El pasado domingo el periodista Lanata presentó
en su programa Periodismo Para Todos un informe en el que vinculó a un
grupo de empresarios y operadores bursátiles argentinos muy cercanos al
expresidente Néstor Kirchner en maniobras de lavado de activos. Según
Lanata, varias decenas de millones de euros salieron de Argentina en
forma ilegal y algunas llegaron en efectivo a Uruguay mediante avionetas
privadas y fueron ingresadas al circuito financiero para "blanquearlas"
y depositarlas en Suiza a través de transferencias electrónicas.
"Cuando llegás a un banco en Uruguay con US$ 5 millones
lo único que te preguntan es: ¿querés un café? Y nada más", sostuvo en
el programa el periodista Nicolás Wiñazki.
El informe causó gran revuelo en Argentina, aunque en
Uruguay las autoridades entienden que dicha operativa es "muy difícil"
de realizar sin que se enciendan las alarmas instaladas por un marco
normativo que, se afirma, es "sumamente riguroso".
El secretario nacional Antilavado, Carlos Díaz, dijo a
El País que el informe de Lanata no ofrece ningún dato concreto que
amerite el inicio de una investigación judicial.
"No nos consta ese tipo de transferencias de dinero y
si ocurrió no fue porque la normativa en Uruguay sea flexible sino
porque alguien se apartó, las violó y es un delincuente", sostuvo Díaz.
Consideró "prácticamente imposible" realizar ese tipo
de maniobras a través del sistema bancario. "Para los cambios de moneda
también rige una normativa muy rígida. No obstante, siempre es posible
que algún audaz viole la normativa y se involucre en este tipo de
negocios. Si es así irá preso. Pero no nos consta que lo denunciado haya
ocurrido, son volúmenes de dinero muy grandes", afirmó Díaz.
Por otra parte, dijo que no hay mérito para investigar.
"Si la Justicia argentina pide colaboración es obvio que se la ayudará,
como siempre, con todo lo que necesite. Uruguay ha colaborado
intensamente con causas internacionales, por ejemplo con causas en
Grecia o Turquía. Otro camino es iniciar la investigación en Uruguay
pero para ello se necesita algo más, un dato concreto, el nombre de una
institución, la identificación de una sucursal, etc. Si llega una
denuncia seria se actuará pero con lo que ha divulgado la prensa no
alcanza", explicó el jerarca.
Díaz destacó que en lo que va del año se han realizado más de veinte procesamientos por lavado de activo.
"Nuestras normas antilavado son las mismas que
existen en todo el mundo, tan seguras como en Argentina e incluso mucho
más exigentes que en otros países. Uruguay ha sido muy elogiado por
organismos internacionales, no hay ningún agujero en nuestra normativa",
afirmó.
Consideró que el hecho de que a Uruguay se lo
involucre en la ruta de dinero ilegal y se lo identifique con un paraíso
fiscal forma parte de una mirada "un poco mística que no se ajusta a la
realidad".
Puso como ejemplo que el "secreto bancario" es "cosa
del pasado" y hoy está vigente "una reserva de información lógica para
proteger al cliente".
"Uruguay no es una isla llena de piratas. Acá se
cumple con la ley y eso es reconocido en todos lados. El secreto
bancario ya no rige y la reserva se levanta, incluso, para un causa de
pensión alimenticia. La reserva es razonable porque los bancos deben
proteger la intimidad de sus clientes, pero no es un obstáculo para
ninguna investigación. Uruguay cuenta con dos juzgados especializados,
unidades del Estado que se han perfeccionado y un equipo
multidisciplinario que colabora con la Justicia. Entre la orden de
levantar el secreto bancario y la disposición de la información para su
análisis pasan solo minutos", sostuvo Díaz.
Sobre la llegada de dinero en efectivo dijo que solo
tiene conocimiento de remesas entre bancos para poder trabajar, pero
las mismas cumplen un protocolo y se ponen en conocimiento del Banco
Central. "Son operativas normales, ocurre en cualquier lugar del mundo",
señaló.
Sobre la presencia de sociedades panameñas dijo que
no cometen ningún delito en el país y que si son usadas para evadir
impuestos en Uruguay no se puede actuar porque el delito de defraudación
tributaria no es precedente de lavado de activos.
Funcionario K en una SA uruguaya.
Ayer, el diario La Nación vinculó al secretario
parlamentario argentino Juan Héctor Estrada, con un "entramado
societario" que también involucra a sociedades anónimas de Uruguay,
Islas Vírgenes y Paraguay. Según publicó el matutino, Estrada es un
funcionario de confianza del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los documentos que vinculan a Estrada con firmas en
paraísos fiscales se desprenden de los millones de archivos sobre
sociedades offshore a los que accedió en exclusiva La Nación, que fueron
facilitados por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). La Nación informa que el
funcionario fue director de una sociedad anónima en Argentina "con dos
firmas gemelas: Mirth International Corporation SA (Panamá) y Compañía
Ralien SA (Uruguay). Dos sociedades que -indicaron sus accionistas- no
tienen actividad comercial".
Fuentes consultadas por El País indicaron que las
sociedad mencionada ya no tiene actividad en Uruguay. También indicaron
que no es posible investigar su actividad si no hay ilícito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario