jueves, 30 de septiembre de 2010

Empresarios ven estabilidad para invertir en Uruguay

Los inversores extranjeros ven en Uruguay un tope al desarrollo de nuevas inversiones extranjeras en la falta de personal calificado para las nuevas demandas de la producción mundial.


En la víspera disertaron en el almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) representes de tres importantes inversiones extranjeras radicadas en el país.

Ante la consulta común de las razones por las que esas empresas vinieron al país para resolver la inversión local, las repuestas fueron diversas debido a que los núcleos de negocio de los tres empresarios eran muy diferente, pero todos coincidieron en las fortalezas geográficas, culturales y políticas para radicar una inversión en Uruguay.

Los expositores fueron el director de Carrasco Nóbile, Guillermo Arcani, que gestiona la construcción del Hotel Casino Carrasco; el gerente general del Parque de Ciencias, Arturo Peguero, y el presidente de Petrobras-Uruguay, Irani Varella. Cada uno presentó al auditorio la perspectiva particular de su negocio.

Los discursos coincidieron con las características positivas del país para el inversor extranjero y diplomáticamente evitaron entrar en honduras complicadas sobre los inconvenientes del país a la hora de gestionar una inversión externa.

Los tres expositores remarcaron la estabilidad institucional del país, los incentivos que se ofrecen y hasta la baja corrupción existente, que diferencia a Uruguay en el contexto de América Latina.

Sólo el mexicano Arturo Peguero señaló que la oferta de personal uruguayo a las empresas inversoras extranjeras muestra algunos inconvenientes cuando se trata de realizar proyectos complejos o de alta tecnología.

Pero de inmediato indicó que frente a ese problema, los recursos humanos de Uruguay poseen un buen nivel en comparación a otros de la región.

Sobre ese último punto coincidieron los tres expositores, quienes destacaron como ventajas comparativas del país el nivel cultural de la población, que provee mano de obra calificada, la estabilidad económica y política y la certeza de que se mantendrán las reglas de juego.

Se dijo, incluso, que la principal ventaja que Uruguay ofrece al extranjero es la previsibilidad de las políticas públicas, lo que facilita diseñar proyectos a largo plazo. Las consultas del empresariado realizadas al final de las exposiciones fueron de muy bajo perfil y versaron sobre la problemática del manejo de personal y el relacionamiento de sus emprendimientos con los sindicatos, lo que fue respondido por los expositores sin formular cuestionamientos.

En general, los disertantes explicaron los alcances de sus inversiones empresariales, exponiendo las estrategias sectoriales resueltas para los próximos años, sin comentar la presencia de nuevos emprendimientos.

Jueves 30 de Septiembre de 2010

miércoles, 29 de septiembre de 2010

Grandes empresas confían en Uruguay para invertir

El director de Carrasco Nobile, el gerente general de Zona Franca y el presidente de Petrobras Uruguay disertaron este miércoles en ADM

Representantes de consorcios internacionales destacaron este miércoles las ventajas de invertir en Uruguay, entre ellas el nivel cultural de la población que provee mano de obra calificada, la estabilidad económica y política, y la certeza de que se mantendrán las reglas de juego.

Guillermo Arcani director de Carrasco Nobile, grupo que ganó la concesión para reconstruir el Hotel Carrasco; Arturo Peguero gerente general de Zona Franca Parque de las Ciencias, ubicada sobre ruta 101 detrás del aeropuerto de Carrasco, e Iraní Varella presidente de Petrobras Uruguay, empresa con estaciones de servicio y que domina la distribución de gas por cañería, fueron los disertantes invitados para el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

El tema escogido fue ¿por qué invertir en Uruguay?

Los disertantes, que eran escuchados por empresarios locales, coincidieron en destacar las bondades del país que son tenidas en cuenta a la hora de decidir radicar inversiones.

Entre ellas remarcaron la estabilidad institucional, los incentivos que se ofrecen y hasta la baja corrupción que diferencia a Uruguay en América Latina, y lo convierte en una plaza segura para desarrollar proyectos económicos.

(Observa)

martes, 28 de septiembre de 2010

Propuesta de Alianza Nacional para secreto bancario

La reforma del sistema tributario será tratado este lunes en la Comisión de Hacienda del Senado

Artículo 54. Levantamiento del secreto bancario.- Cuando la administración
tributaria presente una denuncia fundada al amparo del artículo 110 del
Código Tributario, y solicite en forma expresa y fundada ante la sede penal
el levantamiento del secreto bancario a que refiere el artículo 25 del
Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de dicha norma quedarán relevadas de la obligación de reserva sobre las operaciones e informaciones que estén en su poder, vinculadas a las personas físicas y jurídicas objeto de la solicitud, siempre que el Fiscal competente y el Juez de la causa lo admitan.
Mediando resolución judicial expresa favorable en las condiciones generales
del artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, la Sede dará curso a la solicitud comunicando dicha determinación al Banco Central del Uruguay, el que a su vez recabará de los sujetos regulados la información que pueda existir en poder de éstos.
También se podrá levantar el secreto bancario por resolución judicial cuando la Dirección General Impositiva, en el ejercicio de sus facultades
fiscalizadoras y respecto de obligaciones tributarias no prescriptas,
solicite por resolución expresa y fundada ante los Juzgados Letrados de
Primera Instancia en lo Contencioso Tributario, toda la información relativa a las operaciones bancarias de personas físicas o jurídicas determinadas. El Juez solo admitirá la solicitud cuando la administración tributaria haya acreditado la existencia de actos, hechos u omisiones del contribuyente que hagan presumir razonablemente la ocultación de activos o ingresos con el propósito de omitir el pago de tributos y siempre que la información solicitada resulte indispensable para la correcta determinación de adeudos tributarios y/o la tipificación de infracciones. La misma información, bajo los mismos supuestos, podrá ser solicitada por la administración tributaria, en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, en el marco de convenios internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición, que se encuentren vigentes, debiendo indicarse en dicho caso la entidad requirente de la información y todos los antecedentes de la solicitud respectiva. Lo dispuesto en este inciso será de aplicación para informaciones relativas a operaciones posteriores al 1º de enero de 2012.
En el caso del inciso precedente, el proceso judicial de levantamiento del
secreto bancario se seguirá con la persona física o jurídica titular de la
información. La demanda se presentará por escrito según lo dispuesto por los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso y se tramitará por el procedimiento incidental regulado en el artículo 321 de dicho Código. El
demandado, al contestar la demanda, podrá presentar y ofrecer prueba
conforme a los arts. 130 y 131 del Código General del Proceso. La sentencia
que resuelva el incidente deberá pronunciarse en un plazo máximo de 60 días
de presentada la demanda El juez dictará sentencia haciendo lugar o
denegando la solicitud de levantamiento del secreto bancario, a cuyos
efectos tendrá en consideración la prueba diligenciada, los derechos
constitucionales en juego y todas las circunstancias del caso. La sentencia
será apelable con efecto suspensivo y se regulará por el artículo 254
numerales 1) y 2) del Código General del Proceso. El Tribunal de Apelaciones deberá resolver el recurso de apelación en un plazo no mayor a 60 días contados desde la contestación del recurso o del vencimiento del plazo del traslado. Las costas y costos se regularán por lo dispuesto en el artículo 56.1 del Código General del Proceso.
Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley N° 15.322 quedarán relevadas de la obligación de reserva sobre las operaciones e informaciones que estén en su poder, vinculadas a las personas físicas y jurídicas cuando exista una orden expresa del juez competente según lo establecido en este artículo.
En el caso previsto en el inciso tercero del presente artículo, el Banco
Central del Uruguay dará cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de
cinco días hábiles contados desde la recepción de la comunicación de la
orden del juzgado competente. Las empresas referidas en los artículos 1 y 2
del Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982 deberán proporcionar la información requerida en un plazo de quince días hábiles contados desde la comunicación del Banco Central. Vencido este último plazo el Banco Central del Uruguay deberá proporcionar a la Dirección General Impositiva la información recabada en un plazo de 5 días hábiles. El incumplimiento de
esta obligación dará lugar a las sanciones previstas en el Capítulo V del
Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.
Cuando se tramiten solicitudes de levantamiento de secreto bancario el
expediente judicial deberá mantenerse reservado para terceros distintos del
solicitante y del titular de la información.²
El presente artículo entrará en vigencia una vez que esté en funciones el
Juzgado Especializado referido.
PROYECTO DE LEY
CREACIÓN DE JUZGADOS LETRADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
ARTICULO 1.- Créanse Š Juzgados Letrados en lo Contencioso Tributario, por
transformación de Š Juzgados Letrados en Primera Instancia en lo Civil, con
competencia en todo el territorio del país.
Estos Juzgados conocerán en primera instancia en todos los procedimientos
tributarios: juicios ejecutivos, medidas cautelares, clausura de
establecimientos prevista en la ley 16.170 y modificativas, en amparos que
involucren a la Administración tributaria y en todas las contiendas que
tengan a la Administración Tributaria y se funden en normativa de contenido
tributario. También entenderán en todas las acciones de índole civil que
involucren como actor o demandado a la Dirección General Impositiva o al
Banco de Previsión Social.
Serán competentes para entender en los recursos de apelación que puedan
recaer en los actos jurisdiccionales de los Juzgados de Primera Instancia,
los Tribunales de Apelación en lo Civil según el turno que corresponda.
ARTICULO 2.- Los Juzgados creados por la presente ley deberán comenzar a funcionar en un plazo no mayor de ciento veinte días a partir de su promulgación.
Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los
correspondientes al interior del país remitirán a los Juzgados Letrados en
lo Contencioso Tributario, dentro de los treinta días siguientes a su
entrada en funcionamiento, todos los expedientes con los procesos
tributarios en trámite en el estado en que se encuentren. Los expedientes
civiles que estuvieran tramitando hasta entonces los Juzgados transformados,
serán redistribuidos entre los demás Juzgados de Primera Instancia en lo
Civil, por el procedimiento que disponga la Suprema Corte de Justicia.
Si por cualquier circunstancia el expediente no se encontrare en el Juzgado
actuante, la remisión se efectuará, de inmediato, una vez que le fuera
devuelto.
ARTICULO 3.- Crease para causas de o contra la Administración Tributaria
cuyo monto sea inferior a 1.000 UR, un defensor del contribuyente, quien
tendrá el mismo régimen jurídico y funcional que los fiscales del Ministerio
Público y Fiscal. En este caso podrán acceder además aquellos sujetos que
obtengan la auxiliatoria de pobreza de acuerdo a los requisitos previstos
por la Constitución y la ley independientemente del monto establecido. Los
requisitos de postulación para dicho cargo serán establecidos por la Suprema Corte de Justicia.

Fecha: 28/09/2010 | 07:01 | Montevideo, Uruguay

martes, 21 de septiembre de 2010

El Frente abre negociación por ley de secreto bancario

Senado. Astori informó charlas con Larrañaga a la bancada

Tras recibir un informe de Danilo Astori, la bancada de senadores del Frente respaldó abrir una negociación con la oposición, y en particular con los blancos, para que el proyecto que flexibiliza el secreto bancario tenga amplio apoyo político.

Los senadores frenteamplistas descartaron, en cambio, que se divida en dos el proyecto de ley y se aprueben primero las normas que permiten a la DGI pedir a la Justicia que se levante el secreto en procesos de fiscalización, sin necesidad que haya presunción de defraudación.

El senador nacionalista Francisco Gallinal había pedido que otra disposición de la polémica iniciativa -que los intereses generados por los depósitos que en el exterior estén gravados con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a una tasa del 12%- sea tratada en otro proyecto de ley. Pero eso fue descartado por el oficialismo, aunque el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) lo manejó como una posibilidad la semana pasada.

Una de las directivas dadas por el presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, es que sí se permita "desglosar" y excluir del proyecto lo relativo al Impuesto al Patrimonio: que las participaciones de residentes en Uruguay en el capital de entidades no residentes estén gravadas por ese impuesto.

Ese es uno de los tres cambios al proyecto de ley que el Frente Amplio está dispuesto a realizar para tener el visto bueno de Alianza Nacional. Astori y Mujica conversaron con el senador Jorge Larrañaga y hubo acuerdo en varios cambios.

Diálogo. Astori informó ayer a la bancada de senadores "las conversaciones con Alianza Nacional", según contó el vicepresidente a El País.

"Hay tres componentes (que se modificarían del proyecto). Por un lado, el establecimiento de un pronunciamiento expreso de la Justicia en el caso que sea solicitado el levantamiento del secreto. En segundo lugar, la creación e instalación de un juzgado especializado para decidir en estos casos, como una garantía más al contribuyente. Y en tercer lugar el desglose del Impuesto al Patrimonio, que particularmente el presidente Mujica entiende debe ser analizado más en profundidad, y lo haremos así".

Astori indicó que el Frente sabe que "en Alianza Nacional hay coincidencia en estos puntos". Descartó dividir el proyecto (las modificación del secreto bancario por un lado y la carga tributaria para los depósitos en el exterior por el otro), ya que "el único desglose que se acordaría es el Impuesto al Patrimonio". Larrañaga confirmó la semana pasada a El País que ha tenido "conversaciones" con el gobierno. Y dijo que las tres modificaciones mencionadas por Astori "forman y cambian el proyecto" oficialista.

En la misma línea, el senador del MPP Héctor Tajam -que integra la comisión de Hacienda- dijo a El País que "puede haber algunos cambios que tengan beneficios para el Frente Amplio y para el Partido Nacional". Tajam explicó que al gobierno le interesa que "el proyecto no se apruebe sólo con la mayoría del Frente Amplio, porque es importante la legitimidad de esta ley, que tiene repercusiones en el exterior".

Pero advirtió que los cambios no deben afectar "el corazón del proyecto: que el IRPF tenga característica mundial y no sólo nacional, además de un secreto bancario con adecuada aplicación para controlar la evasión". El presidente de la comisión Carlos Baráibar dijo a El País que se trabaja para que la flexibilización del secreto bancario tenga "las debidas garantías" y se toma como antecedente la legislación chilena.

"Estamos flexibles", resumió el senador de Alianza Progresista Rodolfo Nin, tras la reunión de bancada donde se acordó seguir adelante con la negociación con la oposición para tener el respaldo de Alianza Nacional y, si es posible, de todo el Partido Nacional. Ya se da como un hecho que los colorados no darán el voto para el proyecto de ley oficialista.

PASOS. Tal como había acordado con los demás miembros de la comisión, Baráibar cursó invitación ayer a las autoridades del Banco Santander para que concurran a dar su opinión a la comisión de Hacienda.

Tanto la modificación del secreto bancario como la posibilidad de que se graven los depósitos en el exterior fueron calificadas como modificaciones "graves" y "nada buenas" por ejecutivos bancarios consultados por El País cuando se conoció la iniciativa en mayo.

El Banco Santander aún no respondió a la invitación cursada. Para ganar tiempo, se decidió crear una subcomisión de Hacienda, con un miembro por partido, que discutirá los cambios al proyecto de ley. Baráibar aclaró que "el compromiso" es votar el proyecto en el Senado como máximo a mediados de octubre, ya que a partir de esa fecha se discutirá el proyecto de Presupuesto en esa cámara.

Sobre la mesa también hay dos proyectos del sector mayoritario del Partido Nacional, la UNA: Gallinal propone establecer "un sistema de garantías para levantar el secreto" y Luis Alberto Heber quiere que no se afecte con IRPF a los depósitos en el exterior de extranjeros residentes en Uruguay. Sí acepta que se graven los depósitos de uruguayos en el exterior.

Paso para salir de la "lista gris"
El levantamiento del secreto bancario ya estaba contemplado en la legislación tributaria desde el año 2007, aunque limitada a las operaciones en cuenta corriente y en caja de ahorro.

El art. 54 de la ley 18.083 establece la posibilidad de relevar a los bancos de su obligación de reserva cuando la administración tributaria presenta "una denuncia fundada" ante la sede penal.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que introduce ajustes al sistema tributario incorpora nuevas facultades a la DGI para solicitar "toda la información relativa a las operaciones bancarias de personas físicas o jurídicas determinadas, que resulte necesaria para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones juradas o la falta de ellas, en su caso".

El nuevo texto añade que "la misma información podrá ser solicitada por la administración tributaria en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero", en el marco de convenios internacionales de intercambio de información fiscal.

Hasta el momento, Uruguay ha ratificado uno solo de esos convenios (con México) y espera ratificar similares acuerdos con España, Francia, Portugal y Alemania, entre otros.

Uruguay se ha comprometido ante la OCDE a lograr avances en el marco del cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia de información, a fin de salir de una "lista gris" de países que no cooperan en la materia.

lunes, 20 de septiembre de 2010

Punta del Este: aconsejan mantener precio de alquileres

La Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este (Adipe) recomendó ayer a los propietarios de inmuebles en el balneario que mantengan los mismos valores de los arrendamientos por temporada del verano pasado

El tradicional aviso de la asociación se formalizó al finalizar la asamblea anual de la entidad que agrupa a un centenar de empresas inmobiliarias del balneario.

Adipe insistió en que los propietarios e inquilinos cierren las transacciones por medio del sistema formal apelando a alguna de las inmobiliarias autorizadas por el ministerio de Turismo para operar en el mercado de alquileres.

El hecho de concretar un alquiler por intermedio de una inmobiliaria tiene importantes ventajas para las dos partes, como conocer de antemano el porcentaje de comisión que debe abonar cada cliente respecto del arancel vigente, subrayaron los inmobiliarios. La intermediación de las inmobiliarias permite, entre otras cosas, evitar que los inquilinos permanezcan más tiempo que el establecido en el contrato por contar con respaldo jurídico.

Desde la puesta en práctica del IRPF a los alquileres, el circuito formal de alquileres se vio resentido ya que muchos propietarios prefieren concretar negocios en forma personal, eludiendo los aportes.

Además, un reiterado reclamo de la asociación de inmobiliarias es que se controle a quienes alquilan sin ser agentes registrados.

lunes, 13 de septiembre de 2010

Gobierno dará exoneraciones a viviendas de interés social

Se creará una comisión asesora de inversiones que decidirá de acuerdo a un protocolo el monto de exoneración atribuible a cada una de las construcciones

Uno de los temas que se trató en el Consejo de Ministros de este lunes fue la ley que genera mejores condiciones para el acceso a la vivienda a los sectores medios y medios bajos de la sociedad.
La ministra de Vivienda, Graciela Muslera, explicó que la normativa pretende impulsar la producción de viviendas de interés social tanto para la venta como para el arrendamiento.
En ese sentido explicó que el gobierno brindará importantes exoneraciones a quienes construyan, refaccionen o reciclen viviendas con ese interés y también a quienes las alquilen.
Como ejemplo, Muslera utilizó el caso de una vivienda que vale US$50.000. En ese caso la exoneración por la venta del inmueble sería del 18% (US$9.750), 38% para quien alquile y 20.5% para el inversor que compre la vivienda con el objetivo de alquilarla.
Para aplicar estos beneficios, se creará una comisión asesora de inversiones en la que participará el Ministerio de Economía y el de Vivienda que decidirán de acuerdo a un protocolo el monto de exoneración atribuible a cada una de las construcciones.
“En el marco de la política de vivienda de este quinquenio definimos tres líneas estratégicas. Una para los que necesitan una atención integral para el acceso a la vivienda, otra es una política de alquileres como mecanismo para generar el acceso a la vivienda de sectores medios y medios bajos y por último una política de crédito hipotecario”, explicó.
Muslera agregó que se habilitará al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) a otorgar créditos sin garantía hipotecaria. Este fondo de garantía de créditos hipotecarios operaría en la Agencia de Vivienda.
“Lo que buscamos es generar un aumento en el stock de viviendas y crear gran movida en mercado de alquileres”, explicó

La agonía del secreto bancario (y II)

¿Qué pretende la OCDE de Uruguay?

Al igual que a otros países, nos exige la celebración de 12 acuerdos para evitar la doble imposición internacional o de intercambio de información, conforme a su modelo. El principal punto de controversia con nuestro sistema, sigue siendo el levantamiento del secreto bancario. A pesar de los cambios introducidos por la Reforma Tributaria de 2007, que flexibilizó esta figura, nuestra legislación aún no habilita el intercambio.

Por eso, en abril de 2009, Uruguay fue incluido en la "lista negra" de paraísos fiscales. Ante esa medida, el Gobierno uruguayo envió una carta a las autoridades de la OCDE, manifestando oficialmente su compromiso de adoptar los estándares de transparencia e intercambio de información fiscal. Esto le permitió pasar de la "lista negra" a la "lista gris" de países que aún no cumplen con el intercambio, pero que están "comprometidos a implementarlo".

¿Cuál es la estrategia de los otros "grisáceos"?

Suiza, por ejemplo, se encontraba en una situación similar a la de Uruguay y recientemente ha ingresado a la "lista blanca" de la OCDE, tras haber cumplido con los mismos requisitos que se le exigen a nuestro país. En su caso, la normativa interna no fue modificada y el secreto bancario sigue existiendo plenamente para los residentes suizos. Sólo colaborarán con los países con los que firmaron los 12 acuerdos, cuando existan sospechas fundadas de fraude o evasión fiscal, mediante solicitud fundada, que deberá contener: a) Información suficiente que permita identificar a la persona que está siendo investigada (nombre, domicilio, número de cuenta, etc.); b) declaración de la información solicitada incluyendo su naturaleza; c) propósito fiscal para el cual la información es requerida; d) nombre y domicilio de la institución bancaria que se crea esté en posesión de dicha información. Además, descarta el intercambio de información automática o espontánea. Es decir, Suiza solamente levanta el secreto bancario ante una denuncia fundada de fraude o evasión fiscal de un Estado con el cual haya firmado un acuerdo, y exige que se le provea de todos esos datos tendientes a limitar la información a brindar, excluyendo la posibilidad de que se realicen "expediciones de pesca".

¿Y "la Suiza de América"?

El 7 de junio pasado, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General, un proyecto de reforma del nuevo sistema tributario que, si se aprueba, cambiaría el tratamiento de las inversiones que se tengan en el exterior, gravando con IRPF e Impuesto al Patrimonio los prestamos efectuados a no residentes, y los depósitos, colocaciones y participaciones en el capital en entidades no residentes. Asimismo, incorporaría dos causales más de levantamiento del secreto bancario, ampliando su alcance a todas las operaciones bancarias: cuando la administración tributaria lo solicite en forma expresa y fundada, no ya por presunción de defraudación sino por el simple ejercicio de sus facultades fiscalizadoras; o cuando la administración tributaria lo solicite ante el pedido expreso y fundado de la autoridad competente de un Estado extranjero, en aplicación de convenios suscritos por Uruguay. Con esto pasaríamos radicalmente de un extremo al otro: de un sólido secreto bancario que rigió plenamente hasta la Reforma Tributaria de 2007, a la eliminación del secreto bancario frente a la administración tributaria, siempre a través de un débil proceso judicial, apenas aparente.

¿Mucho más que una rendición ante la OCDE?

Somos y fuimos un país oferente de servicios financieros internacionales. Ceder ante la OCDE, ahuyentaría la recepción de ahorros de no residentes; provocaría salidas de capitales de nuestra plaza financiera, creando una mayor incertidumbre para los inversores. Si bien nuestra situación es diferente a la de Suiza o Panamá, deberíamos considerar una estrategia que permita adaptarnos a los cambios, procurando el menor perjuicio posible para nuestra economía. El proyecto de ley remitido al Parlamento excede las exigencias que nos fueron impuestas, pues habilita el levantamiento del secreto bancario ante la solicitud de la DGI o de fiscos extranjeros con los cuales tengamos convenios "por el simple ejercicio de sus facultades fiscalizadoras". No limita la información a brindar y, de paso, equipara las atribuciones de la DGI con las de esos fiscos extranjeros, sepultando el secreto bancario también en el ámbito interno.

martes, 7 de septiembre de 2010

calificadora de riesgo dejó a uruguay a dos escalones del grado inversor

Standard & Poor’s mejoró la
nota de la deuda uruguaya

La calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poor's elevó la nota del crédito soberano uruguayo a largo plazo de 'BB-' a 'BB' y se ubicó a dos escalones del grado de inversión. El analista para Uruguay dijo que el país está en el camino correcto y desde el equipo económico se generan señales sólidas hacia el exterior.

Uruguay se colocó a dos escalones de abandonar el "grado especulativo" y recuperar el grado de inversor (o investment grade) que el país perdió, producto de la fuerte crisis económica de 2001-2002. Ayer, la calificadora de riesgo Standard & Poor's elevó un escalón la calificación del crédito soberano uruguayo pasando de 'BB-' a 'BB'. A su vez, el informe de la firma estadounidense explica que las señales que el gobierno local envía a los inversores extranjeros es de gran solidez y solvencia.

A su vez, la calificación de los bonos del Estado en moneda extranjera fue elevada por su parte de 'BB' a 'BB+', un escalón por debajo del grado de inversión que Uruguay perdió en 2002, durante la peor crisis financiera de su historia reciente y que el país aspira a recuperar antes de 2015.

La noticia se suma a la corrección semanas atrás de otra de las importantes calificadoras de riesgo, Fitch Ratings, que también ubicó a Uruguay a dos escalones del grado de inversor. Al mismo tiempo, la calificadora Moody's anunció que está en proceso de revisión de las notas de riesgo de varios países de América Latina. Y entre ellos destacó a Uruguay.

En este escenario, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, y ex ministro de Economía, estimó que Uruguay logrará recuperar el grado de inversor en dos años. Al conocerse la corrección al alza de Standard & Poor's, el analista de la firma para Uruguay, Sebastián Briozzo, explicó en conversación con Ultimas Noticias que el país "está en el camino correcto para continuar mejorando" y lograr el grado de inversor.

A pesar de ello, dijo que no se puede estimar una fecha ni un tiempo, ya que Uruguay debe mejorar algunos indicadores importantes para el análisis. "De cumplirse lo estipulado en el proyecto de presupuesto, y de consolidarse el programa económico del equipo económico de gobierno, se hace aún más estable el país y son dos factores que nosotras miramos de forma muy atenta porque generan un potencial de mejoras hacia el futuro. Con la suba en la nota, demostramos que Uruguay está en el camino correcto para el investment grade", indicó Briozzo.

Al ser consultado por cuál es la clave para continuar avanzando en la escala de calificaciones, el analista para Uruguay dijo que el manejo del equipo económico de la deuda es muy importante y que, si bien las autoridades ya han demostrado gran solvencia y firmeza en el terreno, aún tienen para continuar mejorando.

"De ahora en adelante lo que está tratando de hacer el gobierno es tener una curva de rendimientos en el mercado local con mayores alternativas de emisiones en UI. Nosotros lo vemos como un desarrollo muy interesante y que puede llegar a ser importante para la calificación de aquí en adelante", explicó Briozzo.

La calificadora Standard & Poor's tiene un cálculo de deuda diferente al manejado por el gobierno uruguayo. El dato muestra que el país no compara bien con países de similar calificación. La empresa mantiene un nivel de deuda neta del 45% del PBI cunado la media para calificaciones donde está Uruguay es de 33%. El 84% de la deuda está en jurisdicción extranjera y alrededor del 70% de la deuda está en moneda extranjera, lo cual son dos factores de fuerte debilidad para el análisis de la firma estadounidense.

La modificación de Standard & Poor's es la primera durante el gobierno de José Mujica. El analista para Uruguay dijo que han esperado los meses prudenciales para ver el comportamiento de las políticas económicas con las nuevas autoridades y concluyeron que se conformaron mejoras "sustanciales" en indicadores de alta relevancia.

Briozzo dijo que se observa "que se ha sentado un programa económico con un respaldo importante desde el punto de vista político que tiende a dar continuidad a las mejoras en cuanto a un marco fiscal prudente y en un contexto general" y creen que existen buenas perspectivas de crecimiento para Uruguay en el futuro medio.

La calificadora también informó que subió la nota de riesgo crediticio de la empresa estatal petrolera Ancap a 'BB-' de 'B+'. Standard & Poor's consideró que las perspectivas de futuro de la firma estatal es estable. El argumento para la modificación positiva fue producto de la conclusión de una "muy alta" probabilidad de que el gobierno de Uruguay provea a la firma petrolera "de apoyo extraordinario suficiente y oportuno en caso de estrés financiero, y también se basa en su perfil crediticio individual".

En cuanto a la tendencia, la calificadora mantiene la definición de "estable" por entender que Uruguay logrará mantener políticas macroeconómicas "prudentes" que compensarán los riesgos asociados con una deuda gubernamental "relativamente considerable" y con una "elevada dolarización". "La calificación soberana de Uruguay podría beneficiarse de mayores niveles de inversión que refuercen las perspectivas de crecimiento y de los avances en el desarrollo del mercado local de capitales en moneda local. Por el contrario, un debilitamiento del respaldo político para el enfoque económico actual y/o signos de deterioro fiscal podrían presionar las calificaciones a la baja", expresa el informe.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Se revierte efecto tributario entre grandes depositantes

Los indicios de que los cambios tributarios tuvieron "ciertos impactos" en los ahorros de los grandes depositantes (mayores a US$ 250.000) en bancos a junio, se revirtieron en julio.

Un reporte de la consultora CPA/Ferrere señalaba que en junio "existen leves indicios que sugieren la existencia de cierto impacto" en el sistema financiero local "derivado de los cambios en la política tributaria" que están a estudio del Parlamento (impuestos a depósitos en el exterior y flexibilización del secreto bancario, ver aparte), aunque estos "se encuentran claramente acotados a los grandes depositantes".

Ahora, otro reporte de esa consultora al que accedió El País, indica que en julio "el crecimiento" tanto en número como en monto de los grandes depositantes "más que compensó los retrocesos de meses anteriores".

Agrega que "en conclusión, los datos de julio quitan importancia a algunos de los comentarios realizados en la pasada edición. En este sentido, ni las grandes cuentas de residentes ni de no residentes acusaron impacto destacable alguno".

JULIO. Según los datos analizados por CPA, en julio había 83 "grandes cuentas" más (aumento de 1% mensual y 13,4% interanual) que en junio. "Las correspondientes a la banca oficial crecieron 2,2% en julio, mientras que las de la banca privada aumentaron un 0,4%", se establece.

En cuanto al monto, las "grandes cuentas" crecieron 2,7% en el mes, lo que representa unos US$ 168 millones más que en junio. De esa manera, se está "más que compensando la caída del mes anterior", sostiene CPA.

Ese incremento, explica un punto porcentual del 1,8% que crecieron los depósitos en julio.

En junio, en tanto, los montos de los grandes depositantes habían caído en US$ 84 millones.

El crecimiento en el monto de las "grandes cuentas" en julio "se sostuvo únicamente en la evolución de los grandes depositantes de la banca privada" (ver gráfico).

Así, los montos de depósitos mayores a US$ 250.000 en los bancos privados "se incrementaron cerca de 3,7% en el mes, mientras que sus pares vinculados a la banca oficial redujeron sus depósitos por un monto cercano a los US$ 5 millones (-0,3%)", se indicó en el informe.

"En consecuencia, el crecimiento observado en la banca privada no sólo logró ajustar caídas previas, sino que también compensó variaciones contemporáneas negativas (aunque muy leves) en la banca oficial", se apuntó.

"Ni las grandes cuentas de residentes ni de no residentes acusaron impacto destacable alguno", concluye.

En cuanto a los depósitos de no residentes (tanto mayores a US$ 250.000 como menores) estos "crecieron" en julio, "aunque dicha variación todavía no marca ninguna tendencia destacable", indica CPA. Esto es porque en junio las obligaciones con el sector no financiero no residente cayeron y desde hace algunos meses evidenciaban un claro estancamiento.
Cambios propuestos

En junio el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que prevé gravar con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto al Patrimonio las colocaciones que los residentes tengan en el exterior y además permitirá a la Dirección General Impositiva pedir a la Justicia el levantamiento del secreto bancario a efectos de fiscalizar sin que necesariamente exista una presunción de defraudación como sí lo establece la ley vigente. Estos cambios han generado polémica y rechazo de la Asociación de Bancos Privados al entender que tendrá efectos negativos en el sector.