El 30% de SA al portador no se registró.

Si lo terminan de hacer en estos días evitarían sanción

De acuerdo a datos que maneja el gobierno, unas 15.000 sociedades anónimas (SA) al portador (30% del total) habrían quedado sin registrarse ante el Banco Central (BCU) -como lo exige la ley aprobada el año pasado-, al vencer el martes el último plazo para hacerlo.

Si hubiera "un número significativo de sociedades" que hayan quedado con el trámite pendiente por realizarlo a último momento y lo concluyan en los primeros días de mayo "evaluaríamos convalidarles el registro como si hubiera entrado (la declaración) el 30 de abril", dijo el director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Serra.

Bien a la uruguaya, en los dos últimos días de plazo hubo una avalancha de sociedades al portador que se registraron en el BCU. El lunes se inscribieron 3.500 y el martes 4.000, indicó Serra. Eso representa el 37,5% del total de sociedades registradas, unas 20.000.

En el proceso unas 13.500 SA al portador transformaron sus acciones a nominativas mediante el mecanismo rápido que daba la ley. Estas se suman a otras 7.000 nominativas que existían. "Estamos en un orden de 20.500 nominativas más 20.000 identificadas". afirmó.

Además, hasta el lunes unas 800 sociedades culminaron el trámite para comunicar la liquidación ante la Dirección General Impositiva. "Ese número (el martes) se iba a seguir moviendo, pero vamos a andar en unas 1.000 sociedades liquidadas", aclaró Serra. Como el MEF estimaba a fines del año pasado que había unas 50.000 SA al portador y otras 7.000 nominativas, hay cerca de 15.500 que no se habrían registrado.

A las que tengan el trámite iniciado para registrarse ante el BCU pero no completado se les podría tomar como válido. Sería "como forma de estimular para que sigan cumpliendo, pero no se hará a través de un decreto reglamentario que estableciera una nueva prórroga", aclaró Serra.

En cambio, para aquellas que no se registraron, se trabajará en "afinar bien las bases de datos informáticos para hacer cruzamientos (entre la Auditoría Interna de la Nación y el BCU) y controlar quién cumplió y quién no y aplicar sanciones a las sociedades incumplidoras". Las sanciones son: suspensión del certificado único de DGI (que impide por ejemplo obtener créditos bancarios), imposibilidad de realizar inscripciones registrales y además se es pasible de recibir multas.

Durante los primeros seis meses, las multas van (de acuerdo a la dimensión económica) de 2 a 35 veces la multa por contravención ($ 5.180). En lapsos posteriores son más altas y pueden llegar a 100 veces.

Serra había señalado a El País el pasado 9 de abril que "puede haber muchas que estén inactivas y hay que resolver qué hacer", mencionando un proyecto de ley para cambiar la liquidación de estas SA.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/el-30-de-sa-al-portador-no-se-registro.html