El 96.5% de los depositantes en el sistema financiero son residentes en el país, según un informe de la consultora Deloitte. Sin embargo, en volumen de negocios el promedio de depósitos de los ahorristas residentes en el país es de US$ 11.201 y el de los no residentes de US$ 54.683.
El promedio de depósitos en los bancos de los residentes en Uruguay aumentó 213 dólares en los dos primeros meses del año, al pasar de 10.988 en diciembre de 2011 a 11.201 en febrero de 2012.
Los residentes tienen en los bancos un promedio de US$ 11.201. En los bancos privados la media es de 13.538 dólares, en tanto en el Banco de la República llega a US$ 9.335.
Las cifras surgen del Análisis del desempeño del sistema financiero en el Uruguay, realizado por la consultora Deloitte, al cierre del mes de febrero.
Además del banco oficial, el análisis incluye a los bancos de la Nación Argentina, Itaú, Santander, Heritage, Bandes, BBVA, Citi, Discount, Hsbc, Lloyds y Nuevo Banco Comercial.
El informe revela que las doce instituciones analizadas tienen 1.664.933 depositantes, de los cuales 902.774 son del Brou (54.2) y 762.159 (45.8%) de los privados. El 96.5% de los depositantes son residentes en el país.
En este período estos bancos sumaron en conjunto 18.218 depositantes, 1.1% más que al concluir 2011. De ese total el República captó 10.270 clientes (56%) y los privados 7.948.
El promedio de depósito en el conjunto, incluyendo ahorristas residentes y no residentes, es de 12.780 dólares. En las instituciones privadas la media es de U$S 16.481 y en el Brou de U$S 9.655.
El promedio de depósitos de los ahorristas residentes en el país es de US$ 11.201 y el de los no residentes de US$ 54.683. En dos meses de 2012 el promedio de depósitos aumentó 261 dólares (2.1%). En los privados la cantidad ahorrada creció promedialmente US$ 419 (+ 2.6%) y en el República US$ 131 (1.4%).
Entre los privados, Nuevo Banco Comercial tiene la mayor cantidad de depositantes (201.380), seguido por Santander (176.739) e Itaú (131.449).
En los dos primeros meses de 2012 la institución que incrementó más su cartera de depositantes fue Citi (+ 6.4%). También destaca el desempeño de Discount (+ 4.1%) y Nuevo Banco Comercial (+ 2.8%).
El 78.6% de los depósitos es por montos iguales o menores a US$ 5.000. Sólo el 2.2% de las cuentas tiene más de 100.000 dólares.
El Heritage tiene el mayor promedio de ahorro, con US$ 136.859 por depositante. Luego se ubican el Lloyds (61.424) y el Citi (53.988).
Fuente: http://genteynegocios.elpais.com.uy/ahorristas-aumentan-sus-cuentas-bancarias
El blog lista información relevante de Uruguay, útil para inversores y empresas residentes y no-residentes en el país (y extranjeros) que quieran realizar inversiones en Uruguay o utilizar la plaza local como plataforma para sus negocios internacionales. (by FDI: www.fdinternational.com)
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lunes, 9 de abril de 2012
jueves, 1 de marzo de 2012
Costo constructivo.
En enero, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) que también elabora el INE subió 0,41%, corrigiendo el número índice a 329,22. Con esa modificación del indicador, la variación de los últimos 12 meses fue de 13,78%. El número índice de materiales subió 0,74%, debido a que el indicador subió a 339,57. En mano de obra,la suba mensual fue de 0,19%
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/hoy/portada/economia.html
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/hoy/portada/economia.html
jueves, 12 de enero de 2012
BVM ve dificultades para detectar dueños de acciones.
Montaldo dice que proyecto es "partida de defunción".
El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Pablo Montaldo dijo a El País que si el proyecto de ley que establece la identificación de los propietarios de acciones o fideicomisos al portador se aprueba tal como está, "es la partida de defunción del mercado accionario".
"Si no se modifica el proyecto, la parte accionaria de la BVM desaparece", agregó. Por eso se reunirá con los abogados de la entidad la próxima semana para estudiar el tema y "hacer un planteo" al gobierno.
A fines de 2011, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que establece que los dueños de acciones al portador deberán presentar una declaración jurada a la entidad emisora de las acciones para identificarse. Luego, la entidad emisora de las acciones deberá presentar a la Dirección General Impositiva (DGI) en una declaración jurada la información recibida del propietario de la acción y su porcentaje de participación. A su vez, debe reportar cuando hay cambios en la propiedad de las acciones.
Montaldo señaló que "no" está "en contra del proyecto" pero señaló que el problema se genera por el motivo de que las empresas cotizan sus acciones en Bolsa, donde se generan transacciones y por ende cambios de propietario de esos títulos todos los días.
Ahí "la empresa no se entera cuándo hay una transacción en la Bolsa, los que sí saben son los corredores" bursátiles, que podrían informar. Ahora "si hay un mercado fluido de acciones, ¿cómo hacés? Es inviable", aseguró. El presidente de la BVM entiende que hay que "hacer más práctico" el proyecto "para la parte de acciones o fideicomisos al portador que cotizan en Bolsa".
Explicó que "en otros países desarrollados se exceptúa" a las empresas que cotizan sus acciones de informar los cambios de propietarios.
Con el proyecto el gobierno busca avanzar "hacia una convergencia técnica con los estándares internacionales" en "prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo" y superar una de las observaciones del Foro Global sobre Transparencia Fiscal que no le permitió avanzar de fase.
Según Montaldo, "el combate al lavado de dinero se logra con que los corredores conozcan a sus clientes y punto". La normativa del Banco Central ya establece eso.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/120112/pecono-618073/economia/bvm-ve-dificultades-para-detectar-duenos-de-acciones/
El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Pablo Montaldo dijo a El País que si el proyecto de ley que establece la identificación de los propietarios de acciones o fideicomisos al portador se aprueba tal como está, "es la partida de defunción del mercado accionario".
"Si no se modifica el proyecto, la parte accionaria de la BVM desaparece", agregó. Por eso se reunirá con los abogados de la entidad la próxima semana para estudiar el tema y "hacer un planteo" al gobierno.
A fines de 2011, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que establece que los dueños de acciones al portador deberán presentar una declaración jurada a la entidad emisora de las acciones para identificarse. Luego, la entidad emisora de las acciones deberá presentar a la Dirección General Impositiva (DGI) en una declaración jurada la información recibida del propietario de la acción y su porcentaje de participación. A su vez, debe reportar cuando hay cambios en la propiedad de las acciones.
Montaldo señaló que "no" está "en contra del proyecto" pero señaló que el problema se genera por el motivo de que las empresas cotizan sus acciones en Bolsa, donde se generan transacciones y por ende cambios de propietario de esos títulos todos los días.
Ahí "la empresa no se entera cuándo hay una transacción en la Bolsa, los que sí saben son los corredores" bursátiles, que podrían informar. Ahora "si hay un mercado fluido de acciones, ¿cómo hacés? Es inviable", aseguró. El presidente de la BVM entiende que hay que "hacer más práctico" el proyecto "para la parte de acciones o fideicomisos al portador que cotizan en Bolsa".
Explicó que "en otros países desarrollados se exceptúa" a las empresas que cotizan sus acciones de informar los cambios de propietarios.
Con el proyecto el gobierno busca avanzar "hacia una convergencia técnica con los estándares internacionales" en "prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo" y superar una de las observaciones del Foro Global sobre Transparencia Fiscal que no le permitió avanzar de fase.
Según Montaldo, "el combate al lavado de dinero se logra con que los corredores conozcan a sus clientes y punto". La normativa del Banco Central ya establece eso.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/120112/pecono-618073/economia/bvm-ve-dificultades-para-detectar-duenos-de-acciones/
jueves, 29 de diciembre de 2011
Ya intercambiaron borradores con Argentina por datos.
Negocian que investigadores no crucen el charco.
Los gobiernos de Uruguay y Argentina ya trataron "borradores" para un acuerdo de intercambio de información tributaria con ambos países, basados en el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero con "varias modificaciones" a propuesta uruguaya, dijeron a El País fuentes oficiales.
Esas propuestas buscan dar "más garantías" como la de establecer mecanismos para evitar la doble tributación (que la persona paga tributos por la misma actividad en Uruguay y Argentina). En ese sentido, señalaron que Uruguay busca que se reconozca un crédito fiscal por los impuestos pagados aquí. Eso asegura que los impuestos que pague el argentino en Uruguay le sean reconocidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina.
Las fuentes resaltaron que eso es "ventajoso" porque lleva a un "estatuto legal" y "binacional" el reconocer los impuestos pagados en el otro país. Esto le sirve al Estado para no perder recaudación y por otro lado "es muy importante" para dar "seguridad" al inversor.
Si un argentino tiene activos (depósitos, campos, inmuebles, etc.) en Uruguay paga el Impuesto a la Renta de No Residentes en caso de que obtenga ganancias por ellos. Con el acuerdo, la AFIP podría reclamarle que pague en Argentina por esas ganancias en Uruguay. Con la propuesta uruguaya, la AFIP deberá descontarle lo que ya abonó a la Dirección General Impositiva (DGI).
Los informantes señalaron que otra de las propuestas del gobierno es la de que los funcionarios de las administraciones tributarias y financieras "no puedan desembarcar en el otro país" para llevar adelante fiscalizaciones. El acuerdo modelo OCDE prevé que sí pueden hacerlo y por eso la propuesta de modificarlo. Uruguay tiene con Francia un convenio de este tipo.
Lo otro que el gobierno uruguayo propuso es que los pedidos de información no sean retroactivos, es decir no puedan ir por hechos acaecidos antes de la firma del convenio.
Se van afinando los borradores aunque aún no hay un acuerdo a nivel técnico, indicaron los informantes.
A su vez, destacaron que con Brasil ya se manifestó el interés de alcanzar un convenio de este tipo, ya hay una agenda y es probable que en el correr de febrero se realice alguna reunión.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111229/pecono-615517/economia/ya-intercambiaron-borradores-con-argentina-por-datos/
Los gobiernos de Uruguay y Argentina ya trataron "borradores" para un acuerdo de intercambio de información tributaria con ambos países, basados en el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero con "varias modificaciones" a propuesta uruguaya, dijeron a El País fuentes oficiales.
Esas propuestas buscan dar "más garantías" como la de establecer mecanismos para evitar la doble tributación (que la persona paga tributos por la misma actividad en Uruguay y Argentina). En ese sentido, señalaron que Uruguay busca que se reconozca un crédito fiscal por los impuestos pagados aquí. Eso asegura que los impuestos que pague el argentino en Uruguay le sean reconocidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina.
Las fuentes resaltaron que eso es "ventajoso" porque lleva a un "estatuto legal" y "binacional" el reconocer los impuestos pagados en el otro país. Esto le sirve al Estado para no perder recaudación y por otro lado "es muy importante" para dar "seguridad" al inversor.
Si un argentino tiene activos (depósitos, campos, inmuebles, etc.) en Uruguay paga el Impuesto a la Renta de No Residentes en caso de que obtenga ganancias por ellos. Con el acuerdo, la AFIP podría reclamarle que pague en Argentina por esas ganancias en Uruguay. Con la propuesta uruguaya, la AFIP deberá descontarle lo que ya abonó a la Dirección General Impositiva (DGI).
Los informantes señalaron que otra de las propuestas del gobierno es la de que los funcionarios de las administraciones tributarias y financieras "no puedan desembarcar en el otro país" para llevar adelante fiscalizaciones. El acuerdo modelo OCDE prevé que sí pueden hacerlo y por eso la propuesta de modificarlo. Uruguay tiene con Francia un convenio de este tipo.
Lo otro que el gobierno uruguayo propuso es que los pedidos de información no sean retroactivos, es decir no puedan ir por hechos acaecidos antes de la firma del convenio.
Se van afinando los borradores aunque aún no hay un acuerdo a nivel técnico, indicaron los informantes.
A su vez, destacaron que con Brasil ya se manifestó el interés de alcanzar un convenio de este tipo, ya hay una agenda y es probable que en el correr de febrero se realice alguna reunión.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111229/pecono-615517/economia/ya-intercambiaron-borradores-con-argentina-por-datos/
viernes, 16 de diciembre de 2011
Gobierno prevé cerrar acuerdo con Argentina a mitad de 2012
La Ocde sacó a Uruguay de la "lista gris" en la que lo colocó en abril de 2009, aunque condicionó la nueva calificación a la firma de tratados con Argentina y Brasil antes de 2014. El gobierno prioriza un rápido acuerdo con Argentina -que espera lograr en el próximo semestre- a pesar de que deberá eludir fuertes exigencias del gobierno de Cristina Fernández.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) cambió el status de país poco transparente y de escasa cooperación fiscal que había asignado a Uruguay 32 meses atrás y lo retiró de la "lista gris" tras la firma de 7 nuevos acuerdos que evitan la doble imposición tributaria y posibilitan el intercambio de información.
El organismo dijo ayer en un comunicado, que Uruguay mostró su interés por la implementación de "estándares globales" tras la firma y ratificación parlamentaria de 18 acuerdos con Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Groenlandia, Hungría, Islandia, Islas Faroe, Liechtenstein Malta, México, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza, algunos de los cuales entraron en vigencia horas antes del anuncio del organismo.
Sin embargo, la cualidad de pertenecer a la "lista blanca" y el avance hacia una segunda fase en el ordenamiento de países considerados eficaces en la gobernanza tributaria está atado a la puesta en práctica de los instrumentos jurídicos firmados para que, a través de estos, exista efectivamente intercambio de información.
La Ocde condicionó a Uruguay a la firma de tratados con países "relevantes" antes de una nueva revisión que tendrá lugar en 2014, en una clara alusión a Argentina y Brasil, con quienes el gobierno ya estudia la implementación de tales acuerdos y espera ver los resultados en el correr de los próximos meses.
Una fuente del gobierno en conocimiento de las negociaciones dijo ayer a Ultimas Noticias que las gestiones con Argentina podrán tener sus resultados antes de mediados de 2012, al tiempo que los lineamientos generales con Brasil serán abordados al más alto nivel por los presidentes José Mujica y Dilma Rousseff en la próxima cumbre del Mercosur que tendrá lugar en Montevideo, el martes 20.
Uruguay confía definir allí "un cronograma" de trabajo que permita avanzar hacia un acuerdo con el país norteño, aunque advirtió acerca de una serie de "complejidades técnicas" que demandarán más plazo, en comparación con Argentina.
El gobierno prioriza actualmente un rápido acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández, aunque no está dispuesto a conceder la exigencia del vecino país de incluir la doble imposición tributaria, y para ello busca un instrumento que permita que quienes paguen impuestos en Uruguay puedan descontarlo de sus obligaciones ante los organismos de aquel país y viceversa.
Las autoridades locales también deberán eludir la desconfianza de algunos sectores locales en relación al levantamiento del sistema de acciones al portador.
El mecanismo previsto para administrar un sistema que también mereció fuertes observaciones de la Ocde establece que sea la Dirección General Impositiva (DGI) -una oficina subordinada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- quien administre toda la información sobre ellas, y los empresarios temen que "existan presiones de gobierno a gobierno" a la hora de solicitar a la Justicia el levantamiento de la información, dijo a Ultimas Noticias un representante de un importante estudio jurídico y tributario local.
SOBRIEDAD
El anuncio y "la felicitación" del titular de la Ocde, Ángel Guiria, fue recibida oficialmente con sobriedad por el gobierno, acaso como consecuencia de algunas heridas aún abiertas tras los embates del
G-20, las consideraciones del Foro sobre la Transparencia y el Intercambio de Información, y de la penúltima revisión de la Ocde, que mantuvo al país en la "lista gris" a mediados de octubre. Aquella reacción en cadena disparó el incidente diplomático con Francia tras la acusación del presidente Nicolás Sarkozy de apartar a Uruguay de la comunidad internacional por considerarlo un "paraíso fiscal".
"La medida es una muestra del compromiso del gobierno con los estándares y prácticas internacionales (…) y es el resultado de un largo pero fructífero proceso de gestiones técnicas y diplomáticas" de los ministerios de Relaciones Exteriores (RR.EE.) y Economía y Finanzas, resumieron a media tarde de ayer ambas carteras a través de una brevísima declaración política conjunta.
Sin embargo, hubo algunas señales que demostraron que la noticia impactó en los sectores del gobierno encargados de la conducción económica, que habían sido cuestionados en octubre cuando desde Torre Ejecutiva algunos deslizaron que la permanencia en la "lista gris" representaba un "fracaso" del astorismo en el tema. El vicepresidente Danilo Astori repasó ayer en una improvisada rueda de prensa varias de las medidas adoptadas por Uruguay desde 2007, donde además de la firma de tratados mencionó la incorporación del cobro del impuesto a la renta al sistema tributario. "Las cosas vuelven a ser como nunca debieron haber dejado de estar", dijo apoyado en estadísticas que indican que Uruguay está por encima de de 18 de los 20 países del G-20 en relación a la transparencia.
También buscó avanzar en el damero por partida doble tras la mención a una reciente operación de manejo de deuda realizada por el MEF, que deja a Uruguay en inminente condición de recuperar el grado de inversor (ver recuadro). El director de la DGI, Pablo Ferreri, también destacó "la seriedad de las políticas del gobierno" en su cuenta de twitter.
Injusticias, calificadoras y grado inversor
El vicepresidente Danilo Astori capitalizó ayer dos hechos de fuerte relevancia vinculados a la gestión económica, en momentos en que ciertos sectores del Frente Amplio (FA) marcan algunas diferencias con su línea, que expresan el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Lorenzo y el titular del Banco Central (BCU), Mario Bergara.
Astori criticó nuevamente las decisiones del G-20, aunque destacó el compromiso de Uruguay con las "sugerencias" que realicen distintos agentes e instituciones económicas.
Un segundo abordaje correspondió al reclamo sobre el grado de inversor que las principales calificadoras de riesgo crediticio niegan a Uruguay, a pesar de la evolución de ciertos indicadores macroeconómicos.
"Se trata de otras de las injusticias, recurrentes", dijo el vicepresidente en relación a las empresas analistas que, a su juicio "repiten sus fallas contra Uruguay".
Astori reclamó el otorgamiento del grado inversor en el primer trimestre de 2012 tras mencionar la reciente operación dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que emitió un bono en unidades indexadas por el equivalente a U$S 2.000 millones, con el que el gobierno elevó la composición en moneda nacional por encima de la meta, obtuvo mejores plazos en sus vencimientos y obtuvo fondeo en su caja.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011dic16/eco01.html
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) cambió el status de país poco transparente y de escasa cooperación fiscal que había asignado a Uruguay 32 meses atrás y lo retiró de la "lista gris" tras la firma de 7 nuevos acuerdos que evitan la doble imposición tributaria y posibilitan el intercambio de información.
El organismo dijo ayer en un comunicado, que Uruguay mostró su interés por la implementación de "estándares globales" tras la firma y ratificación parlamentaria de 18 acuerdos con Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Groenlandia, Hungría, Islandia, Islas Faroe, Liechtenstein Malta, México, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza, algunos de los cuales entraron en vigencia horas antes del anuncio del organismo.
Sin embargo, la cualidad de pertenecer a la "lista blanca" y el avance hacia una segunda fase en el ordenamiento de países considerados eficaces en la gobernanza tributaria está atado a la puesta en práctica de los instrumentos jurídicos firmados para que, a través de estos, exista efectivamente intercambio de información.
La Ocde condicionó a Uruguay a la firma de tratados con países "relevantes" antes de una nueva revisión que tendrá lugar en 2014, en una clara alusión a Argentina y Brasil, con quienes el gobierno ya estudia la implementación de tales acuerdos y espera ver los resultados en el correr de los próximos meses.
Una fuente del gobierno en conocimiento de las negociaciones dijo ayer a Ultimas Noticias que las gestiones con Argentina podrán tener sus resultados antes de mediados de 2012, al tiempo que los lineamientos generales con Brasil serán abordados al más alto nivel por los presidentes José Mujica y Dilma Rousseff en la próxima cumbre del Mercosur que tendrá lugar en Montevideo, el martes 20.
Uruguay confía definir allí "un cronograma" de trabajo que permita avanzar hacia un acuerdo con el país norteño, aunque advirtió acerca de una serie de "complejidades técnicas" que demandarán más plazo, en comparación con Argentina.
El gobierno prioriza actualmente un rápido acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández, aunque no está dispuesto a conceder la exigencia del vecino país de incluir la doble imposición tributaria, y para ello busca un instrumento que permita que quienes paguen impuestos en Uruguay puedan descontarlo de sus obligaciones ante los organismos de aquel país y viceversa.
Las autoridades locales también deberán eludir la desconfianza de algunos sectores locales en relación al levantamiento del sistema de acciones al portador.
El mecanismo previsto para administrar un sistema que también mereció fuertes observaciones de la Ocde establece que sea la Dirección General Impositiva (DGI) -una oficina subordinada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- quien administre toda la información sobre ellas, y los empresarios temen que "existan presiones de gobierno a gobierno" a la hora de solicitar a la Justicia el levantamiento de la información, dijo a Ultimas Noticias un representante de un importante estudio jurídico y tributario local.
SOBRIEDAD
El anuncio y "la felicitación" del titular de la Ocde, Ángel Guiria, fue recibida oficialmente con sobriedad por el gobierno, acaso como consecuencia de algunas heridas aún abiertas tras los embates del
G-20, las consideraciones del Foro sobre la Transparencia y el Intercambio de Información, y de la penúltima revisión de la Ocde, que mantuvo al país en la "lista gris" a mediados de octubre. Aquella reacción en cadena disparó el incidente diplomático con Francia tras la acusación del presidente Nicolás Sarkozy de apartar a Uruguay de la comunidad internacional por considerarlo un "paraíso fiscal".
"La medida es una muestra del compromiso del gobierno con los estándares y prácticas internacionales (…) y es el resultado de un largo pero fructífero proceso de gestiones técnicas y diplomáticas" de los ministerios de Relaciones Exteriores (RR.EE.) y Economía y Finanzas, resumieron a media tarde de ayer ambas carteras a través de una brevísima declaración política conjunta.
Sin embargo, hubo algunas señales que demostraron que la noticia impactó en los sectores del gobierno encargados de la conducción económica, que habían sido cuestionados en octubre cuando desde Torre Ejecutiva algunos deslizaron que la permanencia en la "lista gris" representaba un "fracaso" del astorismo en el tema. El vicepresidente Danilo Astori repasó ayer en una improvisada rueda de prensa varias de las medidas adoptadas por Uruguay desde 2007, donde además de la firma de tratados mencionó la incorporación del cobro del impuesto a la renta al sistema tributario. "Las cosas vuelven a ser como nunca debieron haber dejado de estar", dijo apoyado en estadísticas que indican que Uruguay está por encima de de 18 de los 20 países del G-20 en relación a la transparencia.
También buscó avanzar en el damero por partida doble tras la mención a una reciente operación de manejo de deuda realizada por el MEF, que deja a Uruguay en inminente condición de recuperar el grado de inversor (ver recuadro). El director de la DGI, Pablo Ferreri, también destacó "la seriedad de las políticas del gobierno" en su cuenta de twitter.
Injusticias, calificadoras y grado inversor
El vicepresidente Danilo Astori capitalizó ayer dos hechos de fuerte relevancia vinculados a la gestión económica, en momentos en que ciertos sectores del Frente Amplio (FA) marcan algunas diferencias con su línea, que expresan el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Lorenzo y el titular del Banco Central (BCU), Mario Bergara.
Astori criticó nuevamente las decisiones del G-20, aunque destacó el compromiso de Uruguay con las "sugerencias" que realicen distintos agentes e instituciones económicas.
Un segundo abordaje correspondió al reclamo sobre el grado de inversor que las principales calificadoras de riesgo crediticio niegan a Uruguay, a pesar de la evolución de ciertos indicadores macroeconómicos.
"Se trata de otras de las injusticias, recurrentes", dijo el vicepresidente en relación a las empresas analistas que, a su juicio "repiten sus fallas contra Uruguay".
Astori reclamó el otorgamiento del grado inversor en el primer trimestre de 2012 tras mencionar la reciente operación dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que emitió un bono en unidades indexadas por el equivalente a U$S 2.000 millones, con el que el gobierno elevó la composición en moneda nacional por encima de la meta, obtuvo mejores plazos en sus vencimientos y obtuvo fondeo en su caja.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011dic16/eco01.html
"Esto demuestra que Uruguay no es un paraíso fiscal"
Tras la decisión de sacar a Uruguay de la “lista gris”; Pascal Saint Amans, director de la División de Competencia Tributaria de la OCDE aseguró que es “el primer paso” y que se debe negociar con Argentina y Brasil.
El Uruguay ya no está en la lista gris. ¿Cuáles son las ventajas de esa decisión?
Uruguay fue identificado en 2009 como un país que no tenía muchos acuerdos para cumplir con los estándares de la cooperación fiscal. Lo que ocurrió ayer fue que Uruguay firmó un número significativo de acuerdos y eso deriva en lo que llamamos “lista blanca”, la categoría de jurisdicciones que han implementado sustancialmente los estándares necesarios. No significa que sea la meta, es el primer paso. El segundo paso es moverse a la fase 2 del mecanismo de revisión del organismo. Uruguay es miembro del Foro Global, es evaluado periódicamente, y en ese sentido la última revisión fue más o menos. Tuvo un número de ineficacias verificadas, como el régimen de acciones al portador, y otros aspectos domésticos, además del hecho de que no que no hubiera suficientes acuerdos con socios relevantes. Pero desde ese momento hasta ahora se han dado grandes pasos.
También Uruguay tiene que concluir acuerdos con Argentina y Brasil, pero la buena noticia es que el movimiento ha llegado, y sabemos, porque estamos en contacto directo con el gobierno, que se están dando los pasos, que se está negociando un acuerdo con Argentina. Temeos una muy buena relación con el gobierno de Uruguay, está dando los pasos necesarios
¿Qué pasa si Uruguay no firma tratados con Argentina y Brasil?
No sé qué podría pasar, lo que sé es que la negociación ha comenzado, porque las dos partes quieren negociar. Sé que hubo calor en el contexto de la cumbre del G20, pero ahora tenemos una situación mejor entre todos los jugadores, y es justo decir que Uruguay ha hecho un tremendo progreso, el gobierno está comprometido y eso es lo que queríamos destacar en el comunicado.
Uruguay defiende la necesidad de que no haya doble tributación si se llega a un acuerdo con Argentina, y Argentina se opone. ¿Cómo ve ese punto?
Creo que es lógico que haya negociación en ese punto, Lo que entendemos importante es que es que no habrá ningún obstáculo para intercambiar información, cualquiera que sea el mecanismo, con o sin doble tributación. Al final, lo que importa es eso, y hay acuerdo entre los dos países para el intercambio. Lo que pensamos es que Uruguay es capaz de firmar acuerdos de intercambio de información con países importantes, es un paso significativo, y que se está trabajando en seguir en esa dirección. Todo esto es positivo y demuestra que Uruguay no es un paraíso fiscal.
Precisamente eso dijo Sarkozy en la cumbre del G20
Sí, y desde nuestra perspectiva Uruguay tenía deficiencias que no habían sido corregidas, y por eso la revisión no había sido buena. Pero desde allí el avance ha sido mucho.
¿En qué otros puntos se debe avanzar, además de las acciones al portador y los tratados con socios relevantes?
Esos son los puntos básicos. Luego hay otros puntos pequeños.
¿Hay plazos para cumplir con los acuerdos?
Es ahora, el movimiento hacia la transparencia financiera lo están dando todos los países. Así que los plazos son inmediatos.
¿Hay alguna posibilidad de volver a la lista gris?
No, esto un paso hacia adelante. Lo que importa ahora es que pase a la Fase 2, que es la forma de verificar que Uruguay ha hecho progreso o no.
¿Que mide la fase 2?
La efectividad del intercambio de información. La fase 1 es la base legal. ¿Tienes las leyes? La 2 es: ¿como lo haces en la práctica? Lógico, si no tienes las leyes o tratados no hay forma de comprobarlo. Uruguay no tenía suficientes tratados, también estaba el tema de las acciones al portador, entonces no tenía forma de intercambiar información. Ahora Uruguay tiene su base legal, por eso la OCDE evaluará como lo hará, en dos años, aproximadamente.
¿Qué sanciones puede haber si no cumple?
No estamos en una fase de sanciones, el Foro Global es inclusivo, lo que nos gusta el progreso, no las sanciones. Las sanciones no están en el mapa.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/215166/34esto-demuestra-que-uruguay-no-es-un-paraiso-fiscal34/
El Uruguay ya no está en la lista gris. ¿Cuáles son las ventajas de esa decisión?
Uruguay fue identificado en 2009 como un país que no tenía muchos acuerdos para cumplir con los estándares de la cooperación fiscal. Lo que ocurrió ayer fue que Uruguay firmó un número significativo de acuerdos y eso deriva en lo que llamamos “lista blanca”, la categoría de jurisdicciones que han implementado sustancialmente los estándares necesarios. No significa que sea la meta, es el primer paso. El segundo paso es moverse a la fase 2 del mecanismo de revisión del organismo. Uruguay es miembro del Foro Global, es evaluado periódicamente, y en ese sentido la última revisión fue más o menos. Tuvo un número de ineficacias verificadas, como el régimen de acciones al portador, y otros aspectos domésticos, además del hecho de que no que no hubiera suficientes acuerdos con socios relevantes. Pero desde ese momento hasta ahora se han dado grandes pasos.
También Uruguay tiene que concluir acuerdos con Argentina y Brasil, pero la buena noticia es que el movimiento ha llegado, y sabemos, porque estamos en contacto directo con el gobierno, que se están dando los pasos, que se está negociando un acuerdo con Argentina. Temeos una muy buena relación con el gobierno de Uruguay, está dando los pasos necesarios
¿Qué pasa si Uruguay no firma tratados con Argentina y Brasil?
No sé qué podría pasar, lo que sé es que la negociación ha comenzado, porque las dos partes quieren negociar. Sé que hubo calor en el contexto de la cumbre del G20, pero ahora tenemos una situación mejor entre todos los jugadores, y es justo decir que Uruguay ha hecho un tremendo progreso, el gobierno está comprometido y eso es lo que queríamos destacar en el comunicado.
Uruguay defiende la necesidad de que no haya doble tributación si se llega a un acuerdo con Argentina, y Argentina se opone. ¿Cómo ve ese punto?
Creo que es lógico que haya negociación en ese punto, Lo que entendemos importante es que es que no habrá ningún obstáculo para intercambiar información, cualquiera que sea el mecanismo, con o sin doble tributación. Al final, lo que importa es eso, y hay acuerdo entre los dos países para el intercambio. Lo que pensamos es que Uruguay es capaz de firmar acuerdos de intercambio de información con países importantes, es un paso significativo, y que se está trabajando en seguir en esa dirección. Todo esto es positivo y demuestra que Uruguay no es un paraíso fiscal.
Precisamente eso dijo Sarkozy en la cumbre del G20
Sí, y desde nuestra perspectiva Uruguay tenía deficiencias que no habían sido corregidas, y por eso la revisión no había sido buena. Pero desde allí el avance ha sido mucho.
¿En qué otros puntos se debe avanzar, además de las acciones al portador y los tratados con socios relevantes?
Esos son los puntos básicos. Luego hay otros puntos pequeños.
¿Hay plazos para cumplir con los acuerdos?
Es ahora, el movimiento hacia la transparencia financiera lo están dando todos los países. Así que los plazos son inmediatos.
¿Hay alguna posibilidad de volver a la lista gris?
No, esto un paso hacia adelante. Lo que importa ahora es que pase a la Fase 2, que es la forma de verificar que Uruguay ha hecho progreso o no.
¿Que mide la fase 2?
La efectividad del intercambio de información. La fase 1 es la base legal. ¿Tienes las leyes? La 2 es: ¿como lo haces en la práctica? Lógico, si no tienes las leyes o tratados no hay forma de comprobarlo. Uruguay no tenía suficientes tratados, también estaba el tema de las acciones al portador, entonces no tenía forma de intercambiar información. Ahora Uruguay tiene su base legal, por eso la OCDE evaluará como lo hará, en dos años, aproximadamente.
¿Qué sanciones puede haber si no cumple?
No estamos en una fase de sanciones, el Foro Global es inclusivo, lo que nos gusta el progreso, no las sanciones. Las sanciones no están en el mapa.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/215166/34esto-demuestra-que-uruguay-no-es-un-paraiso-fiscal34/
jueves, 15 de diciembre de 2011
Uruguay firmó el acuerdo 18 y espera salir este jueves de la "lista gris".
Este miércoles rubricó nuevos acuerdos y espera pasar a la lista blanca del organismo.
El gobierno uruguayo llegó este miércoles al acuerdo número 18 para impedir la doble tributación e intercambiar información financiera e hizo gestiones para poder salir este jueves mismo de la lista gris de países no cooperantes según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según dijeron a El Observador fuentes del gobierno.
En los últimos días se firmó el acuerdo con Finlandia, que fue el número 12. Esa era la cifra de tratados requeridos por el organismo para poner al país en la “lista blanca”.
Este miércoles además, el embajador uruguayo en París, que es plenipotenciario, rubricó un tratado con los países nórdicos. Eso implica que Uruguay intercambiará datos financieros con Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Islas Feroe y Groenlandia.
“Pasamos a tener 18 acuerdos firmados”, dijo una fuente del Poder Ejecutivo. “Esto ya se le notificó a la OCDE y solo falta que acuse recibo”, explicó otro informante.
Las experiencias de otros casos similares, según el gobierno, indican que el cambio de lista es casi inmediato en el momento en que se firman los 12 acuerdos exigidos. “Estaríamos saliendo, si no hoy, en cuestión de horas”, dijo un informante del equipo económico.
Si bien en la última revisión la OCDE exigió que entre los tratados que se firmaran hubiera intercambio con países relevantes, la ausencia de convenio con Argentina y Brasil “no interfiere para nada”, explicó una de las fuentes.
Eso en todo caso puede frenar el pasaje a la fase dos, que mide que lo que se firmó se esté cumpliendo.
Allí la OCDE evalúa que los acuerdos firmados efectivamente fueron ratificados por el Parlamento y que además todo lo que se acordó se lleva la práctica.
Para pasar a la fase dos, Uruguay deberá firmar un acuerdo al menos con Argentina. Pero esa evaluación será recién para 2014.
En el gobierno ven que esta situación cae como anillo al dedo porque el viernes el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, tiene que ir al Parlamento a dar explicaciones por este tema. Por tanto, si hoy logra salir de la lista gris podrá llevar un gran logro del gobierno como respuesta a los legisladores.
Otros cambios
El Ministerio de Economía ya tiene delineado el proyecto de ley que “en semanas” enviará al Parlamento en el que se exigirá a las empresas que informen a la Dirección General de Impositiva (DGI) la identidad de los propietarios de acciones al portador. Este es otro de los cambios exigidos por la OCDE para pasar a la fase dos.
Lorenzo informó la semana pasada que “en las declaraciones fiscales” que recibe la DGI, las compañías deberán informar los nombres de los accionistas.
Actualmente las empresas envían a Impositiva declaraciones mensuales por el IVA y anuales sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. En ese tipo de declaraciones –aún no se definió en cuál– las empresas deberán reportar quiénes son sus propietarios y la composición accionaria.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/215124/uruguay-firmo-el-acuerdo-18-y-espera-salir-este-jueves-de-la-34lista-gris34/
El gobierno uruguayo llegó este miércoles al acuerdo número 18 para impedir la doble tributación e intercambiar información financiera e hizo gestiones para poder salir este jueves mismo de la lista gris de países no cooperantes según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según dijeron a El Observador fuentes del gobierno.
En los últimos días se firmó el acuerdo con Finlandia, que fue el número 12. Esa era la cifra de tratados requeridos por el organismo para poner al país en la “lista blanca”.
Este miércoles además, el embajador uruguayo en París, que es plenipotenciario, rubricó un tratado con los países nórdicos. Eso implica que Uruguay intercambiará datos financieros con Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Islas Feroe y Groenlandia.
“Pasamos a tener 18 acuerdos firmados”, dijo una fuente del Poder Ejecutivo. “Esto ya se le notificó a la OCDE y solo falta que acuse recibo”, explicó otro informante.
Las experiencias de otros casos similares, según el gobierno, indican que el cambio de lista es casi inmediato en el momento en que se firman los 12 acuerdos exigidos. “Estaríamos saliendo, si no hoy, en cuestión de horas”, dijo un informante del equipo económico.
Si bien en la última revisión la OCDE exigió que entre los tratados que se firmaran hubiera intercambio con países relevantes, la ausencia de convenio con Argentina y Brasil “no interfiere para nada”, explicó una de las fuentes.
Eso en todo caso puede frenar el pasaje a la fase dos, que mide que lo que se firmó se esté cumpliendo.
Allí la OCDE evalúa que los acuerdos firmados efectivamente fueron ratificados por el Parlamento y que además todo lo que se acordó se lleva la práctica.
Para pasar a la fase dos, Uruguay deberá firmar un acuerdo al menos con Argentina. Pero esa evaluación será recién para 2014.
En el gobierno ven que esta situación cae como anillo al dedo porque el viernes el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, tiene que ir al Parlamento a dar explicaciones por este tema. Por tanto, si hoy logra salir de la lista gris podrá llevar un gran logro del gobierno como respuesta a los legisladores.
Otros cambios
El Ministerio de Economía ya tiene delineado el proyecto de ley que “en semanas” enviará al Parlamento en el que se exigirá a las empresas que informen a la Dirección General de Impositiva (DGI) la identidad de los propietarios de acciones al portador. Este es otro de los cambios exigidos por la OCDE para pasar a la fase dos.
Lorenzo informó la semana pasada que “en las declaraciones fiscales” que recibe la DGI, las compañías deberán informar los nombres de los accionistas.
Actualmente las empresas envían a Impositiva declaraciones mensuales por el IVA y anuales sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. En ese tipo de declaraciones –aún no se definió en cuál– las empresas deberán reportar quiénes son sus propietarios y la composición accionaria.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/215124/uruguay-firmo-el-acuerdo-18-y-espera-salir-este-jueves-de-la-34lista-gris34/
lunes, 12 de diciembre de 2011
Uruguay debe mantenerse firme en la negociación de convenios integrales.
Las amenazas de Sarkozy de excluir a Uruguay de la comunidad internacional no son más que un matiz prepotente de su exabrupto
La arremetida contra los mal llamados "paraísos fiscales" tiene un importante componente de búsqueda de chivos expiatorios para disimular la responsabilidad de los países centrales en la actual crisis financiera, sostuvo el Dr. José Luis Shaw, ex socio principal y actual consultor de PwC Uruguay, ex catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la UdelaR. A nivel institucional, el entrevistado es presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios y del Grupo Uruguayo de la International Fiscal Association (IFA), y secretario general del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. A continuación un resumen de la entrevista.
-Más allá del debate sobre las declaraciones del presidente Sarkozy, el hecho es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estableció que Uruguay no ha superado la Fase I de la revisión entre pares sobre transparencia fiscal. ¿Qué normas está incumpliendo nuestro país y cómo deberían ir superándose esas faltas?
-Las exigencias de la OCDE han ido cambiando con el tiempo. Primero se exigió a Uruguay que firmara convenios con doce países que previeran el intercambio de información tributaria, como condición para salir de la famosa "lista gris" de países no cooperantes. Entonces el gobierno comenzó a negociar nuevos convenios para cumplir con esa exigencia, que se han hecho en condiciones que no son las más convenientes porque las contrapartes sabían de la urgencia que teníamos, como lo reconocieron miembros importantes del equipo de negociadores en una mesa redonda celebrada en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.
-¿Ha suscrito nuestro país el número de tratados requerido por la OCDE?
-Al día de hoy, se ha cumplido ampliamente con el compromiso de firmar doce convenios. Pero, como las demandas son dinámicas en sentido creciente, ahora la OCDE exige que se firmen tratados con "países relevantes" para Uruguay, básicamente con nuestros dos grandes vecinos por planteos realizados por Argentina en el G20, como si los acuerdos suscritos con México, España, Francia, Alemania y otros países no fueran relevantes para Uruguay. Otras nuevas exigencias se refieren a la falta de transparencia de las sociedades por acciones al portador y, aparentemente, a una nueva modificación de las normas para el levantamiento del secreto bancario para obtener información con fines tributarios a fin de "agilizar" los procedimientos establecidos por la Ley N° 18.718 del 24/12/2010.
-¿Por qué la OCDE insiste en la firma de un acuerdo de intercambio de información fiscal con Argentina?
-En realidad, la OCDE no requiere que firmemos acuerdos de "intercambio de información". Por lo general, se firman convenios para evitar la doble o múltiple imposición internacional. Esto es conveniente para el fomento de la inversión extranjera porque los países exportadores de capital gravan la renta y el patrimonio universal de las personas físicas y jurídicas domiciliadas o residentes en ellos. Y, al gravar nosotros las rentas generadas y los patrimonios situados en nuestro país -de acuerdo con el criterio de la fuente o territorialidad-, se produce por lo general una doble imposición que perjudica y puede desestimular la radicación de inversiones en Uruguay, aunque eso no siempre ocurre. Dentro de dichos convenios, que regulan minuciosamente el tema en numerosas cláusulas con distintas soluciones para diferentes tipos de rentas -no se trata de "una cláusula" para evitar la doble imposición, como suele leerse en la prensa-, se incluye una cláusula -esta sí es "una cláusula"- de intercambio de información entre los fiscos de ambos países signatarios, generalmente sobre la base de la cláusula 26 del Modelo de Convenio de la OCDE.
-¿Todos los convenios firmados por Uruguay tienen como objetivo evitar la doble imposición?
-Sí, salvo en el caso de Francia con quien se suscribió un convenio solo de intercambio de información, que no contiene las ventajas que otorgan los tratados para evitar la doble imposición. Esto fue un grave error estratégico. Y no lo digo ahora, al quedar demostrado que de nada sirvió para evitar el reciente exabrupto del presidente Sarkozy, sino que lo dije antes por el mal precedente que significa para que Argentina nos exija lo mismo. Esto está unido al hecho de que, mediante disposiciones muy confusas y aun no aclaradas por un decreto reglamentario de interminable preparación, la Ley N° 18.718 del 24/12/2010 desnaturalizó el criterio de la fuente que siempre rigió en nuestros impuestos a la renta -incluso en el IRPF, el IRAE y el Impuesto a la Renta a los No Residentes (IRNR) de la Ley de Reforma Tributaria N° 18.083 del 27/12/2006- gravando a partir del 01/01/2011 solo algunas rentas del exterior de los residentes en Uruguay. De modo que ahora es difícil argumentar que un convenio bilateral de intercambio de información con Argentina solo beneficia a ese país.
-¿Podrá Uruguay evitar la firma de convenios de intercambio de información fiscal con sus dos grandes vecinos?
-No parece realista que Uruguay pueda hacer oídos sordos a los reclamos de firmar tratados con Argentina y Brasil. Sin embargo, pese al mal precedente del acuerdo con Francia, nuestro país debe mantenerse firme en negociar convenios integrales para evitar la doble imposición y de ninguna manera suscribir documentos que solo se refieran al intercambio de información. Si bien, aparentemente, eso no le interesa a Argentina, que en la última década ha firmado tratados con varios países pero únicamente de intercambio de información, contamos con el muy buen antecedente de que Argentina y Brasil tienen vigente entre ellos un convenio integral para evitar la doble imposición desde 1982.
-¿No sería más recomendable acordar criterios comunes para el intercambio de información tributaria dentro del Mercosur?
-Uruguay debe expresar claramente su disposición a firmar convenios integrales para evitar la doble imposición con Argentina y Brasil, pero negociándolos inteligentemente y sin apresuramiento en el ámbito conjunto del Mercosur. Allí debería exigirse también la observancia efectiva de las normas de comercio y libre tránsito del tratado regional, que tantos incumplimientos ha tenido y sigue teniendo de parte de nuestros dos grandes socios. Creo que, en este sentido, se están orientando correctamente las posiciones del gobierno uruguayo, por lo menos en los ámbitos técnicos más calificados. Además, ante el exabrupto del presidente francés, instigado por Argentina a estar a las declaraciones de su canciller Timerman, el presidente Mujica ha logrado quitar presión al tema a través de un logro político y diplomático muy importante, como fue obtener el apoyo expreso de México y Brasil de que Uruguay no es un "paraíso fiscal" y está cumpliendo con la cooperación internacional para evitar la evasión.
-¿Qué fuerza puede tener Uruguay para hacer frente a las demandas de la OCDE?
-Realmente no mucha, salvo tratar de negociar un convenio integral en el ámbito conjunto del Mercosur. Pero la experiencia demuestra que, cuando un país cede demasiado fácilmente y da sensación de debilidad, suelen planteársele nuevas exigencias, como sucede en todos los órdenes de la vida. Con ese mismo criterio, cuidado con que un día la OCDE nos plantee la supresión del régimen de zonas francas. No debemos olvidar que la arremetida contra los mal llamados "paraísos fiscales" tiene un importante componente de búsqueda de chivos expiatorios para disimular la responsabilidad de los países centrales en la actual crisis financiera, incrementada por la desesperación de recaudar cada día más. Debemos tratar, dentro de nuestras posibilidades, que no se nos use como tales.
Transparencia
-La OCDE también ha señalado una relativa falta de transparencia en Uruguay debido al régimen de sociedades por acciones al portador. ¿Se debería sencillamente eliminarlas?
-Hay soluciones alternativas a la eliminación de las acciones al portador, que son admitidas por la OCDE. No creo conveniente esta opción por la tradición uruguaya en la materia, que responde a características propias de la economía de un país pequeño como Uruguay, que es muy distinta a la realidad de países con mercados mucho más grandes como los de nuestros dos vecinos.
-En ese sentido, ¿qué esquema podría adoptar el gobierno uruguayo?
-Uno de esos métodos es el llamado "modelo alemán", donde un organismo estatal lleva el registro de los propietarios de las acciones al portador y lo informa bajo determinadas condiciones. El gobierno, según ha trascendido, se estaría inclinando por ese modelo, donde el organismo que llevaría el registro sería la DGI. Pero existen otros métodos -que también serían aceptados por la OCDE- como, por ejemplo, que ese registro sea llevado por instituciones privadas de reconocido prestigio y seriedad. Prefiero este último tipo de soluciones, porque un organismo estatal puede verse sujeto a presiones políticas indebidas de gobiernos extranjeros para revelar información sin cumplir con los requisitos que se pacten para ello, incluso con finalidades de persecución política, lo cual no sería nada extraño en nuestro contexto regional.
Amenazas
-El presidente Sarkozy amenazó a Uruguay y otros países con "excluirlos de la comunidad internacional". ¿Qué penas podrían aplicarse a nuestro país por no cumplir con los requisitos de la OCDE?
-Las declaraciones de Sarkozy de que nos iba a excluir de la comunidad internacional no significan nada concreto y no son más que un matiz prepotente de su infeliz exabrupto. La OCDE no aplica sanciones. Simplemente es un foro de países desarrollados y algunos emergentes cuyas recomendaciones son inspiración de medidas que pueden aplicar países que acojan sus criterios y, naturalmente, da cierta legitimidad internacional a las mismas.
-En definitiva, ¿es Ud. partidario de aceptar las exigencias de la OCDE?
-No me parece conveniente resistirse. Considero que Uruguay debe hacer explícita su intención de negociar convenios integrales para evitar la doble imposición en el ámbito conjunto del Mercosur, así como una alternativa aceptable a la eliminación de las acciones al portador. Pero debe mantenerse firme en no modificar las normas de levantamiento del secreto bancario para "agilizar" su trámite ante solicitudes de información en materia tributaria de fiscos extranjeros, porque nuestra legislación consagra la exigida transparencia y también respeta la irrenunciable garantía del debido proceso que debe regir en un Estado de Derecho. Además, cualquier convenio que se firme no deberá tener efectos retroactivos y la información a intercambiar se limitará a tratar cuestiones futuras.
En síntesis, no hay que apresurarse a acordar soluciones que nos perjudiquen porque no se aprecia que el contexto normativo actual haya sido un obstáculo para que se radicaran en nuestro país muy importantes inversiones extranjeras de empresas de países que no tienen convenios con Uruguay. Como decía Don Pepe Batlle, "el que se precipita, se precipita… (al vacío)". En esta materia no hay que quedarse inmóvil, pero hay que avanzar con mucha prudencia y sin complejos de culpa.
Incertidumbre sobre futuras reglas de juego
-¿Cuál es el mayor cambio en las reglas de juego en materia tributaria?
-En lo inmediato es la incertidumbre respecto a cuáles serán las reglas de juego, por los chisporroteos y tires y aflojes que se están produciendo a nivel de la conducción económica y del partido de gobierno, por las discordancias de orientación en materia de política económica en general y tributaria en particular. Esto tiene el agravante de que las discrepancias, más que por razones técnicas, son de carácter ideológico y se extienden también a otros campos sensibles, como el laboral con el tema de las ocupaciones y los piquetes sindicales. Por cierto, es muy mala señal para los inversores y los agentes económicos, que desdibuja la buena imagen que dejó el Presidente en las reuniones con empresarios nacionales y extranjeros en el Hotel Conrad de Punta del Este.
Pero hay otro elemento de mayor preocupación. Desde el gobierno se están impulsando proyectos de ley que contienen gruesas inconstitucionalidades, como son los casos del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y la Patente de Rodados Única a nivel nacional. Si se empieza por no respetar la Constitución, no se dan garantías de respetar el Estado de Derecho. Aparte de la gravedad que eso implica en sí para todos los uruguayos que, en definitiva, es lo más importante, también supone, en materia de reglas de juego para los inversores, la pérdida de una ventaja comparativa que siempre tuvo Uruguay frente a otros países de la región mucho más atractivos desde el punto de vista del tamaño de sus mercados.
-De continuar el gobierno por ese camino, ¿cuál sería el próximo cambio en la tributación del agro?
-Es difícil de saber, pero ya se está hablando de la prohibición o limitación de la compra de tierras a los extranjeros, pero no por la vía de la tributación. En algunos sectores del gobierno también se ha hablado de imponer detracciones a las exportaciones de productos agropecuarios, que tan mala experiencia dejó en nuestro país en un pasado bastante lejano que creíamos superado, y también en Argentina en el actual contexto económico.
Es muy dudoso que el ICIR desestimule la concentración de la tierra
-¿En qué medida el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) podría evitar que en el futuro la propiedad de la tierra quede en manos de unos pocos dueños?
-Es muy dudoso que este impuesto logre deprimir el precio de los inmuebles rurales y, de ese modo, desestimule la concentración de la tierra como se expresa en la Exposición de Motivos del proyecto. Por el contrario, existen grandes posibilidades de que, si se produce una baja de los precios, que seguramente no habrá de ser de importantes proporciones, esa tendencia surta el efecto opuesto beneficiando a los grandes propietarios de tierras. Como estos son capaces de soportar costos más altos que los productores medianos y pequeños, también podrían adquirir más tierras a precios menores, como incluso lo han dicho actores importantes del propio gobierno y del Frente Amplio. Adicionalmente, no creo que el ICIR logre impedir que esos valores, que continuarán siendo altos, impidan el proceso de desplazamiento de los productores familiares que no pueden "rentabilizar un activo" de mucho valor, que es otro de los propósitos del proyecto mencionado en la Exposición de Motivos.
-¿Transgrede el proyecto de ley del ICIR algunos preceptos constitucionales?
-El proyecto es groseramente inconstitucional. En efecto, la recaudación y el producido de los impuestos sobre la propiedad inmueble rural corresponden a los gobiernos departamentales -excepto el de los adicionales nacionales, que no es el caso del ICIR- que, además, tienen a su cargo la administración de esos recursos, según lo dispone el art. 297 de la Constitución en el proemio y en su numeral 1°. Esas disposiciones constitucionales son dejadas completamente de lado en los artículos 10 y 11 del proyecto de ley, por fundamentos cuya exposición sería demasiado extensa para esta entrevista.
Además, es importante señalar que, a raíz de las discrepancias que generó este proyecto entre integrantes del gobierno, se elaboró en el ámbito afín al vicepresidente Astori un proyecto sustitutivo tendiente a gravar más fuertemente las rentas derivadas de la venta de inmuebles rurales adquiridos por sus titulares con anterioridad a la entrada en vigencia -el 1° de julio de 2007- de la Ley de Reforma Tributaría N° 18.083, que gravó la venta de esos inmuebles por el IRFP o el IRAE sobre la base de costos de adquisición fictos. El hecho es que, ante las diferencias existentes en el seno del gobierno y del Frente Amplio, también se incluyó este impuesto en los artículos 13 y 14 del proyecto, de modo tal que, en vez de ser sustitutivo del ICIR, se suma al mismo. Este nuevo tributo complementario también me merece serias observaciones desde el punto de visto técnico y constitucional, sobre las cuales tampoco parece del caso extenderse en esta oportunidad
Fuente: http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/uruguay-debe-mantenerse-firme-en-la-negociacion-de-convenios-integrales/ecoymer_611990_111212.html
La arremetida contra los mal llamados "paraísos fiscales" tiene un importante componente de búsqueda de chivos expiatorios para disimular la responsabilidad de los países centrales en la actual crisis financiera, sostuvo el Dr. José Luis Shaw, ex socio principal y actual consultor de PwC Uruguay, ex catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la UdelaR. A nivel institucional, el entrevistado es presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios y del Grupo Uruguayo de la International Fiscal Association (IFA), y secretario general del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. A continuación un resumen de la entrevista.
-Más allá del debate sobre las declaraciones del presidente Sarkozy, el hecho es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estableció que Uruguay no ha superado la Fase I de la revisión entre pares sobre transparencia fiscal. ¿Qué normas está incumpliendo nuestro país y cómo deberían ir superándose esas faltas?
-Las exigencias de la OCDE han ido cambiando con el tiempo. Primero se exigió a Uruguay que firmara convenios con doce países que previeran el intercambio de información tributaria, como condición para salir de la famosa "lista gris" de países no cooperantes. Entonces el gobierno comenzó a negociar nuevos convenios para cumplir con esa exigencia, que se han hecho en condiciones que no son las más convenientes porque las contrapartes sabían de la urgencia que teníamos, como lo reconocieron miembros importantes del equipo de negociadores en una mesa redonda celebrada en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.
-¿Ha suscrito nuestro país el número de tratados requerido por la OCDE?
-Al día de hoy, se ha cumplido ampliamente con el compromiso de firmar doce convenios. Pero, como las demandas son dinámicas en sentido creciente, ahora la OCDE exige que se firmen tratados con "países relevantes" para Uruguay, básicamente con nuestros dos grandes vecinos por planteos realizados por Argentina en el G20, como si los acuerdos suscritos con México, España, Francia, Alemania y otros países no fueran relevantes para Uruguay. Otras nuevas exigencias se refieren a la falta de transparencia de las sociedades por acciones al portador y, aparentemente, a una nueva modificación de las normas para el levantamiento del secreto bancario para obtener información con fines tributarios a fin de "agilizar" los procedimientos establecidos por la Ley N° 18.718 del 24/12/2010.
-¿Por qué la OCDE insiste en la firma de un acuerdo de intercambio de información fiscal con Argentina?
-En realidad, la OCDE no requiere que firmemos acuerdos de "intercambio de información". Por lo general, se firman convenios para evitar la doble o múltiple imposición internacional. Esto es conveniente para el fomento de la inversión extranjera porque los países exportadores de capital gravan la renta y el patrimonio universal de las personas físicas y jurídicas domiciliadas o residentes en ellos. Y, al gravar nosotros las rentas generadas y los patrimonios situados en nuestro país -de acuerdo con el criterio de la fuente o territorialidad-, se produce por lo general una doble imposición que perjudica y puede desestimular la radicación de inversiones en Uruguay, aunque eso no siempre ocurre. Dentro de dichos convenios, que regulan minuciosamente el tema en numerosas cláusulas con distintas soluciones para diferentes tipos de rentas -no se trata de "una cláusula" para evitar la doble imposición, como suele leerse en la prensa-, se incluye una cláusula -esta sí es "una cláusula"- de intercambio de información entre los fiscos de ambos países signatarios, generalmente sobre la base de la cláusula 26 del Modelo de Convenio de la OCDE.
-¿Todos los convenios firmados por Uruguay tienen como objetivo evitar la doble imposición?
-Sí, salvo en el caso de Francia con quien se suscribió un convenio solo de intercambio de información, que no contiene las ventajas que otorgan los tratados para evitar la doble imposición. Esto fue un grave error estratégico. Y no lo digo ahora, al quedar demostrado que de nada sirvió para evitar el reciente exabrupto del presidente Sarkozy, sino que lo dije antes por el mal precedente que significa para que Argentina nos exija lo mismo. Esto está unido al hecho de que, mediante disposiciones muy confusas y aun no aclaradas por un decreto reglamentario de interminable preparación, la Ley N° 18.718 del 24/12/2010 desnaturalizó el criterio de la fuente que siempre rigió en nuestros impuestos a la renta -incluso en el IRPF, el IRAE y el Impuesto a la Renta a los No Residentes (IRNR) de la Ley de Reforma Tributaria N° 18.083 del 27/12/2006- gravando a partir del 01/01/2011 solo algunas rentas del exterior de los residentes en Uruguay. De modo que ahora es difícil argumentar que un convenio bilateral de intercambio de información con Argentina solo beneficia a ese país.
-¿Podrá Uruguay evitar la firma de convenios de intercambio de información fiscal con sus dos grandes vecinos?
-No parece realista que Uruguay pueda hacer oídos sordos a los reclamos de firmar tratados con Argentina y Brasil. Sin embargo, pese al mal precedente del acuerdo con Francia, nuestro país debe mantenerse firme en negociar convenios integrales para evitar la doble imposición y de ninguna manera suscribir documentos que solo se refieran al intercambio de información. Si bien, aparentemente, eso no le interesa a Argentina, que en la última década ha firmado tratados con varios países pero únicamente de intercambio de información, contamos con el muy buen antecedente de que Argentina y Brasil tienen vigente entre ellos un convenio integral para evitar la doble imposición desde 1982.
-¿No sería más recomendable acordar criterios comunes para el intercambio de información tributaria dentro del Mercosur?
-Uruguay debe expresar claramente su disposición a firmar convenios integrales para evitar la doble imposición con Argentina y Brasil, pero negociándolos inteligentemente y sin apresuramiento en el ámbito conjunto del Mercosur. Allí debería exigirse también la observancia efectiva de las normas de comercio y libre tránsito del tratado regional, que tantos incumplimientos ha tenido y sigue teniendo de parte de nuestros dos grandes socios. Creo que, en este sentido, se están orientando correctamente las posiciones del gobierno uruguayo, por lo menos en los ámbitos técnicos más calificados. Además, ante el exabrupto del presidente francés, instigado por Argentina a estar a las declaraciones de su canciller Timerman, el presidente Mujica ha logrado quitar presión al tema a través de un logro político y diplomático muy importante, como fue obtener el apoyo expreso de México y Brasil de que Uruguay no es un "paraíso fiscal" y está cumpliendo con la cooperación internacional para evitar la evasión.
-¿Qué fuerza puede tener Uruguay para hacer frente a las demandas de la OCDE?
-Realmente no mucha, salvo tratar de negociar un convenio integral en el ámbito conjunto del Mercosur. Pero la experiencia demuestra que, cuando un país cede demasiado fácilmente y da sensación de debilidad, suelen planteársele nuevas exigencias, como sucede en todos los órdenes de la vida. Con ese mismo criterio, cuidado con que un día la OCDE nos plantee la supresión del régimen de zonas francas. No debemos olvidar que la arremetida contra los mal llamados "paraísos fiscales" tiene un importante componente de búsqueda de chivos expiatorios para disimular la responsabilidad de los países centrales en la actual crisis financiera, incrementada por la desesperación de recaudar cada día más. Debemos tratar, dentro de nuestras posibilidades, que no se nos use como tales.
Transparencia
-La OCDE también ha señalado una relativa falta de transparencia en Uruguay debido al régimen de sociedades por acciones al portador. ¿Se debería sencillamente eliminarlas?
-Hay soluciones alternativas a la eliminación de las acciones al portador, que son admitidas por la OCDE. No creo conveniente esta opción por la tradición uruguaya en la materia, que responde a características propias de la economía de un país pequeño como Uruguay, que es muy distinta a la realidad de países con mercados mucho más grandes como los de nuestros dos vecinos.
-En ese sentido, ¿qué esquema podría adoptar el gobierno uruguayo?
-Uno de esos métodos es el llamado "modelo alemán", donde un organismo estatal lleva el registro de los propietarios de las acciones al portador y lo informa bajo determinadas condiciones. El gobierno, según ha trascendido, se estaría inclinando por ese modelo, donde el organismo que llevaría el registro sería la DGI. Pero existen otros métodos -que también serían aceptados por la OCDE- como, por ejemplo, que ese registro sea llevado por instituciones privadas de reconocido prestigio y seriedad. Prefiero este último tipo de soluciones, porque un organismo estatal puede verse sujeto a presiones políticas indebidas de gobiernos extranjeros para revelar información sin cumplir con los requisitos que se pacten para ello, incluso con finalidades de persecución política, lo cual no sería nada extraño en nuestro contexto regional.
Amenazas
-El presidente Sarkozy amenazó a Uruguay y otros países con "excluirlos de la comunidad internacional". ¿Qué penas podrían aplicarse a nuestro país por no cumplir con los requisitos de la OCDE?
-Las declaraciones de Sarkozy de que nos iba a excluir de la comunidad internacional no significan nada concreto y no son más que un matiz prepotente de su infeliz exabrupto. La OCDE no aplica sanciones. Simplemente es un foro de países desarrollados y algunos emergentes cuyas recomendaciones son inspiración de medidas que pueden aplicar países que acojan sus criterios y, naturalmente, da cierta legitimidad internacional a las mismas.
-En definitiva, ¿es Ud. partidario de aceptar las exigencias de la OCDE?
-No me parece conveniente resistirse. Considero que Uruguay debe hacer explícita su intención de negociar convenios integrales para evitar la doble imposición en el ámbito conjunto del Mercosur, así como una alternativa aceptable a la eliminación de las acciones al portador. Pero debe mantenerse firme en no modificar las normas de levantamiento del secreto bancario para "agilizar" su trámite ante solicitudes de información en materia tributaria de fiscos extranjeros, porque nuestra legislación consagra la exigida transparencia y también respeta la irrenunciable garantía del debido proceso que debe regir en un Estado de Derecho. Además, cualquier convenio que se firme no deberá tener efectos retroactivos y la información a intercambiar se limitará a tratar cuestiones futuras.
En síntesis, no hay que apresurarse a acordar soluciones que nos perjudiquen porque no se aprecia que el contexto normativo actual haya sido un obstáculo para que se radicaran en nuestro país muy importantes inversiones extranjeras de empresas de países que no tienen convenios con Uruguay. Como decía Don Pepe Batlle, "el que se precipita, se precipita… (al vacío)". En esta materia no hay que quedarse inmóvil, pero hay que avanzar con mucha prudencia y sin complejos de culpa.
Incertidumbre sobre futuras reglas de juego
-¿Cuál es el mayor cambio en las reglas de juego en materia tributaria?
-En lo inmediato es la incertidumbre respecto a cuáles serán las reglas de juego, por los chisporroteos y tires y aflojes que se están produciendo a nivel de la conducción económica y del partido de gobierno, por las discordancias de orientación en materia de política económica en general y tributaria en particular. Esto tiene el agravante de que las discrepancias, más que por razones técnicas, son de carácter ideológico y se extienden también a otros campos sensibles, como el laboral con el tema de las ocupaciones y los piquetes sindicales. Por cierto, es muy mala señal para los inversores y los agentes económicos, que desdibuja la buena imagen que dejó el Presidente en las reuniones con empresarios nacionales y extranjeros en el Hotel Conrad de Punta del Este.
Pero hay otro elemento de mayor preocupación. Desde el gobierno se están impulsando proyectos de ley que contienen gruesas inconstitucionalidades, como son los casos del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y la Patente de Rodados Única a nivel nacional. Si se empieza por no respetar la Constitución, no se dan garantías de respetar el Estado de Derecho. Aparte de la gravedad que eso implica en sí para todos los uruguayos que, en definitiva, es lo más importante, también supone, en materia de reglas de juego para los inversores, la pérdida de una ventaja comparativa que siempre tuvo Uruguay frente a otros países de la región mucho más atractivos desde el punto de vista del tamaño de sus mercados.
-De continuar el gobierno por ese camino, ¿cuál sería el próximo cambio en la tributación del agro?
-Es difícil de saber, pero ya se está hablando de la prohibición o limitación de la compra de tierras a los extranjeros, pero no por la vía de la tributación. En algunos sectores del gobierno también se ha hablado de imponer detracciones a las exportaciones de productos agropecuarios, que tan mala experiencia dejó en nuestro país en un pasado bastante lejano que creíamos superado, y también en Argentina en el actual contexto económico.
Es muy dudoso que el ICIR desestimule la concentración de la tierra
-¿En qué medida el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) podría evitar que en el futuro la propiedad de la tierra quede en manos de unos pocos dueños?
-Es muy dudoso que este impuesto logre deprimir el precio de los inmuebles rurales y, de ese modo, desestimule la concentración de la tierra como se expresa en la Exposición de Motivos del proyecto. Por el contrario, existen grandes posibilidades de que, si se produce una baja de los precios, que seguramente no habrá de ser de importantes proporciones, esa tendencia surta el efecto opuesto beneficiando a los grandes propietarios de tierras. Como estos son capaces de soportar costos más altos que los productores medianos y pequeños, también podrían adquirir más tierras a precios menores, como incluso lo han dicho actores importantes del propio gobierno y del Frente Amplio. Adicionalmente, no creo que el ICIR logre impedir que esos valores, que continuarán siendo altos, impidan el proceso de desplazamiento de los productores familiares que no pueden "rentabilizar un activo" de mucho valor, que es otro de los propósitos del proyecto mencionado en la Exposición de Motivos.
-¿Transgrede el proyecto de ley del ICIR algunos preceptos constitucionales?
-El proyecto es groseramente inconstitucional. En efecto, la recaudación y el producido de los impuestos sobre la propiedad inmueble rural corresponden a los gobiernos departamentales -excepto el de los adicionales nacionales, que no es el caso del ICIR- que, además, tienen a su cargo la administración de esos recursos, según lo dispone el art. 297 de la Constitución en el proemio y en su numeral 1°. Esas disposiciones constitucionales son dejadas completamente de lado en los artículos 10 y 11 del proyecto de ley, por fundamentos cuya exposición sería demasiado extensa para esta entrevista.
Además, es importante señalar que, a raíz de las discrepancias que generó este proyecto entre integrantes del gobierno, se elaboró en el ámbito afín al vicepresidente Astori un proyecto sustitutivo tendiente a gravar más fuertemente las rentas derivadas de la venta de inmuebles rurales adquiridos por sus titulares con anterioridad a la entrada en vigencia -el 1° de julio de 2007- de la Ley de Reforma Tributaría N° 18.083, que gravó la venta de esos inmuebles por el IRFP o el IRAE sobre la base de costos de adquisición fictos. El hecho es que, ante las diferencias existentes en el seno del gobierno y del Frente Amplio, también se incluyó este impuesto en los artículos 13 y 14 del proyecto, de modo tal que, en vez de ser sustitutivo del ICIR, se suma al mismo. Este nuevo tributo complementario también me merece serias observaciones desde el punto de visto técnico y constitucional, sobre las cuales tampoco parece del caso extenderse en esta oportunidad
Fuente: http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/uruguay-debe-mantenerse-firme-en-la-negociacion-de-convenios-integrales/ecoymer_611990_111212.html
viernes, 9 de diciembre de 2011
Para Bergara, Uruguay es tan “transparente” como Francia.
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, comparó los regímenes de "transparencia" fiscal de Uruguay y Francia, y concluyó que ambos están a la par. Recordó que ese país se negó a rubricar con el nuestro acuerdos de transparencia informativa. De modo elíptico también golpeó sobre Argentina.
Exposición. Bergara, Lorenzo y Ferreri ayer en una actividad organizada por Cade.
En disertaciones de economía donde abundan las estadísticas y se habla de la crisis financiera internacional, no es frecuente encontrar una mesa con expositores de sonrisas henchidas.
Sin embargo, en la víspera fue el caso de los integrantes del equipo económico, luego de que Mario Bergara cerrara su alocución sobre la "cristalinidad" informativa del país en materia de intercambio de datos fiscales, en el marco de una exposición organizada por Cade.
El funcionario evaluó el cumplimiento de las 40 normas recomendadas por los organismos internacionales para restringir el lavado de activos y formuló algunas críticas a los países del Grupo de los 20 (G-20) sobre su falta de voluntad política para aumentar la "cristalinidad" de sus sistemas domésticos de intercambio de información fiscal.
El funcionario dijo que detrás del debate sobre los "paraísos fiscales", instalado durante la última reunión del G-20, en realidad se oculta el problema de la "cristalinidad" que los países tienen para divulgar información tributaria doméstica, a pedido de terceros países.
Indicó que el grupo de inteligencia financiera mundial destinado a evitar el lavado de activos, conocido como Gafi, formuló a los gobiernos unas 49 recomendaciones para la lucha contra el blanqueo de dinero, dentro de las cuales una cuarta parte son claves para la aplicación de este tipo de políticas de control al delito. En su exposición, mostró una serie de gráficas comparativas de la región y del mundo, en las que colocó a Uruguay como referencia.
Bergara señaló que el país integraba dentro del Gafi un grupo de países de la región denominado Gafisud, e indicó que Uruguay era de los Estados de la región que cumplían con la mayor cantidad de recomendaciones antilavado del organismo.
Agregó que de las recomendaciones consideradas "claves" por Gafisud, Uruguay no incumplía ninguna, al tiempo que mostró una gráfica en la que Brasil cumplía muchas menos, y Argentina ninguna.
Sin mencionar países, el funcionario hizo notar que algunas naciones de la región estaban en total incumplimiento de la normativa.
También comparó el cumplimiento de esa normativa antilavado entre los países del G-20, y en la planilla colocó a Uruguay.
De esta comparación surgió de modo nítido, que Uruguay sólo era superado por Estados Unidos y Francia, mientras que los restantes integrantes del plantel del G-20 contaban con una menor tasa de cumplimiento.
La gráfica y el discurso de Bergara hicieron especial hincapié en la paridad de Uruguay con Francia en el cumplimiento de la normativa, superando a 17 países que integran el G-20, añadiendo que ese país integra un grupo de Estados que desecharon rubricar con Uruguay acuerdos de intercambio de información fiscal.
También agregó que en el caso del Reino Unido, hay sitios bajo soberanía británica como la Isla de Man o Gibraltar, en donde se incumplen con determinación las normativas antilavado.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011dic09/eco01.html
Exposición. Bergara, Lorenzo y Ferreri ayer en una actividad organizada por Cade.
En disertaciones de economía donde abundan las estadísticas y se habla de la crisis financiera internacional, no es frecuente encontrar una mesa con expositores de sonrisas henchidas.
Sin embargo, en la víspera fue el caso de los integrantes del equipo económico, luego de que Mario Bergara cerrara su alocución sobre la "cristalinidad" informativa del país en materia de intercambio de datos fiscales, en el marco de una exposición organizada por Cade.
El funcionario evaluó el cumplimiento de las 40 normas recomendadas por los organismos internacionales para restringir el lavado de activos y formuló algunas críticas a los países del Grupo de los 20 (G-20) sobre su falta de voluntad política para aumentar la "cristalinidad" de sus sistemas domésticos de intercambio de información fiscal.
El funcionario dijo que detrás del debate sobre los "paraísos fiscales", instalado durante la última reunión del G-20, en realidad se oculta el problema de la "cristalinidad" que los países tienen para divulgar información tributaria doméstica, a pedido de terceros países.
Indicó que el grupo de inteligencia financiera mundial destinado a evitar el lavado de activos, conocido como Gafi, formuló a los gobiernos unas 49 recomendaciones para la lucha contra el blanqueo de dinero, dentro de las cuales una cuarta parte son claves para la aplicación de este tipo de políticas de control al delito. En su exposición, mostró una serie de gráficas comparativas de la región y del mundo, en las que colocó a Uruguay como referencia.
Bergara señaló que el país integraba dentro del Gafi un grupo de países de la región denominado Gafisud, e indicó que Uruguay era de los Estados de la región que cumplían con la mayor cantidad de recomendaciones antilavado del organismo.
Agregó que de las recomendaciones consideradas "claves" por Gafisud, Uruguay no incumplía ninguna, al tiempo que mostró una gráfica en la que Brasil cumplía muchas menos, y Argentina ninguna.
Sin mencionar países, el funcionario hizo notar que algunas naciones de la región estaban en total incumplimiento de la normativa.
También comparó el cumplimiento de esa normativa antilavado entre los países del G-20, y en la planilla colocó a Uruguay.
De esta comparación surgió de modo nítido, que Uruguay sólo era superado por Estados Unidos y Francia, mientras que los restantes integrantes del plantel del G-20 contaban con una menor tasa de cumplimiento.
La gráfica y el discurso de Bergara hicieron especial hincapié en la paridad de Uruguay con Francia en el cumplimiento de la normativa, superando a 17 países que integran el G-20, añadiendo que ese país integra un grupo de Estados que desecharon rubricar con Uruguay acuerdos de intercambio de información fiscal.
También agregó que en el caso del Reino Unido, hay sitios bajo soberanía británica como la Isla de Man o Gibraltar, en donde se incumplen con determinación las normativas antilavado.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011dic09/eco01.html
DGI centralizará información de titulares de acciones al portador.
El Ministerio de Economía ya tiene delineado el proyecto de ley que “en semanas” enviará al Parlamento en el que se exigirá a las empresas que informen a la Dirección General de Impositiva (DGI) la identidad de los propietarios de acciones al portador.
El ministro Fernando Lorenzo informó ayer que “en las declaraciones fiscales” que recibe la DGI, las compañías deberán informar los nombres de los accionistas.
Actualmente las empresas envían a Impositiva declaraciones mensuales por el IVA y anuales sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. En ese tipo de declaraciones –aún no se definió en cuál– las empresas deberán reportar quiénes son sus propietarios y la composición accionaria.
El régimen escogido, que se inspiró en el que utiliza Alemania con declaraciones anuales, según se explicó a El Observador, tendrá como garantía la protección que ofrece el secreto tributario. “El secreto tributario en Uruguay se respeta”, enfatizó Lorenzo.
El régimen de acciones al portador –que es el más extendido en el país– fue cuestionado junto a la falta de acuerdos de intercambio de información tributaria por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mantuvo a Uruguay entre los países no cooperantes en el combate a la evasión fiscal.
Fuentes de la DGI comentaron a El Observador que el organismo recaudador aspira a poder utilizar la información sobre quienes son los propietarios de las empresas para conocer más a sus contribuyentes. Esa información será enviada al exterior en caso de ser requerida por países con los que se suscriban acuerdos. Uruguay deberá firmar un mínimo de 12 tratados de intercambio de información fiscal para poder salir de la lista gris de la OCDE. En la actualidad ya tiene cinco operativos y cinco más en trámite de aprobación, pero debe incluir en la nómina a socios “relevantes”, como Argentina y Brasil.
El abogado tributarista Carlos Loaiza comentó ayer a El Observador que el sistema que utilizará Uruguay sobre acciones al portador “probó funcionar en otras administraciones”, pero advirtió que deberá aumentar la preocupación sobre el manejo de datos que son reservados.
En ese sentido comentó que deberían aumentar las sanciones contra los que hagan un mal uso de la información que reciba la DGI. De hecho, en otros países, incluso desarrollados como Alemania, hubo casos de robo de datos que estaban en poder del fisco.
Lorenzo señaló ayer en un foro en la torre de ANTEL, organizado por la Corporación de Asesores de Empresas (CADE), que Uruguay “seguirá avanzando” en materia de cooperación tributaria para lo cual fue esencial la acumulación de experiencia que se obtuvo en la negociación de tratados.
“Eso permitirá negociar con los socios relevantes en mejores condiciones”, explicó. Destacó que el país introdujo cambios en el sistema tributario y en la capacidad de cooperar en lo internacional. l
Bien posicionado contra el lavado.
lll Solo dos países del G20 (Estados Unidos y Francia) están mejor posicionados que Uruguay en materia de combate al lavado de activos destacó ayer el presidente del Banco Central, Mario Bergara. De las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar el lavado, Uruguay cumple 29 en forma total o en su mayoría; nueve parcialmente y otras dos no las cumple. En 2013 Uruguay volverá a ser auditado. Además, hay 11 recomendaciones para evitar el financiamiento al terrorismo. De ellas, Uruguay cumple nueve en su totalidad y tres en forma parcial. Sobre ese particular hay tres países (EEUU, Reino Unido y Francia) del G20 mejor posicionados que Uruguay.Recibirán denuncias anónimas vía web
A partir del año próximo la DGI recibirá “denuncias anónimas” contra contribuyentes que puedan estar evadiendo. Se recibirán en la página web que será rediseñada. El anuncio lo hizo Pablo Ferreri, director de Rentas, al explicar las herramientas que utilizará para bajar la evasión. También en 2012 se entregará a los liceales un programa para las computadoras del Plan Ceibal con temas tributarios.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/214765/dgi-centralizara-informacion-de-titulares-de-acciones-al-portador/
El ministro Fernando Lorenzo informó ayer que “en las declaraciones fiscales” que recibe la DGI, las compañías deberán informar los nombres de los accionistas.
Actualmente las empresas envían a Impositiva declaraciones mensuales por el IVA y anuales sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. En ese tipo de declaraciones –aún no se definió en cuál– las empresas deberán reportar quiénes son sus propietarios y la composición accionaria.
El régimen escogido, que se inspiró en el que utiliza Alemania con declaraciones anuales, según se explicó a El Observador, tendrá como garantía la protección que ofrece el secreto tributario. “El secreto tributario en Uruguay se respeta”, enfatizó Lorenzo.
El régimen de acciones al portador –que es el más extendido en el país– fue cuestionado junto a la falta de acuerdos de intercambio de información tributaria por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mantuvo a Uruguay entre los países no cooperantes en el combate a la evasión fiscal.
Fuentes de la DGI comentaron a El Observador que el organismo recaudador aspira a poder utilizar la información sobre quienes son los propietarios de las empresas para conocer más a sus contribuyentes. Esa información será enviada al exterior en caso de ser requerida por países con los que se suscriban acuerdos. Uruguay deberá firmar un mínimo de 12 tratados de intercambio de información fiscal para poder salir de la lista gris de la OCDE. En la actualidad ya tiene cinco operativos y cinco más en trámite de aprobación, pero debe incluir en la nómina a socios “relevantes”, como Argentina y Brasil.
El abogado tributarista Carlos Loaiza comentó ayer a El Observador que el sistema que utilizará Uruguay sobre acciones al portador “probó funcionar en otras administraciones”, pero advirtió que deberá aumentar la preocupación sobre el manejo de datos que son reservados.
En ese sentido comentó que deberían aumentar las sanciones contra los que hagan un mal uso de la información que reciba la DGI. De hecho, en otros países, incluso desarrollados como Alemania, hubo casos de robo de datos que estaban en poder del fisco.
Lorenzo señaló ayer en un foro en la torre de ANTEL, organizado por la Corporación de Asesores de Empresas (CADE), que Uruguay “seguirá avanzando” en materia de cooperación tributaria para lo cual fue esencial la acumulación de experiencia que se obtuvo en la negociación de tratados.
“Eso permitirá negociar con los socios relevantes en mejores condiciones”, explicó. Destacó que el país introdujo cambios en el sistema tributario y en la capacidad de cooperar en lo internacional. l
Bien posicionado contra el lavado.
lll Solo dos países del G20 (Estados Unidos y Francia) están mejor posicionados que Uruguay en materia de combate al lavado de activos destacó ayer el presidente del Banco Central, Mario Bergara. De las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar el lavado, Uruguay cumple 29 en forma total o en su mayoría; nueve parcialmente y otras dos no las cumple. En 2013 Uruguay volverá a ser auditado. Además, hay 11 recomendaciones para evitar el financiamiento al terrorismo. De ellas, Uruguay cumple nueve en su totalidad y tres en forma parcial. Sobre ese particular hay tres países (EEUU, Reino Unido y Francia) del G20 mejor posicionados que Uruguay.Recibirán denuncias anónimas vía web
A partir del año próximo la DGI recibirá “denuncias anónimas” contra contribuyentes que puedan estar evadiendo. Se recibirán en la página web que será rediseñada. El anuncio lo hizo Pablo Ferreri, director de Rentas, al explicar las herramientas que utilizará para bajar la evasión. También en 2012 se entregará a los liceales un programa para las computadoras del Plan Ceibal con temas tributarios.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/214765/dgi-centralizara-informacion-de-titulares-de-acciones-al-portador/
MEF pide al Parlamento no trabar acuerdos por intercambio de datos.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, instó ayer a los legisladores a aprobar por "unanimidad" los cinco acuerdos de intercambio de datos fiscales que todavía no tienen ratificación y resaltó los avances hechos para cumplir con OCDE.
"Yo espero una actitud, la misma que se ha tenido cuando se han discutido otros tratados", dijo Lorenzo ayer por la mañana, en el cierre de una actividad organizada por CADE.
"Si los tratados para evitar la doble tributación y los tratados de intercambio de información tributaria se han aprobado por unanimidad muchos de ellos en el Parlamento de la República cuando se realizan con un país, yo espero la misma unanimidad cuando ocurra con cualquier otro país", agregó.
Lorenzo dijo que sin importar el tipo de acuerdo que se firme, la "relevancia y pertinencia" de ese instrumento jurídico "no puede estar condicionada" a con quién se firma.
El ministro de Economía se adelantó con esto a cualquier debate que pueda ocasionarse a futuro, especialmente en el caso de un tratado con Argentina -que todavía no está finalizado- en el que existe disparidad de opiniones.
El diputado frenteamplista Alfredo Asti dijo a El País que para el próximo martes se convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara y en el orden del día están los acuerdos fiscales pendientes. "Seguramente se van a aprobar unos cuantos, creo que la mayoría de ellos por unanimidad y algunos por mayoría, pero van a salir", indicó. La sesión extraordinaria permite dar más tiempo a los legisladores para tratar los temas, ya que se puede extender hasta las 12 de la noche e incluso prorrogarla siempre que no haya moción para levantarla.
El Parlamento ya ratificó cuatro acuerdos (Hungría, México, España y Alemania), pero aún tiene cinco pendientes (Portugal, Liechtenstein, Suiza, Ecuador y Malta).
Esos acuerdos pasaron por un proceso de negociación técnica, fueron firmados por los presidentes de ambos países o jurisdicciones, pero antes de entrar en vigor necesitan ser ratificados a nivel parlamentario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le exigió a Uruguay en 2009 la firma de 12 acuerdos de intercambio de información fiscal para mostrar su compromiso con la transparencia global. Uruguay avanzó por ese camino, pero este año recibió críticas del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que lo calificó de "paraíso fiscal". Además, OCDE informó que ya no basta con firmar 12 acuerdos para cumplir con los estándares internacionales.
El Partido Nacional decidió votar los acuerdos, pero "con objeciones", informó a El País el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, Daniel Peña. "El gobierno no ha dicho cuál es la nueva estrategia, porque lo que quedó claro después de las palabras de Sarkozy es que con 12 acuerdos no vamos a solucionar absolutamente nada", dijo. No obstante, Peña afirmó que los nacionalistas no van a "trancar" la firma de los acuerdos que ya estaban adelantados.
El Partido Colorado también votará los tratados pendientes. El único representante que tiene en la Comisión de Asuntos Internacionales, Fernando Amado, dijo a El País que se "va a acompañar con el voto afirmativo los acuerdos".
"Pedro Bordaberry tuvo una reunión con el ministro Lorenzo y se conversó este tema, teniendo en cuenta que era importante votar estos tratados a efectos de mejorar la presencia de Uruguay en la lista de la OCDE", indicó.
Según supo El País solo hay uno de los tratados que pedirán que regrese a la Comisión, pero "no por un tema de fondo sino de forma", ya que su redacción es distinta a la de los demás, dijo Amado que no quiso especificar cuál.
Por su parte, Lorenzo se refirió ayer en su alocución en CADE a la exigencia de OCDE de firmar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Argentina.
"Si no hubiéramos tenido experiencia de negociación con países muy relevantes, las negociaciones con otros países relevantes que aún están pendientes las haríamos en condiciones de incertidumbre porque no sabríamos ni negociar esos convenios. ¡Y vaya las cosas que nos podrían decir en Uruguay si se nos ocurriera haber elegido en primer lugar para negociar estas cuestiones con Argentina!", dijo.
ACCIONES. En línea con las exigencias de la OCDE, Lorenzo informó ayer que "en las próximas semanas" se presentará un proyecto de ley donde se buscará cumplir con el requisito de identificar la propiedad de las empresas. Como ya había adelantado a El País, indicó que en lugar de cambiar la normativa de la legislación de sociedades anónimas, solo se introducirá la obligación de informar a la Dirección General Impositiva sobre quiénes son los propietarios de las empresas con acciones al portador. "Esto permite encapsular la transparencia de la información a fines de la cooperación, encapsulada en el secreto tributario", dijo.
En la misma actividad, el titular del Banco Central, Mario Bergara, defendió la transparencia de Uruguay en materia de información y combate tanto al lavado de dinero como al terrorismo y criticó al Grupo de los 20 países más industrializados por sus escasos avances.
Dijo que en la región solo Panamá y Colombia cumplen mejor que Uruguay las 40 recomendaciones de lavado de dinero del GAFI. Agregó que el país tiene "mejores estándares de protección del lavado de activos que la mayor parte de los países de G20". De los 19 países que lo integran (exceptuando la Unión Europea como bloque) solo dos tienen mejor evaluación que Uruguay: Estados Unidos y Francia", indicó y lanzó: "Los países del G20 tienen muchos deberes para hacer en sus hogares".
En 2012 gravarán activos del exterior
Si bien en 2010 el gobierno logró que se aprobara una ley para que los activos que tengan residentes en el exterior comiencen a ser gravados con impuestos, la recaudación aún no comenzó porque nunca se dio a conocer el decreto reglamentario. En el evento organizado por CADE, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que la "reglamentación va a tener que salir en los próximos días porque hay que asegurarse que la normativa esté vigente cuando tiene que entrar en vigencia, que es el período 2012". Esta fue una de las medidas que tomó el gobierno en su estrategia para cumplir con los estándares de transparencia internacional. Otra fue la flexibilización del secreto bancario, que permitió la posibilidad de su levantamiento con la aprobación de la Justicia.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111209/pecono-611551/economia/mef-pide-al-parlamento-no-trabar-acuerdos-por-intercambio-de-datos/
"Yo espero una actitud, la misma que se ha tenido cuando se han discutido otros tratados", dijo Lorenzo ayer por la mañana, en el cierre de una actividad organizada por CADE.
"Si los tratados para evitar la doble tributación y los tratados de intercambio de información tributaria se han aprobado por unanimidad muchos de ellos en el Parlamento de la República cuando se realizan con un país, yo espero la misma unanimidad cuando ocurra con cualquier otro país", agregó.
Lorenzo dijo que sin importar el tipo de acuerdo que se firme, la "relevancia y pertinencia" de ese instrumento jurídico "no puede estar condicionada" a con quién se firma.
El ministro de Economía se adelantó con esto a cualquier debate que pueda ocasionarse a futuro, especialmente en el caso de un tratado con Argentina -que todavía no está finalizado- en el que existe disparidad de opiniones.
El diputado frenteamplista Alfredo Asti dijo a El País que para el próximo martes se convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara y en el orden del día están los acuerdos fiscales pendientes. "Seguramente se van a aprobar unos cuantos, creo que la mayoría de ellos por unanimidad y algunos por mayoría, pero van a salir", indicó. La sesión extraordinaria permite dar más tiempo a los legisladores para tratar los temas, ya que se puede extender hasta las 12 de la noche e incluso prorrogarla siempre que no haya moción para levantarla.
El Parlamento ya ratificó cuatro acuerdos (Hungría, México, España y Alemania), pero aún tiene cinco pendientes (Portugal, Liechtenstein, Suiza, Ecuador y Malta).
Esos acuerdos pasaron por un proceso de negociación técnica, fueron firmados por los presidentes de ambos países o jurisdicciones, pero antes de entrar en vigor necesitan ser ratificados a nivel parlamentario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le exigió a Uruguay en 2009 la firma de 12 acuerdos de intercambio de información fiscal para mostrar su compromiso con la transparencia global. Uruguay avanzó por ese camino, pero este año recibió críticas del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que lo calificó de "paraíso fiscal". Además, OCDE informó que ya no basta con firmar 12 acuerdos para cumplir con los estándares internacionales.
El Partido Nacional decidió votar los acuerdos, pero "con objeciones", informó a El País el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, Daniel Peña. "El gobierno no ha dicho cuál es la nueva estrategia, porque lo que quedó claro después de las palabras de Sarkozy es que con 12 acuerdos no vamos a solucionar absolutamente nada", dijo. No obstante, Peña afirmó que los nacionalistas no van a "trancar" la firma de los acuerdos que ya estaban adelantados.
El Partido Colorado también votará los tratados pendientes. El único representante que tiene en la Comisión de Asuntos Internacionales, Fernando Amado, dijo a El País que se "va a acompañar con el voto afirmativo los acuerdos".
"Pedro Bordaberry tuvo una reunión con el ministro Lorenzo y se conversó este tema, teniendo en cuenta que era importante votar estos tratados a efectos de mejorar la presencia de Uruguay en la lista de la OCDE", indicó.
Según supo El País solo hay uno de los tratados que pedirán que regrese a la Comisión, pero "no por un tema de fondo sino de forma", ya que su redacción es distinta a la de los demás, dijo Amado que no quiso especificar cuál.
Por su parte, Lorenzo se refirió ayer en su alocución en CADE a la exigencia de OCDE de firmar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Argentina.
"Si no hubiéramos tenido experiencia de negociación con países muy relevantes, las negociaciones con otros países relevantes que aún están pendientes las haríamos en condiciones de incertidumbre porque no sabríamos ni negociar esos convenios. ¡Y vaya las cosas que nos podrían decir en Uruguay si se nos ocurriera haber elegido en primer lugar para negociar estas cuestiones con Argentina!", dijo.
ACCIONES. En línea con las exigencias de la OCDE, Lorenzo informó ayer que "en las próximas semanas" se presentará un proyecto de ley donde se buscará cumplir con el requisito de identificar la propiedad de las empresas. Como ya había adelantado a El País, indicó que en lugar de cambiar la normativa de la legislación de sociedades anónimas, solo se introducirá la obligación de informar a la Dirección General Impositiva sobre quiénes son los propietarios de las empresas con acciones al portador. "Esto permite encapsular la transparencia de la información a fines de la cooperación, encapsulada en el secreto tributario", dijo.
En la misma actividad, el titular del Banco Central, Mario Bergara, defendió la transparencia de Uruguay en materia de información y combate tanto al lavado de dinero como al terrorismo y criticó al Grupo de los 20 países más industrializados por sus escasos avances.
Dijo que en la región solo Panamá y Colombia cumplen mejor que Uruguay las 40 recomendaciones de lavado de dinero del GAFI. Agregó que el país tiene "mejores estándares de protección del lavado de activos que la mayor parte de los países de G20". De los 19 países que lo integran (exceptuando la Unión Europea como bloque) solo dos tienen mejor evaluación que Uruguay: Estados Unidos y Francia", indicó y lanzó: "Los países del G20 tienen muchos deberes para hacer en sus hogares".
En 2012 gravarán activos del exterior
Si bien en 2010 el gobierno logró que se aprobara una ley para que los activos que tengan residentes en el exterior comiencen a ser gravados con impuestos, la recaudación aún no comenzó porque nunca se dio a conocer el decreto reglamentario. En el evento organizado por CADE, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que la "reglamentación va a tener que salir en los próximos días porque hay que asegurarse que la normativa esté vigente cuando tiene que entrar en vigencia, que es el período 2012". Esta fue una de las medidas que tomó el gobierno en su estrategia para cumplir con los estándares de transparencia internacional. Otra fue la flexibilización del secreto bancario, que permitió la posibilidad de su levantamiento con la aprobación de la Justicia.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111209/pecono-611551/economia/mef-pide-al-parlamento-no-trabar-acuerdos-por-intercambio-de-datos/
jueves, 8 de diciembre de 2011
Control cambiario desalentará turismo argentino en Uruguay.
El economista argentino Miguel Kiguel disertó sobre la actual coyuntura económica de Argentina. El ex subsecretario de Economía de su país, y doctorado en economía en la universidad estadounidense de Columbia, abordó las "intranquilidades latentes" que existen en la economía de su país.
El disertante habló de muchos tópicos de la economía argentina, pero se detuvo con particular detalle en la cuestión cambiaria.
El profesional indicó que la política restrictiva para la venta de dólares ha provocado un encarecimiento del dólar, que terminará por afectar los negocios con Uruguay.
"Ahora será más barato veranear en Argentina, en vez de hacerlo aquí", señaló.
Indicó que al momento de adoptar las medidas, el sistema bancario argentino tenía en sus arcas depósitos por unos U$S 15.000 millones y, al adoptarse las restricciones cambiarias por todos conocidas, comenzó una fuga de divisas de unos U$S 700 millones por semana, hasta completar en algo más de un mes la salida de U$S 12.500 millones.
Para Kiguel, el fenómeno de la fuga de capitales ya perdió revoluciones y encontró la fuga encontró una grifa para la salida.
El profesional reiteró los ejemplos de discrecionalidad gubernativa en el manejo de la economía nacional, señalando que la actual administración hizo desaparecer el escenario con reglas económicas claras, para pasar a otro plagado de incertidumbres. También habló de la inflación doméstica de su país.
Al cuestionar los datos del Indec -símil argentino del uruguayo Instituto Nacional de Estadística- Kiguel se basó en los estudios estadísticos de las provincias, los que coinciden en estimar la inflación anual de ese país en 23,4%.
Pronosticó que en su país se producen cambios en la calidad de vida de la gente, ya que el gobierno resolvió desmantelar sus políticas de subsidio tarifario, que costaban unos U$S 17.000 millones.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011dic08/eco02.html
El disertante habló de muchos tópicos de la economía argentina, pero se detuvo con particular detalle en la cuestión cambiaria.
El profesional indicó que la política restrictiva para la venta de dólares ha provocado un encarecimiento del dólar, que terminará por afectar los negocios con Uruguay.
"Ahora será más barato veranear en Argentina, en vez de hacerlo aquí", señaló.
Indicó que al momento de adoptar las medidas, el sistema bancario argentino tenía en sus arcas depósitos por unos U$S 15.000 millones y, al adoptarse las restricciones cambiarias por todos conocidas, comenzó una fuga de divisas de unos U$S 700 millones por semana, hasta completar en algo más de un mes la salida de U$S 12.500 millones.
Para Kiguel, el fenómeno de la fuga de capitales ya perdió revoluciones y encontró la fuga encontró una grifa para la salida.
El profesional reiteró los ejemplos de discrecionalidad gubernativa en el manejo de la economía nacional, señalando que la actual administración hizo desaparecer el escenario con reglas económicas claras, para pasar a otro plagado de incertidumbres. También habló de la inflación doméstica de su país.
Al cuestionar los datos del Indec -símil argentino del uruguayo Instituto Nacional de Estadística- Kiguel se basó en los estudios estadísticos de las provincias, los que coinciden en estimar la inflación anual de ese país en 23,4%.
Pronosticó que en su país se producen cambios en la calidad de vida de la gente, ya que el gobierno resolvió desmantelar sus políticas de subsidio tarifario, que costaban unos U$S 17.000 millones.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011dic08/eco02.html
jueves, 1 de diciembre de 2011
Uruguay en el grupo de países menos corruptos de las Américas.
Uruguay es el tercer país con menos percepción de corrupción en las Américas.
Los que tienen menos corrupción son Chile y Estados Unidos y los de mayor son Venezuela y Haití, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2011 que dio a conocer ayer la organización Transparencia Internacional.
Si no se cuentan los resultados de Chile y Uruguay, ningún otro país latinoamericano está por encima de la calificación media (cinco puntos), según destaca Transparencia Internacional.
Uruguay mejoró su calificación de 6,8 a 7, en una escala de 0 a 10, en que 10 sería el país ideal libre de percepción de corrupción, país ideal de transparencia.
Sin embargo, pasó del lugar 24 al 25 en el ranking mundial. Este año se incorporaron cinco países a esta evaluación, entre ellos Bahamas que está en el lugar 21, y Santa Lucía, que junto a Francia y Uruguay comparten la posición 25.
El índice abarca a 183 países y territorios, con una puntuación entre 0 (sumamente corrupto) y 10 (muy transparente), según los niveles de percepción de corrupción del sector público. Dos tercios de los países clasificados obtuvieron una puntuación inferior a 5.
Transparencia Internacional aclara que este informe es una evaluación de las percepciones sobre corrupción pública y administrativa, que no representa una determinación final sobre el nivel de corrupción de una nación o sociedad en general, ni de sus políticas y actividades.
PAÍSES. El país con menor percepción de corrupción en el año 2011 resultó ser Nueva Zelanda, le siguen Dinamarca, Finlandia y Suecia. Singapur está en el quinto puesto, luego Noruega, Holanda y Australia.
El año pasado, Dinamarca había sido el país con menor percepción de corrupción, seguido por Nueva Zelanda, Singapur, Finlandia y Suecia.
Los países con mayor percepción de corrupción en 2011 fueron Corea del Norte y Somalia, que comparten la posición 182. Brasil está en el puesto 73, Argentina y México están en el 100, República Dominicana y Honduras en el 129,, Paraguay en el 154, Venezuela en el 172 y Haití en el 175.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111201/pnacio-609870/nacional/uruguay-en-el-grupo-de-paises-menos-corruptos-de-las-americas/
Los que tienen menos corrupción son Chile y Estados Unidos y los de mayor son Venezuela y Haití, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2011 que dio a conocer ayer la organización Transparencia Internacional.
Si no se cuentan los resultados de Chile y Uruguay, ningún otro país latinoamericano está por encima de la calificación media (cinco puntos), según destaca Transparencia Internacional.
Uruguay mejoró su calificación de 6,8 a 7, en una escala de 0 a 10, en que 10 sería el país ideal libre de percepción de corrupción, país ideal de transparencia.
Sin embargo, pasó del lugar 24 al 25 en el ranking mundial. Este año se incorporaron cinco países a esta evaluación, entre ellos Bahamas que está en el lugar 21, y Santa Lucía, que junto a Francia y Uruguay comparten la posición 25.
El índice abarca a 183 países y territorios, con una puntuación entre 0 (sumamente corrupto) y 10 (muy transparente), según los niveles de percepción de corrupción del sector público. Dos tercios de los países clasificados obtuvieron una puntuación inferior a 5.
Transparencia Internacional aclara que este informe es una evaluación de las percepciones sobre corrupción pública y administrativa, que no representa una determinación final sobre el nivel de corrupción de una nación o sociedad en general, ni de sus políticas y actividades.
PAÍSES. El país con menor percepción de corrupción en el año 2011 resultó ser Nueva Zelanda, le siguen Dinamarca, Finlandia y Suecia. Singapur está en el quinto puesto, luego Noruega, Holanda y Australia.
El año pasado, Dinamarca había sido el país con menor percepción de corrupción, seguido por Nueva Zelanda, Singapur, Finlandia y Suecia.
Los países con mayor percepción de corrupción en 2011 fueron Corea del Norte y Somalia, que comparten la posición 182. Brasil está en el puesto 73, Argentina y México están en el 100, República Dominicana y Honduras en el 129,, Paraguay en el 154, Venezuela en el 172 y Haití en el 175.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111201/pnacio-609870/nacional/uruguay-en-el-grupo-de-paises-menos-corruptos-de-las-americas/
Uruguay no perderá depósitos de los argentinos por firmar tratados.
Juan C. Fábrega - Presidente del Banco de la Nación Argentina
-¿En qué consiste el convenio que firmaron con el Banco República (BROU)?
-El Banco de la Nación Argentina y el BROU son dos gotas de agua. Ambos no tienen características de sociedad anónima y tenemos un objetivo en común: ser reguladores testigo de lo que es el sistema financiero. Con estas características que los identifican, que tienen un objetivo claro de apoyar las Pymes, las familias y las exportaciones, lo que hemos decidido es formular un convenio que permita un soporte mejor a lo que son las Pymes y el comercio bilateral.
-La idea es dar financiamiento en conjunto con el BROU.
-Financiamiento conjunto, hablar de operaciones en conjunto y servicios en conjunto. Acá viene una pyme argentina a operar en Uruguay y el Banco Nación tiene solo una sucursal en Montevideo, pero el cliente a lo mejor necesita hacer operaciones más lejos que Montevideo y este convenio tiene el objetivo primordial de atar estos dos bancos en apoyo a argentinos y uruguayos en lo que hace a la faz comercial.
-El banco cumple 50 años en Uruguay, ¿hay planes de expansión del negocio?
-A nosotros nos gustaría ver si el banco puede recuperar alguna situación que tuvo años atrás, cuando tuvo sucursales en Punta del Este y en Paysandú. El objetivo nuestro hoy no es Punta del Este, sino Maldonado, pero fundamentalmente dar respaldo a nuestras pymes argentinas que operen acá y comprometernos en el mismo sentido con las pymes uruguayas que tengan que operar en Argentina. Vamos a buscar crecer en el negocio en el país, dándole soporte desde Argentina pero tratando de conseguir el aporte del BROU.
-El sistema financiero uruguayo es un destino tradicional de depósitos de argentinos, en ese contexto ¿cómo ve la discusión por un acuerdo de intercambio de información tributaria entre los dos países?
-Uno tiene que reconocer que el mundo avanza hacia el control del origen de los fondos. Y esto no es una cosa que se instale ni en Uruguay ni en Argentina, se instaló en el mundo. Ya nadie transita con fondos por el mundo sin poder identificar el origen. Cuando uno tiene un cliente que perfectamente identifica el origen de los fondos va a poder operar, y no va a tener ningún problema ni en la Argentina ni en Uruguay ni en cualquier parte del mundo.
-¿Y eso no puede traer aparejada una pérdida del negocio local de captar depósitos de argentinos?
-No, no creo. Esto podría perderse si lo que uno no puede hacer en Uruguay, lo puede hacer en otro lado. Pero no se da así. Lo que uno hace en Uruguay lo puede hacer en cualquier parte y lo que no puede hacer en Uruguay, no lo va a poder hacer en otro lado. Así que no le veo alternativas de que pierda. Además, Uruguay fue toda la vida una plaza querida y codiciada por los argentinos.
-¿Cómo ve el control de cambios que comenzó a aplicar el gobierno argentino?
-La Argentina no ha restringido la venta de dólares, lo que sí ha dicho es "mirá, para poder comprar dólares tenés que demostrar el origen de los fondos y si tenés eso no tenés ningún problema". Hoy es absolutamente normal la compra de dólares. Por supuesto, si llega una persona que no puede demostrar el origen de los fondos y quiere comprar US$ 100.000, no se los podemos vender. Pero si voy a Estados Unidos me pasa lo mismo. Y es lo que estamos haciendo en la Argentina, no parece nada traumático. Naturalmente, el primer día que uno impone una medida siempre se genera una inquietud. El correr de los días ha demostrado que esa inquietud está absolutamente superada.
-También ha habido inquietud en Argentina por los rumores de un posible corralito a raíz de la caída de depósitos.
-No, no. No hay ninguna probabilidad que exista semejante situación porque las condiciones macroeconómicas de la Argentina son muy buenas. No hay ninguna inquietud ni situación que pueda derivar en un hecho de esas características.
-El control cambiario, ¿puede dificultar la llegada de veraneantes argentinos a Uruguay?
-No, no veo que ningún argentino que le gusta veranear en Uruguay esté pensando en no venir porque tiene problemas cambiarios. Creo que van a haber las facilidades para que cualquier argentino pueda venir a Uruguay y resolver su problema cambiario.
-Ante la posibilidad de que los argentinos vengan con su moneda, al BROU se le generaría un excedente de pesos argentinos, ¿se habló algo sobre la posibilidad de que el BROU les venda luego ese excedente?
-No hemos hablado con el BROU de ese tema, pero podría ser un hecho conversable. No he evaluado este hecho porque nunca me lo han planteado, pero es una cosa que podría evaluar si se presenta.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111201/pecono-609813/economia/uruguay-no-perdera-depositos-de-los-argentinos-por-firmar-tratados/
-¿En qué consiste el convenio que firmaron con el Banco República (BROU)?
-El Banco de la Nación Argentina y el BROU son dos gotas de agua. Ambos no tienen características de sociedad anónima y tenemos un objetivo en común: ser reguladores testigo de lo que es el sistema financiero. Con estas características que los identifican, que tienen un objetivo claro de apoyar las Pymes, las familias y las exportaciones, lo que hemos decidido es formular un convenio que permita un soporte mejor a lo que son las Pymes y el comercio bilateral.
-La idea es dar financiamiento en conjunto con el BROU.
-Financiamiento conjunto, hablar de operaciones en conjunto y servicios en conjunto. Acá viene una pyme argentina a operar en Uruguay y el Banco Nación tiene solo una sucursal en Montevideo, pero el cliente a lo mejor necesita hacer operaciones más lejos que Montevideo y este convenio tiene el objetivo primordial de atar estos dos bancos en apoyo a argentinos y uruguayos en lo que hace a la faz comercial.
-El banco cumple 50 años en Uruguay, ¿hay planes de expansión del negocio?
-A nosotros nos gustaría ver si el banco puede recuperar alguna situación que tuvo años atrás, cuando tuvo sucursales en Punta del Este y en Paysandú. El objetivo nuestro hoy no es Punta del Este, sino Maldonado, pero fundamentalmente dar respaldo a nuestras pymes argentinas que operen acá y comprometernos en el mismo sentido con las pymes uruguayas que tengan que operar en Argentina. Vamos a buscar crecer en el negocio en el país, dándole soporte desde Argentina pero tratando de conseguir el aporte del BROU.
-El sistema financiero uruguayo es un destino tradicional de depósitos de argentinos, en ese contexto ¿cómo ve la discusión por un acuerdo de intercambio de información tributaria entre los dos países?
-Uno tiene que reconocer que el mundo avanza hacia el control del origen de los fondos. Y esto no es una cosa que se instale ni en Uruguay ni en Argentina, se instaló en el mundo. Ya nadie transita con fondos por el mundo sin poder identificar el origen. Cuando uno tiene un cliente que perfectamente identifica el origen de los fondos va a poder operar, y no va a tener ningún problema ni en la Argentina ni en Uruguay ni en cualquier parte del mundo.
-¿Y eso no puede traer aparejada una pérdida del negocio local de captar depósitos de argentinos?
-No, no creo. Esto podría perderse si lo que uno no puede hacer en Uruguay, lo puede hacer en otro lado. Pero no se da así. Lo que uno hace en Uruguay lo puede hacer en cualquier parte y lo que no puede hacer en Uruguay, no lo va a poder hacer en otro lado. Así que no le veo alternativas de que pierda. Además, Uruguay fue toda la vida una plaza querida y codiciada por los argentinos.
-¿Cómo ve el control de cambios que comenzó a aplicar el gobierno argentino?
-La Argentina no ha restringido la venta de dólares, lo que sí ha dicho es "mirá, para poder comprar dólares tenés que demostrar el origen de los fondos y si tenés eso no tenés ningún problema". Hoy es absolutamente normal la compra de dólares. Por supuesto, si llega una persona que no puede demostrar el origen de los fondos y quiere comprar US$ 100.000, no se los podemos vender. Pero si voy a Estados Unidos me pasa lo mismo. Y es lo que estamos haciendo en la Argentina, no parece nada traumático. Naturalmente, el primer día que uno impone una medida siempre se genera una inquietud. El correr de los días ha demostrado que esa inquietud está absolutamente superada.
-También ha habido inquietud en Argentina por los rumores de un posible corralito a raíz de la caída de depósitos.
-No, no. No hay ninguna probabilidad que exista semejante situación porque las condiciones macroeconómicas de la Argentina son muy buenas. No hay ninguna inquietud ni situación que pueda derivar en un hecho de esas características.
-El control cambiario, ¿puede dificultar la llegada de veraneantes argentinos a Uruguay?
-No, no veo que ningún argentino que le gusta veranear en Uruguay esté pensando en no venir porque tiene problemas cambiarios. Creo que van a haber las facilidades para que cualquier argentino pueda venir a Uruguay y resolver su problema cambiario.
-Ante la posibilidad de que los argentinos vengan con su moneda, al BROU se le generaría un excedente de pesos argentinos, ¿se habló algo sobre la posibilidad de que el BROU les venda luego ese excedente?
-No hemos hablado con el BROU de ese tema, pero podría ser un hecho conversable. No he evaluado este hecho porque nunca me lo han planteado, pero es una cosa que podría evaluar si se presenta.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111201/pecono-609813/economia/uruguay-no-perdera-depositos-de-los-argentinos-por-firmar-tratados/
martes, 22 de noviembre de 2011
Ultiman Acuerdo fiscal con Argentina: se firmará a comienzos de 2012.
Hay conformidad en las líneas generales pero se esperará al recambio de gabinete de Cristina, en diciembre, para ultimar los detalles de la negociación.
El acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina que el gobierno está tramitando hace poco menos de un mes, quedará sellado a comienzos de 2012, según plantearon fuentes de los dos países a LA REPÚBLICA.
Las negociaciones por el acuerdo, que Argentina reclama hace años y que la última cumbre de la OCDE volvió a poner al tope de las prioridades del gobierno de Mujica, van “por buen camino”, según describieron en el gobierno argentino a este diario, aunque el impulso final quedaría para después del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio de gabinete para el nuevo mandato de Cristina Fernández.
Es que tras un primer acuerdo directamente a nivel presidencial, que continuaron interlocutores de máxima confianza de ambos lados, el tema quedó ahora en manos del Ministerio de Economía, en Uruguay, y del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina, Ricardo Echegaray. Pero Echegaray aún no tiene la certeza sobre si continuará en su cargo para el período 2011-2015, más allá de que su intención es quedarse (se habla de la embajada en Londres como otro destino para el funcionario) y firmar “lo antes posible” el acuerdo. Fuentes de la AFIP describieron que desde el ente tributario que conduce ven que “se acerca” el momento en que ambos países suscriban un acuerdo de intercambio de información fiscal y tributaria, como el que Argentina ya firmó con varios países y que Uruguay se resistía a suscribir. Sin embargo, en los despachos más importantes del organismo tomaron nota de la recomendación de la propia presidenta Cristina Fernández de bajarle el perfil a la negociación, conscientes del impacto político que tiene para Mujica avanzar en la adecuación a las normas de la OCDE. Por eso, la Casa Rosada instruyó a sus negociadores a comprender esa realidad y ser flexibles y receptivos a los pedidos uruguayos en la negociación. Se decidió darle un marco político a las charlas, fuera del ámbito “demorador” de las cancillerías. Otro tema es que, si bien en ambos gobiernos apuntan que la medida no tendría que tener impacto en la economía, Argentina prefiere dejar pasar el verano para no generar ningún “temor infundado” en los turistas que visiten Uruguay esta temporada.
El mismo funcionario del ente tributario argentino graficó: “En las últimas semanas hemos firmado acuerdos similares hasta con las Islas Bermudas y próximamente lo haremos con Islas Caimán, por lo que no hay razones para pensar que los plazos para la firma de un convenio así con Uruguay se estiren mucho más”. Echegaray, para quien la integración creciente entre ambos países no puede desconocer el trabajo conjunto en materia fiscal y tributaria, imaginaba hace unos meses que el plazo ideal para la firma sería “antes de fin de año”, aunque ahora acepta que los plazos podrían estirarse. Es que más allá de los convenios firmados por la AFIP con varios de los denominados paraísos fiscales, como Bermudas o Jersey en los últimos meses, Uruguay es mucho más relevante para el organismo porque considera que entre cuentas bancarias, propiedades en Punta del Este y filiales de empresas sin declarar, se encuentra el mayor nivel de evasión de argentinos. Uruguay es el tercer país que tiene con la Argentina mayor cantidad de movimientos financieros. Se registran ingresos por casi U$S 335 millones y egresos por U$S 333 millones, cifras que se suman a cálculos no oficiales que estiman que el patrimonio de argentinos en Uruguay supera los U$S 4.000 millones, solo por concepto de operaciones e inversiones declaradas ante el fisco.
La AFIP ya cerró convenios con Italia, Mónaco, Andorra, Costa Rica, Bahamas, San Marino, China e India, entre otros países con los que intercambia datos. La información enviada por los respectivos organismos tributarios de cada lugar permitió presentar denuncias, sobre todo por sospechas de operaciones de triangulación de empresas.
DRAGADO
* El tema del acuerdo de información excede lo plenamente fiscal. Como parte de la negociación, Uruguay apuesta a apurar el llamado a licitación por el dragado de los canales de los ríos Uruguay y De La Plata, especialmente. Hoy el pliego está a punto de ser redactado, pero persisten aún ciertas diferencias en torno a la letra chica del mismo, especialmente con la posibilidad de que la firma que hoy hace el dragado se presente nuevamente o no.
Fuente: http://www.lr21.com.uy/politica/480586-acuerdo-fiscal-con-argentina-se-firmara-a-comienzos-de-2012
El acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina que el gobierno está tramitando hace poco menos de un mes, quedará sellado a comienzos de 2012, según plantearon fuentes de los dos países a LA REPÚBLICA.
Las negociaciones por el acuerdo, que Argentina reclama hace años y que la última cumbre de la OCDE volvió a poner al tope de las prioridades del gobierno de Mujica, van “por buen camino”, según describieron en el gobierno argentino a este diario, aunque el impulso final quedaría para después del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio de gabinete para el nuevo mandato de Cristina Fernández.
Es que tras un primer acuerdo directamente a nivel presidencial, que continuaron interlocutores de máxima confianza de ambos lados, el tema quedó ahora en manos del Ministerio de Economía, en Uruguay, y del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina, Ricardo Echegaray. Pero Echegaray aún no tiene la certeza sobre si continuará en su cargo para el período 2011-2015, más allá de que su intención es quedarse (se habla de la embajada en Londres como otro destino para el funcionario) y firmar “lo antes posible” el acuerdo. Fuentes de la AFIP describieron que desde el ente tributario que conduce ven que “se acerca” el momento en que ambos países suscriban un acuerdo de intercambio de información fiscal y tributaria, como el que Argentina ya firmó con varios países y que Uruguay se resistía a suscribir. Sin embargo, en los despachos más importantes del organismo tomaron nota de la recomendación de la propia presidenta Cristina Fernández de bajarle el perfil a la negociación, conscientes del impacto político que tiene para Mujica avanzar en la adecuación a las normas de la OCDE. Por eso, la Casa Rosada instruyó a sus negociadores a comprender esa realidad y ser flexibles y receptivos a los pedidos uruguayos en la negociación. Se decidió darle un marco político a las charlas, fuera del ámbito “demorador” de las cancillerías. Otro tema es que, si bien en ambos gobiernos apuntan que la medida no tendría que tener impacto en la economía, Argentina prefiere dejar pasar el verano para no generar ningún “temor infundado” en los turistas que visiten Uruguay esta temporada.
El mismo funcionario del ente tributario argentino graficó: “En las últimas semanas hemos firmado acuerdos similares hasta con las Islas Bermudas y próximamente lo haremos con Islas Caimán, por lo que no hay razones para pensar que los plazos para la firma de un convenio así con Uruguay se estiren mucho más”. Echegaray, para quien la integración creciente entre ambos países no puede desconocer el trabajo conjunto en materia fiscal y tributaria, imaginaba hace unos meses que el plazo ideal para la firma sería “antes de fin de año”, aunque ahora acepta que los plazos podrían estirarse. Es que más allá de los convenios firmados por la AFIP con varios de los denominados paraísos fiscales, como Bermudas o Jersey en los últimos meses, Uruguay es mucho más relevante para el organismo porque considera que entre cuentas bancarias, propiedades en Punta del Este y filiales de empresas sin declarar, se encuentra el mayor nivel de evasión de argentinos. Uruguay es el tercer país que tiene con la Argentina mayor cantidad de movimientos financieros. Se registran ingresos por casi U$S 335 millones y egresos por U$S 333 millones, cifras que se suman a cálculos no oficiales que estiman que el patrimonio de argentinos en Uruguay supera los U$S 4.000 millones, solo por concepto de operaciones e inversiones declaradas ante el fisco.
La AFIP ya cerró convenios con Italia, Mónaco, Andorra, Costa Rica, Bahamas, San Marino, China e India, entre otros países con los que intercambia datos. La información enviada por los respectivos organismos tributarios de cada lugar permitió presentar denuncias, sobre todo por sospechas de operaciones de triangulación de empresas.
DRAGADO
* El tema del acuerdo de información excede lo plenamente fiscal. Como parte de la negociación, Uruguay apuesta a apurar el llamado a licitación por el dragado de los canales de los ríos Uruguay y De La Plata, especialmente. Hoy el pliego está a punto de ser redactado, pero persisten aún ciertas diferencias en torno a la letra chica del mismo, especialmente con la posibilidad de que la firma que hoy hace el dragado se presente nuevamente o no.
Fuente: http://www.lr21.com.uy/politica/480586-acuerdo-fiscal-con-argentina-se-firmara-a-comienzos-de-2012
lunes, 21 de noviembre de 2011
BCU instó a empresas a incorporar seguros contra oscilación del dólar
Operaciones. En lo que va del año se hicieron a futuro por US$ 220 millones
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, instó a las empresas a incorporar seguros cambiarios, como son las operaciones a futuro, no sólo para cubrirse de riesgos actuales por las oscilaciones del tipo de cambio, sino en el largo plazo.
Hoy "estamos en una situación de mucha incertidumbre en muchos aspectos a nivel internacional y también en los movimientos de tipo de cambio" por tanto la intervención del Estado en el mercado "va más en el sentido de ayudar a suavizar los movimientos pero no a sostener un tipo de cambio que ha estado volátil", señaló Bergara en entrevista con El País.
En números, de US$ 3.904,1 millones que sumó la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores en lo que va del año, el Banco Central sólo realizó compras por US$ 334,4 millones, esto es, por el 8,57% del total. Asimismo la divisa acumula una apreciación de 2,97% en lo que va de noviembre pero un descenso de 0,97% en lo que va del año.
En este sentido, dijo que "es un tema cultural para las empresas incorporar esta lógica de seguros en materia cambiaria a lo que es una estrategia de largo plazo y que no sólo aparezca incipientemente en momentos de incertidumbre".
El mecanismo lo que permite es garantizar a exportadores, importadores y otros empresarios una cotización previsible del dólar a futuro de forma que puedan realizar sus estimaciones de costos con mayor certeza. En los hechos, esto implica pactar un precio de compra-venta a cierto plazo.
En septiembre las operaciones a futuro (forward, not delivery forward y a término) -de compra y venta- sumaron US$ 220 millones, de los cuales US$ 74,9 millones se concretaron solo en septiembre. Pero si se deja de lado septiembre, en promedio por mes fueron US$ 14,5 millones.
"Lo razonable es ir incorporando a las estrategias empresariales esta lógica de seguros" porque "así como las empresas y las personas razonan bien la necesidad de asegurarse en otros aspectos", al "no haber compromisos cambiarios en el país", es "bueno" que las empresas "incorporen la necesidad de operar en estos mercados de seguros en el terreno cambiario", señaló Bergara tomando en cuenta la perspectiva del tipo de cambio a futuro. Es que "si se observan los movimientos del tipo de cambio en Uruguay, el dibujo no es muy distinto al del tipo de cambio en Brasil, Chile, Perú, Colombia". Lo cierto es que "hay una ola grande que nos está arrastrando un poco a todos en materia cambiaria y en esa ola, si arrastra a países como Brasil, Colombia, Perú, con la dimensión que tienen, con mucha más razón nosotros también vamos en la misma dirección".
Intervención: El BCU realizó compras por el 8,57% de lo operado en la Bolsa Electrónica.
Descartan burbuja en precio de los inmuebles
La posibilidad de que exista una burbuja de precios en los inmuebles fue totalmente descartada por el presidente del Banco Central, Mario Bergara, que sostuvo que si bien los valores han crecido en dólares, este aumento no ha sido tal si se toman en pesos ajustados por la inflación.
"A veces cuando se habla de la posibilidad de que haya una burbuja es porque se visualiza un aumento importante del valor de los inmuebles medidos en dólares, pero con un dólar muchísimo más depreciado; si uno hace ese mismo dibujo de la evolución del precio de los inmuebles en pesos ajustados por inflación se vería una estabilidad bastante grande en el valor de los inmuebles", dijo a El País Bergara. En este sentido, agregó que "no tenemos un diagnóstico de que haya burbujas en el precio de los activos en Uruguay", esto es, "ni en los inmuebles ni se visualiza en lo que tiene que ver con la cuenta corriente".
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111121/pecono-607729/economia/bcu-insto-a-empresas-a-incorporar-seguros-contra-oscilacion-del-dolar/
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, instó a las empresas a incorporar seguros cambiarios, como son las operaciones a futuro, no sólo para cubrirse de riesgos actuales por las oscilaciones del tipo de cambio, sino en el largo plazo.
Hoy "estamos en una situación de mucha incertidumbre en muchos aspectos a nivel internacional y también en los movimientos de tipo de cambio" por tanto la intervención del Estado en el mercado "va más en el sentido de ayudar a suavizar los movimientos pero no a sostener un tipo de cambio que ha estado volátil", señaló Bergara en entrevista con El País.
En números, de US$ 3.904,1 millones que sumó la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores en lo que va del año, el Banco Central sólo realizó compras por US$ 334,4 millones, esto es, por el 8,57% del total. Asimismo la divisa acumula una apreciación de 2,97% en lo que va de noviembre pero un descenso de 0,97% en lo que va del año.
En este sentido, dijo que "es un tema cultural para las empresas incorporar esta lógica de seguros en materia cambiaria a lo que es una estrategia de largo plazo y que no sólo aparezca incipientemente en momentos de incertidumbre".
El mecanismo lo que permite es garantizar a exportadores, importadores y otros empresarios una cotización previsible del dólar a futuro de forma que puedan realizar sus estimaciones de costos con mayor certeza. En los hechos, esto implica pactar un precio de compra-venta a cierto plazo.
En septiembre las operaciones a futuro (forward, not delivery forward y a término) -de compra y venta- sumaron US$ 220 millones, de los cuales US$ 74,9 millones se concretaron solo en septiembre. Pero si se deja de lado septiembre, en promedio por mes fueron US$ 14,5 millones.
"Lo razonable es ir incorporando a las estrategias empresariales esta lógica de seguros" porque "así como las empresas y las personas razonan bien la necesidad de asegurarse en otros aspectos", al "no haber compromisos cambiarios en el país", es "bueno" que las empresas "incorporen la necesidad de operar en estos mercados de seguros en el terreno cambiario", señaló Bergara tomando en cuenta la perspectiva del tipo de cambio a futuro. Es que "si se observan los movimientos del tipo de cambio en Uruguay, el dibujo no es muy distinto al del tipo de cambio en Brasil, Chile, Perú, Colombia". Lo cierto es que "hay una ola grande que nos está arrastrando un poco a todos en materia cambiaria y en esa ola, si arrastra a países como Brasil, Colombia, Perú, con la dimensión que tienen, con mucha más razón nosotros también vamos en la misma dirección".
Intervención: El BCU realizó compras por el 8,57% de lo operado en la Bolsa Electrónica.
Descartan burbuja en precio de los inmuebles
La posibilidad de que exista una burbuja de precios en los inmuebles fue totalmente descartada por el presidente del Banco Central, Mario Bergara, que sostuvo que si bien los valores han crecido en dólares, este aumento no ha sido tal si se toman en pesos ajustados por la inflación.
"A veces cuando se habla de la posibilidad de que haya una burbuja es porque se visualiza un aumento importante del valor de los inmuebles medidos en dólares, pero con un dólar muchísimo más depreciado; si uno hace ese mismo dibujo de la evolución del precio de los inmuebles en pesos ajustados por inflación se vería una estabilidad bastante grande en el valor de los inmuebles", dijo a El País Bergara. En este sentido, agregó que "no tenemos un diagnóstico de que haya burbujas en el precio de los activos en Uruguay", esto es, "ni en los inmuebles ni se visualiza en lo que tiene que ver con la cuenta corriente".
Fuente: http://www.elpais.com.uy/111121/pecono-607729/economia/bcu-insto-a-empresas-a-incorporar-seguros-contra-oscilacion-del-dolar/
viernes, 18 de noviembre de 2011
Triplicarán tope de retiro en cajeros; medida puede beneficiar a argentinos.
Técnicos del Brou trabajan para dejar operativo un mecanismo que habilita el retiro de hasta $ 30.000 en sus cajeros automáticos, en lugar de los $ 10.000 permitidos hasta hoy. La medida fue aprobada hace seis meses y su aplicación puede inclinar la balanza respecto a los turistas argentinos que quieran veranear en Uruguay, pero que tengan dificultades para cambiar divisas.
Una disposición interna e inocua en apariencia dispuesta hace 6 meses por el directorio del Banco República (Brou) tendiente a disminuir costos operativos relacionados con la recarga de dinero en los cajeros automáticos aparece hoy como una posible solución para el turismo argentino que quiere venir a Uruguay en la temporada estival, pero que duda de hacerlo como consecuencia de las restricciones y los mecanismos engorrosos previstos en aquel país para la compra de dólares.
Es que un semestre atrás la mayor institución financiera de la plaza local aprobó la posibilidad de que los usuarios del sistema RedBrou retiren hasta $ 30.000 por día, una cifra que triplica los montos permitidos hasta hoy tanto en pesos como en dólares, pero que aún no se puso en práctica "por problemas tecnológicos", dijo a Ultimas Noticias el presidente del banco, Fernando Calloia.
El funcionario expresó que aún no está en condiciones de asegurar la fecha en que entrará en vigencia la disposición ya aprobada, aunque puntualizó que en el desarrollo del software que permita la operativa ya trabajan varios funcionarios de la institución, con directivas de implementar la medida "cuanto antes".
El jerarca remarcó en que la medida "no se vincula y ni fue pensada en relación al tema argentino", aunque reconoció que una mayor disponibilidad para los retiros diarios, de instrumentarse, será un elemento más que juegue a favor para que los turistas argentinos "pasen unas vacaciones tranquilas", expresó.
Según el presidente del Brou, el aumento de los topes diarios tuvo como único objetivo la reducción de costos financieros derivados de las operaciones de abastecimiento a los cajeros, en función de la alta demanda de divisas generada con la llegada de turistas de varias partes del mundo.
LA RED
RedBrou es una densa red de cajeros automáticos administrada por el Brou e interconectada a más de 400.000 terminales en todo el mundo, pero en especial a las redes Cirrus Bank y RedLink, a través de las cuales operan la mayoría de las instituciones financieras argentinas, cuyos clientes comienzan a mostrar los primeros síntomas de retraso en las reservas de alquileres en los balnearios de la costa este, tal como informó Ultimas Noticias en su edición de ayer.
El sistema RedBrou también se vincula con la red Banred, cuyas prestaciones asisten a los bancos privados locales, pero que no tiene previsto hasta el momento modificar los montos de retiro también fijados en $ 10.000 diarios.
Según estimaciones del Ministerio de Turismo (Mintur), en promedio, un turista argentino gasta alrededor de U$S 78 dólares diarios en Uruguay en la alta temporada de modo que, de entrar en vigencia la medida ya aprobada, la autorización de los retiros permitirá superar holgadamente las demandas de dinero de un núcleo familiar promedio.
VENTAJAS
El entramado del sistema de cajeros automáticos permite que un cuentacorrentista de cualquier parte del mundo -en este caso de la vecina orilla- retire en pesos uruguayos para pagar sus gastos y que dicho monto se debite en pesos argentinos o dólares en la vecina orilla, según el valor sobre el cual se arbitra el cambio al momento de la operación.
Tal valor de arbitraje es publicado diariamente por el Banco Central del Uruguay (BCU) para las operaciones financieras dentro de fronteras y por su contraparte argentina para las transacciones que se cancelen en aquel país a través del sistema interbancario.
La referencia sirve también para convertir las operaciones con tarjeta de débito o adelantos en efectivo de tarjetas de crédito, aunque estas son más comunes entre los turistas de alto poder adquisitivo, un público más propenso a usar el plástico como medio de pago, en reemplazo del efectivo.
Pero además de la comodidad y de la mayor disponibilidad para los retiros, un elemento financiero asoma como ventajoso en relación a la cotización de las divisas a ambos márgenes del Río de la Plata.
Es que en la actualidad, el Banco Central de la República Argentina (Bcra) mantiene "artificialmente" -según varios analistas- un precio de referencia cambiaria que dista mucho de precio en el que se transa en el mercado paralelo (informal), donde la moneda argentina está más devaluada que en las estadísticas oficiales.
Y aún mayor es la devaluación del peso argentino contra el peso uruguayo en la plaza local, donde por estos días varios operadores coinciden que hay mucha oferta de la divisa extranjera, circunstancia que, incluso, bajó más el valor de la moneda que el que ofrecen "los coleros" o "farolitos" en la city porteña.
Tal "inflación de hecho" -una mayor carestía de Uruguay frente a Argentina en comparación con meses atrás- es una de las preocupaciones mayores de los operadores turísticos pero podrá se compensada por una especie de subsidio que resultará de la diferencia en las referencias cambiarias.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011nov18/eco01.html
Una disposición interna e inocua en apariencia dispuesta hace 6 meses por el directorio del Banco República (Brou) tendiente a disminuir costos operativos relacionados con la recarga de dinero en los cajeros automáticos aparece hoy como una posible solución para el turismo argentino que quiere venir a Uruguay en la temporada estival, pero que duda de hacerlo como consecuencia de las restricciones y los mecanismos engorrosos previstos en aquel país para la compra de dólares.
Es que un semestre atrás la mayor institución financiera de la plaza local aprobó la posibilidad de que los usuarios del sistema RedBrou retiren hasta $ 30.000 por día, una cifra que triplica los montos permitidos hasta hoy tanto en pesos como en dólares, pero que aún no se puso en práctica "por problemas tecnológicos", dijo a Ultimas Noticias el presidente del banco, Fernando Calloia.
El funcionario expresó que aún no está en condiciones de asegurar la fecha en que entrará en vigencia la disposición ya aprobada, aunque puntualizó que en el desarrollo del software que permita la operativa ya trabajan varios funcionarios de la institución, con directivas de implementar la medida "cuanto antes".
El jerarca remarcó en que la medida "no se vincula y ni fue pensada en relación al tema argentino", aunque reconoció que una mayor disponibilidad para los retiros diarios, de instrumentarse, será un elemento más que juegue a favor para que los turistas argentinos "pasen unas vacaciones tranquilas", expresó.
Según el presidente del Brou, el aumento de los topes diarios tuvo como único objetivo la reducción de costos financieros derivados de las operaciones de abastecimiento a los cajeros, en función de la alta demanda de divisas generada con la llegada de turistas de varias partes del mundo.
LA RED
RedBrou es una densa red de cajeros automáticos administrada por el Brou e interconectada a más de 400.000 terminales en todo el mundo, pero en especial a las redes Cirrus Bank y RedLink, a través de las cuales operan la mayoría de las instituciones financieras argentinas, cuyos clientes comienzan a mostrar los primeros síntomas de retraso en las reservas de alquileres en los balnearios de la costa este, tal como informó Ultimas Noticias en su edición de ayer.
El sistema RedBrou también se vincula con la red Banred, cuyas prestaciones asisten a los bancos privados locales, pero que no tiene previsto hasta el momento modificar los montos de retiro también fijados en $ 10.000 diarios.
Según estimaciones del Ministerio de Turismo (Mintur), en promedio, un turista argentino gasta alrededor de U$S 78 dólares diarios en Uruguay en la alta temporada de modo que, de entrar en vigencia la medida ya aprobada, la autorización de los retiros permitirá superar holgadamente las demandas de dinero de un núcleo familiar promedio.
VENTAJAS
El entramado del sistema de cajeros automáticos permite que un cuentacorrentista de cualquier parte del mundo -en este caso de la vecina orilla- retire en pesos uruguayos para pagar sus gastos y que dicho monto se debite en pesos argentinos o dólares en la vecina orilla, según el valor sobre el cual se arbitra el cambio al momento de la operación.
Tal valor de arbitraje es publicado diariamente por el Banco Central del Uruguay (BCU) para las operaciones financieras dentro de fronteras y por su contraparte argentina para las transacciones que se cancelen en aquel país a través del sistema interbancario.
La referencia sirve también para convertir las operaciones con tarjeta de débito o adelantos en efectivo de tarjetas de crédito, aunque estas son más comunes entre los turistas de alto poder adquisitivo, un público más propenso a usar el plástico como medio de pago, en reemplazo del efectivo.
Pero además de la comodidad y de la mayor disponibilidad para los retiros, un elemento financiero asoma como ventajoso en relación a la cotización de las divisas a ambos márgenes del Río de la Plata.
Es que en la actualidad, el Banco Central de la República Argentina (Bcra) mantiene "artificialmente" -según varios analistas- un precio de referencia cambiaria que dista mucho de precio en el que se transa en el mercado paralelo (informal), donde la moneda argentina está más devaluada que en las estadísticas oficiales.
Y aún mayor es la devaluación del peso argentino contra el peso uruguayo en la plaza local, donde por estos días varios operadores coinciden que hay mucha oferta de la divisa extranjera, circunstancia que, incluso, bajó más el valor de la moneda que el que ofrecen "los coleros" o "farolitos" en la city porteña.
Tal "inflación de hecho" -una mayor carestía de Uruguay frente a Argentina en comparación con meses atrás- es una de las preocupaciones mayores de los operadores turísticos pero podrá se compensada por una especie de subsidio que resultará de la diferencia en las referencias cambiarias.
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011nov18/eco01.html
lunes, 7 de noviembre de 2011
Sobre las famosas listas de la OCDE
ISAAC ALFIE
El torniquete parece seguirse apretando sobre Uruguay. La OCDE cada día pide más, y nosotros que ni siquiera la integramos, temiendo por las consecuencias que se dice tendríamos, pero que el contraste fáctico de otros países las indican más como fantasía que realidad, salimos a cumplirle y, cuando estamos llegando "nos corren" la meta 1 Km hacia delante. Desde hace muchos años, si mal no recuerdo comienzos de los noventa, cuando Cavallo fue ministro de Menem, Argentina se volvió muy insistente en querer conocer los bienes que sus habitantes tienen en Uruguay. Brasil, siempre más sutil, hace su trabajo, pero deja que la punta de lanza sea otro. También es cierto que, en términos relativos, la importancia de las inversiones de brasileños en Uruguay sobre su propia economía es muy pequeña. Por algún "aborto de la naturaleza", o quizás por el exceso de picardía de Menem, Argentina entró en el G20 y desde allí encontró una mejor forma de presionar.
Alemania y Francia también quieren saber lo que sus ciudadanos tienen en Suiza. Sin embargo, entre estas situaciones existen grandes diferencias. Hay dos clases de activos, los financieros y los reales. Mientras Argentina quiere conocerlos todos, en Europa, donde prácticamente no existe el impuesto al patrimonio sino que se grava su retorno, se preocupan por los flujos de los activos financieros, los generadores de rentas exentas por excelencia (*). A su vez, la clase de secreto sobre los activos financieros era y sigue siendo bien diferente entre Uruguay y Suiza. En efecto, mientras en Uruguay nunca fue total, bajo determinadas circunstancias y mediante solicitud de la justicia se levantaba, en tanto ahora, en los hechos, virtualmente no existe. En Suiza era total -no existía forma de levantarlo ni aún bajo orden judicial- a punto tal que siguen existiendo cuentas de criminales de guerra nazis, como las tienen, según Wikileaks, Castro, Mubarak, Gadafi y cuanto déspota, tirano o dictador anda por el mundo. ¡Vaya diferencia! Como para confundir aserrín con pan rallado.
Pocos días atrás, Suiza anunció un acuerdo con Alemania donde indica que retendrá un impuesto a los intereses y lo verterá en bloque al fisco, pero no identificará a nadie. Esto implica que su régimen básicamente sigue intacto.
NUESTRO PAÍS. Viniendo a nuestro país, no he escuchado voces que defiendan el secreto total, sea bancario, de información tributaria o activos, pero sí que las normas sobre el levantamiento de cualquiera de estos sean precisamente determinadas, estrictas y fundadas en fuertes y valederas razones para revelarlo. El equilibrio no es sencillo y la infalibilidad no existe, pero debemos tener presente siempre el balance costo-beneficio del error.
Volviendo al inicio. Como el lector imaginará, desde que Argentina quiere saber cuánto y en qué tienen su dinero sus ciudadanos, la presión existe. A su vez, dado su carácter explosivo, podrá ver a Cavallo reclamando por ello, aquí, ante sus colegas del G20 y la OCDE. No tuvo suerte. Luego el mundo pasó por el traumático episodio del 11 de septiembre, y las cosas se volvieron más duras aún. Las leyes en Estados Unidos y el mundo se endurecieron buscando prevenir el fácil pasaje de fondos por los sistemas financieros. Pese a ello, los sucesivos gobiernos, tomando las acciones y recaudos del caso, defendieron la postura uruguaya y lograban demostrar que los mecanismos de control eran razonables y, por supuesto, no estaban diseñados para cobijar delincuentes, terroristas o meros evasores. Nadie puede asegurar que por su sistema no se canalizan fondos mal habidos, provenientes de narcotráfico, venta ilegal de armas o que financian el terrorismo. Tampoco que alguna sociedad anónima utilice su legislación para evadir impuestos en otra jurisdicción, pero ciertamente en todos estos años son contados los casos donde esto parece haber ocurrido, al menos a estar por lo que se conoce públicamente. Por supuesto que cada tanto aparece alguno y suele tener breve, pero enorme difusión. Pese a lo anterior, no sabemos si por falta de experiencia, desconocimiento, presión "insoportable" o convicción, desde la pasada Administración cada vez se imponen más controles y se cede a los dictados de organismos cuya legitimidad para imponer condiciones no es tal, de hecho ni los integramos, y donde nuestros "hermanos" del Mercosur, al igual que desde los noventa, a lo único que se dedican es a difamar nuestro sistema y pedir sanciones para Uruguay.
AXIOMA MUNDIAL. Entiendo y comparto la posición que dice "nada tenemos para esconder", pero no es este el tema de fondo. Nuestro problema es de escala y éste deriva irremediablemente en menor capacidad de competencia. Como país pequeño que somos, el valor absoluto del retorno económico nunca puede ser muy grande -un mismo porcentaje sobre cantidades más pequeñas arroja un menor monto- por tanto, si imponemos controles, papeles, certificados, intervenciones preceptivas de profesionales, etc., no solamente se dificultan las cosas, sino que encarecen y mucho los costos asociados al negocio y eso retrae los flujos económicos. Hoy día las exigencias son tales que hay que dedicar personal meramente para cumplir con mantener registros y llenar papeles. Su costo es el mismo si la operación es de $ 100 como de $ 100 millones, somos unos campeones porque tenemos las más estrictas normas, pero en los hechos nos hemos autoflagelado. La última ley de mercado de valores es un buen ejemplo de ello, haciendo virtualmente imposible emisiones inferiores a los U$S 8 millones por el peso de los gastos cuando éstos los expresamos como tasa de interés. No se pueden imponer cargas que terminen anulando una importante cantidad de negocios por unos pocos casos patológicos que, lamentablemente, de todos modos aparecerán cada tanto, aun con todos los papeles y restricciones que se quieran imponer y, si se quiere que no aparezcan la única manera es que la actividad no se desarrolle, donde el regulador es muy eficiente porque jamás tiene problemas, pero la razón es que controla un conjunto vacío.
Lo anterior es un axioma mundial, los correctos siempre terminan pagando la cuenta. No es cosa de encubrir evasores, pero tampoco se puede tener toda una legislación que impida la actividad.
Por más que se diga lo contrario, nuestro país está inmerso en una región donde el respeto por las normas en plazos prolongados no está asegurado. No estamos libres que aparezcan gobiernos que terminen confiscando bienes, aunque modernamente la manera es más sofisticada, vía impuestos (inventados en inspecciones), multas expoliatorias por "no cumplir con normas" y controles policíacos casi de hostigamiento. Los ejemplos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina bastan. Entonces, pese a que en Uruguay estas cosas no pasan y, en especial el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se ha mostrado como un organismo de intachable independencia y excelentes fallos, los de afuera igual alguna duda siempre tienen de que la ola en algún momento llegue a estas playas aún impolutas. Ante la duda y los elevados costos de administración, algunas transacciones se terminan haciendo en otros centros, por ejemplo Miami, Delaware, Londres, donde además de saber que nunca nadie revelará información a nadie, salvo orden judicial por delitos con evidente prueba, se tiene la certeza que los derechos de propiedad están asegurados.
Resulta que Suiza hace sus acuerdos, Panamá también soluciona el tema de sus S.A., famosas por ser de los primeros paraísos fiscales y nosotros, a estar por lo que se conoce, poco menos que nos rendimos incondicionalmente, casi sin ofrecer resistencia. Argumentos como para defender nuestro régimen, que nos ha dado enormes beneficios, tenemos de sobra y contundentes. Para algunos ciudadanos de otros países de la región, no es un tema de esconder sus bienes sino de refugio y sigilo, que los ponga a salvo de expropiaciones o chantajes. O acaso no nos acordamos cuando a fines de 2001 el propio Cavallo ordenó a los bancos argentinos repatriar todos los depósitos que tenían en corresponsales del exterior o en la FED y luego los confisca.
En el mundo lo usual, salvo por un tema de diversificación de activos y riesgos, la gente prefiere tener sus activos donde vive y si no lo hace es por poderosas razones.
Dado todo lo anterior entiendo que los anuncios de las autoridades acerca del intercambio de información con un país como Argentina, donde ciertamente no rige ninguna institucionalidad ni justicia independiente son preocupantes.
(*) Vale la pena recordar que, por ejemplo en Estados Unidos, los no residentes no pagan impuesto a la renta sobre el rendimiento de sus activos financieros. Así, los europeos suelen tener dinero bajo jurisdicción estadounidense
Fuente:http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/sobre-las-famosas-listas-de-la-ocde/ecoymer_604654_111107.html
El torniquete parece seguirse apretando sobre Uruguay. La OCDE cada día pide más, y nosotros que ni siquiera la integramos, temiendo por las consecuencias que se dice tendríamos, pero que el contraste fáctico de otros países las indican más como fantasía que realidad, salimos a cumplirle y, cuando estamos llegando "nos corren" la meta 1 Km hacia delante. Desde hace muchos años, si mal no recuerdo comienzos de los noventa, cuando Cavallo fue ministro de Menem, Argentina se volvió muy insistente en querer conocer los bienes que sus habitantes tienen en Uruguay. Brasil, siempre más sutil, hace su trabajo, pero deja que la punta de lanza sea otro. También es cierto que, en términos relativos, la importancia de las inversiones de brasileños en Uruguay sobre su propia economía es muy pequeña. Por algún "aborto de la naturaleza", o quizás por el exceso de picardía de Menem, Argentina entró en el G20 y desde allí encontró una mejor forma de presionar.
Alemania y Francia también quieren saber lo que sus ciudadanos tienen en Suiza. Sin embargo, entre estas situaciones existen grandes diferencias. Hay dos clases de activos, los financieros y los reales. Mientras Argentina quiere conocerlos todos, en Europa, donde prácticamente no existe el impuesto al patrimonio sino que se grava su retorno, se preocupan por los flujos de los activos financieros, los generadores de rentas exentas por excelencia (*). A su vez, la clase de secreto sobre los activos financieros era y sigue siendo bien diferente entre Uruguay y Suiza. En efecto, mientras en Uruguay nunca fue total, bajo determinadas circunstancias y mediante solicitud de la justicia se levantaba, en tanto ahora, en los hechos, virtualmente no existe. En Suiza era total -no existía forma de levantarlo ni aún bajo orden judicial- a punto tal que siguen existiendo cuentas de criminales de guerra nazis, como las tienen, según Wikileaks, Castro, Mubarak, Gadafi y cuanto déspota, tirano o dictador anda por el mundo. ¡Vaya diferencia! Como para confundir aserrín con pan rallado.
Pocos días atrás, Suiza anunció un acuerdo con Alemania donde indica que retendrá un impuesto a los intereses y lo verterá en bloque al fisco, pero no identificará a nadie. Esto implica que su régimen básicamente sigue intacto.
NUESTRO PAÍS. Viniendo a nuestro país, no he escuchado voces que defiendan el secreto total, sea bancario, de información tributaria o activos, pero sí que las normas sobre el levantamiento de cualquiera de estos sean precisamente determinadas, estrictas y fundadas en fuertes y valederas razones para revelarlo. El equilibrio no es sencillo y la infalibilidad no existe, pero debemos tener presente siempre el balance costo-beneficio del error.
Volviendo al inicio. Como el lector imaginará, desde que Argentina quiere saber cuánto y en qué tienen su dinero sus ciudadanos, la presión existe. A su vez, dado su carácter explosivo, podrá ver a Cavallo reclamando por ello, aquí, ante sus colegas del G20 y la OCDE. No tuvo suerte. Luego el mundo pasó por el traumático episodio del 11 de septiembre, y las cosas se volvieron más duras aún. Las leyes en Estados Unidos y el mundo se endurecieron buscando prevenir el fácil pasaje de fondos por los sistemas financieros. Pese a ello, los sucesivos gobiernos, tomando las acciones y recaudos del caso, defendieron la postura uruguaya y lograban demostrar que los mecanismos de control eran razonables y, por supuesto, no estaban diseñados para cobijar delincuentes, terroristas o meros evasores. Nadie puede asegurar que por su sistema no se canalizan fondos mal habidos, provenientes de narcotráfico, venta ilegal de armas o que financian el terrorismo. Tampoco que alguna sociedad anónima utilice su legislación para evadir impuestos en otra jurisdicción, pero ciertamente en todos estos años son contados los casos donde esto parece haber ocurrido, al menos a estar por lo que se conoce públicamente. Por supuesto que cada tanto aparece alguno y suele tener breve, pero enorme difusión. Pese a lo anterior, no sabemos si por falta de experiencia, desconocimiento, presión "insoportable" o convicción, desde la pasada Administración cada vez se imponen más controles y se cede a los dictados de organismos cuya legitimidad para imponer condiciones no es tal, de hecho ni los integramos, y donde nuestros "hermanos" del Mercosur, al igual que desde los noventa, a lo único que se dedican es a difamar nuestro sistema y pedir sanciones para Uruguay.
AXIOMA MUNDIAL. Entiendo y comparto la posición que dice "nada tenemos para esconder", pero no es este el tema de fondo. Nuestro problema es de escala y éste deriva irremediablemente en menor capacidad de competencia. Como país pequeño que somos, el valor absoluto del retorno económico nunca puede ser muy grande -un mismo porcentaje sobre cantidades más pequeñas arroja un menor monto- por tanto, si imponemos controles, papeles, certificados, intervenciones preceptivas de profesionales, etc., no solamente se dificultan las cosas, sino que encarecen y mucho los costos asociados al negocio y eso retrae los flujos económicos. Hoy día las exigencias son tales que hay que dedicar personal meramente para cumplir con mantener registros y llenar papeles. Su costo es el mismo si la operación es de $ 100 como de $ 100 millones, somos unos campeones porque tenemos las más estrictas normas, pero en los hechos nos hemos autoflagelado. La última ley de mercado de valores es un buen ejemplo de ello, haciendo virtualmente imposible emisiones inferiores a los U$S 8 millones por el peso de los gastos cuando éstos los expresamos como tasa de interés. No se pueden imponer cargas que terminen anulando una importante cantidad de negocios por unos pocos casos patológicos que, lamentablemente, de todos modos aparecerán cada tanto, aun con todos los papeles y restricciones que se quieran imponer y, si se quiere que no aparezcan la única manera es que la actividad no se desarrolle, donde el regulador es muy eficiente porque jamás tiene problemas, pero la razón es que controla un conjunto vacío.
Lo anterior es un axioma mundial, los correctos siempre terminan pagando la cuenta. No es cosa de encubrir evasores, pero tampoco se puede tener toda una legislación que impida la actividad.
Por más que se diga lo contrario, nuestro país está inmerso en una región donde el respeto por las normas en plazos prolongados no está asegurado. No estamos libres que aparezcan gobiernos que terminen confiscando bienes, aunque modernamente la manera es más sofisticada, vía impuestos (inventados en inspecciones), multas expoliatorias por "no cumplir con normas" y controles policíacos casi de hostigamiento. Los ejemplos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina bastan. Entonces, pese a que en Uruguay estas cosas no pasan y, en especial el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se ha mostrado como un organismo de intachable independencia y excelentes fallos, los de afuera igual alguna duda siempre tienen de que la ola en algún momento llegue a estas playas aún impolutas. Ante la duda y los elevados costos de administración, algunas transacciones se terminan haciendo en otros centros, por ejemplo Miami, Delaware, Londres, donde además de saber que nunca nadie revelará información a nadie, salvo orden judicial por delitos con evidente prueba, se tiene la certeza que los derechos de propiedad están asegurados.
Resulta que Suiza hace sus acuerdos, Panamá también soluciona el tema de sus S.A., famosas por ser de los primeros paraísos fiscales y nosotros, a estar por lo que se conoce, poco menos que nos rendimos incondicionalmente, casi sin ofrecer resistencia. Argumentos como para defender nuestro régimen, que nos ha dado enormes beneficios, tenemos de sobra y contundentes. Para algunos ciudadanos de otros países de la región, no es un tema de esconder sus bienes sino de refugio y sigilo, que los ponga a salvo de expropiaciones o chantajes. O acaso no nos acordamos cuando a fines de 2001 el propio Cavallo ordenó a los bancos argentinos repatriar todos los depósitos que tenían en corresponsales del exterior o en la FED y luego los confisca.
En el mundo lo usual, salvo por un tema de diversificación de activos y riesgos, la gente prefiere tener sus activos donde vive y si no lo hace es por poderosas razones.
Dado todo lo anterior entiendo que los anuncios de las autoridades acerca del intercambio de información con un país como Argentina, donde ciertamente no rige ninguna institucionalidad ni justicia independiente son preocupantes.
(*) Vale la pena recordar que, por ejemplo en Estados Unidos, los no residentes no pagan impuesto a la renta sobre el rendimiento de sus activos financieros. Así, los europeos suelen tener dinero bajo jurisdicción estadounidense
Fuente:http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/sobre-las-famosas-listas-de-la-ocde/ecoymer_604654_111107.html
lunes, 22 de agosto de 2011
Uruguay es el país con mejor clima de negocios .
Según un estudio divulgado por la Fundación Getulio Vargas, el país subió en julio de 7,0 a 7,5 puntos.
Uruguay es el país con el mejor clima para los negocios, tras incrementar su puntaje de 7,0 a 7,5 en julio, según un estudio divulgado este miércoles por la brasileña Fundación Getulio Vargas. En el informe se explica que América Latina mantuvo estabilidad entre abril y julio pese a la entonces ya incipiente crisis financiera internacional.
El llamado Índice de Clima Económico (ICE) en julio se ubicó en 5,6 puntos, el mismo nivel que en abril pero por debajo de los 6,0 puntos de julio de 2010, cuando alcanzó su mayor nivel histórico, según el sondeo entre 145 especialistas de 18 países realizado trimestralmente por la Fundación Getulio Vargas y el Instituto de Investigación Económica (Ifo) de la Universidad de Múnich.
"El índice venía presentando una ligera tendencia de declinación en los últimos trimestres, desde los 6,0 puntos de julio de 2010, pero se mantuvo estable en los últimos tres meses", según el comunicado de la fundación, principal centro privado de estudios económicos de Brasil.
Tanto el Índice de Situación Actual (ISA, que evalúa la coyuntura) como el Índice de Expectativas (IE, que mide las proyecciones de los economistas de la región para los próximos seis meses) se mantuvieron estables entre abril y julio.
"América Latina se mantiene en la zona de crecimiento del ciclo económico, pero la declinación de los indicadores a lo largo de los trimestres anteriores sugiere un escenario más cauteloso que el de julio de 2010", aseguran, sin embargo, los autores del estudio.
Los investigadores agregan que la caída del clima de negocios en el mundo en general y principalmente en los países más desarrollados también sugiere "cautela" en torno a la situación de América Latina, una de las regiones que más ha resistido a la actual crisis financiera internacional.
Según el estudio, el Índice de Clima Económico en el mundo en general cayó desde 6,0 puntos en abril hasta 5,4 puntos en julio, pese a que la encuesta fue realizada antes del agravamiento de la crisis financiera debido a la reducción de la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos por parte de la agencia Standard & Poor's.
Los países de América Latina con mejor clima para los negocios en julio pasado eran Uruguay (7,5 puntos), Colombia (7,4 puntos), Chile (7,2 puntos) y Paraguay (6,7 puntos).
Pero mientras que el índice de Colombia subió (de 6,5 puntos en abril a 7,4 en julio), así como el de Uruguay (de 7,0 a 7,5), se registró una reducción de los de Chile (de 7,4 a 7,2) y Paraguay (de 7,0 a 6,7).
Dos de los países que estaban en el llamado nivel de boom económico y cayeron para el de declinación fueron Argentina, cuyo índice pasó de 6,4 puntos en abril a 5,9 en julio, y Perú, de 6,5 a 6,1.
En Ecuador el indicador mejoró desde 5,2 puntos en abril hasta 5,6 puntos en julio.
Venezuela (de 2,2 puntos en abril a 4,0 en julio) y Bolivia (de 3,9 a 4,6) registraron una mejoría en sus índices y entraron en la llamada fase de recuperación de sus economías.
Por el contrario, el índice de clima económico de Brasil, la mayor economía regional, cayó de 6,7 puntos en enero a 5,9 puntos en abril y a 5,8 puntos en julio, por lo que se ubicó por debajo de su promedio en los últimos diez años (6,0 puntos).
De la misma forma el índice de México, la segunda mayor economía de la región, cayó de 5,6 puntos en abril a 5,2 puntos en julio.
Uruguay es el país con el mejor clima para los negocios, tras incrementar su puntaje de 7,0 a 7,5 en julio, según un estudio divulgado este miércoles por la brasileña Fundación Getulio Vargas. En el informe se explica que América Latina mantuvo estabilidad entre abril y julio pese a la entonces ya incipiente crisis financiera internacional.
El llamado Índice de Clima Económico (ICE) en julio se ubicó en 5,6 puntos, el mismo nivel que en abril pero por debajo de los 6,0 puntos de julio de 2010, cuando alcanzó su mayor nivel histórico, según el sondeo entre 145 especialistas de 18 países realizado trimestralmente por la Fundación Getulio Vargas y el Instituto de Investigación Económica (Ifo) de la Universidad de Múnich.
"El índice venía presentando una ligera tendencia de declinación en los últimos trimestres, desde los 6,0 puntos de julio de 2010, pero se mantuvo estable en los últimos tres meses", según el comunicado de la fundación, principal centro privado de estudios económicos de Brasil.
Tanto el Índice de Situación Actual (ISA, que evalúa la coyuntura) como el Índice de Expectativas (IE, que mide las proyecciones de los economistas de la región para los próximos seis meses) se mantuvieron estables entre abril y julio.
"América Latina se mantiene en la zona de crecimiento del ciclo económico, pero la declinación de los indicadores a lo largo de los trimestres anteriores sugiere un escenario más cauteloso que el de julio de 2010", aseguran, sin embargo, los autores del estudio.
Los investigadores agregan que la caída del clima de negocios en el mundo en general y principalmente en los países más desarrollados también sugiere "cautela" en torno a la situación de América Latina, una de las regiones que más ha resistido a la actual crisis financiera internacional.
Según el estudio, el Índice de Clima Económico en el mundo en general cayó desde 6,0 puntos en abril hasta 5,4 puntos en julio, pese a que la encuesta fue realizada antes del agravamiento de la crisis financiera debido a la reducción de la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos por parte de la agencia Standard & Poor's.
Los países de América Latina con mejor clima para los negocios en julio pasado eran Uruguay (7,5 puntos), Colombia (7,4 puntos), Chile (7,2 puntos) y Paraguay (6,7 puntos).
Pero mientras que el índice de Colombia subió (de 6,5 puntos en abril a 7,4 en julio), así como el de Uruguay (de 7,0 a 7,5), se registró una reducción de los de Chile (de 7,4 a 7,2) y Paraguay (de 7,0 a 6,7).
Dos de los países que estaban en el llamado nivel de boom económico y cayeron para el de declinación fueron Argentina, cuyo índice pasó de 6,4 puntos en abril a 5,9 en julio, y Perú, de 6,5 a 6,1.
En Ecuador el indicador mejoró desde 5,2 puntos en abril hasta 5,6 puntos en julio.
Venezuela (de 2,2 puntos en abril a 4,0 en julio) y Bolivia (de 3,9 a 4,6) registraron una mejoría en sus índices y entraron en la llamada fase de recuperación de sus economías.
Por el contrario, el índice de clima económico de Brasil, la mayor economía regional, cayó de 6,7 puntos en enero a 5,9 puntos en abril y a 5,8 puntos en julio, por lo que se ubicó por debajo de su promedio en los últimos diez años (6,0 puntos).
De la misma forma el índice de México, la segunda mayor economía de la región, cayó de 5,6 puntos en abril a 5,2 puntos en julio.
martes, 19 de julio de 2011
En Uruguay se incrementan las S.A. mientras que la OCDE las rechaza.
Cantidad. Había al menos 15.322 el año pasado, 233 más que en 2009
Mientras que la OCDE presiona para que se elimine los regímenes de acciones al portador, en Uruguay hay al menos 15.322 sociedades anónimas, según datos del Banco de Previsión Social (BPS). En 2010 el número creció 1,5% frente a 2009.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ubicó en abril de 2009 a Uruguay en una "lista gris" que reúne a los países que no implementaron en forma satisfactoria los estándares internacionales sobre cooperación en materia fiscal, pese a haberse comprometido a hacerlo. Si bien desde entonces Uruguay ha avanzado en las negociaciones para alcanzar los requeridos acuerdos de intercambio de información fiscal con 12 países, el antecedente de Panamá parece indicar que con esto no bastará y que habrá que modificar el régimen de acciones al portador (secreto accionario).
Un informe elaborado por la Asesoría General en Seguridad Social del BPS al que accedió El País revela que de las 178.059 empresas que realizaban aportes en promedio el año pasado, el 8,6% eran sociedades anónimas (S.A.), unas 15.322. Las S.A. eran las más numerosas luego de las sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) -10,3% del total- y las unipersonales, que son amplia mayoría (65,7%). El resto eran sociedades de hecho (9,7%), asociaciones (1,3%) o empresas de otra naturaleza jurídica (4,6%).
Además, lejos de disminuir su cantidad, las S.A. crecieron 1,5% en número frente a 2009, casi al mismo ritmo que el total de firmas (1,4%), mientras que las unipersonales aumentaron 1,9% y las S.R.L. se incrementaron 1,1%.
Uruguay está siendo auditado por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios. En cada una de las fases de la auditoría, el organismo elabora informes. La primera evalúa la adecuación del marco regulatorio al estándar de intercambio de información de OCDE. El informe que el Foro divulgó sobre Panamá a fin de 2010 sostenía que ese país no podía pasar la primera fase porque el sistema de acciones al portador no permitía conocer a los titulares de empresas en caso de que otro país le solicitara datos.
Además, Uruguay puede ser mal evaluado por no haber accedido a firmar un acuerdo de intercambio de información con Argentina. Fuentes del gobierno informaron a El País meses atrás que si esto es incluido como una crítica, se deberá evaluar si es conveniente cambiar o no.
Si bien el gobierno por ahora no es categórico sobre eliminar el secreto accionario, dio un paso en este sentido a partir del 30 de junio en que hizo vencer el plazo para que las sociedades anónimas con acciones al portador que son propietarias de tierras o titulares de explotaciones agropecuarias transformen sus acciones en nominativas sin ser disueltas.
POR REGIONES. El informe de BPS analiza las empresas según distintas agrupaciones de departamentos, con excepción de Montevideo, Canelones y Maldonado, que son analizados por separado.
En la capital, eran 9.376 las S.A. que cotizaban al BPS en 2010, es decir, 61,2% del total. La región que le siguió en importancia fue la que comprende a Colonia, Flores, Florida, Paysandú y San José, donde 1.576 de estas empresas realizaban aportes al organismo (10,3% del total). No obstante, si se tiene en cuenta la participación de las S.A. en el total de empresas de cada región, también lidera Montevideo (13,5%), pero seguida por Maldonado (9,1%).
En Canelones, se concentraban el 7,1% de las S.A. del país en 2010. Eran unas 1.088. En otra de las regiones (que comprende a Artigas, Cerro Largo, Durazno, Rivera, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres) figuraban el 8,3% de las S.A., sumando 1.267 el año pasado.
Finalmente, la zona que abarca a Lavalleja, Río Negro, Salto y Soriano tenía el restante 6,8% de este tipo de empresas, unas 1.038. Con excepción de esta última región (donde hubo una leve baja de 0,7%), en todas las analizadas por el informe creció el número de S.A. frente a 2009. La que registró un incremento mayor fue la que comprendía a Colonia, Flores, Florida, Paysandú y San José (3,8%).
La cifra :1,4%
Es lo que aumentó la cantidad de empresas cotizantes al Banco de Previsión Social en 2010 respecto del año anterior. En total había 178.059 firmas.
EMPRESAS
n El informe realizado por la Asesoría General en Seguridad Social del BPS también reveló que el crecimiento de la cantidad total de empresas se moderó en 2010 por segundo año consecutivo, al registrar una variación interanual de solo 1,4%. El año anterior, el crecimiento había sido de 3,7% y en 2008 fue de 6,8%, cuando se alcanzó un pico máximo en la tendencia creciente. Así, en 2010 había 178.059 empresas que realizaban aportes al BPS, superando el promedio anual del período 2002-2010 era de 156.627, señala el informe. En ese período, las que más crecieron en cantidad fueron las medianas y grandes, aunque las microempresas y las unipersonales siguen siendo las de mayor peso en el total.
Mientras que la OCDE presiona para que se elimine los regímenes de acciones al portador, en Uruguay hay al menos 15.322 sociedades anónimas, según datos del Banco de Previsión Social (BPS). En 2010 el número creció 1,5% frente a 2009.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ubicó en abril de 2009 a Uruguay en una "lista gris" que reúne a los países que no implementaron en forma satisfactoria los estándares internacionales sobre cooperación en materia fiscal, pese a haberse comprometido a hacerlo. Si bien desde entonces Uruguay ha avanzado en las negociaciones para alcanzar los requeridos acuerdos de intercambio de información fiscal con 12 países, el antecedente de Panamá parece indicar que con esto no bastará y que habrá que modificar el régimen de acciones al portador (secreto accionario).
Un informe elaborado por la Asesoría General en Seguridad Social del BPS al que accedió El País revela que de las 178.059 empresas que realizaban aportes en promedio el año pasado, el 8,6% eran sociedades anónimas (S.A.), unas 15.322. Las S.A. eran las más numerosas luego de las sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) -10,3% del total- y las unipersonales, que son amplia mayoría (65,7%). El resto eran sociedades de hecho (9,7%), asociaciones (1,3%) o empresas de otra naturaleza jurídica (4,6%).
Además, lejos de disminuir su cantidad, las S.A. crecieron 1,5% en número frente a 2009, casi al mismo ritmo que el total de firmas (1,4%), mientras que las unipersonales aumentaron 1,9% y las S.R.L. se incrementaron 1,1%.
Uruguay está siendo auditado por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios. En cada una de las fases de la auditoría, el organismo elabora informes. La primera evalúa la adecuación del marco regulatorio al estándar de intercambio de información de OCDE. El informe que el Foro divulgó sobre Panamá a fin de 2010 sostenía que ese país no podía pasar la primera fase porque el sistema de acciones al portador no permitía conocer a los titulares de empresas en caso de que otro país le solicitara datos.
Además, Uruguay puede ser mal evaluado por no haber accedido a firmar un acuerdo de intercambio de información con Argentina. Fuentes del gobierno informaron a El País meses atrás que si esto es incluido como una crítica, se deberá evaluar si es conveniente cambiar o no.
Si bien el gobierno por ahora no es categórico sobre eliminar el secreto accionario, dio un paso en este sentido a partir del 30 de junio en que hizo vencer el plazo para que las sociedades anónimas con acciones al portador que son propietarias de tierras o titulares de explotaciones agropecuarias transformen sus acciones en nominativas sin ser disueltas.
POR REGIONES. El informe de BPS analiza las empresas según distintas agrupaciones de departamentos, con excepción de Montevideo, Canelones y Maldonado, que son analizados por separado.
En la capital, eran 9.376 las S.A. que cotizaban al BPS en 2010, es decir, 61,2% del total. La región que le siguió en importancia fue la que comprende a Colonia, Flores, Florida, Paysandú y San José, donde 1.576 de estas empresas realizaban aportes al organismo (10,3% del total). No obstante, si se tiene en cuenta la participación de las S.A. en el total de empresas de cada región, también lidera Montevideo (13,5%), pero seguida por Maldonado (9,1%).
En Canelones, se concentraban el 7,1% de las S.A. del país en 2010. Eran unas 1.088. En otra de las regiones (que comprende a Artigas, Cerro Largo, Durazno, Rivera, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres) figuraban el 8,3% de las S.A., sumando 1.267 el año pasado.
Finalmente, la zona que abarca a Lavalleja, Río Negro, Salto y Soriano tenía el restante 6,8% de este tipo de empresas, unas 1.038. Con excepción de esta última región (donde hubo una leve baja de 0,7%), en todas las analizadas por el informe creció el número de S.A. frente a 2009. La que registró un incremento mayor fue la que comprendía a Colonia, Flores, Florida, Paysandú y San José (3,8%).
La cifra :1,4%
Es lo que aumentó la cantidad de empresas cotizantes al Banco de Previsión Social en 2010 respecto del año anterior. En total había 178.059 firmas.
EMPRESAS
n El informe realizado por la Asesoría General en Seguridad Social del BPS también reveló que el crecimiento de la cantidad total de empresas se moderó en 2010 por segundo año consecutivo, al registrar una variación interanual de solo 1,4%. El año anterior, el crecimiento había sido de 3,7% y en 2008 fue de 6,8%, cuando se alcanzó un pico máximo en la tendencia creciente. Así, en 2010 había 178.059 empresas que realizaban aportes al BPS, superando el promedio anual del período 2002-2010 era de 156.627, señala el informe. En ese período, las que más crecieron en cantidad fueron las medianas y grandes, aunque las microempresas y las unipersonales siguen siendo las de mayor peso en el total.
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