Antes de comenzar su presentación, el abogado Alberto Varela aclaró que está en contra de la evasión fiscal y a favor del secreto bancario. Eso es posible, según dijo, en un sistema como el que está vigente para el fisco uruguayo y los extranjeros y en donde solo un juez "caso a caso" es el que puede ordenar levantar el secreto bancario cuando hay indicios que el titular de una cuenta es un evasor.
De inmediato fue crítico con el compromiso adoptado por Uruguay ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para intercambiar en forma automática con otros países datos tributarios y financieros de manera gradual a partir de 2017.
Varela puntualizó que desde ese momento los bancos "van a ser detectives privados" que deberán investigar a sus clientes y que estarán al servicio de fiscos extranjeros para averiguar si otros países pueden reclamar potestades tributarias sobre ellos. "El banco tiene que investigar incluso a sus viejos clientes, aunque esté plenamente seguro de que se ganan la vida trabajando", afirmó.
Según Varela, será una "verdadera pesquisa secreta" que se llevará adelante sin avisarle al cliente y que entiende es "absolutamente inconstitucional".
Desde su punto de vista, "es muy curioso" el grado de precisión que establece el estándar internacional respecto a los indicios de sospechas que se deben atender. "El banco debe desconfiar de su cliente, incluso de la documentación que le entregue", dijo Varela, que utilizó como ejemplo a una persona que es propietaria de un apartamento en Punta del Este y que acredita en ese lugar su domicilio.
En este caso, indicó que deberá ser considerado como un indicio tan solo el hecho de que los correos electrónicos enviados por el cliente al banco estén mandados desde un servidor de otro país, para que se tenga que comunicar a la DGI y a sus vez el fisco se lo envié a algún similar en el extranjero.
Para Varela, levantar el secreto bancario sin intervención de la Justicia "es lo mismo que darle a los fiscos extranjeros la facultad de intervenir teléfonos sin que lo ordene un juez", dijo.
"El tiempo dirá si con esta bomba atómica que acaban de tirar los países europeos en crisis encuentran esos miles de millones de dólares ocultos a los que meterle mano como las piscinas de Rico McPato o por el contrario lo que lograron es el control de la circulación del dinero que no es poca cosa", dijo.
En tanto, el abogado Ignacio de Posadas indicó que lo que está en juego no es un privilegio comercial, sino el derecho a la intimidad. Desde su punto de vista, la decisión de entregar información a otros países tiene "muy poca distancia" al razonamiento de que si se le entrega a otros fiscos, también debe hacerse lo mismo con la DGI. "El paso siguiente es el crecimiento todavía mayor del gran hermano local", afirmó De Posadas.
El abogado fue crítico con los argumentos dados por el gobierno y dijo que la "presión" de otros países no es "excusa". Planteó que nadie se ha interesado por saber ante a qué represalias se podría exponer el país y añadió que todavía no se percibe que los países de la OCDE "nos estén tratando mejor".
En tanto, el abogado Juan Bonet de Guyer & Regules, consideró que Uruguay debería aplicar "matices" del tratado partiendo de "no demonizar a la OCDE pero tampoco de "endiosarla. Añadió que este tipo de intercambio no protege derechos como si se puede dar en un intercambio con previo requerimiento.
Exfuncionario polemizó con la conferencia
La convocatoria realizada ayer por la Cámara de Zonas Francas del Uruguay fue duramente cuestionada por el exdirector general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, que la definió como "inoportuna, inconveniente y tramposa", según afirmó en una columna de opinión publicada el lunes pasado en el portal UyPress.
"Los empresarios del sector, y sus asesores, deberían estar al tanto de las tendencias internacionales en materia de transparencia en el plano tributario. Pero, además y sobre todo, es conocida la opinión del gobierno saliente y de los principales exponentes del gobierno entrante sobre el tema del secreto bancario en el contexto del nuevo paradigma imperante, a escala global, en materia de transparencia y cooperación tributaria internacional", afirmó.
Según Apezteguía, procurar confrontar con el gobierno a poco más de 15 días de electo, "parece ser obra de un provocador más que de una cámara de hombres de negocios" (...) "Asociar las zonas francas al secreto bancario es, sin duda, inoportuno. U oportuno para quienes tienen intereses ajenos al sistema", añadió.
Apezteguía indicó que "no hay desafíos ni oportunidades en el secreto bancario".
"Las únicas oportunidades son aquellas que se construyen teniendo en cuenta, entre otros, los imperativos de la transparencia y el cumplimiento de los compromisos", escribió. El exfuncionario añadió que convocar a reconocidos tributaristas "contribuye al desatino". "Poner en el panel las viejas mañas, las viejas formas de lucrar sin producir, no los hace más modernos, sino que los muestra añorantes de un pasado que no volverá", afirmó.
