El gobierno uruguayo ya sabe que recibirá observaciones de la OCDE porque algunos aspectos de su marco normativo (falta de identificación de propietarios de sociedades y fideicomisos) no están en línea con los estándares de transparencia.
Fuentes del Ministerio de Economía dijeron a El País que "hay cosas" del marco normativo uruguayo que los técnicos de la OCDE que llevaron adelante un proceso de "peer review" (revisión entre pares) "van a observar".
A mediados de este mes se conocerá el reporte de ese proceso de revisión en el marco del Foro Global de transparencia e intercambio de datos fiscales y allí "habrá que evaluar el alcance de las observaciones" para ver si son "determinantes", afirmaron los funcionarios.
De todas maneras, las fuentes aseguraron que "ninguna" de las observaciones ameritará la inclusión de Uruguay "en una lista gris o negra", pero "puede marcar advertencias" y tener que tomarse "medidas" al respecto.
En abril de 2009 Uruguay fue incluido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en una lista gris de países comprometidos con implementar el estándar de transparencia del organismo pero que no lo habían implementado sustancialmente. Para ello, Uruguay debía firmar 12 acuerdos de intercambio de información tributaria o para evitar la doble imposición que incluyeran el intercambio de datos.
Luego el Foro Global de la OCDE en materia de transparencia e intercambio de datos fiscales inició la revisión entre pares y a Uruguay le tocó este año pasar por ese proceso. Esto implica revisar toda la normativa uruguaya para ver si se condice con los estándares de transparencia, además de tomar en cuenta si hay al menos 12 acuerdos de intercambio de información firmados.
En caso de tener varias observaciones, Uruguay puede ser incluido en categorías de países con falta de transparencia. Eso fue descartado por los funcionarios de Economía que consultó El País. Una de las observaciones que el gobierno ya sabe que aparecerán en el reporte refiere a la normativa de acciones al portador y de fideicomisos, particularmente al hecho de que no se pueda identificar a todos sus titulares.
"Una de las condiciones que están establecidas en las reglas de transparencia es saber las identidades" de los propietarios de acciones de una empresa, explicaron las fuentes.
El gobierno ya analiza alternativas para modificar el régimen de acciones al portador sin eliminarlo para el caso que las observaciones de la OCDE sean determinantes.
Fuentes del gobierno habían dicho a El País el pasado 19 de agosto que una de las alternativas que se estudia es la que adoptó Panamá para superar la revisión de la OCDE. El país centroamericano tiene un régimen de acciones al portador y para no eliminarlo, aprobó una ley de "conozca a su cliente".
A través de la misma, los estudios jurídicos o abogados que tienen como clientes a entidades jurídicas anónimas con acciones al portador deben requerirle a estos que les proporcionen "evidencia satisfactoria de la identidad de los tenedores de las acciones", establece.
Las fuentes señalaron que esta salida "a la panameña" fue recomendada por técnicos privados a funcionarios del gobierno uruguayo. Eso no es algo desconocido para las sociedades anónimas con acciones al portador, ya que en la actual legislación antilavado de activos que tiene Uruguay, cuando esa firma quiere abrir una cuenta corriente en un banco, este le exige conocer la identidad de los accionistas.
El otro aspecto que podrían observar los técnicos de OCDE es que la cantidad de acuerdos para intercambiar datos que tiene Uruguay sea 12 y que entren "efectivamente" en vigencia, esto es, que sean aprobados por el Parlamento, explicaron fuentes de Economía.
Uruguay tiene 10 acuerdos de este tipo firmados y en Economía se trabaja "para que este mes estar pasando el límite de los 12", agregaron. Aunque el Parlamento aún no ha ratificado la totalidad de los 10 acuerdos que elevó el Ejecutivo.
Hay un tercer punto que podría observar la OCDE y es que el registro de modificaciones societarias de sociedades personales sea "más fácilmente accesible", afirmaron los funcionarios. Empero, esta observación sería "menos importante" que las dos anteriores, enfatizaron. Aquí la solución sería complementar la normativa para que "en vez de un registro histórico sea patronímico" y se pueda saber "hoy" fácilmente "cómo es" la estructura de la sociedad.
También en su momento se había manejado como un "punto débil" de Uruguay ante la OCDE, el hecho de no haber firmado un acuerdo para intercambiar datos con países relevantes como sus vecinos (Argentina y Brasil).
EFECTOS. El hecho de no hacer nada respecto a las observaciones que formule la OCDE puede acarrear represalias por parte de los países del G-20. Uruguay no integra la OCDE (aunque sí el Foro Global) y tampoco el G-20.
La cifra.
10 son los acuerdos de intercambio de datos que ha firmado Uruguay hasta el momento del mínimo de 12 que exige la OCDE.
Estamos en buena posición.
El exdirector de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y catedrático en la materia, David Eibe, sostuvo en las VIII Jornadas Rioplatenses de Tributación a mediados de agosto que "Uruguay está relativamente bien posicionado" para la "revisión entre pares", aunque "hay dos aspectos que pueden plantear debilidades". Uno de ellos es la existencia de entidades al portador (como sociedades y fideicomisos). El segundo "problema" es un "eventual cuestionamiento sobre la inexistencia de acuerdos de intercambio de información con países que pudieran ser considerados relevantes" como Argentina.
Fuente: El País/ 05-09-2011
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