Contadores, escribanos e inmobiliarias, entre otros agentes que están por fuera del sistema financiero son algunos de los obligados a reportar operaciones sospechosas en los que se prevé poner foco.
Es que según el gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU, Daniel Espinosa, si bien en total hay cerca de 10.000 agentes obligados a reportar operaciones sospechosas, "hay unos 9.000 que nunca vieron una operación no sospechosa ni siquiera inusual".
Ambos funcionarios disertaron ayer en las IV Jornadas de Derecho Bancocentralista. Adelantándose al debate que se puede generar por las acciones previstas, Bergara dijo que "hay que seguir adaptándose para no ampararse en la opacidad y correr el riesgo de perder reputación. Esto es como el investment grade, es un sello internacional imprescindible para que Uruguay fortalezca su reputación" y "para su inserción internacional" porque "el mundo va a seguir girando con o sin Uruguay adentro".
Para cumplir con los "deberes" que tiene el país se deberán hacer algunos cambios normativos que se prevén promover el próximo año.
Entre ellos figura el transparentar el beneficiario final de las sociedades y fideicomisos nacionales. En esto, la figura de los contadores, según Bergara, cobrará mayor dimensión y tendrá más responsabilidades a la hora de reportar operaciones sospechosas.
También se buscará tipificar los delitos fiscales como precedentes de lavado de activos (por ejemplo la evasión de impuestos será considerada precedente de lavado), lo que prevén que aporte más información.
Ya el presupuesto incluyó un incremento de fondos para la creación de una unidad de análisis dentro de la UIAF para que no solo opere de forma reactiva cuando reciba una denuncia sino que realice investigación propia. Asimismo, el presupuesto previó la creación de una Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que tendrá, entre otras, la potestad de "practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados" en caso de que existan indicios de posibles operaciones ilícitas.
Asimismo le da potestad para exigir documentación y en caso de no recibirla podrá sancionar a los agentes.
¿Qué hay detrás?
La clave del por qué se ajustarán los mecanismos de control radica en que el organismo que supervisa el control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel internacional, el GAFI, realizará una evaluación de Uruguay en 2019 y entre las modificaciones que hizo a su metodología se encuentra que ya no solo analiza que el país cuente con una cierta norma sino la efectividad de la misma. Para esto el gobierno deberá exhibir estadísticas que muestren que todos los aspectos están siendo controlados, dijo el secretario Antilavado de Activos Carlos Díaz.
Esto va en línea con los mecanismos que utiliza la OCDE que no solo verifica la existencia de normativa que facilite el intercambio de información tributaria sino cómo opera esa normativa en los hechos.
El problema al que se enfrentan las autoridades es que, por ejemplo, entre enero y julio recibieron 199 reportes de operaciones sospechosas, en un 90% del sistema financiero. Pero hay múltiples sectores que en los últimos 10 años no han brindado información, tal es el caso de rematadores y zonas francas.
Según datos presentados en las jornadas, entre 2004 y 2014 el Banco Central recibió 1.906 reportes de operaciones sospechosas de los cuales 1.439 (75,4%) corresponde a 20 sujetos obligados a hacerlo.
"Hoy no hay percepción de riesgo de ser sancionado", dijo Espinosa, quien afirmó que actualmente "nos preocupa el sector de valores porque no estamos recibiendo los reportes que deberíamos".
Entre los obligados a reportar situaciones sospechosas de lavado de dinero figuran inmobiliarias, casinos, escribanos, rematadores, zonas francas y las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales. En el proyecto de ley del Presupuesto se incluyó también a las empresas constructoras.
La idea es "controlar más" a los agentes que habitualmente no generan reportes de forma que éstos comiencen a informar de manera más sistemática. De lo contrario prevén incrementar las sanciones.
"Si se detecta una operación de lavado que no haya sido reportada por los agentes ya existen penas", advirtió Bergara, quien en un guiño sobre el alcance que eso puede llegar a tener recordó que el año pasado el Ministerio de Economía sancionó al escribano y al operador inmobiliario que participaron de la venta de la estancia El Entrevero con una multa de US$ 276.035 y US$ 88.934 respectivamente, por incumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley de lavado.
Los amigos y los parientes.
Uno de los requisitos del GAFI es que exista la figura del agente encubierto dada su utilidad para identificar a los delincuentes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. El mismo debe ser un funcionario público.
Pero la posibilidad de cumplir es vista con dificultad. "No sé como vamos a cumplirlo porque en Uruguay la mitad somos parientes y la otra mitad somos amigos y cuando hubo un agente encubierto terminó procesado, pero vamos a cumplir con el GAFI", dijo la jueza letrada de Crimen Organizado Adriana de los Santos.
Según la jueza quienes lavan dinero en su mayoría "están muy bien asesorados" y generalmente "forman sociedades y las vinculan con otras sociedades" lo que hace difícil su detección.
