Por "falta de reciprocidad", juez argentino negó ayuda a Uruguay.

Cooperación judicial. Magistrado rechazó un pedido de la jueza Gatti que tiempo atrás denegó una solicitud suya El juez dijo que espera que Uruguay "demuestre" colaboración con su país. Expertos dicen que Uruguay no podría ser penado.

Un juez federal argentino se negó a prestar colaboración a su par uruguaya Graciela Gatti, en el marco de un caso de defraudación tributaria. El magistrado reclamó que desde Uruguay se brinde "una recíproca" cooperación hacia su país.

Las diferencias existentes en el manejo de la información tributaria por parte de Uruguay y Argentina llegaron en las últimas semanas al ámbito judicial de ambos países, luego de que el juez en lo penal tributario de Buenos Aires, Javier López Biscayart, denegara un pedido de colaboración cursado por la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti.

La magistrada había requerido cooperación para que, en el marco de una investigación por defraudación tributaria que se está llevando a cabo en Montevideo, su colega argentino le tomara declaración indagatoria a dos personas que residen en Buenos Aires.

Sin embargo, López Biscayart, en una resolución adoptada el pasado 27 de junio -a la que tuvo acceso El País- rechazó la solicitud que le había cursado Gatti en base al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua del Mercosur.

En su resolución, el juez argentino recuerda que tiempo atrás él requirió colaboración a Gatti en un caso similar, y la jueza desestimó el pedido. Y por eso, "teniendo en cuenta la falta de cooperación demostrada por la propia magistrada exhortante, no corresponde hacer lugar al cumplimiento de las medidas requeridas".

López Biscayart agrega, en un pronunciamiento de solamente tres carillas de extensión, que más allá de lo que resolvió en este caso, eso no implica que en el futuro pueda hacer lugar a pedidos de colaboración que le lleguen desde juzgados uruguayos.

Sin embargo, el juez deja en claro que ello podrá ocurrir "en la medida en que la autoridad judicial uruguaya demuestre efectivamente de su parte, una recíproca cooperación para la investigación de delitos fiscales que lleven adelante los jueces argentinos".

Y en tal sentido, López Biscayart recuerda que el 12 de febrero de 2007, Gatti denegó un pedido de colaboración en una causa similar, caratulada "Cantón, Eduardo Alberto; sobre evasión tributaria".

"RECIPROCIDAD". El magistrado argentino señala que el 10 de marzo de 2009, teniendo en cuenta que él había prestado colaboración ante otros requerimientos cursados desde juzgados uruguayos, reiteró la solicitud de cooperación que Gatti había desestimado tres años antes, "a la luz del principio de reciprocidad que gobierna las relaciones entre los países".

Sin embargo, la jueza, en una resolución fechada el 15 de mayo de 2009, "desafortunadamente" volvió a rechazar el pedido, lamenta el juez argentino en su sentencia. Y cuestiona que Gatti tomó esa decisión "sin otro fundamento" más que lo que prevén los artículos 5° y 15° del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua del Mercosur.

El artículo 5° establece los motivos por los cuales un juez puede rechazar un pedido de colaboración internacional. En el literal C se habilita tal posibilidad cuando la solicitud "se refiera a un delito tributario".

Por otro lado, el artículo 15°, prevé que se "podrá proporcionar copias de documentos oficiales, registros o información no accesibles al público, en las mismas condiciones por las cuales esos documentos se proporcionarían a sus propias autoridades".

Y agrega que "si la asistencia prevista en este literal es denegada, la autoridad competente del Estado requerido no estará obligado a expresar los motivos de la denegatoria".

RECLAMO. El gobierno argentino, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ha insistido en los últimos tiempos para que desde Uruguay se libere información sobre el estado patrimonial y cuentas bancarias de argentinos residentes.

Sin embargo, el gobierno uruguayo no ha accedido al reclamo de su par argentino, que se canaliza a través de las autoridades del organismo recaudador del vecino país.

"Es algo que nos interesa pero depende de las autoridades uruguayas. Nuestra intención es tener acuerdos de este tipo, que permitan asegurar la transparencia y avanzar hacia el modelo del contribuyente global con todos los países que sea posible", dijo a fines de mayo el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en declaraciones al diario La República.

"Uruguay es un país hermano y un socio comercial y financiero muy importante así que definitivamente estará dentro de las prioridades", agregó el funcionario argentino, quien anunció que el gobierno de su país impulsará un convenio de intercambio de información tributaria multilateral dentro del marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Echegaray expresó que la voluntad de su gobierno es lograr acuerdos de cooperación "siempre trabajando para disminuir la evasión".

En el mismo sentido, el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, dijo meses atrás a El País en relación a este tema que el gobierno de su país apuesta a la transparencia

"Nosotros entendemos que la transparencia es la que ayuda a que no exista ninguna forma de evasión, ya sea impositiva, lavado de dinero, o todo aquello que no es transparente y perjudica a los pueblos, a la gente común y a los Estados. No vamos a favorecer ninguna situación que perjudique al Estado", indicó Dovena.

Por presión de la OCDE, el gobierno evaluaría acuerdo.
Ante la posibilidad de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) le imponga una sanción a Uruguay, el gobierno deberá volver a estudiar la opción de firmar un convenio de intercambio de información fiscal con Argentina, cosa que hasta ahora ha evitado.

La OCDE está dedicada desde hace algún tiempo a revisar la situación en la materia. El organismo internacional ya decidió evaluar el caso de Uruguay, que en los últimos años firmó ocho acuerdos para evitar la doble tributación que incluyen intercambio de información.

Sin embargo, con Argentina la decisión se ha mantenido firme en no acceder a esa posibilidad. Pero, desde el Ministerio de Economía, ya se advierte que ante la posibilidad de que la OCDE penalice a Uruguay, el tema debe replantearse.

"Por ese camino va el tema de la firma de convenios de intercambio de información y pudiera ir el tema de la observación en cuanto a que Argentina y Brasil no tienen firmado convenios con Uruguay", admitió a El País a mediados de junio una fuente del Ministerio de Economía.

"Habrá que evaluar cuál es la situación menos desfavorable: si la sanción de la OCDE o el intercambio de información con Argentina. Es una decisión política", añadió en su momento la fuente oficial.

En abril de 2009, Uruguay fue colocado por la OCDE en una "lista gris" por ser considerado poco colaborador con la transparencia fiscal. Desde entonces, se negociaron más de 12 acuerdos internacionales requeridos sobre traspaso de datos.

SANCIÓN, NO. Para varios abogados tributaristas, la OCDE no podría sancionar a Uruguay por no firmar un acuerdo de cooperación con Argentina. Para Leonardo Costa, la hipótesis de una penalización obedece a "una amenaza verbal".

"El solo hecho de no tener convenios con Argentina y/o Brasil no va a exponer a Uruguay a sanciones", dijo otro tributarista que El País consultó semanas atrás y que pidió el anonimato.