OCDE podría penalizar falta de acuerdo con Argentina.

Gobierno. Analizará si conviene seguir evitando dar datos.
El gobierno se ve obligado a flexibilizar su intransigencia y analizar qué es más conveniente para el país: firmar el convenio de intercambio de información fiscal con Argentina -que hasta el momento evitó a toda costa-, o atenerse a posibles sanciones de la OCDE.

"Dentro de los criterios para evaluar la transparencia (tributaria) está la forma en que te vincules o te estés relacionando con tus pares. Por ese camino va el tema de la firma de convenios de intercambio de información y pudiera ir el tema de la observación en cuanto a que Argentina y Brasil no tienen firmado convenios con Uruguay", dijo a El País una fuente del Ministerio de Economía.

En este momento, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) está realizando una "revisión entre pares" sobre el intercambio de información que realizan los demás. Un equipo ya tiene asignado estudiar a Uruguay, aunque aún no hay un reporte al respecto.

El informante añadió que si en ese informe se incluyera el mandato de que Uruguay debe firmar un acuerdo con Argentina, el gobierno tendrá que analizar qué consecuencias tiene cambiar la postura o no hacerlo. "Habrá que evaluar cuál es la situación menos desfavorable, si la sanción de la OCDE o el intercambio de información con Argentina. Es una decisión política", dijo la fuente.

Agregó que, mientras tanto, "no hay ningún tipo de condicionantes, de presión o de comunicación o ultimátum para modificar normas" de Uruguay.

Uno de los aspectos normativos locales que es cuestionado por países europeos desarrollados es el régimen de acciones al portador que permiten mantener el anonimato de sus titulares. No obstante, el gobierno no está trabajando en modificar la normativa que habilita la existencia de sociedades anónimas.

En abril de 2009, Uruguay fue colocado por la OCDE en una "lista gris" por ser considerado poco colaborador con la transparencia fiscal. Desde entonces, se negociaron más de 12 acuerdos internacionales requeridos sobre traspaso de datos, con el fin de ser removido de esa lista.

Hasta el momento, el gobierno uruguayo mostraba un firme rechazo a la propuesta de Argentina de firmar un convenio de intercambio de información fiscal. Las sanciones que podría aplicar la OCDE sobre Uruguay por no colaborar con sus estándares de transparencia fiscal afectan la definición de las empresas extranjeras de instalarse o no en el país. El Observador informó que Ecuador, Alemania y Francia ya han tomado represalias hacia el país.

La cifra.
8 Es el número de acuerdos para evitar la doble tributación que firmó Uruguay e incluyen intercambio de información.

Más exigencias de OCDE para sacar a Uruguay de lista gris.

La organización mundial dio un ultimátum para que se elimine el régimen de acciones al portador.

El gobierno de Uruguay recibió un ultimátum de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por el régimen de acciones al portador vigente, que los países desarrollados consideran un impedimento para cumplir con pedidos de información de fiscos extranjeros. Las acciones al portador son aquellas que permiten mantener el anonimato de sus titulares y es el régimen más extendido en el país.
Las críticas a las acciones al portador pueden ahora retrasar la salida de Uruguay de la lista gris de la OCDE, que dirige el mexicano Ángel Gurría.
El abogado tributarista Carlos Loaiza comentó a El Observador que, por su régimen societario, “Uruguay puede no pasar la revisión y eso conlleva mantenerse en una categoría no deseada”, lo que puede repercutir en la llegada de inversiones.
Fuentes oficiales confirmaron a El Observador que Uruguay está recibiendo “presiones” en momentos en que será sometido en este segundo semestre de 2011 a una revisión de su marco normativo. Se trata de una auditoría que realiza el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que además de los miembros de la OCDE integran países del denominado G20, entre los que están Argentina y Brasil. Argentina ya propuso a Uruguay firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria –que por ahora es rechazado por el gobierno– que le permitiría conocer inversiones de argentinos en este país. Por ese tema Uruguay también puede ser sancionado
El país permanece en una “lista gris” de la OCDE por ser considerado poco colaborador en materia de intercambio fiscal. Para salir de esa categoría es que negoció más de los 12 acuerdos internacionales exigidos sobre traspaso de datos fiscales, sistema por el cual se busca combatir la evasión a nivel global.
El Poder Ejecutivo reconoce que el no cumplir las exigencias –la firma de acuerdos fiscales o mantener un sistema de acciones al portador– puede “traer consecuencias relevantes” y eso “preocupa” en el Ministerio de Economía, que es el que lleva adelante las negociaciones.
De hecho, según se informó a El Observador, la telefónica ANTEL fue excluida de participar en una licitación en Ecuador porque Uruguay aún figura “en una lista que confeccionó Ecuador”, según lo reveló un vocero gubernamental que pidió no ser identificado. ANTEL tiene tres sociedades anónimas (HG, ITC y Accesa) que le permiten operar en el exterior. Desde ANTEL se confirmó a El Observador que una de sus sociedades vende a Ecuador servicios de asesoría en telecomunicación y planeamiento estratégico, pero el directorio del ente no fue informado hasta ahora si una de sus sociedades está excluida de una licitación.
Pero ese no fue el único caso, y el gobierno uruguayo supo de otras consecuencias negativas por decisiones de Alemania y Francia al figurar Uruguay en el listado de castigo.
Loaiza, de Olivera Abogados, explicó a El Observador que Uruguay está en la fase uno de la peer review, donde un grupo de especialistas de varias naciones analizan el sistema jurídico uruguayo. En ese ámbito el país presenta los esfuerzos que hizo en la búsqueda de acuerdos de intercambio de información y en la flexibilización del sistema bancario, además de tratar de explicar el régimen de acciones al portador. Dicho sistema societario fue determinante para que el año pasado Panamá no pudiera superar la revisión.
En la fase dos de la auditoría se estudia si Uruguay realmente está en condiciones de cumplir con el intercambio de información fiscal al que se comprometió.
En tanto, el contador Luis Montone, de Ernst & Young, explicó a El Observador que el estar en la lista gris puede traer consecuencias asociadas fundamentalmente a los países que integran la OCDE, con un mayor impacto en el plano comercial.
También puede ocurrir que multinacionales de esos países con presencia en Uruguay queden en una situación incómoda por operar en un mercado donde no se cumple con los estándares internacionales exigidos.
Otra consecuencia es que se trabe financiamiento de estados a empresas que quisieran instalarse en Uruguay, y finalmente puede darse que un país desarrollado no reconozca hechos económicos generados en países de la lista gris para deducir del pago de impuestos.

BURBUJA. DINAMISMO EN MERCADO INMOBILIARIO.

Porcentaje de contratos de alquiler por Barrio, según datos de INE basado en el Sistema de Garantía de Alquileres (SGA). Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) divulgados ayer, muestran aumento en los nuevos alquileres, aumento en precio y cantidad de ventas de inmuebles y aumento del porcentaje de los ingresos familiares destinados a vivienda.

Los alquileres concretados en 2010 se encontraron en promedio 20% por encima del total de los alquileres vigentes a enero 2011. Estos datos toman en cuenta solo los alquileres garantizados a través del Sistema de Garantía de Alquileres (SGA). Se estima que el 25% del total de los alquileres en Montevideo se realizan bajo esta modalidad a la que pueden acogerse funcionarios públicos, jubilados, pensionista y empleados privados que trabajen para una institución adherida al sistema.

Si se miran los precios por barrio, el más caro fue Pocitos, donde un contrato nuevo de alquiler promedio en 2010 ascendía a $ 9.408 por mes, 14% más caro que el promedio de los contratos ya vigentes en dicho Barrio. Cabe destacar que en los datos difundidos por el INE, para los contratos nuevos firmados en 2011, no se encuentran discriminados algunos barrios como Carrasco o Punta Carretas, ya que la cantidad de alquileres en esos barrios es muy bajo.

En segundo y tercer lugar están Tres Cruces y Parque Batlle, con contratos de alquiler promedio firmados en 2011 de $ 8.263 y $ 8.259, 17% y 20% más caros que los contratos vigentes en cada barrio, respectivamente.

En tanto, en los barrios con alquileres promedios más bajos, como Villa Española, donde el alquiler promedio vigente se encuentra en $ 4.339, los contratos de 2010 estuvieron en $ 5.300 pesos promedio, 22% por encima de los vigentes.

Valor de inmuebles subió 20% en un año.

El mercado de compraventas de viviendas se redujo en el trimestre móvil noviembre 2010-enero 2011, con respecto al trimestre anterior, según cifras divulgadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Índice de cantidades que publica este instituto registró una caída de 10,69% en el trimestre considerado respecto al anterior, mientras que en la comparación sobre igual trimestre de 2009-2010 el índice muestra un incremento de 14,26%.

Según datos de la Dirección General de Registros en enero se registraron de 9.748 transacciones, de las cuales 5.306 fueron compraventas, 3.283 promesas de compraventas, 1.526 hipotecas y 733 correspondieron a otros.

Del total de las transacciones, Montevideo y Maldonado fueron los departamentos con mayor número de actos, con 31% y 18% respectivamente, seguidos de Canelones (14%), Rocha (7%) y Colonia (4%).

Asimismo, el precio promedio del metro cuadrado de los inmuebles se elevó 1,84% en pesos con respecto al trimestre anterior y 2,21% en la medición en dólares.

Por su parte, si se compara con igual período del año anterior, el incremento fue de 20,01% en pesos y 18,45% en dólares.

Con respecto a los alquileres, según el análisis de los contratos realizados en el último año móvil cerrado a enero por el Servicio de Garantía de Alquileres, los mismos son 20% más caros en relación a los contratos que ya estaban vigentes.

Así, los mayores alquileres se registraron en Punta Carretas, Pocitos, Malvín y Parque Rodó.

Cabe destacar que, medido en pesos corrientes, el peso del alquiler promedio en el ingreso medio de los hogares ha sido creciente en los últimos años, pasando de 18% en enero 2006 a 19% en enero 2011.

Astori y ministros con propuesta alternativa a impuesto a la tierra.

Tributos al agro. Serán gravados propietarios a partir de 2.000 hectáreas con US$ 8 por hectárea; hasta 5.000 con US$ 12 y más de 10.000 con US$ 16 El lunes 13 definirán primer borrador.
Hasta en la Mesa Política se criticó la iniciativa de Mujica.

Los ministros coincidieron con Mujica y la OPP en que el sector rural debe aportar más, pero no en el cómo. Astori y los tres ministerios involucrados trabajan en una alternativa. El vicepresidente confía en dar "un paso importante" el lunes 13.

Hay consenso en el Poder Ejecutivo en que el agro atraviesa un momento de altos ingresos y tiene una carga tributaria baja; también existe acuerdo en el objetivo económico de subir el aporte del sector, pero no en la forma y en los resultados que puede implicar.

En el gabinete productivo de ayer lunes, el presidente José Mujica planteó su idea de que los propietarios de tierras de más de 2.000 hectáreas tengan una mayor carga tributaria. De esa forma, inició formalmente la discusión sobre este tema, que hasta el momento se había desarrollado a través de declaraciones del propio mandatario, operadores del gobierno y productores afectados.

El presidente manejó escalas de pago por año y por hectárea. Así, propone que a partir de 2.000 hectáreas, el productor pague US$ 8 por hectárea; a partir de 5.000 hectáreas, US$ 12; y de 10.000 o más, US$ 16, todo en unidades indexadas, las cuales se reajustan diariamente. La medida afectaría a los campos a partir de índice Coneat 100 (que mide la capacidad productiva de la tierra).

Actualmente los productores pagan US$ 4 por hectárea en concepto de contribución inmobiliaria rural, lo cual se mantendrá, pero están exonerados del pago del Impuesto de Primaria y del Impuesto Patrimonio.

Mujica sostuvo que la medida afectaría a poco más de 1.000 empresas agropecurias. Su propuesta cuenta con el respaldo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la que intervino en su redacción.

En tanto, los ministros Fernando Lorenzo (Economía), Enrique Pintado (Transporte) y Tabaré Aguerre (Ganadería), coincidieron con Mujica en que el agro debe tener un mayor aporte, pero no está definida la forma en que esto se llevará adelante.

Paso importante. El vicepresidente Danilo Astori y estos tres ministros trabajan en un proyecto alternativo al del presidente, con un diseño distinto al que plantea la OPP, basado en la productividad y no en la cantidad de hectáreas.

"Pienso que el próximo lunes vamos a estar dando un paso importante", expresó Astori a El País. Acotó que "no hay plazo" para acordar un proyecto en común porque "queremos discutirlo bien".

El presidente dijo de volver a tratar este tema el lunes próximo, contando con el diseño presentado y uno alternativo. Este último en elaboración - se basará en la productividad de la tierra y no en la cantidad de hectáreas-, incluirá para ello los diferentes tipo de producción (ganadera, sojera y forestal) y la rentabilidad de cada una de esas tierras.

Ayer al inicio del gabinete productivo, Mujica aclaró que no era su intención tomar una resolución sobre su propuesta en la pasada jornada y expresó su disposición a escuchar otras posiciones.

El director de la OPP, Gabriel Frugoni, defendió la propuesta del presidente, manejó datos vinculados al aporte impositivo del sector rural y los comparó con los de otros sectores de la población.

Posteriormente hubo un intercambio de ideas entre los jerarcas, compartiendo el objetivo de que el sector rural debe tener un nivel de aporte mayor para su propio desarrollo, en especial en caminaría rural.

Pero frente a la propuesta de Mujica y la OPP, el equipo económico planteó estudiar un diseño con otra base técnica, vinculado no a los aspectos de la cantidad de hectáreas sino a la productividad. En ese sentido, en el gobierno se prevé una semana intensa de intercambio entre los jerarcas que elaboran la propuesta alternativa y de ellos con la OPP, añadieron las fuentes.

El cruce de ideas se desarrolló en un tono "franco y fraterno", y se destacó como positivo el consenso sobre el fin del planteo de Mujica, en que "no cambiará las reglas de juego" y que se trata de pedirle a un sector una contribución "muy razonable", señalaron las fuentes.

Pero estas fuentes también reconocieron las diferencias entre el equipo económico y la OPP sobre la forma en que se aplicará este aumento de tributos al agro y en cómo cada alternativa puede afectar al país y su imagen hacia los inversores.

"Hubo gran acuerdo en la necesidad de lograr un mayor aporte del propio sector para el desarrollo rural, en que ese aporte tiene que estar en función de la capacidad contributiva y que el destino del mismo incluye, en particular, infraestructura, pero no solo de escala o nivel nacional, sino más local, como los caminos vecinales, que también tienen mucho que ver con los niveles de productividad", dijo Astori a El País.

"Entonces, se comenzó a discutir cuál es la mejor vía para lograr eso. En eso estamos y vamos a continuar el próximo lunes", agregó.

"Los acuerdos más importantes han sido logrados, el objetivo, la finalidad, el concepto, es lo más importante. Ahora hay que encontrar la vía", concluyó Astori, quien junto a Lorenzo, Pintado y Aguerre trabajan en la propuesta alternativa.

Además de las diferencias en el gabinete, a nivel de la bancada del Frente Amplio tampoco hay consenso en torno al nuevo impuesto al agro propuesto por el presidente Mujica. Los senadores Rafael Michelini y Jorge Saravia ya adelantaron que no lo votarán tal como está planteado.

Las cifras
1.000 Empresas agropecuarias afectadas por el nuevo impuesto, según Mujica.

16 Máximo que tendrá que pagar un productor por hectáreas si tiene más de 10.000.

Paga el de menos renta
PAGA EL IMPUESTO

Un productor agropecuario, por ejemplo de la zona norte del país, que deberá pagar el impuesto a pesar de su rentabilidad es el siguiente: posee un campo de 2.000 hectáreas donde cría ganado (terneros y ovejas). La rentabilidad promedio con esos animales en ese predio de 2.000 hectáreas es de unos US$ 60 por hectárea al año, lo que arroja un total de US$ 120.000 de ingresos brutos. Para sacar sus animales del campo por carretera, ese productor deberá contratar entre 10 y 12 camiones por año.

NO PAGA EL IMPUESTO.

En el otro extremo está, por ejemplo, un productor de arroz de la zona noreste del país. Tiene 1.000 hectáreas sembradas lo que espera que rinda unas 200.000 bolsas de 60 kilos por año, a US$ 14 por bolsa. Su ingreso anual será US$ 2.800.000. Teniendo en cuenta insumos como semillas, fertilizantes, etc., le costarán US$ 700 por hectárea sembrada, es decir US$ 700.000 al año; al productor le quedará una ganancia por año superior a US$ 2 millones. Y utilizará entre 40 y 50 camiones para sacar la producción.

Proyecto no reúne apoyo de partidos.

Aun sin que la mayoría de los sectores políticos de los partidos de la oposición haya fijado su postura, blancos y colorados se perfilan a rechazar una propuesta del Poder Ejecutivo en el sentido de gravar la tierra tal como la trasmitió ayer el presidente José Mujica a los miembros de su gabinete.

Muchas de las posiciones que se conocen ahora se hacen en base a los anuncios públicos del presidente, y en ciertos casos se prefiere esperar a que el proyecto llegue al Parlamento antes de pronunciarse.

En el Partido Nacional no hay posiciones formales de Unidad Nacional (UNA) ni de Alianza Nacional (AN).

De las primeras consultas efectuadas a dirigentes de UNA surge que el modo "desprolijo" de hacer conocer al Parlamento las propuestas por parte del propio presidente Mujica, desestimulan un eventual apoyo. Dado que el sector que encabeza el senador Luis Alberto Lacalle entiende que las obras de mejora de infraestructura son positivas, de haberse manejado de otra forma el planteamiento, quizás "se hubiera estudiado", dijeron a El País dirigentes del sector.

En Alianza Nacional, en cambio, no hay definiciones. Ayer, luego de reunirse con el presidente Mujica, el líder aliancista Jorge Larrañaga declaró que la posición del sector se tomará más adelante. "Veremos el día que llegue la iniciativa al Parlamento", destacó Larrañaga.

En el Partido Colorado la situación parece encaminarse en el mismo sentido. El senador Tabaré Viera, de Propuesta Batllista (Proba), dijo a El País que el sector "no está definido" al respecto, aunque no se comparte la política fiscal del gobierno. Esto lleva a pensar que Proba no apoyará esta idea de Mujica, si bien se apoya la mejora de la infraestructura.

En Vamos Uruguay, en tanto, no se apoya la propuesta de Mujica porque se considera que trae "incertidumbre" a los inversores. Además, se cuestiona el procedimiento empleado por el presidente para echar una idea en la opinión pública.

Asimismo, en la Mesa Política del Frente, se cuestionó ayer la forma de comunicar del presidente en el caso del impuesto a la tierra. Incluso, se dijo que no solo funciona mal la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la bancada de legisladores, sino que ahora ha quedado en evidencia el mismo problema dentro del Poder Ejecutivo, dijeron a El País fuentes del órgano.

Mujica presenta proyecto que sube los tributos a terratenientes.

El presidente de la República, José Mujica, presentará hoy al Consejo de Ministros su proyecto para aumentar el pago por Contribución que realizan los predios agropecuarios que superan las 2.000 hectáreas.


Mujica. Desestimular la concentración de la tierra en pocas manos. La Presidencia de la República avanzará hoy en su plan de obtener recursos para mantener la infraestructura vial en todo el país a partir de una suba en la Contribución que realizan aquellos padrones agropecuarios que superan las 2.000 hectáreas. Dicha línea de trabajo está en sintonía con otras que llevará adelante el gobierno y que están destinadas a desestimular la concentración de la tierra (detalles del proyecto en Columna del director).

El presidente Mujica espera recaudar unos US$ 60 millones anuales a través de dicha modificación tributaria. Señaló días atrás a LA REPÚBLICA que el nuevo aporte será pago por una ínfima porción de los productores rurales que tiene el país. Que hagan un mayor esfuerzo tributario, pidió el Presidente, y lo justificó por una razón de equidad. Precisó que no es un aumento de la carga tributaria sino una recuperación de lo que no han pagado en los últimos diez años en los que el valor de la tierra se ha multiplicado varias veces mientras que los impuestos se han mantenido. De acuerdo a lo proyectado, las superficies superiores a 2.000 hectáreas tendrán un aumento en la tributación que pasaría por un adicional a la Contribución Rural. Los propietarios de más de 10 mil hectáreas deberán pagar 16 dólares la hectárea, cifra máxima que irá bajando de acuerdo al tamaño del predio, reduciéndose a l2 dólares y así sucesivamente hasta llegar a los 4 dólares. Lo recaudado será destinado a la mejora de caminos secundarios, ya que las grandes rutas serán financiadas con el aporte del gobierno central.

En tanto, un relevamiento efectuado entre los 19 intendentes departamentales, dio como resultado que existe una tendencia marcada sobre la necesidad de mejorar la caminería en el interior del país.

Ocho intendentes blancos acompañaron el planteo de Mujica, aunque cuatro de ellos marcaron matices con respecto al origen de los recursos y se manifestaban partidarios de un impuesto por nivel de producción. El proyecto que hoy presentará Mujica prevé la eliminación del 1% al precio de venta del ganado y que recauda l8 millones de dólares anuales, abonado solo por los ganaderos, favoreciendo a los pequeños productores agropecuarios. Mujica explicó que ese impuesto del 1%, en los hechos se transforma en un 2,5% en virtud de las diferentes transacciones de cada animal.

Jubilados extranjeros con más de US$ 100.000.

El lunes 2 se presentó en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (Sima) el manual "Punta del Este. Mi Segundo Hogar", que promueve la inversión inmobiliaria en la península, en un acto que presidió el secretario iberoamericano Enrique Iglesias.

Allí, además de las características generales del Uruguay y de las oportunidades inmobiliarias en Punta del Este, se detalla cómo obtener la residencia y la ciudadanía uruguaya.

"Obtener el permiso de residencia en Uruguay no presenta grandes dificultades. Los extranjeros pueden residir permanentemente en Uruguay si cumplen con los siguientes tres principios básicos: a) tener buena salud, b) probar buena conducta, y c) tener suficientes medios para mantenerse a ellos y su familia", dice la publicación. Y agrega que "la ciudadanía legal puede ser obtenida por extranjeros si han residido en el país por al menos tres años (si se han instalado con su familia) o al menos cinco años (si se han instalado solos) y -en ambos casos- si han demostrado buena conducta".

En el caso de los extranjeros jubilados que pretendan obtener la residencia permanente en Uruguay, se detallan los beneficios establecidos en la ley 16.340 y el decreto correspondiente de 2004:

-Introducción al Uruguay, dentro de los primeros seis meses de obtenida la residencia legal permanente, libre de impuestos y aranceles aduaneros: a) los muebles y efectos de su casa, en las cantidades razonables que las autoridades aduaneras determinen; b) un automóvil que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de cuatro años a contar desde su ingreso al país.

-Obtención de pasaporte común para la persona, su cónyuge e hijos menores de 18 años que hayan obtenido también la residencia legal permanente.

-Mantenimiento de la validez y vigencia en Uruguay de las pólizas de seguros de vida así como los destinados a cobertura jubilatoria que se hubieran contratado en el exterior.

El manual recuerda que para ampararse a estos beneficios, los jubilados extranjeros deben: adquirir un inmueble destinado a su casa habitación por un valor no menor a US$ 100.000, que no podrán enajenar por un plazo de 10 años; o adquirir bonos de deuda uruguayos emitidos por el gobierno por un valor nominal mínimo también de US$ 100.000, que serán depositados en el Banco de la República por un período no menor a 10 años. Además, deberán acreditar ingresos fijos mayores a los US$ 1.500 por mes.

Uno de los objetivos de la delegación Destino Punta del Este, responsable de la publicación que se presentó en Madrid, es aumentar la captación de inversiones procedentes de España, siendo unos US$ 200 millones la inversión realizada por españoles en la última década.