La construcción, y concretamente en Punta del Este, volverá a exhibir números en crecimiento. Eso se festeja como un logro político del Frente Amplio y de la conducción económica, que en tiempos de inestabilidad internacional mantiene los niveles de inversión y Uruguay se hace conocer como un lugar con estabilidad jurídica.
Sin embargo, en buena medida, las inversiones en la construcción, uno de los motores del desarrollo, se debe también a que los proyectistas encontraron la forma jurídica de concretar sus negocios sin que Uruguay, a través de la Dirección General de Impositiva (DGI),se vea obligado a responder a eventuales requerimientos de información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina.
Ariel Cagnoni, presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, dijo a El Observador que “hoy existe la posibilidad de construir bajo determinadas formas sin someterse a los controles de la AFIP, un organismo de otro país”.
La AFIP y la DGI tienen un acuerdo para el intercambio de datos tributarios que comenzará a regir el próximo 7 de febrero. En un principio se temió que, desde Argentina, pudiera haber una persecución a ciudadanos de ese país con propiedades o negocios en Uruguay.
“Lo que se encontró fue una válvula de escape al ojo todopoderoso de la AFIP” comentó a El Observador otro asesor empresarial que reconoció que “existen herramientas jurídicas” para, “dentro de lo legal”, no tener que estar expuestos a la impositiva argentina que dirige Ricardo Echegaray, un hombre cercano a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Cagnoni comentó a El Observador que “lo peor de 2012 fue la incertidumbre por el acuerdo con Argentina y la falta de libre circulación de divisas. Cuando se despejó el panorama, y se conocieron los detalles del acuerdo tributario entre los organismos de contralor, se terminó el cuco”, afirmó el representante de los empresarios. Además, según supo El Observador, grandes estudios jurídicos de Uruguay dan conferencias sobre los detalles del acuerdo con la AFIP y explican formas jurídicas ingeniosas que complican los controles de Argentina. “Hoy se perdió el miedo”, dijo Cagnoni.
La fórmula
El año 2011 fue muy bueno para la construcción; 2012, cuando continuaba la tensión con Argentina por varios temas incluido el tributario, fue aún mejor para el sector inmobiliario y el actual 2013 será similar al año pasado, de acuerdo a los números que maneja la Intendencia de Maldonado sobre permisos de construcción (ver apunte).
Según se informó a El Observador –de un tema del que los expertos jurídicos prefieren no opinar–, algunas empresas de la construcción desarrollan nuevos proyectos utilizando sociedades uruguayas con participantes panameños. Se crean fideicomisos con sociedades panameñas o sociedades uruguayas con acciones panameñas.
Según se informó a El Observador –de un tema del que los expertos jurídicos prefieren no opinar–, algunas empresas de la construcción desarrollan nuevos proyectos utilizando sociedades uruguayas con participantes panameños. Se crean fideicomisos con sociedades panameñas o sociedades uruguayas con acciones panameñas.
Otro instrumento es utilizar sociedades extranjeras con actividad en Uruguay pero sin establecimiento permanente en este país. La idea, como camino de escape a las exigencias internacionales, surgió cuando se aprobó la ley que obligó a identificar a los propietarios de acciones al portador y por la ley que obliga a pasar a Argentina datos tributarios de contribuyentes de ese país con intereses en Uruguay.
La DGI no está obligada a pasar datos cuando se trata de una sociedad extranjera, por lo que AFIP deberá ir a buscar información al punto de origen de la sociedad.
En otros negocios, como la compraventa de campos donde los argentinos también son protagonistas en Uruguay, también se temió por el impacto del acuerdo tributario. De todas maneras, el operador rural Sebastián Da Silva opinó que “el argentino es una raza que siempre le encuentra una vuelta a los problemas. En un principio (tras la ratificación del acuerdo tributario) estuvieron temerosos, pero luego volvieron a la cancha” explicó.
De todos modos, en ese sector, el mercado prevé una desaceleración de la compraventa de tierras y una caída en los precios de la hectárea.
Exigencia OCDE.
Hace un año, Uruguay negociaba con Argentina un acuerdo de intercambio de información tributaria –aprobado por el Parlamento tras una dura discusión– que puso en duda las inversiones inmobiliarias, según lo vaticinaban empresarios del sector, así como la oposición, entre ellos Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Jorge Larrañaga (Partido Nacional) e Ignacio de Posadas, exministro de Economía de Luis Alberto Lacalle. Privados y oposición pedían que no se firmara el acuerdo con Argentina que negociaba el Ministerio de Economía obligado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que había puesto a Uruguay en una lista de países que no brindan transparencia tributaria. La OCDE reclamó a Uruguay que modificara su régimen de acciones al portador, que eran la base del sistema de sociedades, y que firmara acuerdos de intercambio de información tributaria con países “relevantes”, que para el caso son Argentina y Brasil. Con Argentina se firmó y con Brasil, y Estados Unidos se iniciaron negociaciones.
Según especialistas tributarios consultados, el texto sobre las acciones y el acuerdo tributario con Argentina cumple con las exigencias de la OCDE.
