Fijan devolución de impuestos con Argentina para asegurar inversión.

Datos. Pedidos de información que hará la AFIP no podrán ser "al barrer"

Argentina y Uruguay trabajan sobre "documentos cercanos a su versión final a nivel técnico" del acuerdo de intercambio de datos tributarios. Se garantizará evitar doble imposición aún si cambia la ley argentina y no habrá "expediciones de pesca".

En una negociación que corre por un canal diferente a la situación generada por las trabas comerciales, técnicos de ambos países trabajan en "documentos cercanos a su versión final" de un convenio de intercambio de información tributaria.

Fuentes oficiales dijeron a El País que si bien el evitar la doble tributación está comprendido en la ley argentina que consagra un crédito fiscal por tributos pagados en otro país, al llevar eso al "estatus de acuerdo binacional" es una "garantía importante" para futuros inversores.

Por otro lado, en el convenio se incluirá la prohibición de realizar "fishing expeditions" (expediciones de pesca), esto es que un fisco pueda pedir al otro datos al barrer de contribuyentes para obtener información.

"No es que te mando 350 nombres y preguntas al barrer", graficó una fuente. Los pedidos de información que seguramente haga la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina tienen que ser en el marco de una investigación por defraudación tributaria y sobre las personas o empresas específicamente investigadas. Lo mismo ocurriría si la Dirección General Impositiva (DGI) solicitara datos al vecino país.

Esto no es menor y puede disipar las dudas que tienen los empresarios del sector inmobiliario, por ejemplo, agregó un informante. Es que la AFIP no podría pedir información sobre quiénes son dueños de inmuebles en Uruguay, salvo en un caso puntual y específico.

Otro aspecto del convenio es que los inspectores de la AFIP no podrán fiscalizar en territorio uruguayo.

Las fuentes del gobierno destacaron el hecho de llevar al acuerdo entre ambos países lo que ya existe a nivel legal en Argentina que es el crédito fiscal para empresas que ya pagaron impuestos en otro país.

Eso "es estratégico para la localización de inversiones", afirmaron.

"No es para a las empresas actuales liberarlas de la carga tributaria porque pagan dos veces", agregó uno de los informantes.

"Aspiramos a seguir recibiendo inversiones de todas partes del mundo y de Argentina también", afirmó.

Al establecerlo en el acuerdo se logra que si mañana Argentina decide cambiar su normativa de crédito fiscal, las empresas y personas de ese país con inversiones en Uruguay puedan igual disponer de él. "No es poca cosa", aseguró la fuente.

Cuando comenzaron a negociar el convenio, los técnicos argentinos plantearon a sus pares uruguayos cuál era el apuro que tenían en establecer mecanismos para evitar la doble tributación, si Uruguay no grava las rentas en el exterior en su gran mayoría. Los informantes señalaron que el crédito fiscal y los mecanismos para evitar la doble tributación es "una garantía importante y nosotros queremos que tenga carácter de acuerdo binacional".

Otro punto del convenio refiere a la no retroactividad en los pedidos de información.

Esto significa que los datos que puede otorgar Uruguay "en el marco de una investigación tributaria, es información posterior a la entrada en vigencia" del acuerdo.

Por ejemplo, si un argentino que es investigado por la AFIP por presunción de defraudación de impuestos compró un inmueble en Uruguay, lo vendió previo a la entrada en vigencia del acuerdo y logró una ganancia con ello, la DGI no podrá darle a la AFIP esa información.

Si en el mismo caso investigado, el argentino compró el inmueble previo a la vigencia del acuerdo y lo mantuvo, la DGI podrá aportarle a la AFIP el dato del patrimonio de esa persona (es decir que tiene un inmueble) pero no cuándo efectuó la transacción ni el monto.

Otro ejemplo que manejó una de las fuentes es que "no vas a pasar información de balances de empresas de ejercicios anteriores" a la entrada en vigencia del acuerdo.

Según algunos medios argentinos, el convenio regiría 30 días después del "canje de instrumentos de ratificación". Esto es 30 días después que los parlamentos lo hayan aprobado y cada parte sea notificada.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/120305/pecono-628613/economia/fijan-devolucion-de-impuestos-con-argentina-para-asegurar-inversion/

Costo constructivo.

En enero, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) que también elabora el INE subió 0,41%, corrigiendo el número índice a 329,22. Con esa modificación del indicador, la variación de los últimos 12 meses fue de 13,78%. El número índice de materiales subió 0,74%, debido a que el indicador subió a 339,57. En mano de obra,la suba mensual fue de 0,19%

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/hoy/portada/economia.html

DGI podrá acceder a nombres de titulares de acciones al portador.

Quedará habilitada a pedir información en el marco de investigaciones por defraudación.

Si bien el Ministerio de Economía (MEF) resolvió excluir a la Dirección General Impositiva (DGI) del control de las nóminas de titulares de acciones al portador de sociedades anónimas, el organismo recaudador podrá acceder a esa información en el marco de fiscalizaciones y ante la presunción de defraudación impositiva, según quedará definido en el proyecto de ley que modificará ese régimen jurídico.

La principal corrección que introducirá Economía sobre el texto originalmente redactado será depositar en la Auditoría Interna de la Nación (AIN) la facultad de resguardar la información de los titulares de acciones al portador.

No obstante, la DGI –que en principio cumpliría esa función– podrá solicitar los datos a la AIN por la vía administrativa y sin intervención de la Justicia, siempre que el pedido se concrete para empresas puntuales que estén bajo investigación. Además la DGI seguirá siendo el nexo para el traspaso de la información a fiscos extranjeros que la soliciten, aunque en esos casos no podrá hacer uso de ella.

Otro de los cambios previstos permitirá exonerar a las personas jurídicas extranjeras que no tengan una “actividad económica sustantiva” en el país de identificar a sus accionistas, aunque todavía no está definido qué criterio será utilizado para definir ese extremo.

Se deberá establecer si estarán ,obligadas a explicitar la nómina de accionistas firmas que tengan un inmueble o un depósito bancario, a modo de ejemplo, pero que su actividad económica no sea relevante a nivel local, comentaron informantes que participaron de los contactos con Economía.

También se buscará establecer límites a la determinación de la figura del “beneficiario efectivo”, que en grandes líneas implica la identificación del titular último de la renta generada por una actividad económica. En caso de que el beneficiario de una actividad de fuente local sea en última instancia una persona jurídica del exterior, se buscará que la responsabilidad en la determinación de sus titulares quede limitada exclusivamente a las sociedades que operan en los límites territoriales.

Los cambios a estudio fueron transmitidos por asesores del MEF que trabajan en la redacción del texto a representantes empresariales, en contactos mantenidos en los últimos días en el marco de una ronda de difusión del proyecto que lleva adelante la Secretaría de Estado con el sector privado.

Desde el MEF confirmaron a El Observador que se “abrió un proceso de análisis” para la redacción del nuevo texto pero evitaron dar mayores detalles.

Entre los expertos tributarios consultados por El Observador quedó flotando la percepción de que se optó “por el camino del medio”.

El “peor” de los escenarios, ya descartado, facultaba a la DGI a ser depositaria de la información de la nómina de titulares de acciones.

En el otro extremo, y el más conveniente para el sector privado según la consideración de profesionales, era la eliminación lisa y llana del régimen. Con esa hipótesis, se iría hacia un sistema con acciones nominativas donde el listado de titulares quedaría a resguardo de cada empresa. Economía descartó esa opción.

En cambio, en el modelo “intermedio” que resolvió aplicar el MEF será otra entidad estatal, la Auditoría Interna de la Nación, la que se encargará de compilar la información. Para garantizar la confidencialidad de los datos, el gobierno pretende endurecer las sanciones para los funcionarios de la AIN que cometan infidencias o hagan un mal manejo de la información, según se establecerá en el proyecto de ley. Además, se generará un procedimiento para que todas las SA con acciones al portador puedan convertirse a nominativas si así lo desean.

La nueva redacción permitirá generar una “base de apoyo” en el entorno empresarial “mucho mayor” que la que tenía la idea original, informaron fuentes al tanto de las negociaciones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) exigió la modificación del régimen de acciones al portador, además de la firma de acuerdos de intercambio de información tributaria con Argentina y Brasil para excluir a Uruguay de la lista de países poco colaboradores en la lucha contra el lavado de activos.

Cambios van en la “mejor” dirección
Marcelo Lombardi, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, se limitó a decir que los cambios que proyecta el gobierno para el proyecto que modifica el régimen de acciones al portador “van en la mejor dirección para los intereses de Uruguay”.
Otro de los sectores que analizó el tema con el ministro Fernando Lorenzo fue la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). El martes una delegación encabezada por su titular Ariel Cagnoli y los directivos Anibal Durán y Ricardo Weiss salieron conformes de la reunión porque percibieron que se va “hacia un camino de equilibrio entre las partes”. Weiss, uno de los principales impulsores de la construcción en Punta del Este, dijo a El Observador que “lo importante es ir despejando incertidumbres, porque con incertidumbre la gente se queda quieta”. Dijo que los cambios son “una buena señal”.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/219635/dgi-podra-acceder-a-nombres-de-titulares-de-acciones-al-portador/

Expertos cierran filas en contra de la identificación de accionistas.

Lo que tenemos que hacer es jugar al fútbol. Si Suárez la atajó con la mano, ¡qué importa! Salimos cuartos. No hay nada que cambiar”, dijo elevando el tono el ex presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, hablando desde el público como “un empresario indignado” por el proyecto de ley que elevó al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que busca satisfacer la exigencia de la OCDE de eliminar el sistema de acciones al portador, al tiempo que le concede mayores potestades a la Dirección General Impositiva (DGI). Presagió una huida de capitales argentinos y el fin del “Uruguay productivo”. Minutos atrás, era uno más de los oyentes de un auditorio repleto de empresarios, contadores y abogados que escuchaban a otros empresarios, contadores y abogados hablar de tributación. Durante el espacio de preguntas, sin embargo, se adueñó del micrófono y recibió el aplauso y la aprobación del auditorio que superó a la prodigada a los propios conferencistas.

En la sala de actos de la Bolsa de Valores de Montevideo, la Cámara de Comercio y Servicios reunió a los principales referentes locales en tributación internacional para debatir la iniciativa oficial de modificación del régimen de acciones al portador. El proyecto de ley faculta a la DGI a identificar a los accionistas locales y extranjeros que participan en sociedades uruguayas bajo ese régimen.

La opinión entre los expertos fue unánime: el Poder Ejecutivo fue demasiado lejos en el proyecto, más de lo que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más de lo que se estila a nivel internacional y más de lo que están dispuestos a conceder algunos inversores. Como consecuencia, coinciden, el nuevo régimen podría constituirse en un freno al ingreso de capitales.

La iniciativa es comparada por los expertos con la apertura de las bases de datos del Banco Central con información sobre las deudas de 550 mil usuarios del sistema bancario, con la exigencia por parte de la DGI a las instituciones educativas privadas de brindar información financiera y la apertura del secreto bancario.

Señalan que el derecho a la intimidad, defendido por la Constitución y la normativa internacional, está siendo vulnerados por la actual administración.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/218422/expertos-cierran-filas-en-contra-de-la-identificacion-de-accionistas/

Críticas a proyecto sobre identificación de sociedades.

La Cámara de Comercio realizó ayer un desayuno de trabajo para exponer sobre el proyecto de ley sobre identificación de titulares en sociedades comerciales. Los expositores coincidieron en que el proyecto que espera aprobación parlamentaria es perjudicial para los contribuyentes y que de ponerse en funcionamiento sería el hecho más grave realizado por el actual gobierno.

La apertura del evento estuvo a cargo del Presidente de la Cámara, Marcelo Lombardi, quien resaltó dos elementos que a su juicio marcan la preocupación del sector empresarial.

En primer lugar, cuestionó que el organismo que centralizaría la información sea la Dirección General Impositiva (DGI). Esta solución, le otorga más facultades y herramientas que se suman a las actuales, en detrimento de conferir garantías y derechos a los contribuyentes. En su opinión, se deberían evaluar otras opciones para sistematizar dicha información, por ejemplo, en el sector privado a través de un acuerdo fiduciario a favor de gremiales empresariales o estudios profesionales, o instituciones financieras, dijo Lombardi.

El empresario agregó que, en segundo lugar, se obliga a identificar a la institución que viene del exterior sin límite alguno. Esto afectará directamente a sectores muy intensivos en mano de obra como la construcción y los servicios, y pondrá en riesgo inversiones actuales o futuras.

Al momento de su exposición, el ex ministro de Economía Ignacio de Posadas consideró que este proyecto sería lo más grave que ha hecho el actual gobierno, por las consecuencias económicas y sociales que tendrá para nuestro país. En efecto señaló: “Acá hay un quiebre fundamental en lo que es la esencia del Uruguay desde hace más de un siglo”, sostuvo.

Cuestionó fuertemente las razones esgrimidas públicamente para impulsarlo y dejó en claro que en su opinión, esto está motivado por preconceptos ideológicos en los que se establece una falsa dicotomía entre el país productivo y el país de servicios

Continuando con las críticas, Fernando Jiménez de Aréchaga manifestó que el presente proyecto atentaría contra el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución y diversos instrumentos internacionales, además de mencionar otros ejemplos de normas y resoluciones que conllevan a la misma solución.

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2012feb09/eco02.html

Acciones al portador: fuertes críticas de principales estudios

Foro tributario. Expertos creen que habría sido más práctico eliminar las acciones al portador Afirman que el proyecto va más allá de lo exigido por OCDE Dicen que afectará la intimidad y las inversiones.

Los principales estudios jurídicos acusaron al Ejecutivo de no adoptar alternativas menos perjudiciales para el país, al criticar el proyecto de ley para identificar a titulares de acciones al portador, que va "más allá" de lo exigido por OCDE.

Las visiones de sus expertos fueron ayer el motivo de una muy concurrida conferencia organizada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), titulada "Identificación de titulares en sociedades: `¿qué está en juego para Uruguay`". Allí pidieron que no se vote el proyecto a tapa cerrada y se tomen en cuenta sus aportes. Los panelistas rechazaron el alcance del proyecto de ley sobre acciones al portador que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el 27 diciembre, motivado por las exigencias del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Si el país no tiene un registro de los titulares de esas acciones no puede dar información completa a fiscos extranjeros cuando se la soliciten sobre sus contribuyentes con activos en Uruguay.

Una de las principales críticas fue que la Dirección General Impositiva (DGI) sea el organismo que reciba la información proporcionada por las sociedades anónimas. Otras fueron que el pedido de datos alcanza a la identidad de los beneficiarios últimos (y no solo de accionistas), así como la amplitud de las sociedades del extranjero obligadas a informar.

Incluso el titular de la CNCS, Marcelo Lombardi, expresó la oposición del empresariado al proyecto (ver nota aparte).

El contador Nicolás Juan, de Guyer & Regules, señaló que los datos identificatorios que pide el proyecto no solo alcanzan a los accionistas directos sino que el proyecto "va más allá, va a la identificación del beneficiario final" (la persona física detrás de las jurídicas, ya sean uruguayas o extranjeras), mientras que la OCDE pidió menos.

Juan dijo que el organismo se conformaba con que se conociera la identidad de las sociedades extranjeras que tienen establecimiento permanente en el país y no de todas como dice el proyecto. También cuestionó que la DGI reciba los datos y la obligación de informar cada vez que se modifica la tenencia del capital accionario.

Antes que aprobar este proyecto, estimó "más sencillo" transformar las acciones al portador e ir hacia el régimen de sociedades nominativas. Esto obliga al accionista a registrarse en un libro social guardado en la sociedad, que solo ante una investigación específica de un órgano competente se puede revisar y analizar.

El tributarista del estudio Ferrere Alberto Varela estuvo de acuerdo en que transformar las acciones al portador es una mejor alternativa. De hecho, dijo que otros países que tienen "la bendición de OCDE" optaron por soluciones más acotadas que la del gobierno local.

Por ejemplo, Austria, Canadá, Dinamarca y Finlandia establecieron que la información se diera a proveedores de servicios privados (bancos o estudios jurídicos y notariales). En tanto, en Polonia, Irlanda y Liechtenstein se dan los datos a una entidad gubernamental o privada según el tipo de sociedad. Otros, comunican a una entidad del gobierno que no es el fisco (como podría ser el Banco Central o la Auditoría Interna de la Nación). En otros países solo se registra a accionistas "titulares de más de un equis porcentaje del capital accionario", como Alemania. "Nada de esto aparece en el proyecto", afirmó Varela.

Por su parte, el abogado Fernando Jiménez de Aréchaga dijo que el derecho a la intimidad está siendo avasallado por la serie de medidas que tomó el gobierno para cumplir con estándares que definen los países desarrollados. A su vez, afirmó que las presiones de OCDE para que Uruguay cumpla con sus exigencias podrían violar el principio de no intervención pacíficamente admitido en el derecho internacional público.

En tanto, el abogado y ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, señaló que el proyecto "va a tener un impacto económico y social enorme", porque "pega" sobre miles de inversiones y sus actividades asociadas.

Asimismo, criticó que el gobierno plantee una dicotomía entre país productivo y plaza financiera y se refiera a la intimidad como "opacidad". "La gente quiere mantener su privacidad en sus actividades económicas por razones que son de incumbencia del gobierno mientras no violen ninguna ley", dijo.

El abogado Carlos Loaiza, del estudio Sanguinetti/Foderé, coincidió en que Uruguay debería tener "cautela" y mantenerse entre los países "no reprochados" sin figurar entre los "aplaudidos" por la OCDE. También criticó que el no se estimara el costo-beneficio que supone hacer los cambios planteados en el proyecto.

La visión de los expertos
De Posadas: "Se cede a las presiones mucho más de lo que se puede pedir"
Se cede a las presiones mucho más allá de lo que razonablemente se puede pedir. La estructura del proyecto de ley no existe en ninguna legislación en el mundo; lo que estaríamos haciendo en nuestro perjuicio es algo que nadie ha hecho: desvestir no solo la información sobre los accionistas de las sociedades sino a los accionistas de los accionistas de los accionistas sea donde sea que estén en el mundo. Solo lo hacemos nosotros, que durante un siglo construimos un país serio y hospitalario con las inversiones que no parece explicar los problemas fiscales de otros países".

Loaiza: "El sector público no analizó cuál es la pérdida de inversión posible"
Aquí no hubo un análisis de costo-beneficio de cuál es la pérdida de inversión posible. No lo hizo el sector privado, pero tampoco el público, que era el primer responsable de hacerlo. No sabemos cómo va a impactar, pero si medimos por el nerviosismo de muchos inversores en Argentina está claro que es un problema, un asunto a debatir. El proyecto de ley podría haber exigido la identificación de los titulares para sociedades del extranjero solo cuando tienen establecimiento permanente. Eso hubiera excluido, por ejemplo, a activos inmobiliarios".

Jiménez de Aréchaga: Entre gobierno y OCDE hay "retroalimentación diabólica"
Las normas y resoluciones que se han sancionado en muy poco tiempo, en un año o medio dos, todas constituyen un avance cada vez más progresivo sobre el derecho a la intimidad en una especie una retroalimentación diabólica entre la OCDE y las propias autoridades de gobierno. Emiten recomendaciones y el gobierno no solo las implementa sino que incluso va más allá". Como antecedentes mencionó la central de riesgos del Banco Central, la flexibilización del secreto bancario, la imposición a rentas del exterior y los pedidos de datos de la DGI.

Varela: "¿Tenemos que avergonzarnos de las cosas que estábamos haciendo?"
Nuestro provincialismo enfermizo nos lleva a creer que todos los pedidos del mundo desarrollado están bien. ¿Tenemos que avergonzarnos de las cosas que estábamos haciendo? No es inmoral gravar únicamente la renta que se genera en Uruguay ni negarse a dar información a los fiscos extranjeros ni proteger la intimidad de las personas con secreto bancario. No es inmoral que los titulares de acciones al portador sean anónimos. Pueden ser cosas discutibles, pero nos salteamos la discusión. Si renunciamos a esta estaríamos cumpliendo con culpa.

Juan: Como en ciclismo, "ir al ladito del pelotón o se retirarán inversores"
La pregunta es si realmente tenemos que ir por una opción de avanzada, con un proyecto de ley innovador como el del gobierno. En la Vuelta Ciclista hay un pelotón, escapados y rezagados. Uruguay está rezagado y la mentalidad de un ciclista rezagado es alcanzar el pelotón y trabajar en él. Este proyecto está diciendo que el ciclista llega al pelotón, lo mira y se escapa rápido. Ese ciclista pierde el aire y lo vamos a perder. Tenemos que ser prudentes e ir siempre al ladito del pelotón (nuestros competidores en la búsqueda de inversiones). Si nos escapamos, algún inversor se nos puede retirar".

La CNCS advierte por poder de la DGI
El presidente reclamó consultar a los privados

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Marcelo Lombardi, reclamó al gobierno que tenga en cuenta la visión del sector privado al momento de negociar con Argentina un acuerdo de intercambio de información y al aprobar la ley que introduce cambios al régimen de acciones al portador.

Lombardi señaló que Uruguay está "inmerso en un vecindario complicado" y que el apoyo y la visión del sector privado "resulta clave". "Esperamos fervientemente que podamos aportar nuestro grano de arena", dijo, con la intención de que se tomen las decisiones que permitan "minimizar las pérdidas" para el país.

El titular de la Cámara indicó que los avances en la negociación con Argentina fueron "sin participación del sector privado", a pesar de que la gremial empresarial le propuso al presidente de la República, José Mujica, y al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, poner sus técnicos a trabajar en conjunto con los negociadores. "No pudo ser materializado", afirmó.

En cuanto al proyecto de ley, criticó una vez más que sea la Dirección General Impositiva (DGI) la institución que realice el registro, ya que su poder sobre los contribuyentes es "cada vez mayor".

En cambio, Lombardi propuso que la entidad a cargo de esa tarea sea una institución financiera, estudios jurídicos, instituciones de representación empresarial o incluso la Auditoría Interna de la Nación (si fuera en el sector público), ya que esto es "una señal más amigable para el inversor".

"El otorgamiento de nuevas facultades a la DGI, quien manejaría más información, no puede llevar a realizar `expediciones de pesca` con indicios que obtenga y no con una determinación sobre base cierta como se deriva del artículo 66 del Código Tributario", dice un comunicado divulgado ayer por la Cámara.

La gremial empresarial sostiene que la identificación de los titulares de las sociedades anónimas ante la DGI, para que pueda proporcionarla ante pedidos de fiscos extranjeros, debe cumplirse con "mucha cautela" para no poner en riesgo el stock de inversiones actuales y las futuras.

En ese sentido, considera que la obligación de proporcionar datos debería recaer sobre las sociedades regidas por la ley 16.060 y no para aquellas sociedades extranjeras que tienen activos en el país.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/120209/pecono-623590/economia/acciones-al-portador-fuertes-criticas-de-principales-estudios/

BVM ve dificultades para detectar dueños de acciones.

Montaldo dice que proyecto es "partida de defunción".
El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Pablo Montaldo dijo a El País que si el proyecto de ley que establece la identificación de los propietarios de acciones o fideicomisos al portador se aprueba tal como está, "es la partida de defunción del mercado accionario".

"Si no se modifica el proyecto, la parte accionaria de la BVM desaparece", agregó. Por eso se reunirá con los abogados de la entidad la próxima semana para estudiar el tema y "hacer un planteo" al gobierno.

A fines de 2011, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que establece que los dueños de acciones al portador deberán presentar una declaración jurada a la entidad emisora de las acciones para identificarse. Luego, la entidad emisora de las acciones deberá presentar a la Dirección General Impositiva (DGI) en una declaración jurada la información recibida del propietario de la acción y su porcentaje de participación. A su vez, debe reportar cuando hay cambios en la propiedad de las acciones.

Montaldo señaló que "no" está "en contra del proyecto" pero señaló que el problema se genera por el motivo de que las empresas cotizan sus acciones en Bolsa, donde se generan transacciones y por ende cambios de propietario de esos títulos todos los días.

Ahí "la empresa no se entera cuándo hay una transacción en la Bolsa, los que sí saben son los corredores" bursátiles, que podrían informar. Ahora "si hay un mercado fluido de acciones, ¿cómo hacés? Es inviable", aseguró. El presidente de la BVM entiende que hay que "hacer más práctico" el proyecto "para la parte de acciones o fideicomisos al portador que cotizan en Bolsa".

Explicó que "en otros países desarrollados se exceptúa" a las empresas que cotizan sus acciones de informar los cambios de propietarios.

Con el proyecto el gobierno busca avanzar "hacia una convergencia técnica con los estándares internacionales" en "prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo" y superar una de las observaciones del Foro Global sobre Transparencia Fiscal que no le permitió avanzar de fase.

Según Montaldo, "el combate al lavado de dinero se logra con que los corredores conozcan a sus clientes y punto". La normativa del Banco Central ya establece eso.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/120112/pecono-618073/economia/bvm-ve-dificultades-para-detectar-duenos-de-acciones/