Gobierno se inclina por seguir indicaciones de OCDE.

Voceros oficiales reconocieron que no hay más remedio que aplicar los principios señalados por el organismo mundial y eliminar las acciones al portador.

Los reclamos a Uruguay de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) están en una línea ascendente que coloca al gobierno en una posición difícil en su búsqueda de zafar de la lista gris en la que fue incluido el país como poco colaborador en materia de intercambio de información financiera.
Para el organismo, que es una especie de club de naciones ricas y por tanto con muchos millones de inversión de sus ciudadanos fuera de sus fronteras nacionales, el concepto de paraíso fiscal ya no pasa solo por una baja o nula tributación, sino por la transparencia y ahí pone el foco a la hora de exigir.
Desde el gobierno se informó a El Observador que “el único camino que queda es seguir las recomendaciones de la OCDE, no hay otro camino” se aclaró. De lo contrario el país sería sancionado repercutiendo en el comercio exterior y en su calidad de receptor de inversiones. “¿Vamos a dejar de comerciar con los países de la OCDE?” se preguntó una fuente de Economía para ratificar que solo queda aceptar los mandatos que llegan del exterior.
Al pedido del organismo de firmar 12 acuerdos bilaterales –de los cuales Uruguay negoció un número superior aunque aún no están todos operativos– se sumó la crítica por el sistema de acciones al portador que rige en el país. Ese régimen impide o dificulta saber quién es dueño de una sociedad anónima y es visto en la OCDE como un obstáculo a la hora de responder eventuales pedidos de fiscos extranjeros.
Alberto Barreix, economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo a El Observador que “Uruguay va a ir cambiando despacio su régimen de acciones al portador” que no sólo abarca aspectos tributarios “sino también comerciales y civiles”.

En el mundo son muy pocos los países que tienen ese sistema, explicó Barreix, para quien Uruguay “hizo cosas importantes como los acuerdos de intercambio de información que firmó, la flexibilización del secreto bancario o el terminar con las sociedades de papel en las zonas francas” mostrando su voluntad política de actuar con transparencia.
El experto, que trabajó para la reforma tributaria de 2007 durante el gobierno de Tabaré Vázquez, señaló que un camino es ponerle punto final a las acciones al portador para lo cual se deberá dar un plazo largo. Otra vía es el método denominado “conozca a su cliente” donde un abogado debe saber quiénes son los accionistas de una sociedad. En caso de que un fisco extranjero solicite información, ese abogado deberá aportarla a la Dirección General Impositiva y ésta la remitirá al exterior.
Barreix comentó desde Washington que la presión de la OCDE seguirá “pero no hay que enloquecerse”.

Por su parte, Sebastián Arcia, profesor de Derecho Financiero de la Universidad de Montevideo, comentó que si bien el régimen de acciones al portador está extendido, hay sectores muy sensibles donde preceptivamente tienen que tener acciones nominativas. Son ellos el de las telecomunicaciones, el bancario –cambios, financieras, banca off shore– el sector agropecuario y una parte del transporte. En su opinión las acciones al portador “no son ni buenas ni malas” y no ve razones para eliminar el régimen que de hacerlo sería “cambiar las reglas, y desdibujar la reforma tributaria que dio certezas y garantías”.
En el segundo semestre de 2011, Uruguay será sometido a una revisión de su marco normativo. Esa auditoria estará a cargo del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, entre cuyos miembros está Argentina y Brasil. La administración de Cristina Fernández ya indicó a Uruguay su intención de firmar un acuerdo que le permita conocer detalles de los depósitos de argentinos en este país. Por ahora el gobierno nacional mira para el costado. Sin embargo para la OCDE si un Estado –más allá de los 12 exigidos–pide a Uruguay firmar un tratado y el país se niega, puede entonces ser mantenido en la lista gris o si ya había salido de ella volver a ingresar.

El abogado argentino y experto en temas de off shore, Martín Litwak había dicho a El Observador que Uruguay tiene una “buena imagen” en América Latina pero no tanto en lo internacional por su ubicación en una lista gris.
En su opinión, y convencido de que Argentina recorrerá el camino para que Uruguay le entregue información financiera, Uruguay debería adelantarse y ofrecer ciertos datos o incluso pagar impuestos a la AFIP sin revelar los nombres de los ahorristas. Algo parecido comenzó a utilizar Suiza, explicó Litwak.