Flexibilización del secreto bancario “sin garantías”

El abogado Diego Rodríguez, del estudio Ferrere, recomendó delimitar la potestad que el proyecto de ley sobre secreto bancario le otorga a la Impositiva para solicitar su levantamiento. Pidió aumento de garantías y tribunales especializados.


“La discusión no es si está bien o no el tema de la flexibilización. La discusión es la forma en que esto se instrumenta. Se puede hacer en forma seria y justificada como lo plantea, por ejemplo, Suiza o se puede hacer en forma abierta y sin garantías, como lo plantea el proyecto que el Poder

Ejecutivo envío al Parlamento”, dijo el doctor Diego Rodríguez, del estudio Ferrere, acerca de la iniciativa que el Poder Ejecutivo analiza respecto al secreto bancario.

Uno de los principales puntos de discusión lo despierta la potestad que tendrá la Dirección de Rentas para solicitar su levantamiento. Hoy está autorizada a hacerlo ante la Justicia en caso de sospecha de defraudación tributaria, pero el proyecto dispone que se haga también con fines de verificación y sin sospechas fundadas.

Al respecto, Rodríguez sostuvo que “resulta muy peligroso que la autoridad fiscal tenga potestad total de acceder a información sin siquiera tener que probar nada”. Explicó que en el proyecto del Poder Ejecutivo la participación de la Justicia es meramente formal para justificar la participación de un tercero, pero el efecto sería el mismo si la DGI lo pidiera directamente a los bancos.

“Esto no parece razonable y vulnera el derecho a la intimidad que tienen las personas”, subrayó.

El experto recomendó aplicar garantías para que el juez no se convierta “en un mero homologador de la decisión adoptada por la administración, lo cual atenta contra la propia figura del tribunal y desacredita la esencial función de la administración de Justicia”.Además, valoró que “en el conflicto entre el derecho constitucional a la intimidad que protege el secreto bancario y el interés del Fisco en recaudar los tributos, el proyecto intenta dar prioridad a este último”, aunque “esta priorización no debería suponer el aniquilamiento total del derecho a la intimidad sino un recorte o limitación”, precisó.

En este escenario, Rodríguez propuso “condicionar el levantamiento del secreto bancario a que la administración acredite la existencia de indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la ocultación de activos o ingresos con el objetivo de omitir el pago de tributos”.

No obstante, “se debe exigir que se acredite que la información solicitada resulte indispensable para la correcta determinación de las deudas tributarias del contribuyente”.