Dato. Piden al gobierno "cautela" ante posible sanción por no tener acuerdo con Argentina.
Uruguay no debería recibir una sanción por parte de la OCDE por no tener convenios de intercambios de información fiscal con sus vecinos aunque no hay consenso entre tributaristas. Uno sostiene que si esto ocurre es por la "presión" de Argentina.
Ayer El País dio a conocer que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) podría sancionar a Uruguay por no haber firmado acuerdos de intercambio de información fiscal con sus vecinos, hecho que podría llevar al gobierno a rever su postura de no cerrar un convenio con Argentina. Algunos tributaristas rechazaron esta posibilidad y recomendaron no "ceder" ante presiones verbales y moverse con "cautela".
Dos expertos coinciden que la OCDE no podría sancionar al país ya que hasta el momento ha cumplido con lo que se le ha encomendado respecto a firmar 12 tratados de intercambio de información con terceros países. Actualmente el país tiene ocho convenios firmados y otros tantos en proceso.
En tanto, fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo federal recaudador de Argentina, rechazaron ayer hacer comentarios en torno a la presión de la OCDE para que Uruguay firme un acuerdo de información tributaria con Argentina. Asimismo, según supo El País, Brasil no tiene decidido por ahora solicitar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Uruguay, pese a que ha firmado varios acuerdos en los últimos años.
"La OCDE no nos podría sancionar porque estaría cometiendo un acto de hipocresía único, ya que admitió que Suiza firme con Inglaterra un tratado por el cual no se intercambió información y lo único que da Suiza son los intereses como suma global sin discriminar quiénes son las personas que pusieron la plata", dijo a El País el tributarista Leonardo Costa.
Agregó que la posibilidad que manejó el gobierno uruguayo de rever su postura de no firmar un acuerdo con Argentina "sería un gran error desde el punto de vista jurídico porque se dejaría sancionar por un organismo que Uruguay no integra y no puede controlar cuál es el proceso de sanción".
A juicio de Costa, esta hipótesis de sanción que maneja la OCDE obedece más a una "amenaza verbal".
"El solo hecho de no tener convenios con Argentina y/o Brasil no va a exponer a Uruguay a sanciones", añadió otro tributarista que prefirió al anonimato.
El experto explicó que para que esto ocurra Argentina debería hacer un reclamo formal a Uruguay de intercambio de información fiscal invocando que esa información le resulta indispensable para poder administrar su propio sistema fiscal. "Para eso, Argentina debe estar en condiciones de probar sus sospechas de que nuestro país tiene información sobre operaciones que eluden o evaden tributación del otro país. Tiene que haber un caso. No es fácil porque Argentina no está limpia", comentó.
Por otro lado, Costa denunció que la OCDE "está cambiando todos los días" los criterios y que esto no es otra que una "presión" por parte de Argentina. "Si Uruguay es sancionado es por la presión de Argentina. No hay otra razón. Y si eso ocurre, es porque la Cancillería y (el Ministerio de) Economía no han tomado las cartas necesarias para que eso no pase", aseguró.
Por su parte, Carlos Loaiza, del estudio Olivera Abogados, recordó a El País que en un documento resultado del peer review (revisión de pares) hecho por el Foro Global sobre transparencia acerca de Panamá aparecía de forma clara que el sistema de acciones al portador no le permitía pasar a segunda fase de esa revisión.
"A Uruguay le va a pasar lo mismo. Ahora está pasando. OCDE no permitirá que Uruguay salga de la fase 1 de auditoría ni de su lista gris", afirmó.
Por ese motivo, dijo que los miembros de la OCDE pueden tomar medidas económicas de represalia como decirle a sus empresas que no inviertan, hasta medidas jurídicas como hacer que las operaciones entre países en concreto sean más gravosas para ese país.
Otra medida puede ser que los países que integran la OCDE no permitan a las empresas locales deducir gastos en sus impuestos a la renta por servicios que compren a Uruguay.
Loaiza indicó que Argentina integra el Foro que audita a Uruguay. Por eso, una mala nota en el marco de auditoría puede ser aprovechado por ese país para decirnos que le demos un acuerdo. "Lo puede usar como un factor de presión adicional", explicó.
Efectos. Los países miembros de la OCDE se obligan a aplicar "medidas de defensa" en contra de los países (miembros o no miembros del bloque) que no les dan información a sus fiscos. Entre ellos se destacan la eliminación de créditos fiscales o de deducciones para las operaciones realizadas con las jurisdicciones castigadas, la doble imposición como sanción, mayores exigencias de información a los contribuyentes que se relacionen con las jurisdicciones castigadas. También sugieren a las instituciones internacionales y bancos de desarrollo que no hagan inversiones en los países no cooperantes y aplicación de retenciones sobre una amplia variedad de pagos que se hagan hacia los países no cooperantes. (Producción en Argentina: Gustavo Stok).
Los intereses del otro lado del río
El gobierno de Cristina Fernández viene presionando, sin suerte hasta ahora, para alcanzar un acuerdo de información tributaria con Uruguay con el objetivo de conocer el volumen del dinero que sale desde Argentina. Cerca del 70% de los más de US$ 3.000 millones de depósitos de no residentes en el sistema bancario uruguayo pertenece a argentinos, además de inversiones inmobiliarias y en la producción agrícola. En abril la AFIP presentó un proyecto de Acuerdo Multilateral de Información Tributaria para todos los países de América Latina junto con España y Portugal. Si el documento fuese aprobado, todos los países firmantes cooperarían entre sí y se evitaría tener que realizar convenios bilaterales, entre ellos Uruguay.
Fuente: El País / 17-06-2011
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