suman otros del sistema financiero no contabilizados por el Banco, como los que se encuentran en otras instituciones. En esos casos, de todas formas, puede que incluso levantando el secreto bancario no se las alcance ya que se trata de cuentas manejadas desde Uruguay pero abiertas en las casas matrices instaladas en EE.UU. o europa.
A nivel de inmuebles el impacto sería elevado también. "La mayoría de las transacciones en Punta del Este son de argentinos", dijo a El País el analista inmobiliario Julio Villamide. Indicó que esa ha sido la tradición en las últimas décadas y agregó que en el último año y medio también aumentó su participación en Montevideo y en el mercado rural en los últimos "cinco o seis años". A eso se suma el interés de los argentinos por adquirir propiedades en Colonia. "La presencia de propietarios argentinos es casi masiva sobre la costa y es muy importante dentro de la ciudad también", dijo Villamide.
El analista dijo que si se acordara intercambiar datos con Argentina el impacto sobre el mercado sería negativo, aunque "es difícil medir su intensidad". De todos modos, dijo que cuatro años atrás el impacto sería mucho más negativo, ya que en la actualidad existe un retorno de capitales a la región debido a la incertidumbre que genera tener colocaciones en bancos o títulos de Europa o Estados Unidos.
Si bien con el intercambio de datos Argentina podría conocer qué ciudadanos evaden impuestos, Villamide dijo que lo correcto sería previamente firmar un acuerdo para evitar la doble imposición. De esa manera, se evitaría que los argentinos paguen impuestos en los dos países.
Las cifras
200 Millones de dólares son los que tenían brasileños al cierre del año pasado en el sistema bancario local, según datos del BCU.
50% De las operaciones de compraventa de inmuebles en Maldonado se sostiene que se realizan con argentinos.
LAS ALTERNATIVAS QUE PROPONEN LOS EXPERTOS
Eliana Sartori Tributación internacional en PWC.
"Evitar doble imposición"
Para la directora de tributación internacional de la consultora PwC, Uruguay debe negociar con Argentina un acuerdo más amplio que el de intercambio de información, que evite la doble imposición. Así, argentinos que tengan activos en Uruguay no pagarían impuestos en las dos orillas. Sobre las acciones al portador, dijo no ser partidaria de eliminarlas.
David Eibe
Exdirector de asesoría tributaria del MEF.
"Apoyo de países pesados"
Quien era asesor en el Ministerio de Economía cuando Uruguay fue incluido en la "lista gris" de OCDE estimó que el gobierno debería usar su buena imagen internacional para capitalizar la opinión favorable de "países pesados" como Francia, Alemania, España y México, con los que ya tiene convenios de intercambio de datos vigentes.
Gianni Gutiérrez
ÁREA DE IMPUESTOS DE FERRERE ABOGADOS
"No todo puede aceptarse"
El experto del estudio Ferrere dijo que Uruguay debe moverse con cautela. Sostuvo que "hay algunos cuestionamientos que no pueden ser aceptados", como la retroactividad del levantamiento del secreto bancario. En acuerdos con Argentina y Brasil es partidario del estilo suizo, que impide intercambio de datos automáticos o expediciones de pesca.
Carlos Loaiza
Máster en tributación
"La solución es regional"
El socio del estudio Olivera Abogados sostiene que Uruguay debe caer en cuenta que las presiones no son internacionales sino regionales, por lo que el gobierno debe encarar su estrategia de salida con "realismo", sabiendo que la solución pasa por negociar con Argentina y Brasil. "La solución es sentarnos a hablar con los vecinos a ver qué logramos", djio.
Leonardo Costa
Profesor de fiscalidad internacional
"La salida que tomó Suiza"
El abogado sostiene que el informe de la OCDE sobre Uruguay contiene "imprecisiones" y "errores interpretativos" sobre la normativa uruguaya. En cuanto al requisito de firmar un convenio con Argentina cree que una alternativa puede ser la que adoptó Suiza con Alemania: le cobra impuestos a los alemanes que tengan dinero en sus bancos y luego vuelca esa recaudación sin identificarlos.
LAS CLAVES TRAS EL INFORME
EXIGENCIA DE CAMBIOS
Al igual que otros 59 países que pasaron por este proceso de "revisión de pares", Uruguay fue examinado por OCDE para ver si cumplía con los estándares de transparencia global y no aprobó la primera fase a pesar de sus avances. Los motivos principales fueron el actual régimen de acciones al portador, la falta de intercambio con "socios relevantes"(Argentina y Brasil) y algunas objeciones a la flexibilización del secreto bancario, como su no retroactividad y el aviso previo al contribuyente.
REFLEJO OFICIAL de cambiar
Conocido el informe el vicepresidente de la República, Danilo Astori, informó que el gobierno estudiará las propuestas para conocer la identidad de los propietarios de sociedades con acciones al portador. Además "planteará a los países del Mercosur avanzar en acuerdos de intercambio de datos". Tras esto, el propio Presidente, José Mujica, dijo a El País que "no conviene quedar en la ilegalidad internacional" reafirmando el interés de cambiar las reglas actuales.
Magnitud de las modificaciones
Pese al anuncio, el vicepresidente dejó en claro que el acuerdo de intercambio de información sería a nivel Mercosur, esto es, evitaría la negociación bilateral. Asimismo, en el caso de las sociedades anónimas con acciones al portador dejó planteado que se podría ir desde la eliminación de las mismas hasta mantenerlas pero asegurando que el Estado tiene a disposición la identidad de los propietarios.
Plazo de los CAMBIOS
Si bien la OCDE estableció un plazo de 12 meses para hacer una revisión del informe, la fase dos de la revisión de pares comenzará recién en 2014, por lo que Astori dijo que el lapso es "suficientemente extenso" para considerar los instrumentos y satisfacer los planteos.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111028/pecono-602714/economia/acuerdo-con-argentina-daria-a-la-afip-datos-de-us-2-200-en-ahorros/
jueves, 27 de octubre de 2011
Uruguay prepara medidas para salir de “lista gris” de la Ocde.
La firma de tratados para evitar la doble imposición tributaria y el intercambio de información entre los gobiernos no fue suficiente para Uruguay, que reprobó la prueba de la Ocde para salir de la “lista gris”. El gobierno respondió que “buscará instrumentos de cooperación y transparencia” para cambiar el status.
La Organización para el Desarrollo Económico (Ocde), una institución conformada por 34 países en su mayoría del primer mundo, cuya misión es cooperar en el relacionamiento económico para transparentar la gobernanza económica a escala global, reprobó a Uruguay y lo mantuvo en la “lista gris” en la que lo colocó en 2009.
Ello supone que el país mantiene una “escasa colaboración” o que sus políticas no están adecuadas a los estándares internacionales requeridos en materia de fiscalidad, por más que el gobierno emprendió algunas reformas para ajustarse a los parámetros señalados.
En diálogo con Ultimas Noticias, el vicepresidente Danilo Astori dijo que “el gobierno va a considerar todos los planteos que se le han hecho y va a buscar los mejores instrumentos para cooperar y actuar con transparencia”, expresó. Pero pese a que reconoce mejoras, la Ocde afirma que Uruguay aún mantiene carencias en su legislación y pone el acento en las acciones al portador.
“Uruguay avanzó en la mejora de su marco jurídico y normativo con el fin de poder intercambiar información fiscal con eficacia al haber firmado su décimo acuerdo al respecto. Sin embargo, se detectaron algunas carencias en legislación nacional, en particular en lo referente a las acciones al portador y a la información sobre la identidad de algunos fideicomisos”, establece el reporte del organismo que fundamenta la decisión y en el que se anuncia que una nueva evaluación tendrá lugar dentro de 6 meses.
El informe, que concluye que Uruguay “no está listo para avanzar a la siguiente fase”. También señala que deben continuar progresando los acuerdos de intercambio con “los principales socios comerciales”, apreciación que se contextualiza dentro de los pedidos de Argentina para acceder a información de sus contribuyentes que tienen activos en Uruguay.
Además, Antigua y Barbuda, Barbados, Brunei, Bostwana, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago y Vanuatu tampoco superaron los filtros fijados por el Foro Global sobre la Transparencia Fiscal en el que se decidió la categoría de Uruguay.
“LISTA GRIS”
Hace dos años, el organismo condicionó la revisión del status asignado a firma de al menos 12 tratados para evitar la doble imposición tributaria y permitir el intercambio de información, pauta que el gobierno asumió, aunque sus resultados aún no se completaron tal como fueron propuestos por la Ocde.
Hasta el momento Uruguay tiene vigente los tratados exigidos con Alemania, Hungría, México, España y Francia; espera la aprobación parlamentaria para otros similares suscritos con Portugal, Suiza y Lichtenstein, al tiempo que próximamente enviará al legislativo los acuerdos técnicos ya firmados con Rumania, Malta y Ecuador, más una renegociación del convenio con Alemania.
Al mismo tiempo, el gobierno anunció formalmente que negocia otros de la misma índole con Bélgica, India, Corea del Sur y Finlandia y según supo Ultimas Noticias en base a una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), están iniciadas las conversaciones con Malasia, Canadá y Estados Unidos, para firmar otros idénticos.
Además, la Dirección General Impositiva (DGI) creó recientemente la Unidad de Fiscalidad Internacional, con el fin de atender los requerimientos que lleguen a Uruguay en el marco de los convenios asumidos, al tiempo que otras disposiciones legales permitieron flexibilizar el secreto bancario, aunque para casos excepcionales.
Ficha
La firma de convenios buscan prevenir la evasión fiscal y regulan el tratamiento a brindar a las rentas, patrimonio, dividendos e intereses, utilizando el método de la exención o de imputación o crédito fiscal, regulando asimismo el intercambio de información entre los estados partes.
Convenios exigidos por la Ocde para salir de la “lista gris”: 12 Convenios que ya entraron en vigencia: Alemania, Hungría, México, España y Francia (se renegocia con Alemania).
Convenios ya enviados, que esperan aprobación: Portugal, Suiza y Lichtenstein
Convenios suscritos, que se enviarán próximamente al Parlamento: Rumania, Malta y Ecuador.
Negociaciones formales iniciadas para la firma de convenio: Bélgica, India, Corea del Sur y Finlandia. Negociaciones exploración de posibles acuerdos: Estados Unidos, Malasia y Canadá.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/hoy/portada/economia.html
La Organización para el Desarrollo Económico (Ocde), una institución conformada por 34 países en su mayoría del primer mundo, cuya misión es cooperar en el relacionamiento económico para transparentar la gobernanza económica a escala global, reprobó a Uruguay y lo mantuvo en la “lista gris” en la que lo colocó en 2009.
Ello supone que el país mantiene una “escasa colaboración” o que sus políticas no están adecuadas a los estándares internacionales requeridos en materia de fiscalidad, por más que el gobierno emprendió algunas reformas para ajustarse a los parámetros señalados.
En diálogo con Ultimas Noticias, el vicepresidente Danilo Astori dijo que “el gobierno va a considerar todos los planteos que se le han hecho y va a buscar los mejores instrumentos para cooperar y actuar con transparencia”, expresó. Pero pese a que reconoce mejoras, la Ocde afirma que Uruguay aún mantiene carencias en su legislación y pone el acento en las acciones al portador.
“Uruguay avanzó en la mejora de su marco jurídico y normativo con el fin de poder intercambiar información fiscal con eficacia al haber firmado su décimo acuerdo al respecto. Sin embargo, se detectaron algunas carencias en legislación nacional, en particular en lo referente a las acciones al portador y a la información sobre la identidad de algunos fideicomisos”, establece el reporte del organismo que fundamenta la decisión y en el que se anuncia que una nueva evaluación tendrá lugar dentro de 6 meses.
El informe, que concluye que Uruguay “no está listo para avanzar a la siguiente fase”. También señala que deben continuar progresando los acuerdos de intercambio con “los principales socios comerciales”, apreciación que se contextualiza dentro de los pedidos de Argentina para acceder a información de sus contribuyentes que tienen activos en Uruguay.
Además, Antigua y Barbuda, Barbados, Brunei, Bostwana, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago y Vanuatu tampoco superaron los filtros fijados por el Foro Global sobre la Transparencia Fiscal en el que se decidió la categoría de Uruguay.
“LISTA GRIS”
Hace dos años, el organismo condicionó la revisión del status asignado a firma de al menos 12 tratados para evitar la doble imposición tributaria y permitir el intercambio de información, pauta que el gobierno asumió, aunque sus resultados aún no se completaron tal como fueron propuestos por la Ocde.
Hasta el momento Uruguay tiene vigente los tratados exigidos con Alemania, Hungría, México, España y Francia; espera la aprobación parlamentaria para otros similares suscritos con Portugal, Suiza y Lichtenstein, al tiempo que próximamente enviará al legislativo los acuerdos técnicos ya firmados con Rumania, Malta y Ecuador, más una renegociación del convenio con Alemania.
Al mismo tiempo, el gobierno anunció formalmente que negocia otros de la misma índole con Bélgica, India, Corea del Sur y Finlandia y según supo Ultimas Noticias en base a una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), están iniciadas las conversaciones con Malasia, Canadá y Estados Unidos, para firmar otros idénticos.
Además, la Dirección General Impositiva (DGI) creó recientemente la Unidad de Fiscalidad Internacional, con el fin de atender los requerimientos que lleguen a Uruguay en el marco de los convenios asumidos, al tiempo que otras disposiciones legales permitieron flexibilizar el secreto bancario, aunque para casos excepcionales.
Ficha
La firma de convenios buscan prevenir la evasión fiscal y regulan el tratamiento a brindar a las rentas, patrimonio, dividendos e intereses, utilizando el método de la exención o de imputación o crédito fiscal, regulando asimismo el intercambio de información entre los estados partes.
Convenios exigidos por la Ocde para salir de la “lista gris”: 12 Convenios que ya entraron en vigencia: Alemania, Hungría, México, España y Francia (se renegocia con Alemania).
Convenios ya enviados, que esperan aprobación: Portugal, Suiza y Lichtenstein
Convenios suscritos, que se enviarán próximamente al Parlamento: Rumania, Malta y Ecuador.
Negociaciones formales iniciadas para la firma de convenio: Bélgica, India, Corea del Sur y Finlandia. Negociaciones exploración de posibles acuerdos: Estados Unidos, Malasia y Canadá.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/hoy/portada/economia.html
Propondrán un acuerdo para dar datos en Mercosur y cambiarán S.A.
Críticas de OCDE. Falta de información de S.A., dudas por secreto bancario y exigencia de intercambio de datos con Argentina y Brasil Mujica dijo que "no conviene" quedar en "la ilegalidad internacional"
La OCDE anunció que Uruguay no pasó la fase uno de su revisión de pares y el gobierno hará ajustes para cumplir con estándares de transparencia fiscal: negociará con Argentina acuerdo de intercambio de datos y adaptará acciones al portador.
El presidente, José Mujica dijo anoche a El País que "por ahora" no hará declaraciones ya que prefiere que "hable el ministro de Economía (Fernando Lorenzo)", pero afirmó: "Pienso que no deberíamos quedar en la ilegalidad internacional, no nos conviene, punto".
En esa línea, el vicepresidente, Danilo Astori, dijo ayer que se estudiarán "las propuestas para conocer la identidad de los propietarios de las sociedades como para intercambiar información tributaria con países relevantes". Anunció que "Uruguay está decidido a hacer un planteo a nivel de los países del Mercosur, que incluye obviamente a Brasil, Argentina y Paraguay, para avanzar" en acuerdos de intercambio de datos tributarios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que Uruguay no cumple los estándares por su régimen de acciones al portador y por no tener acuerdos de intercambio de datos con socios relevantes. El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para efectos fiscales de la OCDE sostuvo en el informe de Uruguay que en un año se revisará la situación. Pero, Astori apuntó a la "tranquilidad" y recordó que la fase dos de la revisión es "recién en 2014", por lo que "tenemos un lapso suficientemente extenso" para "considerar detenidamente estos instrumentos y dar satisfacción" a los planteos.
Señaló que "en los últimos años se ha venido acentuando el rigor del análisis internacional sobre estos aspectos" fiscales y que Uruguay "no lo puede ignorar". Agregó que en materia de sociedades anónimas un camino puede ser eliminar las acciones al portador y otro el de Alemania, que las mantiene pero garantizando que el Estado tendrá a disposición los datos de la identidad de sus propietarios cuando le sea pedida.
Fuentes del gobierno dijeron a El País que se evalúan dos alternativas para las sociedades anónimas al portador: la "salida a la Costa Rica" y la solución "alemana". La primera consiste en eliminar todo tipo de títulos al portador (acciones, fideicomisos), se crea un registro de los socios de las compañías y se obliga a guardar información cinco años para atrás. La segunda supone crear un registro de los accionistas al portador en la Dirección General Impositiva (a los efectos de que esté disponible el intercambio de esos datos si otro Estado lo requiere) pero para el resto de las actuaciones se mantiene la innominatividad.
Las fuentes señalaron que el gobierno esperaba que la OCDE objetara el régimen de sociedades y el no tener acuerdos de intercambio de datos con socios relevantes pero que aún así Uruguay pasaría a la fase dos "con reparos".
La OCDE divulgó ayer reportes de 13 países, entre ellos el de Uruguay -al que accedió El País- que señala que algunos elementos "cruciales para alcanzar un efectivo intercambio de información" no fueron implementados y "se recomienda que no se avance a la fase 2 de la revisión" hasta que se cumpla con ellos. De 10 aspectos que evaluó la OCDE, Uruguay no cumple dos, en otros dos sí, en cuatro cumple pero con la necesidad de hacer mejoras y en el último no se puede evaluar porque corresponde a la fase 2 (ver listado aparte).
"Aún queda trabajo para hacer", dice el informe, recibido en París por el jefe de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Nelson Hernández.
La OCDE sugiere "que Uruguay se mueva rápidamente" para tener una red de acuerdos más amplia, "particularmente con sus socios comerciales clave" y cita a Argentina y Brasil. Además, señala que hasta ahora solo rigen cinco acuerdos (Francia, Alemania, Hungría, México y España) y que en el resto solo se avanzó a nivel técnico o en la ratificación parlamentaria (Ecuador, Liechtenstein, Malta, Portugal y Suiza).
La firma de 12 acuerdos fue exigida a Uruguay en 2009, cuando fue ubicado en la "lista gris" de OCDE, que agrupaba a países comprometidos a colaborar con la transparencia fiscal pero que aún no han cumplido. Ahora ese requisito está materializado en solo dos de los 10 puntos que examina OCDE en la revisión de pares. Esos 10 puntos abarcan tres conceptos: disponibilidad de información, acceso oportuno a la misma e intercambio de datos.
El informe señala las "carencias" en la disponibilidad de información sobre la propiedad y la "falta de requisitos" para mantener documentación contable. "Si bien la capacidad de Uruguay para acceder a información relevante en general es correcta, varios problemas se han observado", dice.
Uruguay tiene en su legislación las obligaciones que requieren la retención de información contable y de propiedad relevantes. También contribuyen la regulación bancaria, el régimen anti-lavado de activos, así como el Código Tributario.
"En la mayoría de los casos, estas leyes crean suficientes requisitos para asegurar la disponibilidad de la información sobre identidad y propiedad. Sin embargo, las acciones al portador pueden todavía ser emitidas por sociedades anónimas y en comandita por acciones", dice OCDE. Añade que las medidas eficaces para apoyar algunas de las obligaciones de propiedad e identidad "no está clara".
En cuanto a los registros contables, se afirma que "la mayoría de las entidades e instrumentos" están sujetos a requisitos claros, pero surgen "inquietudes" cuando la entidad no paga impuestos en Uruguay, en cuyo caso el requisito de mantener los documentos por al menos cinco años "no está claramente establecido".
En cuanto al requisito de datos bancarios, el Foro entiende que sí se cumple. El informe refiere al régimen de flexibilización del secreto bancario donde se requiere aprobación del Poder Judicial para levantarlo, aunque le hace críticas. "Este régimen especial parece ser en general efectivo, pero plantea una cuestión relativa a la obligación de notificar a los contribuyentes que no parece ser consistente con los estándares", dice. También exige que la información disponible pueda ser retroactiva, es decir, anterior al 2 de enero de 2011.
El ministro de Economía de Francia, François Baroin, advirtió que los países sobre los que la OCDE demostró que "no respetan sus compromisos deben cumplirlos sin dilación. En caso contrario, se les podría aplicar una batería de sanciones".
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111027/pecono-602502/economia/propondran-un-acuerdo-para-dar-datos-en-mercosur-y-cambiaran-s-a-/
La OCDE anunció que Uruguay no pasó la fase uno de su revisión de pares y el gobierno hará ajustes para cumplir con estándares de transparencia fiscal: negociará con Argentina acuerdo de intercambio de datos y adaptará acciones al portador.
El presidente, José Mujica dijo anoche a El País que "por ahora" no hará declaraciones ya que prefiere que "hable el ministro de Economía (Fernando Lorenzo)", pero afirmó: "Pienso que no deberíamos quedar en la ilegalidad internacional, no nos conviene, punto".
En esa línea, el vicepresidente, Danilo Astori, dijo ayer que se estudiarán "las propuestas para conocer la identidad de los propietarios de las sociedades como para intercambiar información tributaria con países relevantes". Anunció que "Uruguay está decidido a hacer un planteo a nivel de los países del Mercosur, que incluye obviamente a Brasil, Argentina y Paraguay, para avanzar" en acuerdos de intercambio de datos tributarios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que Uruguay no cumple los estándares por su régimen de acciones al portador y por no tener acuerdos de intercambio de datos con socios relevantes. El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para efectos fiscales de la OCDE sostuvo en el informe de Uruguay que en un año se revisará la situación. Pero, Astori apuntó a la "tranquilidad" y recordó que la fase dos de la revisión es "recién en 2014", por lo que "tenemos un lapso suficientemente extenso" para "considerar detenidamente estos instrumentos y dar satisfacción" a los planteos.
Señaló que "en los últimos años se ha venido acentuando el rigor del análisis internacional sobre estos aspectos" fiscales y que Uruguay "no lo puede ignorar". Agregó que en materia de sociedades anónimas un camino puede ser eliminar las acciones al portador y otro el de Alemania, que las mantiene pero garantizando que el Estado tendrá a disposición los datos de la identidad de sus propietarios cuando le sea pedida.
Fuentes del gobierno dijeron a El País que se evalúan dos alternativas para las sociedades anónimas al portador: la "salida a la Costa Rica" y la solución "alemana". La primera consiste en eliminar todo tipo de títulos al portador (acciones, fideicomisos), se crea un registro de los socios de las compañías y se obliga a guardar información cinco años para atrás. La segunda supone crear un registro de los accionistas al portador en la Dirección General Impositiva (a los efectos de que esté disponible el intercambio de esos datos si otro Estado lo requiere) pero para el resto de las actuaciones se mantiene la innominatividad.
Las fuentes señalaron que el gobierno esperaba que la OCDE objetara el régimen de sociedades y el no tener acuerdos de intercambio de datos con socios relevantes pero que aún así Uruguay pasaría a la fase dos "con reparos".
La OCDE divulgó ayer reportes de 13 países, entre ellos el de Uruguay -al que accedió El País- que señala que algunos elementos "cruciales para alcanzar un efectivo intercambio de información" no fueron implementados y "se recomienda que no se avance a la fase 2 de la revisión" hasta que se cumpla con ellos. De 10 aspectos que evaluó la OCDE, Uruguay no cumple dos, en otros dos sí, en cuatro cumple pero con la necesidad de hacer mejoras y en el último no se puede evaluar porque corresponde a la fase 2 (ver listado aparte).
"Aún queda trabajo para hacer", dice el informe, recibido en París por el jefe de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Nelson Hernández.
La OCDE sugiere "que Uruguay se mueva rápidamente" para tener una red de acuerdos más amplia, "particularmente con sus socios comerciales clave" y cita a Argentina y Brasil. Además, señala que hasta ahora solo rigen cinco acuerdos (Francia, Alemania, Hungría, México y España) y que en el resto solo se avanzó a nivel técnico o en la ratificación parlamentaria (Ecuador, Liechtenstein, Malta, Portugal y Suiza).
La firma de 12 acuerdos fue exigida a Uruguay en 2009, cuando fue ubicado en la "lista gris" de OCDE, que agrupaba a países comprometidos a colaborar con la transparencia fiscal pero que aún no han cumplido. Ahora ese requisito está materializado en solo dos de los 10 puntos que examina OCDE en la revisión de pares. Esos 10 puntos abarcan tres conceptos: disponibilidad de información, acceso oportuno a la misma e intercambio de datos.
El informe señala las "carencias" en la disponibilidad de información sobre la propiedad y la "falta de requisitos" para mantener documentación contable. "Si bien la capacidad de Uruguay para acceder a información relevante en general es correcta, varios problemas se han observado", dice.
Uruguay tiene en su legislación las obligaciones que requieren la retención de información contable y de propiedad relevantes. También contribuyen la regulación bancaria, el régimen anti-lavado de activos, así como el Código Tributario.
"En la mayoría de los casos, estas leyes crean suficientes requisitos para asegurar la disponibilidad de la información sobre identidad y propiedad. Sin embargo, las acciones al portador pueden todavía ser emitidas por sociedades anónimas y en comandita por acciones", dice OCDE. Añade que las medidas eficaces para apoyar algunas de las obligaciones de propiedad e identidad "no está clara".
En cuanto a los registros contables, se afirma que "la mayoría de las entidades e instrumentos" están sujetos a requisitos claros, pero surgen "inquietudes" cuando la entidad no paga impuestos en Uruguay, en cuyo caso el requisito de mantener los documentos por al menos cinco años "no está claramente establecido".
En cuanto al requisito de datos bancarios, el Foro entiende que sí se cumple. El informe refiere al régimen de flexibilización del secreto bancario donde se requiere aprobación del Poder Judicial para levantarlo, aunque le hace críticas. "Este régimen especial parece ser en general efectivo, pero plantea una cuestión relativa a la obligación de notificar a los contribuyentes que no parece ser consistente con los estándares", dice. También exige que la información disponible pueda ser retroactiva, es decir, anterior al 2 de enero de 2011.
El ministro de Economía de Francia, François Baroin, advirtió que los países sobre los que la OCDE demostró que "no respetan sus compromisos deben cumplirlos sin dilación. En caso contrario, se les podría aplicar una batería de sanciones".
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111027/pecono-602502/economia/propondran-un-acuerdo-para-dar-datos-en-mercosur-y-cambiaran-s-a-/
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