Secreto bancario. Acuerdan que la apelación tendrá efecto suspensivo

El oficialismo y el Partido Nacional acordaron que el proyecto de ley sobre secreto bancario deje en suspenso el levantamiento si hay una apelación en la Justicia y descartaron la creación de juzgados especializados: actuará la Justicia civil.

La comisión de Hacienda del Senado prevé darle el puntillazo final y empezar a votar mañana el proyecto que flexibiliza el secreto bancario y grava con IRPF las rentas en el exterior, del cual se eliminó todo lo referido al Impuesto al Patrimonio.

Tras varias semanas de negociaciones, la comisión de Hacienda trabaja sobre la base de una nueva versión del proyecto en lo referido al levantamiento del secreto bancario, redactada por el senador de Alianza Nacional Eber Da Rosa, que recoge los acuerdos entre el gobierno y su sector, a la que los senadores del Frente han realizado correcciones puntuales con el asesoramiento del Ministerio de Economía y la DGI.

Además de Alianza Nacional, el capítulo sobre secreto bancario sería apoyado por la UNA, no así los artículos referidos al IRPF. Los colorados podrían dar los votos para el levantamiento del secreto pedido por una autoridad extranjera.

Uno de los cambios acordados entre el senador aliancista Jorge Larrañaga y el Ejecutivo para darle más "garantías" al proyecto no se concretará: los juzgados especializados en materia tributaria. Si bien inicialmente el proyecto del gobierno establecía que los pedidos de la DGI para levantar el secreto bancario iban a ser atendidos por los juzgados civiles, Alianza Nacional sugirió que se creara un juzgado "en lo contencioso tributario", lo cual fue aceptado. Pero la semana pasada se dio marcha atrás en la idea.

Da Rosa dijo a El País que ahora Alianza planteó volver el tema a la órbita civil ya que "hay más diversidad y se pueden neutralizar influencias", pero sobre todo para que los casos que suceden en el interior puedan tratarse en cada juzgado departamental y no tengan que ir a Montevideo. Da Rosa explicó que el oficialismo no puso objeciones al cambio.

El proyecto también establece el pronunciamiento expreso del juez sobre el levantamiento del secreto a pedido de la DGI.

Una segunda novedad es que el oficialismo accedió a que la sentencia del juez sea apelable con "efecto suspensivo", siempre y cuando el proceso judicial dure un total de 90 días (60 días para la primera instancia y 30 días para la apelación), dijo a El País el senador del Frente Amplio Rafael Michelini.

El planteo original de los blancos era un plazo de 60 días para que el juez se pronuncie y otros 60 días en la apelación. Michelini explicó que el acuerdo está casi cerrado, pero que nada es seguro hasta votar.

PROCESO. El proyecto establece dos procesos distintos. Si la administración presenta "denuncia fundada" por el artículo 110 del Código Penal (defraudación tributaria), podrá solicitar ante un juzgado penal el levantamiento del secreto, que deberá ejecutarse en 30 días hábiles, salvo un pronunciamiento judicial en contra.

De acuerdo al texto, al que accedió El País, la iniciativa establecerá un proceso distinto ante los juzgados letrados de primera instancia "con competencia en lo civil", a los que la DGI debe solicitar "por resolución expresa y fundada" la información sobre operaciones bancarias de personas físicas o jurídicas, en el ejercicio de sus "facultades fiscalizadoras".

Allí el juez solo admitirá esa solicitud "cuando la administración tributaria haya acreditado actos, hechos u omisiones que hagan presumir el propósito de defraudar al fisco en el pago de tributos, siempre que la información solicitada resulte necesaria para la determinación de adeudos tributarios o tipificar infracciones". Lo mismo podrá ser pedido por una autoridad tributaria extranjera.

El nuevo texto también dirá que el juez dictará sentencia, teniendo en cuenta la prueba y "los derechos constitucionales". La sentencia será apelable "con efecto suspensivo" y, "evacuado el traslado de la apelación o vencido el plazo, el juzgado deberá remitir el expediente al superior en cinco días hábiles". El Tribunal resolverá en 30 días.

Experto
El abogado Diego Rodríguez, socio del estudio Ferrere y experto en temas financieros, dijo que para que la flexibilización del secreto bancario tenga "garantías", debe darse "carácter suspensivo a la apelación" y crear tribunales especializados o especializar los existentes. Opinó que debe condicionarse el levantamiento del secreto a que se "acredite la existencia de indicios que hagan presumir la ocultación de activos o ingresos" para no pagar tributos.