Gobierno prevé cerrar acuerdo con Argentina a mitad de 2012

La Ocde sacó a Uruguay de la "lista gris" en la que lo colocó en abril de 2009, aunque condicionó la nueva calificación a la firma de tratados con Argentina y Brasil antes de 2014. El gobierno prioriza un rápido acuerdo con Argentina -que espera lograr en el próximo semestre- a pesar de que deberá eludir fuertes exigencias del gobierno de Cristina Fernández.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) cambió el status de país poco transparente y de escasa cooperación fiscal que había asignado a Uruguay 32 meses atrás y lo retiró de la "lista gris" tras la firma de 7 nuevos acuerdos que evitan la doble imposición tributaria y posibilitan el intercambio de información.

El organismo dijo ayer en un comunicado, que Uruguay mostró su interés por la implementación de "estándares globales" tras la firma y ratificación parlamentaria de 18 acuerdos con Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Groenlandia, Hungría, Islandia, Islas Faroe, Liechtenstein Malta, México, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza, algunos de los cuales entraron en vigencia horas antes del anuncio del organismo.

Sin embargo, la cualidad de pertenecer a la "lista blanca" y el avance hacia una segunda fase en el ordenamiento de países considerados eficaces en la gobernanza tributaria está atado a la puesta en práctica de los instrumentos jurídicos firmados para que, a través de estos, exista efectivamente intercambio de información.

La Ocde condicionó a Uruguay a la firma de tratados con países "relevantes" antes de una nueva revisión que tendrá lugar en 2014, en una clara alusión a Argentina y Brasil, con quienes el gobierno ya estudia la implementación de tales acuerdos y espera ver los resultados en el correr de los próximos meses.

Una fuente del gobierno en conocimiento de las negociaciones dijo ayer a Ultimas Noticias que las gestiones con Argentina podrán tener sus resultados antes de mediados de 2012, al tiempo que los lineamientos generales con Brasil serán abordados al más alto nivel por los presidentes José Mujica y Dilma Rousseff en la próxima cumbre del Mercosur que tendrá lugar en Montevideo, el martes 20.

Uruguay confía definir allí "un cronograma" de trabajo que permita avanzar hacia un acuerdo con el país norteño, aunque advirtió acerca de una serie de "complejidades técnicas" que demandarán más plazo, en comparación con Argentina.

El gobierno prioriza actualmente un rápido acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández, aunque no está dispuesto a conceder la exigencia del vecino país de incluir la doble imposición tributaria, y para ello busca un instrumento que permita que quienes paguen impuestos en Uruguay puedan descontarlo de sus obligaciones ante los organismos de aquel país y viceversa.

Las autoridades locales también deberán eludir la desconfianza de algunos sectores locales en relación al levantamiento del sistema de acciones al portador.

El mecanismo previsto para administrar un sistema que también mereció fuertes observaciones de la Ocde establece que sea la Dirección General Impositiva (DGI) -una oficina subordinada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- quien administre toda la información sobre ellas, y los empresarios temen que "existan presiones de gobierno a gobierno" a la hora de solicitar a la Justicia el levantamiento de la información, dijo a Ultimas Noticias un representante de un importante estudio jurídico y tributario local.

SOBRIEDAD

El anuncio y "la felicitación" del titular de la Ocde, Ángel Guiria, fue recibida oficialmente con sobriedad por el gobierno, acaso como consecuencia de algunas heridas aún abiertas tras los embates del

G-20, las consideraciones del Foro sobre la Transparencia y el Intercambio de Información, y de la penúltima revisión de la Ocde, que mantuvo al país en la "lista gris" a mediados de octubre. Aquella reacción en cadena disparó el incidente diplomático con Francia tras la acusación del presidente Nicolás Sarkozy de apartar a Uruguay de la comunidad internacional por considerarlo un "paraíso fiscal".

"La medida es una muestra del compromiso del gobierno con los estándares y prácticas internacionales (…) y es el resultado de un largo pero fructífero proceso de gestiones técnicas y diplomáticas" de los ministerios de Relaciones Exteriores (RR.EE.) y Economía y Finanzas, resumieron a media tarde de ayer ambas carteras a través de una brevísima declaración política conjunta.

Sin embargo, hubo algunas señales que demostraron que la noticia impactó en los sectores del gobierno encargados de la conducción económica, que habían sido cuestionados en octubre cuando desde Torre Ejecutiva algunos deslizaron que la permanencia en la "lista gris" representaba un "fracaso" del astorismo en el tema. El vicepresidente Danilo Astori repasó ayer en una improvisada rueda de prensa varias de las medidas adoptadas por Uruguay desde 2007, donde además de la firma de tratados mencionó la incorporación del cobro del impuesto a la renta al sistema tributario. "Las cosas vuelven a ser como nunca debieron haber dejado de estar", dijo apoyado en estadísticas que indican que Uruguay está por encima de de 18 de los 20 países del G-20 en relación a la transparencia.

También buscó avanzar en el damero por partida doble tras la mención a una reciente operación de manejo de deuda realizada por el MEF, que deja a Uruguay en inminente condición de recuperar el grado de inversor (ver recuadro). El director de la DGI, Pablo Ferreri, también destacó "la seriedad de las políticas del gobierno" en su cuenta de twitter.

Injusticias, calificadoras y grado inversor

El vicepresidente Danilo Astori capitalizó ayer dos hechos de fuerte relevancia vinculados a la gestión económica, en momentos en que ciertos sectores del Frente Amplio (FA) marcan algunas diferencias con su línea, que expresan el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Lorenzo y el titular del Banco Central (BCU), Mario Bergara.

Astori criticó nuevamente las decisiones del G-20, aunque destacó el compromiso de Uruguay con las "sugerencias" que realicen distintos agentes e instituciones económicas.

Un segundo abordaje correspondió al reclamo sobre el grado de inversor que las principales calificadoras de riesgo crediticio niegan a Uruguay, a pesar de la evolución de ciertos indicadores macroeconómicos.

"Se trata de otras de las injusticias, recurrentes", dijo el vicepresidente en relación a las empresas analistas que, a su juicio "repiten sus fallas contra Uruguay".

Astori reclamó el otorgamiento del grado inversor en el primer trimestre de 2012 tras mencionar la reciente operación dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que emitió un bono en unidades indexadas por el equivalente a U$S 2.000 millones, con el que el gobierno elevó la composición en moneda nacional por encima de la meta, obtuvo mejores plazos en sus vencimientos y obtuvo fondeo en su caja.

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011dic16/eco01.html

"Esto demuestra que Uruguay no es un paraíso fiscal"

Tras la decisión de sacar a Uruguay de la “lista gris”; Pascal Saint Amans, director de la División de Competencia Tributaria de la OCDE aseguró que es “el primer paso” y que se debe negociar con Argentina y Brasil.

El Uruguay ya no está en la lista gris. ¿Cuáles son las ventajas de esa decisión?
Uruguay fue identificado en 2009 como un país que no tenía muchos acuerdos para cumplir con los estándares de la cooperación fiscal. Lo que ocurrió ayer fue que Uruguay firmó un número significativo de acuerdos y eso deriva en lo que llamamos “lista blanca”, la categoría de jurisdicciones que han implementado sustancialmente los estándares necesarios. No significa que sea la meta, es el primer paso. El segundo paso es moverse a la fase 2 del mecanismo de revisión del organismo. Uruguay es miembro del Foro Global, es evaluado periódicamente, y en ese sentido la última revisión fue más o menos. Tuvo un número de ineficacias verificadas, como el régimen de acciones al portador, y otros aspectos domésticos, además del hecho de que no que no hubiera suficientes acuerdos con socios relevantes. Pero desde ese momento hasta ahora se han dado grandes pasos.
También Uruguay tiene que concluir acuerdos con Argentina y Brasil, pero la buena noticia es que el movimiento ha llegado, y sabemos, porque estamos en contacto directo con el gobierno, que se están dando los pasos, que se está negociando un acuerdo con Argentina. Temeos una muy buena relación con el gobierno de Uruguay, está dando los pasos necesarios

¿Qué pasa si Uruguay no firma tratados con Argentina y Brasil?
No sé qué podría pasar, lo que sé es que la negociación ha comenzado, porque las dos partes quieren negociar. Sé que hubo calor en el contexto de la cumbre del G20, pero ahora tenemos una situación mejor entre todos los jugadores, y es justo decir que Uruguay ha hecho un tremendo progreso, el gobierno está comprometido y eso es lo que queríamos destacar en el comunicado.

Uruguay defiende la necesidad de que no haya doble tributación si se llega a un acuerdo con Argentina, y Argentina se opone. ¿Cómo ve ese punto?
Creo que es lógico que haya negociación en ese punto, Lo que entendemos importante es que es que no habrá ningún obstáculo para intercambiar información, cualquiera que sea el mecanismo, con o sin doble tributación. Al final, lo que importa es eso, y hay acuerdo entre los dos países para el intercambio. Lo que pensamos es que Uruguay es capaz de firmar acuerdos de intercambio de información con países importantes, es un paso significativo, y que se está trabajando en seguir en esa dirección. Todo esto es positivo y demuestra que Uruguay no es un paraíso fiscal.

Precisamente eso dijo Sarkozy en la cumbre del G20
Sí, y desde nuestra perspectiva Uruguay tenía deficiencias que no habían sido corregidas, y por eso la revisión no había sido buena. Pero desde allí el avance ha sido mucho.

¿En qué otros puntos se debe avanzar, además de las acciones al portador y los tratados con socios relevantes?
Esos son los puntos básicos. Luego hay otros puntos pequeños.

¿Hay plazos para cumplir con los acuerdos?
Es ahora, el movimiento hacia la transparencia financiera lo están dando todos los países. Así que los plazos son inmediatos.

¿Hay alguna posibilidad de volver a la lista gris?
No, esto un paso hacia adelante. Lo que importa ahora es que pase a la Fase 2, que es la forma de verificar que Uruguay ha hecho progreso o no.

¿Que mide la fase 2?
La efectividad del intercambio de información. La fase 1 es la base legal. ¿Tienes las leyes? La 2 es: ¿como lo haces en la práctica? Lógico, si no tienes las leyes o tratados no hay forma de comprobarlo. Uruguay no tenía suficientes tratados, también estaba el tema de las acciones al portador, entonces no tenía forma de intercambiar información. Ahora Uruguay tiene su base legal, por eso la OCDE evaluará como lo hará, en dos años, aproximadamente.

¿Qué sanciones puede haber si no cumple?
No estamos en una fase de sanciones, el Foro Global es inclusivo, lo que nos gusta el progreso, no las sanciones. Las sanciones no están en el mapa.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/215166/34esto-demuestra-que-uruguay-no-es-un-paraiso-fiscal34/

Uruguay firmó el acuerdo 18 y espera salir este jueves de la "lista gris".

Este miércoles rubricó nuevos acuerdos y espera pasar a la lista blanca del organismo.

El gobierno uruguayo llegó este miércoles al acuerdo número 18 para impedir la doble tributación e intercambiar información financiera e hizo gestiones para poder salir este jueves mismo de la lista gris de países no cooperantes según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según dijeron a El Observador fuentes del gobierno.

En los últimos días se firmó el acuerdo con Finlandia, que fue el número 12. Esa era la cifra de tratados requeridos por el organismo para poner al país en la “lista blanca”.

Este miércoles además, el embajador uruguayo en París, que es plenipotenciario, rubricó un tratado con los países nórdicos. Eso implica que Uruguay intercambiará datos financieros con Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Islas Feroe y Groenlandia.

“Pasamos a tener 18 acuerdos firmados”, dijo una fuente del Poder Ejecutivo. “Esto ya se le notificó a la OCDE y solo falta que acuse recibo”, explicó otro informante.

Las experiencias de otros casos similares, según el gobierno, indican que el cambio de lista es casi inmediato en el momento en que se firman los 12 acuerdos exigidos. “Estaríamos saliendo, si no hoy, en cuestión de horas”, dijo un informante del equipo económico.

Si bien en la última revisión la OCDE exigió que entre los tratados que se firmaran hubiera intercambio con países relevantes, la ausencia de convenio con Argentina y Brasil “no interfiere para nada”, explicó una de las fuentes.

Eso en todo caso puede frenar el pasaje a la fase dos, que mide que lo que se firmó se esté cumpliendo.

Allí la OCDE evalúa que los acuerdos firmados efectivamente fueron ratificados por el Parlamento y que además todo lo que se acordó se lleva la práctica.

Para pasar a la fase dos, Uruguay deberá firmar un acuerdo al menos con Argentina. Pero esa evaluación será recién para 2014.

En el gobierno ven que esta situación cae como anillo al dedo porque el viernes el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, tiene que ir al Parlamento a dar explicaciones por este tema. Por tanto, si hoy logra salir de la lista gris podrá llevar un gran logro del gobierno como respuesta a los legisladores.

Otros cambios
El Ministerio de Economía ya tiene delineado el proyecto de ley que “en semanas” enviará al Parlamento en el que se exigirá a las empresas que informen a la Dirección General de Impositiva (DGI) la identidad de los propietarios de acciones al portador. Este es otro de los cambios exigidos por la OCDE para pasar a la fase dos.

Lorenzo informó la semana pasada que “en las declaraciones fiscales” que recibe la DGI, las compañías deberán informar los nombres de los accionistas.

Actualmente las empresas envían a Impositiva declaraciones mensuales por el IVA y anuales sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. En ese tipo de declaraciones –aún no se definió en cuál– las empresas deberán reportar quiénes son sus propietarios y la composición accionaria.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/215124/uruguay-firmo-el-acuerdo-18-y-espera-salir-este-jueves-de-la-34lista-gris34/

Depósitos se mantuvieron estables en noviembre.

Fue por segundo mes consecutivo tras registrar una baja.
Los ahorros del sector privado no financiero en el total del sistema bancario, incluido el Banco Hipotecario (BHU), registraron una leve suba en noviembre de US$ 28 millones, lo que representa un 0,13% más respecto al mes anterior, según informó ayer el Banco Central.

De esta forma, los depósitos del sector privado totalizaron US$ 20.933 millones en noviembre.

Las instituciones bancarias del sector privado en su conjunto fueron las principales responsables de dicha suba, con un incremento de US$ 42 millones en relación a octubre.

El banco que más incrementó sus depósitos en el mes fue el Itaú, seguido del HSBC y el Discount. Por su parte, los ahorros del sector privado en los bancos públicos verificaron una leve caída en igual período, por un total de US$ 14 millones.

En cuanto al origen de los depósitos, el aumento global se debió a un incremento de los mismos por parte de los residentes (US$ 55 millones), mientras que los depósitos de los no residentes cayeron en US$ 27 millones en noviembre, respecto a octubre.

Sin embargo, este resultado puede estar influenciado por la suba del tipo de cambio en el mes, que tuvo un ascenso de 2,75% en noviembre.

Con respecto a los créditos otorgados por las instituciones financieras al sector privado, los mismos también registraron una leve suba en noviembre, por US$ 75 millones, hasta US$ 10.167 millones, siendo nuevamente los privados los que más créditos concedieron.

El BBVA, el Santander y el HSBC fueron los que más elevaron sus créditos en noviembre. En el otro extremo, tanto el Banco República (BROU) como el BHU registraron una caída en los préstamos otorgados.

Negocio El resultado global de los bancos, incluido el BHU, fue positivo en el acumulado del año cerrado a noviembre en US$ 274 millones, esto es US$ 26 millones más que en octubre. Sin embargo, este resultado se explica por un buen desempeño de los públicos, ya que el total de los privados mostró pérdidas por US$ 15 millones en el período considerado. En efecto, el BROU ganó US$ 200 millones en enero-noviembre, y el BHU obtuvo rentas por US$ 88 millones en igual período.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/111215/pecono-612742/economia/depositos-se-mantuvieron-estables-en-noviembre/

Uruguay debe mantenerse firme en la negociación de convenios integrales.

Las amenazas de Sarkozy de excluir a Uruguay de la comunidad internacional no son más que un matiz prepotente de su exabrupto
La arremetida contra los mal llamados "paraísos fiscales" tiene un importante componente de búsqueda de chivos expiatorios para disimular la responsabilidad de los países centrales en la actual crisis financiera, sostuvo el Dr. José Luis Shaw, ex socio principal y actual consultor de PwC Uruguay, ex catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la UdelaR. A nivel institucional, el entrevistado es presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios y del Grupo Uruguayo de la International Fiscal Association (IFA), y secretario general del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. A continuación un resumen de la entrevista.

-Más allá del debate sobre las declaraciones del presidente Sarkozy, el hecho es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estableció que Uruguay no ha superado la Fase I de la revisión entre pares sobre transparencia fiscal. ¿Qué normas está incumpliendo nuestro país y cómo deberían ir superándose esas faltas?

-Las exigencias de la OCDE han ido cambiando con el tiempo. Primero se exigió a Uruguay que firmara convenios con doce países que previeran el intercambio de información tributaria, como condición para salir de la famosa "lista gris" de países no cooperantes. Entonces el gobierno comenzó a negociar nuevos convenios para cumplir con esa exigencia, que se han hecho en condiciones que no son las más convenientes porque las contrapartes sabían de la urgencia que teníamos, como lo reconocieron miembros importantes del equipo de negociadores en una mesa redonda celebrada en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.

-¿Ha suscrito nuestro país el número de tratados requerido por la OCDE?

-Al día de hoy, se ha cumplido ampliamente con el compromiso de firmar doce convenios. Pero, como las demandas son dinámicas en sentido creciente, ahora la OCDE exige que se firmen tratados con "países relevantes" para Uruguay, básicamente con nuestros dos grandes vecinos por planteos realizados por Argentina en el G20, como si los acuerdos suscritos con México, España, Francia, Alemania y otros países no fueran relevantes para Uruguay. Otras nuevas exigencias se refieren a la falta de transparencia de las sociedades por acciones al portador y, aparentemente, a una nueva modificación de las normas para el levantamiento del secreto bancario para obtener información con fines tributarios a fin de "agilizar" los procedimientos establecidos por la Ley N° 18.718 del 24/12/2010.

-¿Por qué la OCDE insiste en la firma de un acuerdo de intercambio de información fiscal con Argentina?

-En realidad, la OCDE no requiere que firmemos acuerdos de "intercambio de información". Por lo general, se firman convenios para evitar la doble o múltiple imposición internacional. Esto es conveniente para el fomento de la inversión extranjera porque los países exportadores de capital gravan la renta y el patrimonio universal de las personas físicas y jurídicas domiciliadas o residentes en ellos. Y, al gravar nosotros las rentas generadas y los patrimonios situados en nuestro país -de acuerdo con el criterio de la fuente o territorialidad-, se produce por lo general una doble imposición que perjudica y puede desestimular la radicación de inversiones en Uruguay, aunque eso no siempre ocurre. Dentro de dichos convenios, que regulan minuciosamente el tema en numerosas cláusulas con distintas soluciones para diferentes tipos de rentas -no se trata de "una cláusula" para evitar la doble imposición, como suele leerse en la prensa-, se incluye una cláusula -esta sí es "una cláusula"- de intercambio de información entre los fiscos de ambos países signatarios, generalmente sobre la base de la cláusula 26 del Modelo de Convenio de la OCDE.

-¿Todos los convenios firmados por Uruguay tienen como objetivo evitar la doble imposición?

-Sí, salvo en el caso de Francia con quien se suscribió un convenio solo de intercambio de información, que no contiene las ventajas que otorgan los tratados para evitar la doble imposición. Esto fue un grave error estratégico. Y no lo digo ahora, al quedar demostrado que de nada sirvió para evitar el reciente exabrupto del presidente Sarkozy, sino que lo dije antes por el mal precedente que significa para que Argentina nos exija lo mismo. Esto está unido al hecho de que, mediante disposiciones muy confusas y aun no aclaradas por un decreto reglamentario de interminable preparación, la Ley N° 18.718 del 24/12/2010 desnaturalizó el criterio de la fuente que siempre rigió en nuestros impuestos a la renta -incluso en el IRPF, el IRAE y el Impuesto a la Renta a los No Residentes (IRNR) de la Ley de Reforma Tributaria N° 18.083 del 27/12/2006- gravando a partir del 01/01/2011 solo algunas rentas del exterior de los residentes en Uruguay. De modo que ahora es difícil argumentar que un convenio bilateral de intercambio de información con Argentina solo beneficia a ese país.

-¿Podrá Uruguay evitar la firma de convenios de intercambio de información fiscal con sus dos grandes vecinos?

-No parece realista que Uruguay pueda hacer oídos sordos a los reclamos de firmar tratados con Argentina y Brasil. Sin embargo, pese al mal precedente del acuerdo con Francia, nuestro país debe mantenerse firme en negociar convenios integrales para evitar la doble imposición y de ninguna manera suscribir documentos que solo se refieran al intercambio de información. Si bien, aparentemente, eso no le interesa a Argentina, que en la última década ha firmado tratados con varios países pero únicamente de intercambio de información, contamos con el muy buen antecedente de que Argentina y Brasil tienen vigente entre ellos un convenio integral para evitar la doble imposición desde 1982.

-¿No sería más recomendable acordar criterios comunes para el intercambio de información tributaria dentro del Mercosur?

-Uruguay debe expresar claramente su disposición a firmar convenios integrales para evitar la doble imposición con Argentina y Brasil, pero negociándolos inteligentemente y sin apresuramiento en el ámbito conjunto del Mercosur. Allí debería exigirse también la observancia efectiva de las normas de comercio y libre tránsito del tratado regional, que tantos incumplimientos ha tenido y sigue teniendo de parte de nuestros dos grandes socios. Creo que, en este sentido, se están orientando correctamente las posiciones del gobierno uruguayo, por lo menos en los ámbitos técnicos más calificados. Además, ante el exabrupto del presidente francés, instigado por Argentina a estar a las declaraciones de su canciller Timerman, el presidente Mujica ha logrado quitar presión al tema a través de un logro político y diplomático muy importante, como fue obtener el apoyo expreso de México y Brasil de que Uruguay no es un "paraíso fiscal" y está cumpliendo con la cooperación internacional para evitar la evasión.

-¿Qué fuerza puede tener Uruguay para hacer frente a las demandas de la OCDE?

-Realmente no mucha, salvo tratar de negociar un convenio integral en el ámbito conjunto del Mercosur. Pero la experiencia demuestra que, cuando un país cede demasiado fácilmente y da sensación de debilidad, suelen planteársele nuevas exigencias, como sucede en todos los órdenes de la vida. Con ese mismo criterio, cuidado con que un día la OCDE nos plantee la supresión del régimen de zonas francas. No debemos olvidar que la arremetida contra los mal llamados "paraísos fiscales" tiene un importante componente de búsqueda de chivos expiatorios para disimular la responsabilidad de los países centrales en la actual crisis financiera, incrementada por la desesperación de recaudar cada día más. Debemos tratar, dentro de nuestras posibilidades, que no se nos use como tales.

Transparencia

-La OCDE también ha señalado una relativa falta de transparencia en Uruguay debido al régimen de sociedades por acciones al portador. ¿Se debería sencillamente eliminarlas?

-Hay soluciones alternativas a la eliminación de las acciones al portador, que son admitidas por la OCDE. No creo conveniente esta opción por la tradición uruguaya en la materia, que responde a características propias de la economía de un país pequeño como Uruguay, que es muy distinta a la realidad de países con mercados mucho más grandes como los de nuestros dos vecinos.

-En ese sentido, ¿qué esquema podría adoptar el gobierno uruguayo?

-Uno de esos métodos es el llamado "modelo alemán", donde un organismo estatal lleva el registro de los propietarios de las acciones al portador y lo informa bajo determinadas condiciones. El gobierno, según ha trascendido, se estaría inclinando por ese modelo, donde el organismo que llevaría el registro sería la DGI. Pero existen otros métodos -que también serían aceptados por la OCDE- como, por ejemplo, que ese registro sea llevado por instituciones privadas de reconocido prestigio y seriedad. Prefiero este último tipo de soluciones, porque un organismo estatal puede verse sujeto a presiones políticas indebidas de gobiernos extranjeros para revelar información sin cumplir con los requisitos que se pacten para ello, incluso con finalidades de persecución política, lo cual no sería nada extraño en nuestro contexto regional.

Amenazas

-El presidente Sarkozy amenazó a Uruguay y otros países con "excluirlos de la comunidad internacional". ¿Qué penas podrían aplicarse a nuestro país por no cumplir con los requisitos de la OCDE?

-Las declaraciones de Sarkozy de que nos iba a excluir de la comunidad internacional no significan nada concreto y no son más que un matiz prepotente de su infeliz exabrupto. La OCDE no aplica sanciones. Simplemente es un foro de países desarrollados y algunos emergentes cuyas recomendaciones son inspiración de medidas que pueden aplicar países que acojan sus criterios y, naturalmente, da cierta legitimidad internacional a las mismas.

-En definitiva, ¿es Ud. partidario de aceptar las exigencias de la OCDE?

-No me parece conveniente resistirse. Considero que Uruguay debe hacer explícita su intención de negociar convenios integrales para evitar la doble imposición en el ámbito conjunto del Mercosur, así como una alternativa aceptable a la eliminación de las acciones al portador. Pero debe mantenerse firme en no modificar las normas de levantamiento del secreto bancario para "agilizar" su trámite ante solicitudes de información en materia tributaria de fiscos extranjeros, porque nuestra legislación consagra la exigida transparencia y también respeta la irrenunciable garantía del debido proceso que debe regir en un Estado de Derecho. Además, cualquier convenio que se firme no deberá tener efectos retroactivos y la información a intercambiar se limitará a tratar cuestiones futuras.

En síntesis, no hay que apresurarse a acordar soluciones que nos perjudiquen porque no se aprecia que el contexto normativo actual haya sido un obstáculo para que se radicaran en nuestro país muy importantes inversiones extranjeras de empresas de países que no tienen convenios con Uruguay. Como decía Don Pepe Batlle, "el que se precipita, se precipita… (al vacío)". En esta materia no hay que quedarse inmóvil, pero hay que avanzar con mucha prudencia y sin complejos de culpa.

Incertidumbre sobre futuras reglas de juego
-¿Cuál es el mayor cambio en las reglas de juego en materia tributaria?

-En lo inmediato es la incertidumbre respecto a cuáles serán las reglas de juego, por los chisporroteos y tires y aflojes que se están produciendo a nivel de la conducción económica y del partido de gobierno, por las discordancias de orientación en materia de política económica en general y tributaria en particular. Esto tiene el agravante de que las discrepancias, más que por razones técnicas, son de carácter ideológico y se extienden también a otros campos sensibles, como el laboral con el tema de las ocupaciones y los piquetes sindicales. Por cierto, es muy mala señal para los inversores y los agentes económicos, que desdibuja la buena imagen que dejó el Presidente en las reuniones con empresarios nacionales y extranjeros en el Hotel Conrad de Punta del Este.

Pero hay otro elemento de mayor preocupación. Desde el gobierno se están impulsando proyectos de ley que contienen gruesas inconstitucionalidades, como son los casos del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y la Patente de Rodados Única a nivel nacional. Si se empieza por no respetar la Constitución, no se dan garantías de respetar el Estado de Derecho. Aparte de la gravedad que eso implica en sí para todos los uruguayos que, en definitiva, es lo más importante, también supone, en materia de reglas de juego para los inversores, la pérdida de una ventaja comparativa que siempre tuvo Uruguay frente a otros países de la región mucho más atractivos desde el punto de vista del tamaño de sus mercados.

-De continuar el gobierno por ese camino, ¿cuál sería el próximo cambio en la tributación del agro?

-Es difícil de saber, pero ya se está hablando de la prohibición o limitación de la compra de tierras a los extranjeros, pero no por la vía de la tributación. En algunos sectores del gobierno también se ha hablado de imponer detracciones a las exportaciones de productos agropecuarios, que tan mala experiencia dejó en nuestro país en un pasado bastante lejano que creíamos superado, y también en Argentina en el actual contexto económico.

Es muy dudoso que el ICIR desestimule la concentración de la tierra
-¿En qué medida el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) podría evitar que en el futuro la propiedad de la tierra quede en manos de unos pocos dueños?

-Es muy dudoso que este impuesto logre deprimir el precio de los inmuebles rurales y, de ese modo, desestimule la concentración de la tierra como se expresa en la Exposición de Motivos del proyecto. Por el contrario, existen grandes posibilidades de que, si se produce una baja de los precios, que seguramente no habrá de ser de importantes proporciones, esa tendencia surta el efecto opuesto beneficiando a los grandes propietarios de tierras. Como estos son capaces de soportar costos más altos que los productores medianos y pequeños, también podrían adquirir más tierras a precios menores, como incluso lo han dicho actores importantes del propio gobierno y del Frente Amplio. Adicionalmente, no creo que el ICIR logre impedir que esos valores, que continuarán siendo altos, impidan el proceso de desplazamiento de los productores familiares que no pueden "rentabilizar un activo" de mucho valor, que es otro de los propósitos del proyecto mencionado en la Exposición de Motivos.

-¿Transgrede el proyecto de ley del ICIR algunos preceptos constitucionales?

-El proyecto es groseramente inconstitucional. En efecto, la recaudación y el producido de los impuestos sobre la propiedad inmueble rural corresponden a los gobiernos departamentales -excepto el de los adicionales nacionales, que no es el caso del ICIR- que, además, tienen a su cargo la administración de esos recursos, según lo dispone el art. 297 de la Constitución en el proemio y en su numeral 1°. Esas disposiciones constitucionales son dejadas completamente de lado en los artículos 10 y 11 del proyecto de ley, por fundamentos cuya exposición sería demasiado extensa para esta entrevista.

Además, es importante señalar que, a raíz de las discrepancias que generó este proyecto entre integrantes del gobierno, se elaboró en el ámbito afín al vicepresidente Astori un proyecto sustitutivo tendiente a gravar más fuertemente las rentas derivadas de la venta de inmuebles rurales adquiridos por sus titulares con anterioridad a la entrada en vigencia -el 1° de julio de 2007- de la Ley de Reforma Tributaría N° 18.083, que gravó la venta de esos inmuebles por el IRFP o el IRAE sobre la base de costos de adquisición fictos. El hecho es que, ante las diferencias existentes en el seno del gobierno y del Frente Amplio, también se incluyó este impuesto en los artículos 13 y 14 del proyecto, de modo tal que, en vez de ser sustitutivo del ICIR, se suma al mismo. Este nuevo tributo complementario también me merece serias observaciones desde el punto de visto técnico y constitucional, sobre las cuales tampoco parece del caso extenderse en esta oportunidad

Fuente: http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/uruguay-debe-mantenerse-firme-en-la-negociacion-de-convenios-integrales/ecoymer_611990_111212.html

Para Bergara, Uruguay es tan “transparente” como Francia.

El presidente del Banco Central, Mario Bergara, comparó los regímenes de "transparencia" fiscal de Uruguay y Francia, y concluyó que ambos están a la par. Recordó que ese país se negó a rubricar con el nuestro acuerdos de transparencia informativa. De modo elíptico también golpeó sobre Argentina.

Exposición. Bergara, Lorenzo y Ferreri ayer en una actividad organizada por Cade.

En disertaciones de economía donde abundan las estadísticas y se habla de la crisis financiera internacional, no es frecuente encontrar una mesa con expositores de sonrisas henchidas.

Sin embargo, en la víspera fue el caso de los integrantes del equipo económico, luego de que Mario Bergara cerrara su alocución sobre la "cristalinidad" informativa del país en materia de intercambio de datos fiscales, en el marco de una exposición organizada por Cade.

El funcionario evaluó el cumplimiento de las 40 normas recomendadas por los organismos internacionales para restringir el lavado de activos y formuló algunas críticas a los países del Grupo de los 20 (G-20) sobre su falta de voluntad política para aumentar la "cristalinidad" de sus sistemas domésticos de intercambio de información fiscal.

El funcionario dijo que detrás del debate sobre los "paraísos fiscales", instalado durante la última reunión del G-20, en realidad se oculta el problema de la "cristalinidad" que los países tienen para divulgar información tributaria doméstica, a pedido de terceros países.

Indicó que el grupo de inteligencia financiera mundial destinado a evitar el lavado de activos, conocido como Gafi, formuló a los gobiernos unas 49 recomendaciones para la lucha contra el blanqueo de dinero, dentro de las cuales una cuarta parte son claves para la aplicación de este tipo de políticas de control al delito. En su exposición, mostró una serie de gráficas comparativas de la región y del mundo, en las que colocó a Uruguay como referencia.

Bergara señaló que el país integraba dentro del Gafi un grupo de países de la región denominado Gafisud, e indicó que Uruguay era de los Estados de la región que cumplían con la mayor cantidad de recomendaciones antilavado del organismo.

Agregó que de las recomendaciones consideradas "claves" por Gafisud, Uruguay no incumplía ninguna, al tiempo que mostró una gráfica en la que Brasil cumplía muchas menos, y Argentina ninguna.

Sin mencionar países, el funcionario hizo notar que algunas naciones de la región estaban en total incumplimiento de la normativa.

También comparó el cumplimiento de esa normativa antilavado entre los países del G-20, y en la planilla colocó a Uruguay.

De esta comparación surgió de modo nítido, que Uruguay sólo era superado por Estados Unidos y Francia, mientras que los restantes integrantes del plantel del G-20 contaban con una menor tasa de cumplimiento.

La gráfica y el discurso de Bergara hicieron especial hincapié en la paridad de Uruguay con Francia en el cumplimiento de la normativa, superando a 17 países que integran el G-20, añadiendo que ese país integra un grupo de Estados que desecharon rubricar con Uruguay acuerdos de intercambio de información fiscal.

También agregó que en el caso del Reino Unido, hay sitios bajo soberanía británica como la Isla de Man o Gibraltar, en donde se incumplen con determinación las normativas antilavado.

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011dic09/eco01.html

DGI centralizará información de titulares de acciones al portador.

El Ministerio de Economía ya tiene delineado el proyecto de ley que “en semanas” enviará al Parlamento en el que se exigirá a las empresas que informen a la Dirección General de Impositiva (DGI) la identidad de los propietarios de acciones al portador.

El ministro Fernando Lorenzo informó ayer que “en las declaraciones fiscales” que recibe la DGI, las compañías deberán informar los nombres de los accionistas.

Actualmente las empresas envían a Impositiva declaraciones mensuales por el IVA y anuales sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. En ese tipo de declaraciones –aún no se definió en cuál– las empresas deberán reportar quiénes son sus propietarios y la composición accionaria.

El régimen escogido, que se inspiró en el que utiliza Alemania con declaraciones anuales, según se explicó a El Observador, tendrá como garantía la protección que ofrece el secreto tributario. “El secreto tributario en Uruguay se respeta”, enfatizó Lorenzo.

El régimen de acciones al portador –que es el más extendido en el país– fue cuestionado junto a la falta de acuerdos de intercambio de información tributaria por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mantuvo a Uruguay entre los países no cooperantes en el combate a la evasión fiscal.

Fuentes de la DGI comentaron a El Observador que el organismo recaudador aspira a poder utilizar la información sobre quienes son los propietarios de las empresas para conocer más a sus contribuyentes. Esa información será enviada al exterior en caso de ser requerida por países con los que se suscriban acuerdos. Uruguay deberá firmar un mínimo de 12 tratados de intercambio de información fiscal para poder salir de la lista gris de la OCDE. En la actualidad ya tiene cinco operativos y cinco más en trámite de aprobación, pero debe incluir en la nómina a socios “relevantes”, como Argentina y Brasil.

El abogado tributarista Carlos Loaiza comentó ayer a El Observador que el sistema que utilizará Uruguay sobre acciones al portador “probó funcionar en otras administraciones”, pero advirtió que deberá aumentar la preocupación sobre el manejo de datos que son reservados.

En ese sentido comentó que deberían aumentar las sanciones contra los que hagan un mal uso de la información que reciba la DGI. De hecho, en otros países, incluso desarrollados como Alemania, hubo casos de robo de datos que estaban en poder del fisco.

Lorenzo señaló ayer en un foro en la torre de ANTEL, organizado por la Corporación de Asesores de Empresas (CADE), que Uruguay “seguirá avanzando” en materia de cooperación tributaria para lo cual fue esencial la acumulación de experiencia que se obtuvo en la negociación de tratados.

“Eso permitirá negociar con los socios relevantes en mejores condiciones”, explicó. Destacó que el país introdujo cambios en el sistema tributario y en la capacidad de cooperar en lo internacional. l


Bien posicionado contra el lavado.


lll Solo dos países del G20 (Estados Unidos y Francia) están mejor posicionados que Uruguay en materia de combate al lavado de activos destacó ayer el presidente del Banco Central, Mario Bergara. De las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar el lavado, Uruguay cumple 29 en forma total o en su mayoría; nueve parcialmente y otras dos no las cumple. En 2013 Uruguay volverá a ser auditado. Además, hay 11 recomendaciones para evitar el financiamiento al terrorismo. De ellas, Uruguay cumple nueve en su totalidad y tres en forma parcial. Sobre ese particular hay tres países (EEUU, Reino Unido y Francia) del G20 mejor posicionados que Uruguay.Recibirán denuncias anónimas vía web
A partir del año próximo la DGI recibirá “denuncias anónimas” contra contribuyentes que puedan estar evadiendo. Se recibirán en la página web que será rediseñada. El anuncio lo hizo Pablo Ferreri, director de Rentas, al explicar las herramientas que utilizará para bajar la evasión. También en 2012 se entregará a los liceales un programa para las computadoras del Plan Ceibal con temas tributarios.


Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/214765/dgi-centralizara-informacion-de-titulares-de-acciones-al-portador/