Sobre las famosas listas de la OCDE

ISAAC ALFIE

El torniquete parece seguirse apretando sobre Uruguay. La OCDE cada día pide más, y nosotros que ni siquiera la integramos, temiendo por las consecuencias que se dice tendríamos, pero que el contraste fáctico de otros países las indican más como fantasía que realidad, salimos a cumplirle y, cuando estamos llegando "nos corren" la meta 1 Km hacia delante. Desde hace muchos años, si mal no recuerdo comienzos de los noventa, cuando Cavallo fue ministro de Menem, Argentina se volvió muy insistente en querer conocer los bienes que sus habitantes tienen en Uruguay. Brasil, siempre más sutil, hace su trabajo, pero deja que la punta de lanza sea otro. También es cierto que, en términos relativos, la importancia de las inversiones de brasileños en Uruguay sobre su propia economía es muy pequeña. Por algún "aborto de la naturaleza", o quizás por el exceso de picardía de Menem, Argentina entró en el G20 y desde allí encontró una mejor forma de presionar.

Alemania y Francia también quieren saber lo que sus ciudadanos tienen en Suiza. Sin embargo, entre estas situaciones existen grandes diferencias. Hay dos clases de activos, los financieros y los reales. Mientras Argentina quiere conocerlos todos, en Europa, donde prácticamente no existe el impuesto al patrimonio sino que se grava su retorno, se preocupan por los flujos de los activos financieros, los generadores de rentas exentas por excelencia (*). A su vez, la clase de secreto sobre los activos financieros era y sigue siendo bien diferente entre Uruguay y Suiza. En efecto, mientras en Uruguay nunca fue total, bajo determinadas circunstancias y mediante solicitud de la justicia se levantaba, en tanto ahora, en los hechos, virtualmente no existe. En Suiza era total -no existía forma de levantarlo ni aún bajo orden judicial- a punto tal que siguen existiendo cuentas de criminales de guerra nazis, como las tienen, según Wikileaks, Castro, Mubarak, Gadafi y cuanto déspota, tirano o dictador anda por el mundo. ¡Vaya diferencia! Como para confundir aserrín con pan rallado.

Pocos días atrás, Suiza anunció un acuerdo con Alemania donde indica que retendrá un impuesto a los intereses y lo verterá en bloque al fisco, pero no identificará a nadie. Esto implica que su régimen básicamente sigue intacto.

NUESTRO PAÍS. Viniendo a nuestro país, no he escuchado voces que defiendan el secreto total, sea bancario, de información tributaria o activos, pero sí que las normas sobre el levantamiento de cualquiera de estos sean precisamente determinadas, estrictas y fundadas en fuertes y valederas razones para revelarlo. El equilibrio no es sencillo y la infalibilidad no existe, pero debemos tener presente siempre el balance costo-beneficio del error.

Volviendo al inicio. Como el lector imaginará, desde que Argentina quiere saber cuánto y en qué tienen su dinero sus ciudadanos, la presión existe. A su vez, dado su carácter explosivo, podrá ver a Cavallo reclamando por ello, aquí, ante sus colegas del G20 y la OCDE. No tuvo suerte. Luego el mundo pasó por el traumático episodio del 11 de septiembre, y las cosas se volvieron más duras aún. Las leyes en Estados Unidos y el mundo se endurecieron buscando prevenir el fácil pasaje de fondos por los sistemas financieros. Pese a ello, los sucesivos gobiernos, tomando las acciones y recaudos del caso, defendieron la postura uruguaya y lograban demostrar que los mecanismos de control eran razonables y, por supuesto, no estaban diseñados para cobijar delincuentes, terroristas o meros evasores. Nadie puede asegurar que por su sistema no se canalizan fondos mal habidos, provenientes de narcotráfico, venta ilegal de armas o que financian el terrorismo. Tampoco que alguna sociedad anónima utilice su legislación para evadir impuestos en otra jurisdicción, pero ciertamente en todos estos años son contados los casos donde esto parece haber ocurrido, al menos a estar por lo que se conoce públicamente. Por supuesto que cada tanto aparece alguno y suele tener breve, pero enorme difusión. Pese a lo anterior, no sabemos si por falta de experiencia, desconocimiento, presión "insoportable" o convicción, desde la pasada Administración cada vez se imponen más controles y se cede a los dictados de organismos cuya legitimidad para imponer condiciones no es tal, de hecho ni los integramos, y donde nuestros "hermanos" del Mercosur, al igual que desde los noventa, a lo único que se dedican es a difamar nuestro sistema y pedir sanciones para Uruguay.

AXIOMA MUNDIAL. Entiendo y comparto la posición que dice "nada tenemos para esconder", pero no es este el tema de fondo. Nuestro problema es de escala y éste deriva irremediablemente en menor capacidad de competencia. Como país pequeño que somos, el valor absoluto del retorno económico nunca puede ser muy grande -un mismo porcentaje sobre cantidades más pequeñas arroja un menor monto- por tanto, si imponemos controles, papeles, certificados, intervenciones preceptivas de profesionales, etc., no solamente se dificultan las cosas, sino que encarecen y mucho los costos asociados al negocio y eso retrae los flujos económicos. Hoy día las exigencias son tales que hay que dedicar personal meramente para cumplir con mantener registros y llenar papeles. Su costo es el mismo si la operación es de $ 100 como de $ 100 millones, somos unos campeones porque tenemos las más estrictas normas, pero en los hechos nos hemos autoflagelado. La última ley de mercado de valores es un buen ejemplo de ello, haciendo virtualmente imposible emisiones inferiores a los U$S 8 millones por el peso de los gastos cuando éstos los expresamos como tasa de interés. No se pueden imponer cargas que terminen anulando una importante cantidad de negocios por unos pocos casos patológicos que, lamentablemente, de todos modos aparecerán cada tanto, aun con todos los papeles y restricciones que se quieran imponer y, si se quiere que no aparezcan la única manera es que la actividad no se desarrolle, donde el regulador es muy eficiente porque jamás tiene problemas, pero la razón es que controla un conjunto vacío.

Lo anterior es un axioma mundial, los correctos siempre terminan pagando la cuenta. No es cosa de encubrir evasores, pero tampoco se puede tener toda una legislación que impida la actividad.

Por más que se diga lo contrario, nuestro país está inmerso en una región donde el respeto por las normas en plazos prolongados no está asegurado. No estamos libres que aparezcan gobiernos que terminen confiscando bienes, aunque modernamente la manera es más sofisticada, vía impuestos (inventados en inspecciones), multas expoliatorias por "no cumplir con normas" y controles policíacos casi de hostigamiento. Los ejemplos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina bastan. Entonces, pese a que en Uruguay estas cosas no pasan y, en especial el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se ha mostrado como un organismo de intachable independencia y excelentes fallos, los de afuera igual alguna duda siempre tienen de que la ola en algún momento llegue a estas playas aún impolutas. Ante la duda y los elevados costos de administración, algunas transacciones se terminan haciendo en otros centros, por ejemplo Miami, Delaware, Londres, donde además de saber que nunca nadie revelará información a nadie, salvo orden judicial por delitos con evidente prueba, se tiene la certeza que los derechos de propiedad están asegurados.

Resulta que Suiza hace sus acuerdos, Panamá también soluciona el tema de sus S.A., famosas por ser de los primeros paraísos fiscales y nosotros, a estar por lo que se conoce, poco menos que nos rendimos incondicionalmente, casi sin ofrecer resistencia. Argumentos como para defender nuestro régimen, que nos ha dado enormes beneficios, tenemos de sobra y contundentes. Para algunos ciudadanos de otros países de la región, no es un tema de esconder sus bienes sino de refugio y sigilo, que los ponga a salvo de expropiaciones o chantajes. O acaso no nos acordamos cuando a fines de 2001 el propio Cavallo ordenó a los bancos argentinos repatriar todos los depósitos que tenían en corresponsales del exterior o en la FED y luego los confisca.

En el mundo lo usual, salvo por un tema de diversificación de activos y riesgos, la gente prefiere tener sus activos donde vive y si no lo hace es por poderosas razones.

Dado todo lo anterior entiendo que los anuncios de las autoridades acerca del intercambio de información con un país como Argentina, donde ciertamente no rige ninguna institucionalidad ni justicia independiente son preocupantes.

(*) Vale la pena recordar que, por ejemplo en Estados Unidos, los no residentes no pagan impuesto a la renta sobre el rendimiento de sus activos financieros. Así, los europeos suelen tener dinero bajo jurisdicción estadounidense

Fuente:http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/sobre-las-famosas-listas-de-la-ocde/ecoymer_604654_111107.html