Clave. Las que no pidan autorización quedarán disueltas a partir de julio.
Mañana vence el plazo para que las sociedades anónimas con acciones al portador que son propietarias de tierras o titulares de explotaciones agropecuarias puedan adecuarse a la ley sin ser disueltas. Abogados dicen que complicará negocios.
Es que a partir del 1° de julio, si una sociedad anónima (S.A.) con acciones al portador -no se puede identificar su propietario- quiere comprar un campo, deberá convertir las acciones a nominativas o pedir autorización al Poder Ejecutivo para adquirirlo. Lo mismo pasará con aquellas sociedades con acciones al portador que arriendan campos para explotarlos. Esa situación complicará los negocios de compra-venta de tierras, dijeron a El País abogados que asesoran en esos negocios.
La ley 18.092 del 7 de enero de 2007 impulsada por el entonces ministro de Ganadería -actual presidente-, José Mujica, estableció que solo las personas físicas podrán ser titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. También podrán serlo las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones "siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas".
Las sociedades con acciones al portador no podían ser titulares de campos o explotaciones y tenían plazo para adecuar su figura jurídica o pedir autorización al Poder Ejecutivo hasta enero de 2009, pero sucesivas prórrogas llevaron ese plazo hasta el 30 de junio de este año. Las que no lo hicieran serían disueltas.
Teniendo en cuenta que aún hay varios pedidos de autorización pendientes de aprobación (para mantener la sociedad con acciones al portador como titular), el Poder Ejecutivo emitió un decreto que establece que "las sociedades que hubieran iniciado los respectivos trámites de adecuación de su capital (...) o iniciado el trámite de autorización ante el Poder Ejecutivo (ver nota aparte) hasta el 30 de junio de 2011, no se considerarán disueltas de pleno derecho hasta que la Administración emita pronunciamiento".
El socio del estudio Guyer & Regules, Nicolás Piaggio, dijo a El País que a partir del 1° de julio se "podría complicar el negocio de compra-venta de campos" ya que "no hay un marco legal claro de qué va a pasar con los nuevos inversores" que sean fondos y por tanto tengan acciones al portador cuando quieran comprar campos.
"La conclusión parece ser que tendrían que pedir autorización previa a la compra al Poder Ejecutivo, pero esto complicaría los negocios", admitió.
El socio de Ferrere Abogados, Diego Rodríguez coincidió con ese análisis. Rodríguez dijo a El País que esto "complica a los proyectos de empresas grandes que quieran empezar de cero. Hay un impacto negativo para los nuevos proyectos".
Señaló que con la ley, sus prórrogas y el decreto, se ha "generado mucha incertidumbre y ningún resultado" ya que no logra "percibir" si se consiguió el objetivo de saber quiénes son los propietarios de los campos.
Ejemplificó que una sociedad anónima con acciones al portador se puede poner de acuerdo con el vendedor de un campo para comprarlo, pero a la hora de cerrar el negocio "quién le va a reservar un campo por el tiempo que el Poder Ejecutivo demore en tomar una resolución", se preguntó.
Fuentes oficiales dijeron a El País que a partir del 1° de julio cuando una sociedad anónima con acciones al portador quiera comprar un campo o arrendar uno para explotarlo "va a tener que hacer el trámite de autorización o ajustarse a la ley y tener el capital (de la sociedad) nominativo y ser de una persona física". De todas maneras, las fuentes reconocieron que es poco claro el ámbito legal y "es probable que vengan nuevas normativas". Aún así, la ley "no va a cambiar", dijeron.
En lo que va de 2011 el Ejecutivo autorizó a 15 sociedades anónimas con acciones al portador a ser titulares de inmuebles o explotaciones rurales. El grueso de esas autorizaciones se dio entre abril y lo que va de junio.
El decreto busca subsanar la situación de aquellos que iniciaron el trámite de autorización pero aún el Ejecutivo no se expidió. Sin embargo, Rodríguez dijo que el decreto "cambia la ley" por lo que esos padrones que se amparen en el decreto (para esperar la aprobación) pueden tener "problemas" cuando en el futuro quieran venderse. "Me preocupa el efecto hacia adelante", indicó.
Piaggio coincidió con que el decreto "no está ajustado a la ley", pero señaló que da "tranquilidad" a quienes aún no recibieron la autorización del Ejecutivo.
Para el socio de Guyer & Regules otro de los problemas a partir de ahora es que se podrían dar casos de sociedades de Panamá o EE.UU. que no realicen el trámite antes del 30 de junio y deban ser disueltas. "Es una situación absurda porque el derecho uruguayo pasaría a ser extraterritorial", dijo.
Empresas como UPM, Stora Enso y otras han recibido el aval para tener campos a través de sociedades anónimas.
Casos que autoriza Ejecutivo.
El Ejecutivo podrá autorizar a que "tanto la titularidad de inmuebles rurales, como la de explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en comandita por acciones, con capital accionario representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario esté representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas". Cuando una sociedad autorizada compra otro campo debe pedir a otra el aval, pero si pasan 30 días sin que el Ejecutivo opine, se considera aprobada.
El blog lista información relevante de Uruguay, útil para inversores y empresas residentes y no-residentes en el país (y extranjeros) que quieran realizar inversiones en Uruguay o utilizar la plaza local como plataforma para sus negocios internacionales. (by FDI: www.fdinternational.com)
miércoles, 29 de junio de 2011
lunes, 27 de junio de 2011
Un hogar uruguayo ahorra $1.635 mensuales en promedio.
Las instituciones financieras no incentivan el ahorro y con la bonanza los uruguayos se volcaron a consumir y a endeudarse a niveles históricos.
Lo quiero y me lo llevo”, rezaba un viejo eslogan de una casa de electrodomésticos. Esa premisa que se hace realidad en cada momento de bonanza alcanzó su pico histórico cuando el dinamismo de la economía, la estabilidad relativa a mediano plazo, la constante mejora en los ingresos y la mayor oferta de créditos y de financiación potenciaron los hábitos de consumo de todos los niveles socioeconómicos.
El uruguayo hoy compra no solo porque puede, sino porque es más feliz al hacerlo. Según Verónica Massonnier, experta en consumo, el uruguayo dejó atrás al consumidor racional que llevaba adentro para transformarse en un consumidor permisivo. Si tiene el dinero, ¿por qué no comprar ese LCD de 42 pulgadas? ¿Para qué ahorrar? Hay más tentaciones para gastar el dinero que para guardarlo.
“Hoy hay un desincentivo del ahorro”, dijo el analista bancario Nelson Chicurel. Las bajas tasas de interés no atraen como lo hace el descuento del IVA. Solo el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) nada contra la corriente y su presidente, Jorge Polgar, recuerda que el ahorro es la base de la fortuna. “Es un grito en solitario”, admitió.
Expertos manifestaron que el sistema financiero debe ofrecer mecanismos para que valga la pena apartar unos pesitos para, primero, controlar el endeudamiento de las familias y, luego, tener reservas para cuando baje la efervescencia económica. Para el contador Bruno Gili, socio de CPA Ferrere, “Uruguay no tiene un ahorro sobre su PBI que sea todo lo deseable que un país puede querer”.
Consumo frenético.
El 40% de los hogares uruguayos no posee capacidad de ahorro, según un estudio de CPA Ferrere. Más específicamente, el quintil más pobre de la población consume 11% por encima de sus ingresos, mientras que el segundo quintil más pobre gasta casi toda su entrada de dinero. Recién los hogares pertenecientes al tercer quintil son capaces de tener un nivel de ahorro positivo aunque moderado: alrededor del 4% de su ingreso. El quintil más rico logra ahorrar el 20% de sus ingresos. En total, el ahorro promedio por hogar para Uruguay es de $ 1.635 mensuales.
A juicio de Gili, el uruguayo, aun pudiendo ahorrar por haber visto mejorado su ingreso –el Índice Medio de Salarios acumuló una suba de 11,21% en los últimos 12 meses– decide consumir para mejorar su estándar de vida luego de varios años de postergaciones. “La gente no está pidiendo préstamos hipotecarios y comprando masivamente casas por encima de su valor. No es Estados Unidos. Lo que está logrando es ponerse al día con bienes que son del siglo XXI”, manifestó. En tanto, Chicurel agregó que la capacidad de ahorrar sigue siendo muy baja porque la inflación y el consumismo se llevan los billetes. “Hasta tiene que financiarse para seguir el nivel de vida”, comentó.
Los uruguayos consumieron el año pasado bienes y servicios por US$ 8.500 per cápita. Durante 2010, el consumo del sector privado aumentó 11,4% en términos reales, por encima del alza en el precio de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo, y por encima de la totalidad de la economía que avanzó a una tasa de 8,5%.
Con todo, el economista Julio de Brun, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, no percibe que el uruguayo sea excesivamente gastador ni muy ahorrativo, sino que elige comprar bienes de consumo duraderos: la vivienda, el automóvil, o los electrodomésticos –algo que aprendió con sangre en las crisis económicas–, en vez de hacerlo en una cuenta bancaria, o en bonos, o acciones de empresas. “No lo veo como un gasto de consumo sino como inversión a nivel familiar”, señaló. Y añadió: “La mayor parte del boom de la construcción se está dando sin financiamiento bancario, lo cual está diciendo que se está financiando de forma directa con la inversión de la familia”.
Para Chicurel, la clave está en que el uruguayo ahorra solo si tiene una “ganancia inmediata” y, al gastar el dinero, no puede ser considerado un “ahorro real” aunque le hayan descontado el IVA, un 10% de descuento extra, y lo pague en 12 cuotas. Al revés, está endeudado.
“El uruguayo medio nunca estuvo tan endeudado como hoy”, dijo Chicurel. Desde un punto de vista técnico, tiene deudas impagas por más que tenga capacidad para no atrasarse con las cuotas. De Brun entendió que el endeudamiento de las familias va a seguir creciendo antes de que se enciendan luces de alerta. “Todavía no alcanza niveles dramáticos ni mucho menos”, afirmó.
Nada a cambio.
Desde que se dejó atrás la crisis de 2002, los depósitos han subido de forma casi constante, aunque muy por debajo del gasto en consumo (27,9%) e inversión y con promedios bajos. Para Fernando Oliva, experto en bancos de Deloitte, el esfuerzo de las entidades financieras se focalizó en el mercado crediticio y en la expansión de los servicios.
A abril de 2011, los uruguayos poseían ahorros por US$ 31.337 millones y 1.544.968 cuentas, pero casi 1,2 millones de estas guardaban menos de US$ 5.000. El promedio de las últimas fue de US$ 615. Casi la mitad del dinero estaba preservado en los bancos de plaza. Per cápita, esto significaba un ahorro de US$ 9.336. Durante el último año, los ahorros aumentaron en su conjunto en US$ 2.937 millones, es decir, 10,3% respecto al año anterior. “No se puede decir que haya un recelo o un temor de los uruguayos en la colocación de dinero en el sistema bancario”, comentó De Brun.
Los especialistas consultados por El Observador coincidieron en que las bajas tasas de interés son el desestímulo más importante para el ahorro. Ocho de cada 10 cuentas bancarias están a la vista. En el BROU, el 75% de los depósitos es de este tipo. En los bancos privados es el 88%. Entonces, lo poco que se ahorra en el banco está colocado a plazo fijo a tasas de interés que rozan el 0%.
El sistema bancario tiene ahora un excedente de depósitos sobre créditos que sobrepasa los US$ 12.000 millones. No tiene necesidad de esforzarse por captar más dinero. Gili fue categórico: “¿Por qué te va a ofrecer pagar cuando no sabe qué hacer con la plata? No tiene demanda de créditos suficiente y el mundo no le paga nada por esa plata”. A esto se suma que en el país es casi inexistente la Bolsa de Valores como instrumento para colocación del ahorro familiar. Entonces, la pregunta del uruguayo surge obvia: ¿para qué voy a ahorrar?
Dólar malo.
“Hay que terminar con la manía del dólar”, dijo Gili. El dólar ya no es más la moneda de refugio. Con un tipo de cambio de $ 18,75 por dólar a la venta, la mejor opción es ahorrar en pesos uruguayos y hacerlo en el largo plazo. Entre julio de 2006 y abril de 2011 los precios minoristas en pesos han mostrado un aumento acumulado de 42% y el tipo de cambio una caída acumulada de 20%.
Según Gili, quedarse con los pesos es la única forma de no especular. “Vive en Uruguay, consume en Uruguay y, si mañana hay una crisis, va a gastar pesos, no dólares”, explicó. Comprar billetes verdes es, para él, una “barbaridad” a esta altura del partido, cuando la moneda nacional se presenta estable. “La gente tiene que educarse y confiar más en la moneda”, apuntó.
Para De Brun, la familia uruguaya abandonó “la estrategia” de pasar a dólares el aguinaldo. Porque, además, el dólar casi no da nada a cambio. La tasa de interés de una caja de ahorro en dólares en el BROU es un rotundo 0% (también lo es para pesos y euros), mientras que un depósito a 90 días en dólares paga 0,20% de tasa efectiva anual (al vencimiento). Chicurel fue gráfico: “El que tiene moneda extranjera se quiere suicidar”.
Los expertos consultados por El Observador coincidieron en que el ahorrista debe optar por la unidad indexada (UI) que ofrece cierta rentabilidad. Es una moneda “sana”, para el presidente del BHU. Esta unidad de valor hoy ronda los $ 2,24060 a la venta y se reajusta de acuerdo a la inflación. Un depósito a un año de hasta 100 mil UI paga 0,45% de tasa efectiva anual (al vencimiento).
No obstante, Gili recomendó no abandonarse por completo a la tentación y ser racional y, en la medida de lo posible, apartar algún dinerito para el futuro para así tener liquidez o estabilizar sus ingresos en caso de crisis. “El mundo es incierto”, dijo Gili, recordando que en cualquier momento puede haber nubarrones que tapen el sol. Porque, en caso de tormenta, esta empapa al prudente y al insensato. “No puede pasar que la gente que ahorró, tenga que pagar sobreimpuestos para subsidiar al que tomó acciones de riesgo”, agregó. Eso pasó en 2002.
Lo quiero y me lo llevo”, rezaba un viejo eslogan de una casa de electrodomésticos. Esa premisa que se hace realidad en cada momento de bonanza alcanzó su pico histórico cuando el dinamismo de la economía, la estabilidad relativa a mediano plazo, la constante mejora en los ingresos y la mayor oferta de créditos y de financiación potenciaron los hábitos de consumo de todos los niveles socioeconómicos.
El uruguayo hoy compra no solo porque puede, sino porque es más feliz al hacerlo. Según Verónica Massonnier, experta en consumo, el uruguayo dejó atrás al consumidor racional que llevaba adentro para transformarse en un consumidor permisivo. Si tiene el dinero, ¿por qué no comprar ese LCD de 42 pulgadas? ¿Para qué ahorrar? Hay más tentaciones para gastar el dinero que para guardarlo.
“Hoy hay un desincentivo del ahorro”, dijo el analista bancario Nelson Chicurel. Las bajas tasas de interés no atraen como lo hace el descuento del IVA. Solo el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) nada contra la corriente y su presidente, Jorge Polgar, recuerda que el ahorro es la base de la fortuna. “Es un grito en solitario”, admitió.
Expertos manifestaron que el sistema financiero debe ofrecer mecanismos para que valga la pena apartar unos pesitos para, primero, controlar el endeudamiento de las familias y, luego, tener reservas para cuando baje la efervescencia económica. Para el contador Bruno Gili, socio de CPA Ferrere, “Uruguay no tiene un ahorro sobre su PBI que sea todo lo deseable que un país puede querer”.
Consumo frenético.
El 40% de los hogares uruguayos no posee capacidad de ahorro, según un estudio de CPA Ferrere. Más específicamente, el quintil más pobre de la población consume 11% por encima de sus ingresos, mientras que el segundo quintil más pobre gasta casi toda su entrada de dinero. Recién los hogares pertenecientes al tercer quintil son capaces de tener un nivel de ahorro positivo aunque moderado: alrededor del 4% de su ingreso. El quintil más rico logra ahorrar el 20% de sus ingresos. En total, el ahorro promedio por hogar para Uruguay es de $ 1.635 mensuales.
A juicio de Gili, el uruguayo, aun pudiendo ahorrar por haber visto mejorado su ingreso –el Índice Medio de Salarios acumuló una suba de 11,21% en los últimos 12 meses– decide consumir para mejorar su estándar de vida luego de varios años de postergaciones. “La gente no está pidiendo préstamos hipotecarios y comprando masivamente casas por encima de su valor. No es Estados Unidos. Lo que está logrando es ponerse al día con bienes que son del siglo XXI”, manifestó. En tanto, Chicurel agregó que la capacidad de ahorrar sigue siendo muy baja porque la inflación y el consumismo se llevan los billetes. “Hasta tiene que financiarse para seguir el nivel de vida”, comentó.
Los uruguayos consumieron el año pasado bienes y servicios por US$ 8.500 per cápita. Durante 2010, el consumo del sector privado aumentó 11,4% en términos reales, por encima del alza en el precio de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo, y por encima de la totalidad de la economía que avanzó a una tasa de 8,5%.
Con todo, el economista Julio de Brun, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, no percibe que el uruguayo sea excesivamente gastador ni muy ahorrativo, sino que elige comprar bienes de consumo duraderos: la vivienda, el automóvil, o los electrodomésticos –algo que aprendió con sangre en las crisis económicas–, en vez de hacerlo en una cuenta bancaria, o en bonos, o acciones de empresas. “No lo veo como un gasto de consumo sino como inversión a nivel familiar”, señaló. Y añadió: “La mayor parte del boom de la construcción se está dando sin financiamiento bancario, lo cual está diciendo que se está financiando de forma directa con la inversión de la familia”.
Para Chicurel, la clave está en que el uruguayo ahorra solo si tiene una “ganancia inmediata” y, al gastar el dinero, no puede ser considerado un “ahorro real” aunque le hayan descontado el IVA, un 10% de descuento extra, y lo pague en 12 cuotas. Al revés, está endeudado.
“El uruguayo medio nunca estuvo tan endeudado como hoy”, dijo Chicurel. Desde un punto de vista técnico, tiene deudas impagas por más que tenga capacidad para no atrasarse con las cuotas. De Brun entendió que el endeudamiento de las familias va a seguir creciendo antes de que se enciendan luces de alerta. “Todavía no alcanza niveles dramáticos ni mucho menos”, afirmó.
Nada a cambio.
Desde que se dejó atrás la crisis de 2002, los depósitos han subido de forma casi constante, aunque muy por debajo del gasto en consumo (27,9%) e inversión y con promedios bajos. Para Fernando Oliva, experto en bancos de Deloitte, el esfuerzo de las entidades financieras se focalizó en el mercado crediticio y en la expansión de los servicios.
A abril de 2011, los uruguayos poseían ahorros por US$ 31.337 millones y 1.544.968 cuentas, pero casi 1,2 millones de estas guardaban menos de US$ 5.000. El promedio de las últimas fue de US$ 615. Casi la mitad del dinero estaba preservado en los bancos de plaza. Per cápita, esto significaba un ahorro de US$ 9.336. Durante el último año, los ahorros aumentaron en su conjunto en US$ 2.937 millones, es decir, 10,3% respecto al año anterior. “No se puede decir que haya un recelo o un temor de los uruguayos en la colocación de dinero en el sistema bancario”, comentó De Brun.
Los especialistas consultados por El Observador coincidieron en que las bajas tasas de interés son el desestímulo más importante para el ahorro. Ocho de cada 10 cuentas bancarias están a la vista. En el BROU, el 75% de los depósitos es de este tipo. En los bancos privados es el 88%. Entonces, lo poco que se ahorra en el banco está colocado a plazo fijo a tasas de interés que rozan el 0%.
El sistema bancario tiene ahora un excedente de depósitos sobre créditos que sobrepasa los US$ 12.000 millones. No tiene necesidad de esforzarse por captar más dinero. Gili fue categórico: “¿Por qué te va a ofrecer pagar cuando no sabe qué hacer con la plata? No tiene demanda de créditos suficiente y el mundo no le paga nada por esa plata”. A esto se suma que en el país es casi inexistente la Bolsa de Valores como instrumento para colocación del ahorro familiar. Entonces, la pregunta del uruguayo surge obvia: ¿para qué voy a ahorrar?
Dólar malo.
“Hay que terminar con la manía del dólar”, dijo Gili. El dólar ya no es más la moneda de refugio. Con un tipo de cambio de $ 18,75 por dólar a la venta, la mejor opción es ahorrar en pesos uruguayos y hacerlo en el largo plazo. Entre julio de 2006 y abril de 2011 los precios minoristas en pesos han mostrado un aumento acumulado de 42% y el tipo de cambio una caída acumulada de 20%.
Según Gili, quedarse con los pesos es la única forma de no especular. “Vive en Uruguay, consume en Uruguay y, si mañana hay una crisis, va a gastar pesos, no dólares”, explicó. Comprar billetes verdes es, para él, una “barbaridad” a esta altura del partido, cuando la moneda nacional se presenta estable. “La gente tiene que educarse y confiar más en la moneda”, apuntó.
Para De Brun, la familia uruguaya abandonó “la estrategia” de pasar a dólares el aguinaldo. Porque, además, el dólar casi no da nada a cambio. La tasa de interés de una caja de ahorro en dólares en el BROU es un rotundo 0% (también lo es para pesos y euros), mientras que un depósito a 90 días en dólares paga 0,20% de tasa efectiva anual (al vencimiento). Chicurel fue gráfico: “El que tiene moneda extranjera se quiere suicidar”.
Los expertos consultados por El Observador coincidieron en que el ahorrista debe optar por la unidad indexada (UI) que ofrece cierta rentabilidad. Es una moneda “sana”, para el presidente del BHU. Esta unidad de valor hoy ronda los $ 2,24060 a la venta y se reajusta de acuerdo a la inflación. Un depósito a un año de hasta 100 mil UI paga 0,45% de tasa efectiva anual (al vencimiento).
No obstante, Gili recomendó no abandonarse por completo a la tentación y ser racional y, en la medida de lo posible, apartar algún dinerito para el futuro para así tener liquidez o estabilizar sus ingresos en caso de crisis. “El mundo es incierto”, dijo Gili, recordando que en cualquier momento puede haber nubarrones que tapen el sol. Porque, en caso de tormenta, esta empapa al prudente y al insensato. “No puede pasar que la gente que ahorró, tenga que pagar sobreimpuestos para subsidiar al que tomó acciones de riesgo”, agregó. Eso pasó en 2002.
viernes, 24 de junio de 2011
Afuera atentos a choques en FA y su impacto en reformas.
Tierra. Difieren en visión sobre efecto de posible tributo.
Analistas y bancos del exterior están atentos a algunas decisiones del Presidente José Mujica -como la de gravar la tierra- que generan oposición en su propio partido. Para alguno, puede frustrar intentos de reformas como la estatal o la educativa.
La decisión de Mujica de gravar la tenencia de tierras a partir de 2.000 hectáreas, las diferencias que se generaron a la interna del Frente Amplio por este y otros temas y su impacto en la popularidad del Presidente son motivo de varios análisis.
The Economist Intelligence Unit (la unidad de análisis de la revista británica) señaló en un informe sobre Uruguay que "aunque Mujica sigue siendo popular, la contínua oposición a sus planes dentro de su propia coalición es probable que socave los índices de opinión" sobre su mandato.
"Una coalición de partidos de izquierda y centro-izquierda con visiones políticas divergentes -y sus aliados cercanos en el movimiento sindical- continuarán frustrando los intentos de Mujica para reformar la administración pública y el sistema educativo y para mejorar la infraestructura del país", sostuvo esa unidad.
Afirmó además que "Mujica enfrenta un delicado acto de equilibrio para mantener buenas relaciones de trabajo con la oposición mientras trata de restaurar la unidad de su propia coalición. Suponemos que el Presidente seguirá buscando y obteniendo apoyo de la oposición en los objetivos de política, incluida la mejora de la seguridad pública".
Por su parte, el banco inglés Barclays Capital en su informe trimestral sobre mercados emergentes -en el que incluyó un capítulo sobre Uruguay- afirmó que "el Presidente Mujica no parece estar beneficiándose del desempleo históricamente bajo, el crecimiento (económico) y la retórica anti-inflacionaria" ya que "su popularidad tocó fondo en mayo". Recordó la encuesta de Equipos Mori en la que la aprobación de Mujica fue de 44% cuando había tenido un pico de 73% en junio del año pasado.
Según el reporte de los analistas de Barclays Alejandro Grisanti y Sebastián Vargas, "si bien es normal que los presidentes pierden popularidad en sus primeros años en el cargo, aparentemente, su pérdida también tiene que ver con la mala gestión de algunas iniciativas sensibles en el Parlamento". Agrega que "Mujica ha presentado una ley para aumentar los impuestos a los grandes establecimientos (agropecuarios), una medida que, si se aprueba, no esperamos tenga un importante efecto fiscal positivo, pero no ayudará a incrementar su popularidad".
En ese sentido, el analista para Uruguay del banco estadounidense JP Morgan, Franco Uccelli, dijo a El País que el hecho de que Mujica haya impuesto una idea sobre tributos al Ministerio de Economía "se puede argumentar de ambos lados" sobre si es una intromisión o no en temas que deberían ser del equipo económico.
"Pero en última instancia el Presidente es el jefe del gobierno y los ministros trabajan para él -al Presidente lo eligió el pueblo, a los ministros los nombro él-, así que es él quien tiene la ultima palabra", afirmó Uccelli. "Se trata de una diferencia de opinión dentro del gobierno y no de una intromisión del Poder Ejecutivo en algún otro poder, lo cual sería mucho más serio", agregó.
Sin embargo, el analista de la firma de inversión estadounidense BCP Securities, Walter Molano, dijo a El País que le "preocupa mucho" que la línea de Mujica se imponga en el tributo a la tierra "porque se ve un poco reaccionaria" la medida. Más "viniendo de un gobierno que no quiere tomar otras medidas como privatizar empresas o implementar una reforma laboral", dijo.
Sugieren comprar bonos uruguayos.
El banco inglés Barclays Capital recomendó aumentar el porcentaje de títulos de deuda uruguaya en un portafolio de referencia para los inversores, en su reporte trimestral sobre mercados emergentes. "Creemos que Uruguay está en camino al grado inversor y que es solo una cuestión de tiempo" que lo obtenga, sostuvo el banco. Como el banco cree que los títulos de deuda uruguaya seguirán subiendo de precio, recomienda tener algo más de estos títulos que lo que establece un portafolio de referencia. "Uruguay se está abriendo paso al grado de inversión, lenta, pero persistentemente. Le sugerimos dar más crédito al país", agregó.
El banco espera un crecimiento de la economía uruguaya de 6,5% este año (similar a la proyección del gobierno), que la inflación en promedio sea de 8% y que el dólar se cotice a $ 18,30 a fin de 2011.
Analistas y bancos del exterior están atentos a algunas decisiones del Presidente José Mujica -como la de gravar la tierra- que generan oposición en su propio partido. Para alguno, puede frustrar intentos de reformas como la estatal o la educativa.
La decisión de Mujica de gravar la tenencia de tierras a partir de 2.000 hectáreas, las diferencias que se generaron a la interna del Frente Amplio por este y otros temas y su impacto en la popularidad del Presidente son motivo de varios análisis.
The Economist Intelligence Unit (la unidad de análisis de la revista británica) señaló en un informe sobre Uruguay que "aunque Mujica sigue siendo popular, la contínua oposición a sus planes dentro de su propia coalición es probable que socave los índices de opinión" sobre su mandato.
"Una coalición de partidos de izquierda y centro-izquierda con visiones políticas divergentes -y sus aliados cercanos en el movimiento sindical- continuarán frustrando los intentos de Mujica para reformar la administración pública y el sistema educativo y para mejorar la infraestructura del país", sostuvo esa unidad.
Afirmó además que "Mujica enfrenta un delicado acto de equilibrio para mantener buenas relaciones de trabajo con la oposición mientras trata de restaurar la unidad de su propia coalición. Suponemos que el Presidente seguirá buscando y obteniendo apoyo de la oposición en los objetivos de política, incluida la mejora de la seguridad pública".
Por su parte, el banco inglés Barclays Capital en su informe trimestral sobre mercados emergentes -en el que incluyó un capítulo sobre Uruguay- afirmó que "el Presidente Mujica no parece estar beneficiándose del desempleo históricamente bajo, el crecimiento (económico) y la retórica anti-inflacionaria" ya que "su popularidad tocó fondo en mayo". Recordó la encuesta de Equipos Mori en la que la aprobación de Mujica fue de 44% cuando había tenido un pico de 73% en junio del año pasado.
Según el reporte de los analistas de Barclays Alejandro Grisanti y Sebastián Vargas, "si bien es normal que los presidentes pierden popularidad en sus primeros años en el cargo, aparentemente, su pérdida también tiene que ver con la mala gestión de algunas iniciativas sensibles en el Parlamento". Agrega que "Mujica ha presentado una ley para aumentar los impuestos a los grandes establecimientos (agropecuarios), una medida que, si se aprueba, no esperamos tenga un importante efecto fiscal positivo, pero no ayudará a incrementar su popularidad".
En ese sentido, el analista para Uruguay del banco estadounidense JP Morgan, Franco Uccelli, dijo a El País que el hecho de que Mujica haya impuesto una idea sobre tributos al Ministerio de Economía "se puede argumentar de ambos lados" sobre si es una intromisión o no en temas que deberían ser del equipo económico.
"Pero en última instancia el Presidente es el jefe del gobierno y los ministros trabajan para él -al Presidente lo eligió el pueblo, a los ministros los nombro él-, así que es él quien tiene la ultima palabra", afirmó Uccelli. "Se trata de una diferencia de opinión dentro del gobierno y no de una intromisión del Poder Ejecutivo en algún otro poder, lo cual sería mucho más serio", agregó.
Sin embargo, el analista de la firma de inversión estadounidense BCP Securities, Walter Molano, dijo a El País que le "preocupa mucho" que la línea de Mujica se imponga en el tributo a la tierra "porque se ve un poco reaccionaria" la medida. Más "viniendo de un gobierno que no quiere tomar otras medidas como privatizar empresas o implementar una reforma laboral", dijo.
Sugieren comprar bonos uruguayos.
El banco inglés Barclays Capital recomendó aumentar el porcentaje de títulos de deuda uruguaya en un portafolio de referencia para los inversores, en su reporte trimestral sobre mercados emergentes. "Creemos que Uruguay está en camino al grado inversor y que es solo una cuestión de tiempo" que lo obtenga, sostuvo el banco. Como el banco cree que los títulos de deuda uruguaya seguirán subiendo de precio, recomienda tener algo más de estos títulos que lo que establece un portafolio de referencia. "Uruguay se está abriendo paso al grado de inversión, lenta, pero persistentemente. Le sugerimos dar más crédito al país", agregó.
El banco espera un crecimiento de la economía uruguaya de 6,5% este año (similar a la proyección del gobierno), que la inflación en promedio sea de 8% y que el dólar se cotice a $ 18,30 a fin de 2011.
miércoles, 22 de junio de 2011
Gobierno se inclina por seguir indicaciones de OCDE.
Voceros oficiales reconocieron que no hay más remedio que aplicar los principios señalados por el organismo mundial y eliminar las acciones al portador.
Los reclamos a Uruguay de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) están en una línea ascendente que coloca al gobierno en una posición difícil en su búsqueda de zafar de la lista gris en la que fue incluido el país como poco colaborador en materia de intercambio de información financiera.
Para el organismo, que es una especie de club de naciones ricas y por tanto con muchos millones de inversión de sus ciudadanos fuera de sus fronteras nacionales, el concepto de paraíso fiscal ya no pasa solo por una baja o nula tributación, sino por la transparencia y ahí pone el foco a la hora de exigir.
Desde el gobierno se informó a El Observador que “el único camino que queda es seguir las recomendaciones de la OCDE, no hay otro camino” se aclaró. De lo contrario el país sería sancionado repercutiendo en el comercio exterior y en su calidad de receptor de inversiones. “¿Vamos a dejar de comerciar con los países de la OCDE?” se preguntó una fuente de Economía para ratificar que solo queda aceptar los mandatos que llegan del exterior.
Al pedido del organismo de firmar 12 acuerdos bilaterales –de los cuales Uruguay negoció un número superior aunque aún no están todos operativos– se sumó la crítica por el sistema de acciones al portador que rige en el país. Ese régimen impide o dificulta saber quién es dueño de una sociedad anónima y es visto en la OCDE como un obstáculo a la hora de responder eventuales pedidos de fiscos extranjeros.
Alberto Barreix, economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo a El Observador que “Uruguay va a ir cambiando despacio su régimen de acciones al portador” que no sólo abarca aspectos tributarios “sino también comerciales y civiles”.
En el mundo son muy pocos los países que tienen ese sistema, explicó Barreix, para quien Uruguay “hizo cosas importantes como los acuerdos de intercambio de información que firmó, la flexibilización del secreto bancario o el terminar con las sociedades de papel en las zonas francas” mostrando su voluntad política de actuar con transparencia.
El experto, que trabajó para la reforma tributaria de 2007 durante el gobierno de Tabaré Vázquez, señaló que un camino es ponerle punto final a las acciones al portador para lo cual se deberá dar un plazo largo. Otra vía es el método denominado “conozca a su cliente” donde un abogado debe saber quiénes son los accionistas de una sociedad. En caso de que un fisco extranjero solicite información, ese abogado deberá aportarla a la Dirección General Impositiva y ésta la remitirá al exterior.
Barreix comentó desde Washington que la presión de la OCDE seguirá “pero no hay que enloquecerse”.
Por su parte, Sebastián Arcia, profesor de Derecho Financiero de la Universidad de Montevideo, comentó que si bien el régimen de acciones al portador está extendido, hay sectores muy sensibles donde preceptivamente tienen que tener acciones nominativas. Son ellos el de las telecomunicaciones, el bancario –cambios, financieras, banca off shore– el sector agropecuario y una parte del transporte. En su opinión las acciones al portador “no son ni buenas ni malas” y no ve razones para eliminar el régimen que de hacerlo sería “cambiar las reglas, y desdibujar la reforma tributaria que dio certezas y garantías”.
En el segundo semestre de 2011, Uruguay será sometido a una revisión de su marco normativo. Esa auditoria estará a cargo del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, entre cuyos miembros está Argentina y Brasil. La administración de Cristina Fernández ya indicó a Uruguay su intención de firmar un acuerdo que le permita conocer detalles de los depósitos de argentinos en este país. Por ahora el gobierno nacional mira para el costado. Sin embargo para la OCDE si un Estado –más allá de los 12 exigidos–pide a Uruguay firmar un tratado y el país se niega, puede entonces ser mantenido en la lista gris o si ya había salido de ella volver a ingresar.
El abogado argentino y experto en temas de off shore, Martín Litwak había dicho a El Observador que Uruguay tiene una “buena imagen” en América Latina pero no tanto en lo internacional por su ubicación en una lista gris.
En su opinión, y convencido de que Argentina recorrerá el camino para que Uruguay le entregue información financiera, Uruguay debería adelantarse y ofrecer ciertos datos o incluso pagar impuestos a la AFIP sin revelar los nombres de los ahorristas. Algo parecido comenzó a utilizar Suiza, explicó Litwak.
Los reclamos a Uruguay de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) están en una línea ascendente que coloca al gobierno en una posición difícil en su búsqueda de zafar de la lista gris en la que fue incluido el país como poco colaborador en materia de intercambio de información financiera.
Para el organismo, que es una especie de club de naciones ricas y por tanto con muchos millones de inversión de sus ciudadanos fuera de sus fronteras nacionales, el concepto de paraíso fiscal ya no pasa solo por una baja o nula tributación, sino por la transparencia y ahí pone el foco a la hora de exigir.
Desde el gobierno se informó a El Observador que “el único camino que queda es seguir las recomendaciones de la OCDE, no hay otro camino” se aclaró. De lo contrario el país sería sancionado repercutiendo en el comercio exterior y en su calidad de receptor de inversiones. “¿Vamos a dejar de comerciar con los países de la OCDE?” se preguntó una fuente de Economía para ratificar que solo queda aceptar los mandatos que llegan del exterior.
Al pedido del organismo de firmar 12 acuerdos bilaterales –de los cuales Uruguay negoció un número superior aunque aún no están todos operativos– se sumó la crítica por el sistema de acciones al portador que rige en el país. Ese régimen impide o dificulta saber quién es dueño de una sociedad anónima y es visto en la OCDE como un obstáculo a la hora de responder eventuales pedidos de fiscos extranjeros.
Alberto Barreix, economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo a El Observador que “Uruguay va a ir cambiando despacio su régimen de acciones al portador” que no sólo abarca aspectos tributarios “sino también comerciales y civiles”.
En el mundo son muy pocos los países que tienen ese sistema, explicó Barreix, para quien Uruguay “hizo cosas importantes como los acuerdos de intercambio de información que firmó, la flexibilización del secreto bancario o el terminar con las sociedades de papel en las zonas francas” mostrando su voluntad política de actuar con transparencia.
El experto, que trabajó para la reforma tributaria de 2007 durante el gobierno de Tabaré Vázquez, señaló que un camino es ponerle punto final a las acciones al portador para lo cual se deberá dar un plazo largo. Otra vía es el método denominado “conozca a su cliente” donde un abogado debe saber quiénes son los accionistas de una sociedad. En caso de que un fisco extranjero solicite información, ese abogado deberá aportarla a la Dirección General Impositiva y ésta la remitirá al exterior.
Barreix comentó desde Washington que la presión de la OCDE seguirá “pero no hay que enloquecerse”.
Por su parte, Sebastián Arcia, profesor de Derecho Financiero de la Universidad de Montevideo, comentó que si bien el régimen de acciones al portador está extendido, hay sectores muy sensibles donde preceptivamente tienen que tener acciones nominativas. Son ellos el de las telecomunicaciones, el bancario –cambios, financieras, banca off shore– el sector agropecuario y una parte del transporte. En su opinión las acciones al portador “no son ni buenas ni malas” y no ve razones para eliminar el régimen que de hacerlo sería “cambiar las reglas, y desdibujar la reforma tributaria que dio certezas y garantías”.
En el segundo semestre de 2011, Uruguay será sometido a una revisión de su marco normativo. Esa auditoria estará a cargo del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, entre cuyos miembros está Argentina y Brasil. La administración de Cristina Fernández ya indicó a Uruguay su intención de firmar un acuerdo que le permita conocer detalles de los depósitos de argentinos en este país. Por ahora el gobierno nacional mira para el costado. Sin embargo para la OCDE si un Estado –más allá de los 12 exigidos–pide a Uruguay firmar un tratado y el país se niega, puede entonces ser mantenido en la lista gris o si ya había salido de ella volver a ingresar.
El abogado argentino y experto en temas de off shore, Martín Litwak había dicho a El Observador que Uruguay tiene una “buena imagen” en América Latina pero no tanto en lo internacional por su ubicación en una lista gris.
En su opinión, y convencido de que Argentina recorrerá el camino para que Uruguay le entregue información financiera, Uruguay debería adelantarse y ofrecer ciertos datos o incluso pagar impuestos a la AFIP sin revelar los nombres de los ahorristas. Algo parecido comenzó a utilizar Suiza, explicó Litwak.
Depósitos crecieron por creación de cuentas.
Aumentan las colocaciones de más de US$ 250 mil.
Los depósitos bancarios continúan aumentando, en especial las cuentas menores a US$ 250 mil© Los depósitos bancarios continúan aumentando, en especial las cuentas menores a US$ 250.
La creación de cuentas superiores a un cuarto de millón de dólares en lo que va del año explicó en su mayor parte el fuerte impulso que tuvieron los depósitos en el sistema bancario uruguayo .
En los primeros cinco meses de 2011 los depósitos en las instituciones privadas y el estatal Banco República, aumentaron en US$ 1.416 millones. De esa cifra, 58% se explicó por movimientos en las cuentas de más de US$ 250 mil en las instituciones de plaza.
Los datos fueron procesados por El Observador a partir de los informes contables de los bancos que operan a nivel local, difundidos por la autoridad reguladora.
En diciembre, los bancos uruguayos concentraban 8.819 cuentas de más de un cuarto de millón de dólares. En los primeros cinco meses de este año, se abrieron 1.119 nuevas cuentas de esas características, lo que marca un incremento de 12,7%. Todas ellas son de titulares residentes en el territorio nacional.
El aumento se dio por igual en los bancos privados como en el Banco República, que en este segmento posee una menor penetración de mercado que en el caso de las cuentas pequeñas y medianas. En el caso de las cuentas menores a US$ 50 mil –19 de cada 20 en el sistema– se concentran en su mayoría en el Banco República, que tiene una participación en este segmento de 55%. Sin embargo, en las cuentas mayores, la presencia del Banco República se reduce notablemente.
Los grandes depositantes prefieren las instituciones privadas. De las 9.938 cuentas de mayor magnitud, 32% se encuentran en el Banco República y el restante 68% en instituciones del sector privado. Esa diferencia se mantiene en lo que va del año debido a que ambos sectores registraron un crecimiento similar en el número de cuentas de un cuarto de millón de dólares en adelante –de 12,6% en el Banco República y de 12,7% en el conjunto de las instituciones privadas–.
Medidas en millones de dólares, las cuentas menores a
US$ 10 mil se mantuvieron prácticamente constantes, y su número aumentó en 3%.
Conforme el tamaño de las cuentas aumenta, el crecimiento en lo que va del año se acelera. El dinero depositado en cuentas de entre US$ 10 mil y US$ 50 mil, aumentó 4,7%, mientras que los fondos de las cuentas de hasta US$ 100 mil crecieron 7,4%.
El mismo comportamiento se evidencia en el caso del número de cuentas vigentes. Las cuentas de menor magnitud, las que tienen un saldo inferior a US$ 10 mil, registraron un crecimiento de sus fondos de 3%. Las que se encuentran entre los US$ 10mil y US$ 50 mil, de 3,8%, mientras que las cuentas inferiores a
US$ 100 mil, crecieron 4,3%. En tanto, las colocaciones de menos de US$ 250 mil, aumentaron 5,7%.
Aumentó crédito.
El crédito bancario concedido al sector no financiero aumentó fuertemente en mayo y superó por primera vez desde 2002 los US$ 10 mil millones.
Hasta el año pasado, el crecimiento económico no se había reflejado por completo en el mercado de crédito. Este año, sin embargo, el financiamiento bancario registró una importante expansión, hasta alcanzar los US$ 10.048 millones según datos del Banco Central (BCU). En mayo, el monto de créditos vigentes aumentó en US$ 224 millones. En lo que va del año, registra un incremento de 6,7%, lo que representa un total de US$ 631 millones.
La cifra va de la mano del incremento del consumo y la inversión durante el período, financiados en parte por el crédito bancario y motivado por la mayor confianza de los uruguayos en el devenir de la economía y fundamentalmente, de sus finanzas personales.
Los depósitos bancarios continúan aumentando, en especial las cuentas menores a US$ 250 mil© Los depósitos bancarios continúan aumentando, en especial las cuentas menores a US$ 250.
La creación de cuentas superiores a un cuarto de millón de dólares en lo que va del año explicó en su mayor parte el fuerte impulso que tuvieron los depósitos en el sistema bancario uruguayo .
En los primeros cinco meses de 2011 los depósitos en las instituciones privadas y el estatal Banco República, aumentaron en US$ 1.416 millones. De esa cifra, 58% se explicó por movimientos en las cuentas de más de US$ 250 mil en las instituciones de plaza.
Los datos fueron procesados por El Observador a partir de los informes contables de los bancos que operan a nivel local, difundidos por la autoridad reguladora.
En diciembre, los bancos uruguayos concentraban 8.819 cuentas de más de un cuarto de millón de dólares. En los primeros cinco meses de este año, se abrieron 1.119 nuevas cuentas de esas características, lo que marca un incremento de 12,7%. Todas ellas son de titulares residentes en el territorio nacional.
El aumento se dio por igual en los bancos privados como en el Banco República, que en este segmento posee una menor penetración de mercado que en el caso de las cuentas pequeñas y medianas. En el caso de las cuentas menores a US$ 50 mil –19 de cada 20 en el sistema– se concentran en su mayoría en el Banco República, que tiene una participación en este segmento de 55%. Sin embargo, en las cuentas mayores, la presencia del Banco República se reduce notablemente.
Los grandes depositantes prefieren las instituciones privadas. De las 9.938 cuentas de mayor magnitud, 32% se encuentran en el Banco República y el restante 68% en instituciones del sector privado. Esa diferencia se mantiene en lo que va del año debido a que ambos sectores registraron un crecimiento similar en el número de cuentas de un cuarto de millón de dólares en adelante –de 12,6% en el Banco República y de 12,7% en el conjunto de las instituciones privadas–.
Medidas en millones de dólares, las cuentas menores a
US$ 10 mil se mantuvieron prácticamente constantes, y su número aumentó en 3%.
Conforme el tamaño de las cuentas aumenta, el crecimiento en lo que va del año se acelera. El dinero depositado en cuentas de entre US$ 10 mil y US$ 50 mil, aumentó 4,7%, mientras que los fondos de las cuentas de hasta US$ 100 mil crecieron 7,4%.
El mismo comportamiento se evidencia en el caso del número de cuentas vigentes. Las cuentas de menor magnitud, las que tienen un saldo inferior a US$ 10 mil, registraron un crecimiento de sus fondos de 3%. Las que se encuentran entre los US$ 10mil y US$ 50 mil, de 3,8%, mientras que las cuentas inferiores a
US$ 100 mil, crecieron 4,3%. En tanto, las colocaciones de menos de US$ 250 mil, aumentaron 5,7%.
Aumentó crédito.
El crédito bancario concedido al sector no financiero aumentó fuertemente en mayo y superó por primera vez desde 2002 los US$ 10 mil millones.
Hasta el año pasado, el crecimiento económico no se había reflejado por completo en el mercado de crédito. Este año, sin embargo, el financiamiento bancario registró una importante expansión, hasta alcanzar los US$ 10.048 millones según datos del Banco Central (BCU). En mayo, el monto de créditos vigentes aumentó en US$ 224 millones. En lo que va del año, registra un incremento de 6,7%, lo que representa un total de US$ 631 millones.
La cifra va de la mano del incremento del consumo y la inversión durante el período, financiados en parte por el crédito bancario y motivado por la mayor confianza de los uruguayos en el devenir de la economía y fundamentalmente, de sus finanzas personales.
Frente quiere controlar las grandes inversiones del agro.
Los legisladores encargados de redactar proyectos para evitar la concentración y extranjerización de la tierra enviaron a Mujica un texto que propone controlar grandes inversiones del agro.
Legisladores del Frente Amplio (FA) nombrados por Mujica para discutir sobre el agro enviaron al gobierno una propuesta para que el Parlamento controle a las empresas del sector que quieran operar como sociedades anónimas para invertir o ampliar sus terrenos.
De acuerdo a la ley vigente, las empresas del agro que operan como sociedades anónimas deberán transformarse en sociedades nominativas antes del 30 de junio o serán disueltas. Sin embargo, la ley prevé que los grandes emprendimientos pueden ser exceptuados de la norma en caso de que lo soliciten y cumplan ciertos requisitos. Esta posibilidad facilita, por ejemplo, el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa.
El diputado socialista Yerú Pardiñas, el senador de la Vertiente Artiguista (VA) Enrique Rubio y el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Ernesto Agazzi elevaron al gobierno una propuesta para que el Parlamento participe en el proceso por el que se autoriza la excepción. Según explicó Pardiñas a Ultimas Noticias, se propuso que "previo a que el Ejecutivo diga sí o no, pase la información al conocimiento del Parlamento". De esa manera, los legisladores sabrán quiénes quieren invertir en las tierras, dónde y para desarrollar qué proyecto.
Los legisladores que Mujica nombró para que elaboraran propuestas sobre el agro discuten ahora sobre cuál será la potestad del Parlamento en estos. La diferentes opciones que existen son que el Ejecutivo sólo deba transmitir la información sobre las empresas a los legisladores, que estos tengan la "posibilidad de dar una expresión" sobre si consideran conveniente exceptuar a la empresa de la norma o que el Parlamento deba avalar la decisión del Ejecutivo para que se haga efectiva la autorización.
Para Pardiñas, el control significaría "garantía para la ciudadanía". De acuerdo a la propuesta de los legisladores, si pasa un tiempo y el Poder Legislativo no se expresa sobre los casos, quedaría la decisión en manos del Ejecutivo en forma exclusiva. La comisión de legisladores del FA trabaja también en la elaboración de proyectos concretos para combatir la concentración y la extranjerización de la tierra, que comenzarán a plantearse una vez terminada la discusión del impuesto a las grandes extensiones que impulsa Mujica.
Una de las propuestas manejadas durante el gobierno de Tabaré Vázquez para evitar la extranjerización de la tierra fue limitar la compra de terrenos por parte de extranjeros en zonas fronterizas. Si bien Rubio descartó que la comisión trabaje ahora en esta propuesta, sí la promueve el Partido Comunista (PCU), dijo a Ultimas Noticias el senador Eduardo Lorier. El legislador se pronunció a favor del proyecto oficial para habilitar "plebiscitos consultivos" siempre que se informe a la población, y sostuvo que le parecería "de interés ubicar el tema de la extrenjerización" dentro de este marco.
La comisión de legisladores nombrada por el presidente en primera instancia para tratar sobre el tema estaba formada por Rubio, Agazzi y el senador de Patria Grande, Jorge Saravia. Sin embargo, Saravia dejó de participar de la comisión y entró en su lugar Pardiñas, que desde enero de este año impulsa desde el Partido Socialista propuestas para evitar la concentración y extranjerización.
Autorizaron a 50.
El Poder Ejecutivo autorizó hasta el momento alrededor de 50 empresas para ampararse en la excepcionalidad y continuar sus operaciones como sociedades anónimas. El permiso sólo fue denegado a una empresa, al entenderse que no cumplía con todos los requisitos técnicos, mientras que otras ocho solicitaron la excepción pero todavía no obtuvieron respuesta. De estas ocho empresas, algunas iniciaron el trámite "hace muy poco tiempo", según explicó el diputado Yerú Pardiñas, y otras "ya tienen todos los requisitos cumplidos". Existe un cuarto grupo de empresas que se encuentran ahora en proceso de transformación a sociedades nominativas. Ese proceso requiere varios trámites, entre ellos uno en la oficina de registro de comercios del MEC.
Legisladores del Frente Amplio (FA) nombrados por Mujica para discutir sobre el agro enviaron al gobierno una propuesta para que el Parlamento controle a las empresas del sector que quieran operar como sociedades anónimas para invertir o ampliar sus terrenos.
De acuerdo a la ley vigente, las empresas del agro que operan como sociedades anónimas deberán transformarse en sociedades nominativas antes del 30 de junio o serán disueltas. Sin embargo, la ley prevé que los grandes emprendimientos pueden ser exceptuados de la norma en caso de que lo soliciten y cumplan ciertos requisitos. Esta posibilidad facilita, por ejemplo, el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa.
El diputado socialista Yerú Pardiñas, el senador de la Vertiente Artiguista (VA) Enrique Rubio y el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Ernesto Agazzi elevaron al gobierno una propuesta para que el Parlamento participe en el proceso por el que se autoriza la excepción. Según explicó Pardiñas a Ultimas Noticias, se propuso que "previo a que el Ejecutivo diga sí o no, pase la información al conocimiento del Parlamento". De esa manera, los legisladores sabrán quiénes quieren invertir en las tierras, dónde y para desarrollar qué proyecto.
Los legisladores que Mujica nombró para que elaboraran propuestas sobre el agro discuten ahora sobre cuál será la potestad del Parlamento en estos. La diferentes opciones que existen son que el Ejecutivo sólo deba transmitir la información sobre las empresas a los legisladores, que estos tengan la "posibilidad de dar una expresión" sobre si consideran conveniente exceptuar a la empresa de la norma o que el Parlamento deba avalar la decisión del Ejecutivo para que se haga efectiva la autorización.
Para Pardiñas, el control significaría "garantía para la ciudadanía". De acuerdo a la propuesta de los legisladores, si pasa un tiempo y el Poder Legislativo no se expresa sobre los casos, quedaría la decisión en manos del Ejecutivo en forma exclusiva. La comisión de legisladores del FA trabaja también en la elaboración de proyectos concretos para combatir la concentración y la extranjerización de la tierra, que comenzarán a plantearse una vez terminada la discusión del impuesto a las grandes extensiones que impulsa Mujica.
Una de las propuestas manejadas durante el gobierno de Tabaré Vázquez para evitar la extranjerización de la tierra fue limitar la compra de terrenos por parte de extranjeros en zonas fronterizas. Si bien Rubio descartó que la comisión trabaje ahora en esta propuesta, sí la promueve el Partido Comunista (PCU), dijo a Ultimas Noticias el senador Eduardo Lorier. El legislador se pronunció a favor del proyecto oficial para habilitar "plebiscitos consultivos" siempre que se informe a la población, y sostuvo que le parecería "de interés ubicar el tema de la extrenjerización" dentro de este marco.
La comisión de legisladores nombrada por el presidente en primera instancia para tratar sobre el tema estaba formada por Rubio, Agazzi y el senador de Patria Grande, Jorge Saravia. Sin embargo, Saravia dejó de participar de la comisión y entró en su lugar Pardiñas, que desde enero de este año impulsa desde el Partido Socialista propuestas para evitar la concentración y extranjerización.
Autorizaron a 50.
El Poder Ejecutivo autorizó hasta el momento alrededor de 50 empresas para ampararse en la excepcionalidad y continuar sus operaciones como sociedades anónimas. El permiso sólo fue denegado a una empresa, al entenderse que no cumplía con todos los requisitos técnicos, mientras que otras ocho solicitaron la excepción pero todavía no obtuvieron respuesta. De estas ocho empresas, algunas iniciaron el trámite "hace muy poco tiempo", según explicó el diputado Yerú Pardiñas, y otras "ya tienen todos los requisitos cumplidos". Existe un cuarto grupo de empresas que se encuentran ahora en proceso de transformación a sociedades nominativas. Ese proceso requiere varios trámites, entre ellos uno en la oficina de registro de comercios del MEC.
martes, 21 de junio de 2011
Santander captó 30% de los depósitos bancarios.
La consultora Deloitte divulgó ayer el informe de situación de doce instituciones bancarias hasta mayo de 2011. Entre los datos más relevantes que surgen del informe, casi un tercio de los depósitos registrados en la cartera de la banca privada fueron capturados por banco Santander.
Según el estudio de la consultora, Santander capturó un 30,5% de las colocaciones, seguido por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva) que captó 17,1% de los mismos, el Banco Itaú que reclutó 14,6%, el Nuevo Banco Comercial, que obtuvo 10,5%, y Citibank, con 9% de los depósitos del mercado privado.
Casi todas estas ubicaciones se mantuvieron en la captación de depósitos en pesos y en dólares.
En el caso de la moneda nacional, lidera Santander con 26% de las colocaciones en la divisa uruguaya, seguido por Bbva con el 21,5%, el Banco Itaú con 15,6%, el Nuevo Banco Comercial con 15,2%, y Citibank con 7,3%.
Con estas cifras sobre la mesa, los mismos cinco bancos que lideran los perfiles de colocación, concentran 85,6% de las colocaciones en pesos de todo el sistema bancario.
En el caso de los depósitos en dólares, se produjo algún cambio.
El banco Santander también mantuvo el liderazgo en las colocaciones en esta divisa, concentrando 30,4% de todo el mercado de la banca privada, seguido por el 19,4% captado por el Bbva, el 16,3% del Banco Itaú, y el 10,5% del Nuevo Banco Comercial, en tanto que el quinto lugar en el caso de las colocaciones en dólares fue ocupado por el Hong Kong Shanghái Banking (Hsbc), que en los últimos 24 meses viene posicionándose cada vez más arriba en el ranking de las captaciones bancarias. Desde el punto de vista de la residencia de los depósitos, el Santander concentró 31,1% de los depósitos con no residentes, seguido por Bbva, que reclutó 20,8% de los mismos y el Hsbc que captó 10,5% de éstos.
Según el estudio de la consultora, Santander capturó un 30,5% de las colocaciones, seguido por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva) que captó 17,1% de los mismos, el Banco Itaú que reclutó 14,6%, el Nuevo Banco Comercial, que obtuvo 10,5%, y Citibank, con 9% de los depósitos del mercado privado.
Casi todas estas ubicaciones se mantuvieron en la captación de depósitos en pesos y en dólares.
En el caso de la moneda nacional, lidera Santander con 26% de las colocaciones en la divisa uruguaya, seguido por Bbva con el 21,5%, el Banco Itaú con 15,6%, el Nuevo Banco Comercial con 15,2%, y Citibank con 7,3%.
Con estas cifras sobre la mesa, los mismos cinco bancos que lideran los perfiles de colocación, concentran 85,6% de las colocaciones en pesos de todo el sistema bancario.
En el caso de los depósitos en dólares, se produjo algún cambio.
El banco Santander también mantuvo el liderazgo en las colocaciones en esta divisa, concentrando 30,4% de todo el mercado de la banca privada, seguido por el 19,4% captado por el Bbva, el 16,3% del Banco Itaú, y el 10,5% del Nuevo Banco Comercial, en tanto que el quinto lugar en el caso de las colocaciones en dólares fue ocupado por el Hong Kong Shanghái Banking (Hsbc), que en los últimos 24 meses viene posicionándose cada vez más arriba en el ranking de las captaciones bancarias. Desde el punto de vista de la residencia de los depósitos, el Santander concentró 31,1% de los depósitos con no residentes, seguido por Bbva, que reclutó 20,8% de los mismos y el Hsbc que captó 10,5% de éstos.
lunes, 20 de junio de 2011
Este año los depósitos bancarios aumentan a la par de los créditos.
Dato. El negocio con el dinero del extranjero comienza a estancarse.
A diferencia de lo que ocurrió en 2010 cuando los créditos crecieron a mayor ritmo que los depósitos (16,4% vs. 13,5%), en los primeros cinco meses del año ambos componentes bancarios vienen con el mismo porcentaje de incremento: 9,5%.
De todas maneras, los préstamos bancarios tienen mucho para crecer aún. Es que en los años previos a la crisis de 2002, el crédito representaba cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que al cierre de mayo ese guarismo alcanzaba al 21%.
Según el informe Análisis del desempeño del sistema financiero privado en Uruguay de la consultora Deloitte -al que accedió El País- en los primeros cinco meses de 2011 el crédito al sector no financiero creció 9,5% frente al cierre de 2010 y alcanzó a US$ 8.882 millones a fin de mayo.
Esa expansión se explica más por el lado del Banco República (BROU) que por el lado de las instituciones privadas. Es que los préstamos concedidos por el BROU aumentaron 12,6% en los primeros cinco meses del año y en los bancos privados el incremento fue de 7,3%.
Ese incremento de los créditos bancarios significa que las instituciones de intermediación financiera inyectaron en la economía uruguaya US$ 771,5 millones en los primeros cinco meses del año.
Eso representa 1,8 puntos porcentuales del PIB. Es por ello que el Banco Central busca que no se originen presiones inflacionarias por el lado de la demanda y ha tomado medidas para encarecer el crédito bancario como la suba de su tasa de interés de referencia de 6,5% a 7,5% en marzo pasado y una suba de los encajes (porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el Central y por ende no pueden prestar) desde junio.
De hecho, el jueves el Comité de Política Monetaria del BCU se volverá a reunir y la mediana de analistas y bancos consultados por El País espera que aumente la tasa de referencia a 8%.
DEPÓSITOS. En cuanto al ahorro en los bancos locales (excluido el Banco Hipotecario), el aumento de 9,5% en lo que va del año también se explica más por el BROU que por las instituciones privadas.
La suba en los depósitos del banco estatal fue de 10,8% en lo que va del año, frente al 8,4% registrado en los bancos privados.
Al cierre de mayo, los depósitos en bancos locales alcanzaban a US$ 21.369 millones, es decir poco más de la mitad (50,9% exactamente) del tamaño de la economía uruguaya.
En los primeros cinco meses de 2011, el crecimiento de los depósitos en monto fue de US$ 1.852 millones.
De acuerdo a los datos del informe de Deloitte, el negocio de captar depósitos de no residentes (principalmente argentinos) se estancó en el período enero-mayo.
En ese lapso, las colocaciones de no residentes en bancos uruguayos apenas creció 0,2%, esto es US$ 6,7 millones.
El total de depósitos de no residentes al cierre de mayo era de US$ 3.078 millones.
A su vez, en los primeros cinco meses del año prácticamente no varió la preferencia de uruguayos y extranjeros por tener sus ahorros a la vista. Las colocaciones de este tipo representaban el 82% del total a fin de mayo, cuando a fin de diciembre eran el 81,5%.
Es que las tasas de interés que pagan los bancos locales por depositar a plazo en dólares (que es la moneda del 73% de las colocaciones) son muy bajas. Van desde 0% por colocar a 30 días, hasta 1,5% como máximo por colocar a un año.
Hay más clientes
La cantidad de depositantes en bancos locales creció 3,2% en los primeros cinco meses del año y alcanzó a 1.559.170 al cierre de mayo. El promedio depositado era de US$ 12.450 a fin del mes pasado. A su vez, 33.043 clientes (entre ellos empresas) tenían depositados US$ 100.000 o más al cerrar el quinto mes del año.
A diferencia de lo que ocurrió en 2010 cuando los créditos crecieron a mayor ritmo que los depósitos (16,4% vs. 13,5%), en los primeros cinco meses del año ambos componentes bancarios vienen con el mismo porcentaje de incremento: 9,5%.
De todas maneras, los préstamos bancarios tienen mucho para crecer aún. Es que en los años previos a la crisis de 2002, el crédito representaba cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que al cierre de mayo ese guarismo alcanzaba al 21%.
Según el informe Análisis del desempeño del sistema financiero privado en Uruguay de la consultora Deloitte -al que accedió El País- en los primeros cinco meses de 2011 el crédito al sector no financiero creció 9,5% frente al cierre de 2010 y alcanzó a US$ 8.882 millones a fin de mayo.
Esa expansión se explica más por el lado del Banco República (BROU) que por el lado de las instituciones privadas. Es que los préstamos concedidos por el BROU aumentaron 12,6% en los primeros cinco meses del año y en los bancos privados el incremento fue de 7,3%.
Ese incremento de los créditos bancarios significa que las instituciones de intermediación financiera inyectaron en la economía uruguaya US$ 771,5 millones en los primeros cinco meses del año.
Eso representa 1,8 puntos porcentuales del PIB. Es por ello que el Banco Central busca que no se originen presiones inflacionarias por el lado de la demanda y ha tomado medidas para encarecer el crédito bancario como la suba de su tasa de interés de referencia de 6,5% a 7,5% en marzo pasado y una suba de los encajes (porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el Central y por ende no pueden prestar) desde junio.
De hecho, el jueves el Comité de Política Monetaria del BCU se volverá a reunir y la mediana de analistas y bancos consultados por El País espera que aumente la tasa de referencia a 8%.
DEPÓSITOS. En cuanto al ahorro en los bancos locales (excluido el Banco Hipotecario), el aumento de 9,5% en lo que va del año también se explica más por el BROU que por las instituciones privadas.
La suba en los depósitos del banco estatal fue de 10,8% en lo que va del año, frente al 8,4% registrado en los bancos privados.
Al cierre de mayo, los depósitos en bancos locales alcanzaban a US$ 21.369 millones, es decir poco más de la mitad (50,9% exactamente) del tamaño de la economía uruguaya.
En los primeros cinco meses de 2011, el crecimiento de los depósitos en monto fue de US$ 1.852 millones.
De acuerdo a los datos del informe de Deloitte, el negocio de captar depósitos de no residentes (principalmente argentinos) se estancó en el período enero-mayo.
En ese lapso, las colocaciones de no residentes en bancos uruguayos apenas creció 0,2%, esto es US$ 6,7 millones.
El total de depósitos de no residentes al cierre de mayo era de US$ 3.078 millones.
A su vez, en los primeros cinco meses del año prácticamente no varió la preferencia de uruguayos y extranjeros por tener sus ahorros a la vista. Las colocaciones de este tipo representaban el 82% del total a fin de mayo, cuando a fin de diciembre eran el 81,5%.
Es que las tasas de interés que pagan los bancos locales por depositar a plazo en dólares (que es la moneda del 73% de las colocaciones) son muy bajas. Van desde 0% por colocar a 30 días, hasta 1,5% como máximo por colocar a un año.
Hay más clientes
La cantidad de depositantes en bancos locales creció 3,2% en los primeros cinco meses del año y alcanzó a 1.559.170 al cierre de mayo. El promedio depositado era de US$ 12.450 a fin del mes pasado. A su vez, 33.043 clientes (entre ellos empresas) tenían depositados US$ 100.000 o más al cerrar el quinto mes del año.
viernes, 17 de junio de 2011
Uruguayos se dejan tentar con Miami.
Cien uruguayos de alto poder adquisitivo asistieron ayer a una reunión en el Sheraton organizada por la firma estadounidense de Real Estate, Fortune International Realty, en la que se presentaron ofertas de inmuebles en Miami, con precios que de un año a esta parte han comenzado a repuntar -tras el desplome poscrisis-.
Una de las cinco ejecutivas de ventas que viajó exclusivamente para el encuentro, Ana Tajes, contó a El Empresario que sigue siendo "enorme" la proporción de inversores locales comprando en ese mercado y que, en este caso concreto, el perfil de propuestas que se dio fue "de lujo.
"Llevamos edificios de muy buen nivel, como Jade Ocean dieseñado por Carlos Ott, Trump Hollywood, una propuesta muy interesante de un proyecto llamado Blue Hyatt , como apart-hotel", enumeró. "Es realmente una elite que tiene para invertir por encima de los US$ 2.500 el metro cuadrado", explicó.
Cada uno de los vendedores mantuvo luego reuniones mano a mano con los potenciales inversores para brindarles asesoría personalizada sobre los inmuebles y transacciones.
Una de las cinco ejecutivas de ventas que viajó exclusivamente para el encuentro, Ana Tajes, contó a El Empresario que sigue siendo "enorme" la proporción de inversores locales comprando en ese mercado y que, en este caso concreto, el perfil de propuestas que se dio fue "de lujo.
"Llevamos edificios de muy buen nivel, como Jade Ocean dieseñado por Carlos Ott, Trump Hollywood, una propuesta muy interesante de un proyecto llamado Blue Hyatt , como apart-hotel", enumeró. "Es realmente una elite que tiene para invertir por encima de los US$ 2.500 el metro cuadrado", explicó.
Cada uno de los vendedores mantuvo luego reuniones mano a mano con los potenciales inversores para brindarles asesoría personalizada sobre los inmuebles y transacciones.
Tributaristas rechazan "presión" de OCDE.
Dato. Piden al gobierno "cautela" ante posible sanción por no tener acuerdo con Argentina.
Uruguay no debería recibir una sanción por parte de la OCDE por no tener convenios de intercambios de información fiscal con sus vecinos aunque no hay consenso entre tributaristas. Uno sostiene que si esto ocurre es por la "presión" de Argentina.
Ayer El País dio a conocer que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) podría sancionar a Uruguay por no haber firmado acuerdos de intercambio de información fiscal con sus vecinos, hecho que podría llevar al gobierno a rever su postura de no cerrar un convenio con Argentina. Algunos tributaristas rechazaron esta posibilidad y recomendaron no "ceder" ante presiones verbales y moverse con "cautela".
Dos expertos coinciden que la OCDE no podría sancionar al país ya que hasta el momento ha cumplido con lo que se le ha encomendado respecto a firmar 12 tratados de intercambio de información con terceros países. Actualmente el país tiene ocho convenios firmados y otros tantos en proceso.
En tanto, fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo federal recaudador de Argentina, rechazaron ayer hacer comentarios en torno a la presión de la OCDE para que Uruguay firme un acuerdo de información tributaria con Argentina. Asimismo, según supo El País, Brasil no tiene decidido por ahora solicitar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Uruguay, pese a que ha firmado varios acuerdos en los últimos años.
"La OCDE no nos podría sancionar porque estaría cometiendo un acto de hipocresía único, ya que admitió que Suiza firme con Inglaterra un tratado por el cual no se intercambió información y lo único que da Suiza son los intereses como suma global sin discriminar quiénes son las personas que pusieron la plata", dijo a El País el tributarista Leonardo Costa.
Agregó que la posibilidad que manejó el gobierno uruguayo de rever su postura de no firmar un acuerdo con Argentina "sería un gran error desde el punto de vista jurídico porque se dejaría sancionar por un organismo que Uruguay no integra y no puede controlar cuál es el proceso de sanción".
A juicio de Costa, esta hipótesis de sanción que maneja la OCDE obedece más a una "amenaza verbal".
"El solo hecho de no tener convenios con Argentina y/o Brasil no va a exponer a Uruguay a sanciones", añadió otro tributarista que prefirió al anonimato.
El experto explicó que para que esto ocurra Argentina debería hacer un reclamo formal a Uruguay de intercambio de información fiscal invocando que esa información le resulta indispensable para poder administrar su propio sistema fiscal. "Para eso, Argentina debe estar en condiciones de probar sus sospechas de que nuestro país tiene información sobre operaciones que eluden o evaden tributación del otro país. Tiene que haber un caso. No es fácil porque Argentina no está limpia", comentó.
Por otro lado, Costa denunció que la OCDE "está cambiando todos los días" los criterios y que esto no es otra que una "presión" por parte de Argentina. "Si Uruguay es sancionado es por la presión de Argentina. No hay otra razón. Y si eso ocurre, es porque la Cancillería y (el Ministerio de) Economía no han tomado las cartas necesarias para que eso no pase", aseguró.
Por su parte, Carlos Loaiza, del estudio Olivera Abogados, recordó a El País que en un documento resultado del peer review (revisión de pares) hecho por el Foro Global sobre transparencia acerca de Panamá aparecía de forma clara que el sistema de acciones al portador no le permitía pasar a segunda fase de esa revisión.
"A Uruguay le va a pasar lo mismo. Ahora está pasando. OCDE no permitirá que Uruguay salga de la fase 1 de auditoría ni de su lista gris", afirmó.
Por ese motivo, dijo que los miembros de la OCDE pueden tomar medidas económicas de represalia como decirle a sus empresas que no inviertan, hasta medidas jurídicas como hacer que las operaciones entre países en concreto sean más gravosas para ese país.
Otra medida puede ser que los países que integran la OCDE no permitan a las empresas locales deducir gastos en sus impuestos a la renta por servicios que compren a Uruguay.
Loaiza indicó que Argentina integra el Foro que audita a Uruguay. Por eso, una mala nota en el marco de auditoría puede ser aprovechado por ese país para decirnos que le demos un acuerdo. "Lo puede usar como un factor de presión adicional", explicó.
Efectos. Los países miembros de la OCDE se obligan a aplicar "medidas de defensa" en contra de los países (miembros o no miembros del bloque) que no les dan información a sus fiscos. Entre ellos se destacan la eliminación de créditos fiscales o de deducciones para las operaciones realizadas con las jurisdicciones castigadas, la doble imposición como sanción, mayores exigencias de información a los contribuyentes que se relacionen con las jurisdicciones castigadas. También sugieren a las instituciones internacionales y bancos de desarrollo que no hagan inversiones en los países no cooperantes y aplicación de retenciones sobre una amplia variedad de pagos que se hagan hacia los países no cooperantes. (Producción en Argentina: Gustavo Stok).
Los intereses del otro lado del río
El gobierno de Cristina Fernández viene presionando, sin suerte hasta ahora, para alcanzar un acuerdo de información tributaria con Uruguay con el objetivo de conocer el volumen del dinero que sale desde Argentina. Cerca del 70% de los más de US$ 3.000 millones de depósitos de no residentes en el sistema bancario uruguayo pertenece a argentinos, además de inversiones inmobiliarias y en la producción agrícola. En abril la AFIP presentó un proyecto de Acuerdo Multilateral de Información Tributaria para todos los países de América Latina junto con España y Portugal. Si el documento fuese aprobado, todos los países firmantes cooperarían entre sí y se evitaría tener que realizar convenios bilaterales, entre ellos Uruguay.
Uruguay no debería recibir una sanción por parte de la OCDE por no tener convenios de intercambios de información fiscal con sus vecinos aunque no hay consenso entre tributaristas. Uno sostiene que si esto ocurre es por la "presión" de Argentina.
Ayer El País dio a conocer que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) podría sancionar a Uruguay por no haber firmado acuerdos de intercambio de información fiscal con sus vecinos, hecho que podría llevar al gobierno a rever su postura de no cerrar un convenio con Argentina. Algunos tributaristas rechazaron esta posibilidad y recomendaron no "ceder" ante presiones verbales y moverse con "cautela".
Dos expertos coinciden que la OCDE no podría sancionar al país ya que hasta el momento ha cumplido con lo que se le ha encomendado respecto a firmar 12 tratados de intercambio de información con terceros países. Actualmente el país tiene ocho convenios firmados y otros tantos en proceso.
En tanto, fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo federal recaudador de Argentina, rechazaron ayer hacer comentarios en torno a la presión de la OCDE para que Uruguay firme un acuerdo de información tributaria con Argentina. Asimismo, según supo El País, Brasil no tiene decidido por ahora solicitar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Uruguay, pese a que ha firmado varios acuerdos en los últimos años.
"La OCDE no nos podría sancionar porque estaría cometiendo un acto de hipocresía único, ya que admitió que Suiza firme con Inglaterra un tratado por el cual no se intercambió información y lo único que da Suiza son los intereses como suma global sin discriminar quiénes son las personas que pusieron la plata", dijo a El País el tributarista Leonardo Costa.
Agregó que la posibilidad que manejó el gobierno uruguayo de rever su postura de no firmar un acuerdo con Argentina "sería un gran error desde el punto de vista jurídico porque se dejaría sancionar por un organismo que Uruguay no integra y no puede controlar cuál es el proceso de sanción".
A juicio de Costa, esta hipótesis de sanción que maneja la OCDE obedece más a una "amenaza verbal".
"El solo hecho de no tener convenios con Argentina y/o Brasil no va a exponer a Uruguay a sanciones", añadió otro tributarista que prefirió al anonimato.
El experto explicó que para que esto ocurra Argentina debería hacer un reclamo formal a Uruguay de intercambio de información fiscal invocando que esa información le resulta indispensable para poder administrar su propio sistema fiscal. "Para eso, Argentina debe estar en condiciones de probar sus sospechas de que nuestro país tiene información sobre operaciones que eluden o evaden tributación del otro país. Tiene que haber un caso. No es fácil porque Argentina no está limpia", comentó.
Por otro lado, Costa denunció que la OCDE "está cambiando todos los días" los criterios y que esto no es otra que una "presión" por parte de Argentina. "Si Uruguay es sancionado es por la presión de Argentina. No hay otra razón. Y si eso ocurre, es porque la Cancillería y (el Ministerio de) Economía no han tomado las cartas necesarias para que eso no pase", aseguró.
Por su parte, Carlos Loaiza, del estudio Olivera Abogados, recordó a El País que en un documento resultado del peer review (revisión de pares) hecho por el Foro Global sobre transparencia acerca de Panamá aparecía de forma clara que el sistema de acciones al portador no le permitía pasar a segunda fase de esa revisión.
"A Uruguay le va a pasar lo mismo. Ahora está pasando. OCDE no permitirá que Uruguay salga de la fase 1 de auditoría ni de su lista gris", afirmó.
Por ese motivo, dijo que los miembros de la OCDE pueden tomar medidas económicas de represalia como decirle a sus empresas que no inviertan, hasta medidas jurídicas como hacer que las operaciones entre países en concreto sean más gravosas para ese país.
Otra medida puede ser que los países que integran la OCDE no permitan a las empresas locales deducir gastos en sus impuestos a la renta por servicios que compren a Uruguay.
Loaiza indicó que Argentina integra el Foro que audita a Uruguay. Por eso, una mala nota en el marco de auditoría puede ser aprovechado por ese país para decirnos que le demos un acuerdo. "Lo puede usar como un factor de presión adicional", explicó.
Efectos. Los países miembros de la OCDE se obligan a aplicar "medidas de defensa" en contra de los países (miembros o no miembros del bloque) que no les dan información a sus fiscos. Entre ellos se destacan la eliminación de créditos fiscales o de deducciones para las operaciones realizadas con las jurisdicciones castigadas, la doble imposición como sanción, mayores exigencias de información a los contribuyentes que se relacionen con las jurisdicciones castigadas. También sugieren a las instituciones internacionales y bancos de desarrollo que no hagan inversiones en los países no cooperantes y aplicación de retenciones sobre una amplia variedad de pagos que se hagan hacia los países no cooperantes. (Producción en Argentina: Gustavo Stok).
Los intereses del otro lado del río
El gobierno de Cristina Fernández viene presionando, sin suerte hasta ahora, para alcanzar un acuerdo de información tributaria con Uruguay con el objetivo de conocer el volumen del dinero que sale desde Argentina. Cerca del 70% de los más de US$ 3.000 millones de depósitos de no residentes en el sistema bancario uruguayo pertenece a argentinos, además de inversiones inmobiliarias y en la producción agrícola. En abril la AFIP presentó un proyecto de Acuerdo Multilateral de Información Tributaria para todos los países de América Latina junto con España y Portugal. Si el documento fuese aprobado, todos los países firmantes cooperarían entre sí y se evitaría tener que realizar convenios bilaterales, entre ellos Uruguay.
jueves, 16 de junio de 2011
OCDE podría penalizar falta de acuerdo con Argentina.
Gobierno. Analizará si conviene seguir evitando dar datos.
El gobierno se ve obligado a flexibilizar su intransigencia y analizar qué es más conveniente para el país: firmar el convenio de intercambio de información fiscal con Argentina -que hasta el momento evitó a toda costa-, o atenerse a posibles sanciones de la OCDE.
"Dentro de los criterios para evaluar la transparencia (tributaria) está la forma en que te vincules o te estés relacionando con tus pares. Por ese camino va el tema de la firma de convenios de intercambio de información y pudiera ir el tema de la observación en cuanto a que Argentina y Brasil no tienen firmado convenios con Uruguay", dijo a El País una fuente del Ministerio de Economía.
En este momento, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) está realizando una "revisión entre pares" sobre el intercambio de información que realizan los demás. Un equipo ya tiene asignado estudiar a Uruguay, aunque aún no hay un reporte al respecto.
El informante añadió que si en ese informe se incluyera el mandato de que Uruguay debe firmar un acuerdo con Argentina, el gobierno tendrá que analizar qué consecuencias tiene cambiar la postura o no hacerlo. "Habrá que evaluar cuál es la situación menos desfavorable, si la sanción de la OCDE o el intercambio de información con Argentina. Es una decisión política", dijo la fuente.
Agregó que, mientras tanto, "no hay ningún tipo de condicionantes, de presión o de comunicación o ultimátum para modificar normas" de Uruguay.
Uno de los aspectos normativos locales que es cuestionado por países europeos desarrollados es el régimen de acciones al portador que permiten mantener el anonimato de sus titulares. No obstante, el gobierno no está trabajando en modificar la normativa que habilita la existencia de sociedades anónimas.
En abril de 2009, Uruguay fue colocado por la OCDE en una "lista gris" por ser considerado poco colaborador con la transparencia fiscal. Desde entonces, se negociaron más de 12 acuerdos internacionales requeridos sobre traspaso de datos, con el fin de ser removido de esa lista.
Hasta el momento, el gobierno uruguayo mostraba un firme rechazo a la propuesta de Argentina de firmar un convenio de intercambio de información fiscal. Las sanciones que podría aplicar la OCDE sobre Uruguay por no colaborar con sus estándares de transparencia fiscal afectan la definición de las empresas extranjeras de instalarse o no en el país. El Observador informó que Ecuador, Alemania y Francia ya han tomado represalias hacia el país.
La cifra.
8 Es el número de acuerdos para evitar la doble tributación que firmó Uruguay e incluyen intercambio de información.
El gobierno se ve obligado a flexibilizar su intransigencia y analizar qué es más conveniente para el país: firmar el convenio de intercambio de información fiscal con Argentina -que hasta el momento evitó a toda costa-, o atenerse a posibles sanciones de la OCDE.
"Dentro de los criterios para evaluar la transparencia (tributaria) está la forma en que te vincules o te estés relacionando con tus pares. Por ese camino va el tema de la firma de convenios de intercambio de información y pudiera ir el tema de la observación en cuanto a que Argentina y Brasil no tienen firmado convenios con Uruguay", dijo a El País una fuente del Ministerio de Economía.
En este momento, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) está realizando una "revisión entre pares" sobre el intercambio de información que realizan los demás. Un equipo ya tiene asignado estudiar a Uruguay, aunque aún no hay un reporte al respecto.
El informante añadió que si en ese informe se incluyera el mandato de que Uruguay debe firmar un acuerdo con Argentina, el gobierno tendrá que analizar qué consecuencias tiene cambiar la postura o no hacerlo. "Habrá que evaluar cuál es la situación menos desfavorable, si la sanción de la OCDE o el intercambio de información con Argentina. Es una decisión política", dijo la fuente.
Agregó que, mientras tanto, "no hay ningún tipo de condicionantes, de presión o de comunicación o ultimátum para modificar normas" de Uruguay.
Uno de los aspectos normativos locales que es cuestionado por países europeos desarrollados es el régimen de acciones al portador que permiten mantener el anonimato de sus titulares. No obstante, el gobierno no está trabajando en modificar la normativa que habilita la existencia de sociedades anónimas.
En abril de 2009, Uruguay fue colocado por la OCDE en una "lista gris" por ser considerado poco colaborador con la transparencia fiscal. Desde entonces, se negociaron más de 12 acuerdos internacionales requeridos sobre traspaso de datos, con el fin de ser removido de esa lista.
Hasta el momento, el gobierno uruguayo mostraba un firme rechazo a la propuesta de Argentina de firmar un convenio de intercambio de información fiscal. Las sanciones que podría aplicar la OCDE sobre Uruguay por no colaborar con sus estándares de transparencia fiscal afectan la definición de las empresas extranjeras de instalarse o no en el país. El Observador informó que Ecuador, Alemania y Francia ya han tomado represalias hacia el país.
La cifra.
8 Es el número de acuerdos para evitar la doble tributación que firmó Uruguay e incluyen intercambio de información.
viernes, 10 de junio de 2011
Más exigencias de OCDE para sacar a Uruguay de lista gris.
La organización mundial dio un ultimátum para que se elimine el régimen de acciones al portador.
El gobierno de Uruguay recibió un ultimátum de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por el régimen de acciones al portador vigente, que los países desarrollados consideran un impedimento para cumplir con pedidos de información de fiscos extranjeros. Las acciones al portador son aquellas que permiten mantener el anonimato de sus titulares y es el régimen más extendido en el país.
Las críticas a las acciones al portador pueden ahora retrasar la salida de Uruguay de la lista gris de la OCDE, que dirige el mexicano Ángel Gurría.
El abogado tributarista Carlos Loaiza comentó a El Observador que, por su régimen societario, “Uruguay puede no pasar la revisión y eso conlleva mantenerse en una categoría no deseada”, lo que puede repercutir en la llegada de inversiones.
Fuentes oficiales confirmaron a El Observador que Uruguay está recibiendo “presiones” en momentos en que será sometido en este segundo semestre de 2011 a una revisión de su marco normativo. Se trata de una auditoría que realiza el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que además de los miembros de la OCDE integran países del denominado G20, entre los que están Argentina y Brasil. Argentina ya propuso a Uruguay firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria –que por ahora es rechazado por el gobierno– que le permitiría conocer inversiones de argentinos en este país. Por ese tema Uruguay también puede ser sancionado
El país permanece en una “lista gris” de la OCDE por ser considerado poco colaborador en materia de intercambio fiscal. Para salir de esa categoría es que negoció más de los 12 acuerdos internacionales exigidos sobre traspaso de datos fiscales, sistema por el cual se busca combatir la evasión a nivel global.
El Poder Ejecutivo reconoce que el no cumplir las exigencias –la firma de acuerdos fiscales o mantener un sistema de acciones al portador– puede “traer consecuencias relevantes” y eso “preocupa” en el Ministerio de Economía, que es el que lleva adelante las negociaciones.
De hecho, según se informó a El Observador, la telefónica ANTEL fue excluida de participar en una licitación en Ecuador porque Uruguay aún figura “en una lista que confeccionó Ecuador”, según lo reveló un vocero gubernamental que pidió no ser identificado. ANTEL tiene tres sociedades anónimas (HG, ITC y Accesa) que le permiten operar en el exterior. Desde ANTEL se confirmó a El Observador que una de sus sociedades vende a Ecuador servicios de asesoría en telecomunicación y planeamiento estratégico, pero el directorio del ente no fue informado hasta ahora si una de sus sociedades está excluida de una licitación.
Pero ese no fue el único caso, y el gobierno uruguayo supo de otras consecuencias negativas por decisiones de Alemania y Francia al figurar Uruguay en el listado de castigo.
Loaiza, de Olivera Abogados, explicó a El Observador que Uruguay está en la fase uno de la peer review, donde un grupo de especialistas de varias naciones analizan el sistema jurídico uruguayo. En ese ámbito el país presenta los esfuerzos que hizo en la búsqueda de acuerdos de intercambio de información y en la flexibilización del sistema bancario, además de tratar de explicar el régimen de acciones al portador. Dicho sistema societario fue determinante para que el año pasado Panamá no pudiera superar la revisión.
En la fase dos de la auditoría se estudia si Uruguay realmente está en condiciones de cumplir con el intercambio de información fiscal al que se comprometió.
En tanto, el contador Luis Montone, de Ernst & Young, explicó a El Observador que el estar en la lista gris puede traer consecuencias asociadas fundamentalmente a los países que integran la OCDE, con un mayor impacto en el plano comercial.
También puede ocurrir que multinacionales de esos países con presencia en Uruguay queden en una situación incómoda por operar en un mercado donde no se cumple con los estándares internacionales exigidos.
Otra consecuencia es que se trabe financiamiento de estados a empresas que quisieran instalarse en Uruguay, y finalmente puede darse que un país desarrollado no reconozca hechos económicos generados en países de la lista gris para deducir del pago de impuestos.
El gobierno de Uruguay recibió un ultimátum de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por el régimen de acciones al portador vigente, que los países desarrollados consideran un impedimento para cumplir con pedidos de información de fiscos extranjeros. Las acciones al portador son aquellas que permiten mantener el anonimato de sus titulares y es el régimen más extendido en el país.
Las críticas a las acciones al portador pueden ahora retrasar la salida de Uruguay de la lista gris de la OCDE, que dirige el mexicano Ángel Gurría.
El abogado tributarista Carlos Loaiza comentó a El Observador que, por su régimen societario, “Uruguay puede no pasar la revisión y eso conlleva mantenerse en una categoría no deseada”, lo que puede repercutir en la llegada de inversiones.
Fuentes oficiales confirmaron a El Observador que Uruguay está recibiendo “presiones” en momentos en que será sometido en este segundo semestre de 2011 a una revisión de su marco normativo. Se trata de una auditoría que realiza el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que además de los miembros de la OCDE integran países del denominado G20, entre los que están Argentina y Brasil. Argentina ya propuso a Uruguay firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria –que por ahora es rechazado por el gobierno– que le permitiría conocer inversiones de argentinos en este país. Por ese tema Uruguay también puede ser sancionado
El país permanece en una “lista gris” de la OCDE por ser considerado poco colaborador en materia de intercambio fiscal. Para salir de esa categoría es que negoció más de los 12 acuerdos internacionales exigidos sobre traspaso de datos fiscales, sistema por el cual se busca combatir la evasión a nivel global.
El Poder Ejecutivo reconoce que el no cumplir las exigencias –la firma de acuerdos fiscales o mantener un sistema de acciones al portador– puede “traer consecuencias relevantes” y eso “preocupa” en el Ministerio de Economía, que es el que lleva adelante las negociaciones.
De hecho, según se informó a El Observador, la telefónica ANTEL fue excluida de participar en una licitación en Ecuador porque Uruguay aún figura “en una lista que confeccionó Ecuador”, según lo reveló un vocero gubernamental que pidió no ser identificado. ANTEL tiene tres sociedades anónimas (HG, ITC y Accesa) que le permiten operar en el exterior. Desde ANTEL se confirmó a El Observador que una de sus sociedades vende a Ecuador servicios de asesoría en telecomunicación y planeamiento estratégico, pero el directorio del ente no fue informado hasta ahora si una de sus sociedades está excluida de una licitación.
Pero ese no fue el único caso, y el gobierno uruguayo supo de otras consecuencias negativas por decisiones de Alemania y Francia al figurar Uruguay en el listado de castigo.
Loaiza, de Olivera Abogados, explicó a El Observador que Uruguay está en la fase uno de la peer review, donde un grupo de especialistas de varias naciones analizan el sistema jurídico uruguayo. En ese ámbito el país presenta los esfuerzos que hizo en la búsqueda de acuerdos de intercambio de información y en la flexibilización del sistema bancario, además de tratar de explicar el régimen de acciones al portador. Dicho sistema societario fue determinante para que el año pasado Panamá no pudiera superar la revisión.
En la fase dos de la auditoría se estudia si Uruguay realmente está en condiciones de cumplir con el intercambio de información fiscal al que se comprometió.
En tanto, el contador Luis Montone, de Ernst & Young, explicó a El Observador que el estar en la lista gris puede traer consecuencias asociadas fundamentalmente a los países que integran la OCDE, con un mayor impacto en el plano comercial.
También puede ocurrir que multinacionales de esos países con presencia en Uruguay queden en una situación incómoda por operar en un mercado donde no se cumple con los estándares internacionales exigidos.
Otra consecuencia es que se trabe financiamiento de estados a empresas que quisieran instalarse en Uruguay, y finalmente puede darse que un país desarrollado no reconozca hechos económicos generados en países de la lista gris para deducir del pago de impuestos.
martes, 7 de junio de 2011
BURBUJA. DINAMISMO EN MERCADO INMOBILIARIO.
Porcentaje de contratos de alquiler por Barrio, según datos de INE basado en el Sistema de Garantía de Alquileres (SGA). Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) divulgados ayer, muestran aumento en los nuevos alquileres, aumento en precio y cantidad de ventas de inmuebles y aumento del porcentaje de los ingresos familiares destinados a vivienda.
Los alquileres concretados en 2010 se encontraron en promedio 20% por encima del total de los alquileres vigentes a enero 2011. Estos datos toman en cuenta solo los alquileres garantizados a través del Sistema de Garantía de Alquileres (SGA). Se estima que el 25% del total de los alquileres en Montevideo se realizan bajo esta modalidad a la que pueden acogerse funcionarios públicos, jubilados, pensionista y empleados privados que trabajen para una institución adherida al sistema.
Si se miran los precios por barrio, el más caro fue Pocitos, donde un contrato nuevo de alquiler promedio en 2010 ascendía a $ 9.408 por mes, 14% más caro que el promedio de los contratos ya vigentes en dicho Barrio. Cabe destacar que en los datos difundidos por el INE, para los contratos nuevos firmados en 2011, no se encuentran discriminados algunos barrios como Carrasco o Punta Carretas, ya que la cantidad de alquileres en esos barrios es muy bajo.
En segundo y tercer lugar están Tres Cruces y Parque Batlle, con contratos de alquiler promedio firmados en 2011 de $ 8.263 y $ 8.259, 17% y 20% más caros que los contratos vigentes en cada barrio, respectivamente.
En tanto, en los barrios con alquileres promedios más bajos, como Villa Española, donde el alquiler promedio vigente se encuentra en $ 4.339, los contratos de 2010 estuvieron en $ 5.300 pesos promedio, 22% por encima de los vigentes.
Los alquileres concretados en 2010 se encontraron en promedio 20% por encima del total de los alquileres vigentes a enero 2011. Estos datos toman en cuenta solo los alquileres garantizados a través del Sistema de Garantía de Alquileres (SGA). Se estima que el 25% del total de los alquileres en Montevideo se realizan bajo esta modalidad a la que pueden acogerse funcionarios públicos, jubilados, pensionista y empleados privados que trabajen para una institución adherida al sistema.
Si se miran los precios por barrio, el más caro fue Pocitos, donde un contrato nuevo de alquiler promedio en 2010 ascendía a $ 9.408 por mes, 14% más caro que el promedio de los contratos ya vigentes en dicho Barrio. Cabe destacar que en los datos difundidos por el INE, para los contratos nuevos firmados en 2011, no se encuentran discriminados algunos barrios como Carrasco o Punta Carretas, ya que la cantidad de alquileres en esos barrios es muy bajo.
En segundo y tercer lugar están Tres Cruces y Parque Batlle, con contratos de alquiler promedio firmados en 2011 de $ 8.263 y $ 8.259, 17% y 20% más caros que los contratos vigentes en cada barrio, respectivamente.
En tanto, en los barrios con alquileres promedios más bajos, como Villa Española, donde el alquiler promedio vigente se encuentra en $ 4.339, los contratos de 2010 estuvieron en $ 5.300 pesos promedio, 22% por encima de los vigentes.
Valor de inmuebles subió 20% en un año.
El mercado de compraventas de viviendas se redujo en el trimestre móvil noviembre 2010-enero 2011, con respecto al trimestre anterior, según cifras divulgadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Índice de cantidades que publica este instituto registró una caída de 10,69% en el trimestre considerado respecto al anterior, mientras que en la comparación sobre igual trimestre de 2009-2010 el índice muestra un incremento de 14,26%.
Según datos de la Dirección General de Registros en enero se registraron de 9.748 transacciones, de las cuales 5.306 fueron compraventas, 3.283 promesas de compraventas, 1.526 hipotecas y 733 correspondieron a otros.
Del total de las transacciones, Montevideo y Maldonado fueron los departamentos con mayor número de actos, con 31% y 18% respectivamente, seguidos de Canelones (14%), Rocha (7%) y Colonia (4%).
Asimismo, el precio promedio del metro cuadrado de los inmuebles se elevó 1,84% en pesos con respecto al trimestre anterior y 2,21% en la medición en dólares.
Por su parte, si se compara con igual período del año anterior, el incremento fue de 20,01% en pesos y 18,45% en dólares.
Con respecto a los alquileres, según el análisis de los contratos realizados en el último año móvil cerrado a enero por el Servicio de Garantía de Alquileres, los mismos son 20% más caros en relación a los contratos que ya estaban vigentes.
Así, los mayores alquileres se registraron en Punta Carretas, Pocitos, Malvín y Parque Rodó.
Cabe destacar que, medido en pesos corrientes, el peso del alquiler promedio en el ingreso medio de los hogares ha sido creciente en los últimos años, pasando de 18% en enero 2006 a 19% en enero 2011.
El Índice de cantidades que publica este instituto registró una caída de 10,69% en el trimestre considerado respecto al anterior, mientras que en la comparación sobre igual trimestre de 2009-2010 el índice muestra un incremento de 14,26%.
Según datos de la Dirección General de Registros en enero se registraron de 9.748 transacciones, de las cuales 5.306 fueron compraventas, 3.283 promesas de compraventas, 1.526 hipotecas y 733 correspondieron a otros.
Del total de las transacciones, Montevideo y Maldonado fueron los departamentos con mayor número de actos, con 31% y 18% respectivamente, seguidos de Canelones (14%), Rocha (7%) y Colonia (4%).
Asimismo, el precio promedio del metro cuadrado de los inmuebles se elevó 1,84% en pesos con respecto al trimestre anterior y 2,21% en la medición en dólares.
Por su parte, si se compara con igual período del año anterior, el incremento fue de 20,01% en pesos y 18,45% en dólares.
Con respecto a los alquileres, según el análisis de los contratos realizados en el último año móvil cerrado a enero por el Servicio de Garantía de Alquileres, los mismos son 20% más caros en relación a los contratos que ya estaban vigentes.
Así, los mayores alquileres se registraron en Punta Carretas, Pocitos, Malvín y Parque Rodó.
Cabe destacar que, medido en pesos corrientes, el peso del alquiler promedio en el ingreso medio de los hogares ha sido creciente en los últimos años, pasando de 18% en enero 2006 a 19% en enero 2011.
Astori y ministros con propuesta alternativa a impuesto a la tierra.
Tributos al agro. Serán gravados propietarios a partir de 2.000 hectáreas con US$ 8 por hectárea; hasta 5.000 con US$ 12 y más de 10.000 con US$ 16 El lunes 13 definirán primer borrador.
Hasta en la Mesa Política se criticó la iniciativa de Mujica.
Los ministros coincidieron con Mujica y la OPP en que el sector rural debe aportar más, pero no en el cómo. Astori y los tres ministerios involucrados trabajan en una alternativa. El vicepresidente confía en dar "un paso importante" el lunes 13.
Hay consenso en el Poder Ejecutivo en que el agro atraviesa un momento de altos ingresos y tiene una carga tributaria baja; también existe acuerdo en el objetivo económico de subir el aporte del sector, pero no en la forma y en los resultados que puede implicar.
En el gabinete productivo de ayer lunes, el presidente José Mujica planteó su idea de que los propietarios de tierras de más de 2.000 hectáreas tengan una mayor carga tributaria. De esa forma, inició formalmente la discusión sobre este tema, que hasta el momento se había desarrollado a través de declaraciones del propio mandatario, operadores del gobierno y productores afectados.
El presidente manejó escalas de pago por año y por hectárea. Así, propone que a partir de 2.000 hectáreas, el productor pague US$ 8 por hectárea; a partir de 5.000 hectáreas, US$ 12; y de 10.000 o más, US$ 16, todo en unidades indexadas, las cuales se reajustan diariamente. La medida afectaría a los campos a partir de índice Coneat 100 (que mide la capacidad productiva de la tierra).
Actualmente los productores pagan US$ 4 por hectárea en concepto de contribución inmobiliaria rural, lo cual se mantendrá, pero están exonerados del pago del Impuesto de Primaria y del Impuesto Patrimonio.
Mujica sostuvo que la medida afectaría a poco más de 1.000 empresas agropecurias. Su propuesta cuenta con el respaldo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la que intervino en su redacción.
En tanto, los ministros Fernando Lorenzo (Economía), Enrique Pintado (Transporte) y Tabaré Aguerre (Ganadería), coincidieron con Mujica en que el agro debe tener un mayor aporte, pero no está definida la forma en que esto se llevará adelante.
Paso importante. El vicepresidente Danilo Astori y estos tres ministros trabajan en un proyecto alternativo al del presidente, con un diseño distinto al que plantea la OPP, basado en la productividad y no en la cantidad de hectáreas.
"Pienso que el próximo lunes vamos a estar dando un paso importante", expresó Astori a El País. Acotó que "no hay plazo" para acordar un proyecto en común porque "queremos discutirlo bien".
El presidente dijo de volver a tratar este tema el lunes próximo, contando con el diseño presentado y uno alternativo. Este último en elaboración - se basará en la productividad de la tierra y no en la cantidad de hectáreas-, incluirá para ello los diferentes tipo de producción (ganadera, sojera y forestal) y la rentabilidad de cada una de esas tierras.
Ayer al inicio del gabinete productivo, Mujica aclaró que no era su intención tomar una resolución sobre su propuesta en la pasada jornada y expresó su disposición a escuchar otras posiciones.
El director de la OPP, Gabriel Frugoni, defendió la propuesta del presidente, manejó datos vinculados al aporte impositivo del sector rural y los comparó con los de otros sectores de la población.
Posteriormente hubo un intercambio de ideas entre los jerarcas, compartiendo el objetivo de que el sector rural debe tener un nivel de aporte mayor para su propio desarrollo, en especial en caminaría rural.
Pero frente a la propuesta de Mujica y la OPP, el equipo económico planteó estudiar un diseño con otra base técnica, vinculado no a los aspectos de la cantidad de hectáreas sino a la productividad. En ese sentido, en el gobierno se prevé una semana intensa de intercambio entre los jerarcas que elaboran la propuesta alternativa y de ellos con la OPP, añadieron las fuentes.
El cruce de ideas se desarrolló en un tono "franco y fraterno", y se destacó como positivo el consenso sobre el fin del planteo de Mujica, en que "no cambiará las reglas de juego" y que se trata de pedirle a un sector una contribución "muy razonable", señalaron las fuentes.
Pero estas fuentes también reconocieron las diferencias entre el equipo económico y la OPP sobre la forma en que se aplicará este aumento de tributos al agro y en cómo cada alternativa puede afectar al país y su imagen hacia los inversores.
"Hubo gran acuerdo en la necesidad de lograr un mayor aporte del propio sector para el desarrollo rural, en que ese aporte tiene que estar en función de la capacidad contributiva y que el destino del mismo incluye, en particular, infraestructura, pero no solo de escala o nivel nacional, sino más local, como los caminos vecinales, que también tienen mucho que ver con los niveles de productividad", dijo Astori a El País.
"Entonces, se comenzó a discutir cuál es la mejor vía para lograr eso. En eso estamos y vamos a continuar el próximo lunes", agregó.
"Los acuerdos más importantes han sido logrados, el objetivo, la finalidad, el concepto, es lo más importante. Ahora hay que encontrar la vía", concluyó Astori, quien junto a Lorenzo, Pintado y Aguerre trabajan en la propuesta alternativa.
Además de las diferencias en el gabinete, a nivel de la bancada del Frente Amplio tampoco hay consenso en torno al nuevo impuesto al agro propuesto por el presidente Mujica. Los senadores Rafael Michelini y Jorge Saravia ya adelantaron que no lo votarán tal como está planteado.
Las cifras
1.000 Empresas agropecuarias afectadas por el nuevo impuesto, según Mujica.
16 Máximo que tendrá que pagar un productor por hectáreas si tiene más de 10.000.
Paga el de menos renta
PAGA EL IMPUESTO
Un productor agropecuario, por ejemplo de la zona norte del país, que deberá pagar el impuesto a pesar de su rentabilidad es el siguiente: posee un campo de 2.000 hectáreas donde cría ganado (terneros y ovejas). La rentabilidad promedio con esos animales en ese predio de 2.000 hectáreas es de unos US$ 60 por hectárea al año, lo que arroja un total de US$ 120.000 de ingresos brutos. Para sacar sus animales del campo por carretera, ese productor deberá contratar entre 10 y 12 camiones por año.
NO PAGA EL IMPUESTO.
En el otro extremo está, por ejemplo, un productor de arroz de la zona noreste del país. Tiene 1.000 hectáreas sembradas lo que espera que rinda unas 200.000 bolsas de 60 kilos por año, a US$ 14 por bolsa. Su ingreso anual será US$ 2.800.000. Teniendo en cuenta insumos como semillas, fertilizantes, etc., le costarán US$ 700 por hectárea sembrada, es decir US$ 700.000 al año; al productor le quedará una ganancia por año superior a US$ 2 millones. Y utilizará entre 40 y 50 camiones para sacar la producción.
Proyecto no reúne apoyo de partidos.
Aun sin que la mayoría de los sectores políticos de los partidos de la oposición haya fijado su postura, blancos y colorados se perfilan a rechazar una propuesta del Poder Ejecutivo en el sentido de gravar la tierra tal como la trasmitió ayer el presidente José Mujica a los miembros de su gabinete.
Muchas de las posiciones que se conocen ahora se hacen en base a los anuncios públicos del presidente, y en ciertos casos se prefiere esperar a que el proyecto llegue al Parlamento antes de pronunciarse.
En el Partido Nacional no hay posiciones formales de Unidad Nacional (UNA) ni de Alianza Nacional (AN).
De las primeras consultas efectuadas a dirigentes de UNA surge que el modo "desprolijo" de hacer conocer al Parlamento las propuestas por parte del propio presidente Mujica, desestimulan un eventual apoyo. Dado que el sector que encabeza el senador Luis Alberto Lacalle entiende que las obras de mejora de infraestructura son positivas, de haberse manejado de otra forma el planteamiento, quizás "se hubiera estudiado", dijeron a El País dirigentes del sector.
En Alianza Nacional, en cambio, no hay definiciones. Ayer, luego de reunirse con el presidente Mujica, el líder aliancista Jorge Larrañaga declaró que la posición del sector se tomará más adelante. "Veremos el día que llegue la iniciativa al Parlamento", destacó Larrañaga.
En el Partido Colorado la situación parece encaminarse en el mismo sentido. El senador Tabaré Viera, de Propuesta Batllista (Proba), dijo a El País que el sector "no está definido" al respecto, aunque no se comparte la política fiscal del gobierno. Esto lleva a pensar que Proba no apoyará esta idea de Mujica, si bien se apoya la mejora de la infraestructura.
En Vamos Uruguay, en tanto, no se apoya la propuesta de Mujica porque se considera que trae "incertidumbre" a los inversores. Además, se cuestiona el procedimiento empleado por el presidente para echar una idea en la opinión pública.
Asimismo, en la Mesa Política del Frente, se cuestionó ayer la forma de comunicar del presidente en el caso del impuesto a la tierra. Incluso, se dijo que no solo funciona mal la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la bancada de legisladores, sino que ahora ha quedado en evidencia el mismo problema dentro del Poder Ejecutivo, dijeron a El País fuentes del órgano.
Hasta en la Mesa Política se criticó la iniciativa de Mujica.
Los ministros coincidieron con Mujica y la OPP en que el sector rural debe aportar más, pero no en el cómo. Astori y los tres ministerios involucrados trabajan en una alternativa. El vicepresidente confía en dar "un paso importante" el lunes 13.
Hay consenso en el Poder Ejecutivo en que el agro atraviesa un momento de altos ingresos y tiene una carga tributaria baja; también existe acuerdo en el objetivo económico de subir el aporte del sector, pero no en la forma y en los resultados que puede implicar.
En el gabinete productivo de ayer lunes, el presidente José Mujica planteó su idea de que los propietarios de tierras de más de 2.000 hectáreas tengan una mayor carga tributaria. De esa forma, inició formalmente la discusión sobre este tema, que hasta el momento se había desarrollado a través de declaraciones del propio mandatario, operadores del gobierno y productores afectados.
El presidente manejó escalas de pago por año y por hectárea. Así, propone que a partir de 2.000 hectáreas, el productor pague US$ 8 por hectárea; a partir de 5.000 hectáreas, US$ 12; y de 10.000 o más, US$ 16, todo en unidades indexadas, las cuales se reajustan diariamente. La medida afectaría a los campos a partir de índice Coneat 100 (que mide la capacidad productiva de la tierra).
Actualmente los productores pagan US$ 4 por hectárea en concepto de contribución inmobiliaria rural, lo cual se mantendrá, pero están exonerados del pago del Impuesto de Primaria y del Impuesto Patrimonio.
Mujica sostuvo que la medida afectaría a poco más de 1.000 empresas agropecurias. Su propuesta cuenta con el respaldo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la que intervino en su redacción.
En tanto, los ministros Fernando Lorenzo (Economía), Enrique Pintado (Transporte) y Tabaré Aguerre (Ganadería), coincidieron con Mujica en que el agro debe tener un mayor aporte, pero no está definida la forma en que esto se llevará adelante.
Paso importante. El vicepresidente Danilo Astori y estos tres ministros trabajan en un proyecto alternativo al del presidente, con un diseño distinto al que plantea la OPP, basado en la productividad y no en la cantidad de hectáreas.
"Pienso que el próximo lunes vamos a estar dando un paso importante", expresó Astori a El País. Acotó que "no hay plazo" para acordar un proyecto en común porque "queremos discutirlo bien".
El presidente dijo de volver a tratar este tema el lunes próximo, contando con el diseño presentado y uno alternativo. Este último en elaboración - se basará en la productividad de la tierra y no en la cantidad de hectáreas-, incluirá para ello los diferentes tipo de producción (ganadera, sojera y forestal) y la rentabilidad de cada una de esas tierras.
Ayer al inicio del gabinete productivo, Mujica aclaró que no era su intención tomar una resolución sobre su propuesta en la pasada jornada y expresó su disposición a escuchar otras posiciones.
El director de la OPP, Gabriel Frugoni, defendió la propuesta del presidente, manejó datos vinculados al aporte impositivo del sector rural y los comparó con los de otros sectores de la población.
Posteriormente hubo un intercambio de ideas entre los jerarcas, compartiendo el objetivo de que el sector rural debe tener un nivel de aporte mayor para su propio desarrollo, en especial en caminaría rural.
Pero frente a la propuesta de Mujica y la OPP, el equipo económico planteó estudiar un diseño con otra base técnica, vinculado no a los aspectos de la cantidad de hectáreas sino a la productividad. En ese sentido, en el gobierno se prevé una semana intensa de intercambio entre los jerarcas que elaboran la propuesta alternativa y de ellos con la OPP, añadieron las fuentes.
El cruce de ideas se desarrolló en un tono "franco y fraterno", y se destacó como positivo el consenso sobre el fin del planteo de Mujica, en que "no cambiará las reglas de juego" y que se trata de pedirle a un sector una contribución "muy razonable", señalaron las fuentes.
Pero estas fuentes también reconocieron las diferencias entre el equipo económico y la OPP sobre la forma en que se aplicará este aumento de tributos al agro y en cómo cada alternativa puede afectar al país y su imagen hacia los inversores.
"Hubo gran acuerdo en la necesidad de lograr un mayor aporte del propio sector para el desarrollo rural, en que ese aporte tiene que estar en función de la capacidad contributiva y que el destino del mismo incluye, en particular, infraestructura, pero no solo de escala o nivel nacional, sino más local, como los caminos vecinales, que también tienen mucho que ver con los niveles de productividad", dijo Astori a El País.
"Entonces, se comenzó a discutir cuál es la mejor vía para lograr eso. En eso estamos y vamos a continuar el próximo lunes", agregó.
"Los acuerdos más importantes han sido logrados, el objetivo, la finalidad, el concepto, es lo más importante. Ahora hay que encontrar la vía", concluyó Astori, quien junto a Lorenzo, Pintado y Aguerre trabajan en la propuesta alternativa.
Además de las diferencias en el gabinete, a nivel de la bancada del Frente Amplio tampoco hay consenso en torno al nuevo impuesto al agro propuesto por el presidente Mujica. Los senadores Rafael Michelini y Jorge Saravia ya adelantaron que no lo votarán tal como está planteado.
Las cifras
1.000 Empresas agropecuarias afectadas por el nuevo impuesto, según Mujica.
16 Máximo que tendrá que pagar un productor por hectáreas si tiene más de 10.000.
Paga el de menos renta
PAGA EL IMPUESTO
Un productor agropecuario, por ejemplo de la zona norte del país, que deberá pagar el impuesto a pesar de su rentabilidad es el siguiente: posee un campo de 2.000 hectáreas donde cría ganado (terneros y ovejas). La rentabilidad promedio con esos animales en ese predio de 2.000 hectáreas es de unos US$ 60 por hectárea al año, lo que arroja un total de US$ 120.000 de ingresos brutos. Para sacar sus animales del campo por carretera, ese productor deberá contratar entre 10 y 12 camiones por año.
NO PAGA EL IMPUESTO.
En el otro extremo está, por ejemplo, un productor de arroz de la zona noreste del país. Tiene 1.000 hectáreas sembradas lo que espera que rinda unas 200.000 bolsas de 60 kilos por año, a US$ 14 por bolsa. Su ingreso anual será US$ 2.800.000. Teniendo en cuenta insumos como semillas, fertilizantes, etc., le costarán US$ 700 por hectárea sembrada, es decir US$ 700.000 al año; al productor le quedará una ganancia por año superior a US$ 2 millones. Y utilizará entre 40 y 50 camiones para sacar la producción.
Proyecto no reúne apoyo de partidos.
Aun sin que la mayoría de los sectores políticos de los partidos de la oposición haya fijado su postura, blancos y colorados se perfilan a rechazar una propuesta del Poder Ejecutivo en el sentido de gravar la tierra tal como la trasmitió ayer el presidente José Mujica a los miembros de su gabinete.
Muchas de las posiciones que se conocen ahora se hacen en base a los anuncios públicos del presidente, y en ciertos casos se prefiere esperar a que el proyecto llegue al Parlamento antes de pronunciarse.
En el Partido Nacional no hay posiciones formales de Unidad Nacional (UNA) ni de Alianza Nacional (AN).
De las primeras consultas efectuadas a dirigentes de UNA surge que el modo "desprolijo" de hacer conocer al Parlamento las propuestas por parte del propio presidente Mujica, desestimulan un eventual apoyo. Dado que el sector que encabeza el senador Luis Alberto Lacalle entiende que las obras de mejora de infraestructura son positivas, de haberse manejado de otra forma el planteamiento, quizás "se hubiera estudiado", dijeron a El País dirigentes del sector.
En Alianza Nacional, en cambio, no hay definiciones. Ayer, luego de reunirse con el presidente Mujica, el líder aliancista Jorge Larrañaga declaró que la posición del sector se tomará más adelante. "Veremos el día que llegue la iniciativa al Parlamento", destacó Larrañaga.
En el Partido Colorado la situación parece encaminarse en el mismo sentido. El senador Tabaré Viera, de Propuesta Batllista (Proba), dijo a El País que el sector "no está definido" al respecto, aunque no se comparte la política fiscal del gobierno. Esto lleva a pensar que Proba no apoyará esta idea de Mujica, si bien se apoya la mejora de la infraestructura.
En Vamos Uruguay, en tanto, no se apoya la propuesta de Mujica porque se considera que trae "incertidumbre" a los inversores. Además, se cuestiona el procedimiento empleado por el presidente para echar una idea en la opinión pública.
Asimismo, en la Mesa Política del Frente, se cuestionó ayer la forma de comunicar del presidente en el caso del impuesto a la tierra. Incluso, se dijo que no solo funciona mal la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la bancada de legisladores, sino que ahora ha quedado en evidencia el mismo problema dentro del Poder Ejecutivo, dijeron a El País fuentes del órgano.
lunes, 6 de junio de 2011
Mujica presenta proyecto que sube los tributos a terratenientes.
El presidente de la República, José Mujica, presentará hoy al Consejo de Ministros su proyecto para aumentar el pago por Contribución que realizan los predios agropecuarios que superan las 2.000 hectáreas.
Mujica. Desestimular la concentración de la tierra en pocas manos. La Presidencia de la República avanzará hoy en su plan de obtener recursos para mantener la infraestructura vial en todo el país a partir de una suba en la Contribución que realizan aquellos padrones agropecuarios que superan las 2.000 hectáreas. Dicha línea de trabajo está en sintonía con otras que llevará adelante el gobierno y que están destinadas a desestimular la concentración de la tierra (detalles del proyecto en Columna del director).
El presidente Mujica espera recaudar unos US$ 60 millones anuales a través de dicha modificación tributaria. Señaló días atrás a LA REPÚBLICA que el nuevo aporte será pago por una ínfima porción de los productores rurales que tiene el país. Que hagan un mayor esfuerzo tributario, pidió el Presidente, y lo justificó por una razón de equidad. Precisó que no es un aumento de la carga tributaria sino una recuperación de lo que no han pagado en los últimos diez años en los que el valor de la tierra se ha multiplicado varias veces mientras que los impuestos se han mantenido. De acuerdo a lo proyectado, las superficies superiores a 2.000 hectáreas tendrán un aumento en la tributación que pasaría por un adicional a la Contribución Rural. Los propietarios de más de 10 mil hectáreas deberán pagar 16 dólares la hectárea, cifra máxima que irá bajando de acuerdo al tamaño del predio, reduciéndose a l2 dólares y así sucesivamente hasta llegar a los 4 dólares. Lo recaudado será destinado a la mejora de caminos secundarios, ya que las grandes rutas serán financiadas con el aporte del gobierno central.
En tanto, un relevamiento efectuado entre los 19 intendentes departamentales, dio como resultado que existe una tendencia marcada sobre la necesidad de mejorar la caminería en el interior del país.
Ocho intendentes blancos acompañaron el planteo de Mujica, aunque cuatro de ellos marcaron matices con respecto al origen de los recursos y se manifestaban partidarios de un impuesto por nivel de producción. El proyecto que hoy presentará Mujica prevé la eliminación del 1% al precio de venta del ganado y que recauda l8 millones de dólares anuales, abonado solo por los ganaderos, favoreciendo a los pequeños productores agropecuarios. Mujica explicó que ese impuesto del 1%, en los hechos se transforma en un 2,5% en virtud de las diferentes transacciones de cada animal.
Mujica. Desestimular la concentración de la tierra en pocas manos. La Presidencia de la República avanzará hoy en su plan de obtener recursos para mantener la infraestructura vial en todo el país a partir de una suba en la Contribución que realizan aquellos padrones agropecuarios que superan las 2.000 hectáreas. Dicha línea de trabajo está en sintonía con otras que llevará adelante el gobierno y que están destinadas a desestimular la concentración de la tierra (detalles del proyecto en Columna del director).
El presidente Mujica espera recaudar unos US$ 60 millones anuales a través de dicha modificación tributaria. Señaló días atrás a LA REPÚBLICA que el nuevo aporte será pago por una ínfima porción de los productores rurales que tiene el país. Que hagan un mayor esfuerzo tributario, pidió el Presidente, y lo justificó por una razón de equidad. Precisó que no es un aumento de la carga tributaria sino una recuperación de lo que no han pagado en los últimos diez años en los que el valor de la tierra se ha multiplicado varias veces mientras que los impuestos se han mantenido. De acuerdo a lo proyectado, las superficies superiores a 2.000 hectáreas tendrán un aumento en la tributación que pasaría por un adicional a la Contribución Rural. Los propietarios de más de 10 mil hectáreas deberán pagar 16 dólares la hectárea, cifra máxima que irá bajando de acuerdo al tamaño del predio, reduciéndose a l2 dólares y así sucesivamente hasta llegar a los 4 dólares. Lo recaudado será destinado a la mejora de caminos secundarios, ya que las grandes rutas serán financiadas con el aporte del gobierno central.
En tanto, un relevamiento efectuado entre los 19 intendentes departamentales, dio como resultado que existe una tendencia marcada sobre la necesidad de mejorar la caminería en el interior del país.
Ocho intendentes blancos acompañaron el planteo de Mujica, aunque cuatro de ellos marcaron matices con respecto al origen de los recursos y se manifestaban partidarios de un impuesto por nivel de producción. El proyecto que hoy presentará Mujica prevé la eliminación del 1% al precio de venta del ganado y que recauda l8 millones de dólares anuales, abonado solo por los ganaderos, favoreciendo a los pequeños productores agropecuarios. Mujica explicó que ese impuesto del 1%, en los hechos se transforma en un 2,5% en virtud de las diferentes transacciones de cada animal.
Jubilados extranjeros con más de US$ 100.000.
El lunes 2 se presentó en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (Sima) el manual "Punta del Este. Mi Segundo Hogar", que promueve la inversión inmobiliaria en la península, en un acto que presidió el secretario iberoamericano Enrique Iglesias.
Allí, además de las características generales del Uruguay y de las oportunidades inmobiliarias en Punta del Este, se detalla cómo obtener la residencia y la ciudadanía uruguaya.
"Obtener el permiso de residencia en Uruguay no presenta grandes dificultades. Los extranjeros pueden residir permanentemente en Uruguay si cumplen con los siguientes tres principios básicos: a) tener buena salud, b) probar buena conducta, y c) tener suficientes medios para mantenerse a ellos y su familia", dice la publicación. Y agrega que "la ciudadanía legal puede ser obtenida por extranjeros si han residido en el país por al menos tres años (si se han instalado con su familia) o al menos cinco años (si se han instalado solos) y -en ambos casos- si han demostrado buena conducta".
En el caso de los extranjeros jubilados que pretendan obtener la residencia permanente en Uruguay, se detallan los beneficios establecidos en la ley 16.340 y el decreto correspondiente de 2004:
-Introducción al Uruguay, dentro de los primeros seis meses de obtenida la residencia legal permanente, libre de impuestos y aranceles aduaneros: a) los muebles y efectos de su casa, en las cantidades razonables que las autoridades aduaneras determinen; b) un automóvil que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de cuatro años a contar desde su ingreso al país.
-Obtención de pasaporte común para la persona, su cónyuge e hijos menores de 18 años que hayan obtenido también la residencia legal permanente.
-Mantenimiento de la validez y vigencia en Uruguay de las pólizas de seguros de vida así como los destinados a cobertura jubilatoria que se hubieran contratado en el exterior.
El manual recuerda que para ampararse a estos beneficios, los jubilados extranjeros deben: adquirir un inmueble destinado a su casa habitación por un valor no menor a US$ 100.000, que no podrán enajenar por un plazo de 10 años; o adquirir bonos de deuda uruguayos emitidos por el gobierno por un valor nominal mínimo también de US$ 100.000, que serán depositados en el Banco de la República por un período no menor a 10 años. Además, deberán acreditar ingresos fijos mayores a los US$ 1.500 por mes.
Uno de los objetivos de la delegación Destino Punta del Este, responsable de la publicación que se presentó en Madrid, es aumentar la captación de inversiones procedentes de España, siendo unos US$ 200 millones la inversión realizada por españoles en la última década.
Allí, además de las características generales del Uruguay y de las oportunidades inmobiliarias en Punta del Este, se detalla cómo obtener la residencia y la ciudadanía uruguaya.
"Obtener el permiso de residencia en Uruguay no presenta grandes dificultades. Los extranjeros pueden residir permanentemente en Uruguay si cumplen con los siguientes tres principios básicos: a) tener buena salud, b) probar buena conducta, y c) tener suficientes medios para mantenerse a ellos y su familia", dice la publicación. Y agrega que "la ciudadanía legal puede ser obtenida por extranjeros si han residido en el país por al menos tres años (si se han instalado con su familia) o al menos cinco años (si se han instalado solos) y -en ambos casos- si han demostrado buena conducta".
En el caso de los extranjeros jubilados que pretendan obtener la residencia permanente en Uruguay, se detallan los beneficios establecidos en la ley 16.340 y el decreto correspondiente de 2004:
-Introducción al Uruguay, dentro de los primeros seis meses de obtenida la residencia legal permanente, libre de impuestos y aranceles aduaneros: a) los muebles y efectos de su casa, en las cantidades razonables que las autoridades aduaneras determinen; b) un automóvil que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de cuatro años a contar desde su ingreso al país.
-Obtención de pasaporte común para la persona, su cónyuge e hijos menores de 18 años que hayan obtenido también la residencia legal permanente.
-Mantenimiento de la validez y vigencia en Uruguay de las pólizas de seguros de vida así como los destinados a cobertura jubilatoria que se hubieran contratado en el exterior.
El manual recuerda que para ampararse a estos beneficios, los jubilados extranjeros deben: adquirir un inmueble destinado a su casa habitación por un valor no menor a US$ 100.000, que no podrán enajenar por un plazo de 10 años; o adquirir bonos de deuda uruguayos emitidos por el gobierno por un valor nominal mínimo también de US$ 100.000, que serán depositados en el Banco de la República por un período no menor a 10 años. Además, deberán acreditar ingresos fijos mayores a los US$ 1.500 por mes.
Uno de los objetivos de la delegación Destino Punta del Este, responsable de la publicación que se presentó en Madrid, es aumentar la captación de inversiones procedentes de España, siendo unos US$ 200 millones la inversión realizada por españoles en la última década.
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