En Punta ya aceptan propiedades en Argentina como pago de inmuebles.

Dato. Ante imposibilidad de acceder a dólares que tienen los argentinos.

Los inmobiliarios de Punta del Este agudizan su ingenio para sortear las complicaciones que afectan hoy día el mercado de ventas como el cepo cambiario aplicado por el gobierno argentino, entre otras. Aceptan propiedades argentinas como pago.

La inmobiliaria Perazzo de Punta del Este hizo circular en estos últimos días entre sus clientes argentinos un newsletter titulado "Pague con propiedades en Buenos Aires", una medida para colocar viviendas y terrenos premium en la vecina orilla.
"Oportunidad única. Propiedades especiales que aceptan como parte de pago un departamento en Buenos Aires", asegura el newsletter que ofrece como contrapartida un lujoso piso frente a la playa Brava de US$ 660.000 de tres dormitorios en suite y las clásicas amenidades ofrecidas para este tipo de propiedades del balneario.

También se ofrece un lote de US$ 165.000 que forma parte del fraccionamiento Laguna de los Cisnes, ubicado a poca distancia del aeropuerto internacional de Laguna del Sauce. Entre las propiedades ofrecidas se encuentran varias en José Ignacio.

"Acá se juntó un grupo de propietarios que no tienen problemas en aceptar una propiedad en Buenos Aires. Nosotros recibimos su planteo y armamos el newsletter que mandamos a todos nuestros clientes. Esta propuesta la enviamos la pasada semana aunque tenemos otros envíos anteriores a partir de propiedades que van apareciendo. Como tenemos muchos clientes argentinos proponemos este tipo de negocio", dijo a El País Matías Bacigalupo de Perazzo.
Es la primera inmobiliaria en aceptar este tipo de negocios.

"Hemos recibido respuesta de nuestros clientes. En algunos casos con propiedades interesantes. En otros no tanto porque están ubicadas en lugares que no interesan. La respuesta, a pesar de la época, fue muy buena. Ahora hay que concretar los negocios", enfatizó Bacigalupo.
Muchas de las respuestas recibidas en los últimos días fueron enviadas por propietarios argentinos interesados en venir a vivir al Uruguay.

"Ellos nos ofrecieron sus propiedades en Buenos Aires para tratar de conseguir alguna acá a partir de su intención de vivir en nuestro país", indicó.
Si bien al recién estrenado otoño todavía le quedan por delante varios meses de tiro, los inmobiliarios buscan cerrar negocios en un ambiente que no es el mejor luego de haber pasado los ocho años más intensos en la historia del balneario en materia de construcción y venta de inmuebles.
El cepo cambiario, aplicado desde noviembre de 2011 en Argentina -por el que es casi imposible acceder a dólares- impactó de lleno en la actividad comercial de Punta del Este afectando la venta de bienes.

Pero también tuvo su efecto en buena parte de la operativa inmobiliaria como el pago de los gastos comunes y de las cuotas de los apartamentos comprados en cuotas por ciudadanos argentinos.

OBRAS PARALIZADAS.

A su vez, el acuerdo sobre el intercambio de información tributaria entre Uruguay y Argentina afectó en mayor medida la inversión en la industria de la construcción.
Hoy en día muchos edificios en construcción cuentan con apenas el 10% de los obreros trabajando respecto de los que tenían en plantilla el año pasado. Otros edificios quedaron como meros proyectos en el pozo con carteles publicitarios impactados por los grafiteros que pintan lo que se le ponga enfrente.

En los últimos días, los inversores argentinos propietarios de un edificio en construcción ubicado en la zona de parada 4 de Punta del Este resolvieron suspender las obras.
Los problemas que enfrentan los argentinos para sacar dinero de su país y una interna disparada entre los inversores de la obra explican la finalización de los trabajos cuando todavía falta mucho para terminar.

Mercado de la vecina orilla está "paralizado".

 

 

La actividad en el mercado de inmuebles en Argentina estaba "paralizada" en enero, a raíz de la incertidumbre que provocó la brecha entre el dólar oficial y el paralelo (blue), de acuerdo a datos de la Cámara Inmobiliaria.

Su titular, Roberto Arévalo, informó que el comportamiento en el primer mes del año "no deja ver un futuro que pueda se alentador". "Cayeron fuertemente las consultas, los pedidos de tasación y todo el trabajo en las inmobiliarias", dijo. Sus estimaciones arrojan una caída de 85% interanual. "Todos se preguntan qué va a pasar", añadió.

Según explicó Arévalo en declaraciones al diario Ámbito Financiero al revelar ese dato, "el efecto psicológico que provocó una brecha entre el dólar oficial y el blue cada vez más amplia hace que todos se pregunten qué va a pasar". Lo dijo en febrero, cuando la brecha entre cotización oficial y paralela era menor a la actual.

Días después, el presidente del Colegio de Escribanos porteño, Carlos D`Alessio afirmó que el sector está casi paralizado porque muy pocos operadores aceptaban realizar transacciones en pesos argentinos, luego de que el gobierno cancelara la venta de dólares para este rubro. "El número de ventas de 1998 fue de 76.000 y el año pasado fue de 46.000 escrituras. Fue lo más bajo", dijo. El experto afirmó que la rama más golpeada era la de propiedades usadas, ya que sus propietarios optaron por suspender la oferta y esperar a que aparezca un interesado con dólares guardados antes del cepo cambiario oficial. El derrumbe del mercado fue más profundo en la provincias de Buenos Aires, donde el Colegio alertó que "2013 abrió con la misma tendencia negativa del año anterior".

Fuente: http://www.elpais.com.uy/130326/pecono-705183/economia/en-punta-ya-aceptan-propiedades-en-argentina-como-pago-de-inmuebles/

Argentinos que cruzan solo para sacar dólares de los cajeros.

La preocupación de los argentinos por obtener dólares, que en el mercado regular de ese país cotiza a $8,27 pesos argentinos, ha dado lugar a una nueva estrategia que, esta vez, involucra a Uruguay.
Según informa el portal Infobae, la técnica consiste en cruzar hasta Colonia en barco –en la tarifa más económica- portando todas las tarjetas de crédito que sea posible. Incluso, asegura el sitio citando al diario El Cronista, a veces también con los plásticos de familiares y amigos.

Al llegar al puerto, la persona se dirige a un cajero automático y compra dólares. La operación se llama adelanto en efectivo y tiene un máximo que oscila entre 20% y 10% del límite crediticio de una persona por mes, dependiendo del banco. Algunas entidades establecen un máximo de us$ 1.500 mensuales.

Así, quien tiene un sueldo de $10.000 pesos argentinos líquidos y no tiene deudas financieras, puede conseguir que su banco le otorgue hasta siete sueldos. Puede también, ir a otro banco y pedir una tarjeta con tres sueldos más. Entonces, si el 20% de este monto equivale a $ 20.000, por lo tanto podrá extraer del cajero casi US$ 4.000, ya que se hace a cambio oficial.

Sin embargo, explica el artículo, como el cajero cobra US$ 5 por transacción y la tarjeta un 40% anual de financiación por el adelanto, termina dando un dólar de $ 6,40, lo que representa 30% más barato que la cotización libre, ahora en $ 8,27 pesos.

Si se calcula $ 20.000 dividido $ 6,40, la persona obtiene US$ 3.125 limpios, que si los revende en el mercado paralelo a $8,22 obtiene $ 25.687,50. Esto supone que en un fin de semana, sin restarle el pasaje y los gastos, se hizo de $5.687,50.

Infobae añade que hay quienes incluso se fijan cuándo vencen las tarjetas (para poder tener doble extracción, al mes siguiente) y dan cuenta que el cierre ocurre diez días antes. Por ejemplo, si la fecha de vencimiento cae un viernes, sacan pasaje para ese viernes y se vuelven el sábado, de modo de poder duplicar la extracción, ya que de esta manera se contabiliza por dos meses.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/130326/ultmo-705273/ultimomomento/argentinos-que-cruzan-solo-para-sacar-dolares-de-los-cajeros/

Prevén baja de 20% en precios de alquileres.

Será por el impacto de la ley de vivienda social

 

     

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Entre los diversos impactos que generará la oferta de vivienda para la clase media en el mediano plazo, operadores privados y el gobierno estiman que bajará el precio de los alquileres. De acuerdo a la estimación del operador privado Julio Villamide, la disminución en los costos de arrendar un inmueble en Montevideo será, en un período de dos a tres años, de 20%. “En el mediano plazo van a bajar en términos reales”, dijo el experto a El Observador. Villamide es director de la revista Propiedades y consultor de gremiales de promotores inmobiliarios. Además, fue redactor del proyecto que luego se transformó en la ley de promoción de vivienda social.

La previsión es compartida por el Ministerio de Vivienda. Según dijo a El Observador el asesor del ministro, Leonardo Falkin, entre otras cosas, se explica por el importante descuento impositivo que el Estado le otorga a quienes destinen los inmuebles a ese fin. “Nosotros coincidimos en que en el mediano plazo al menos, habrá un impacto grande en el mercado de alquileres porque estamos volcando un número muy importante de viviendas al mercado”, aseguró el jerarca.

El inversor que destina apartamentos y casas promovidas por la ley al arrendamiento, tiene exoneraciones al  Impuesto a la Renta durante 10 años, que se suma a la devolución del IVA y otros impuestos a durante la construcción. “La cantidad de viviendas que se están promoviendo van a tener un impacto sensible en el mercado, que en un mediano plazo va hacer que los alquileres bajen”, sostuvo Falkin.

Cuando los privados hacían números y se frotaban las manos para construir con los beneficios de la ley de promoción, Villamide recuerda haberlos aconsejado tener en cuenta el impacto que tendrá la generación de nueva oferta sobre el precio de los alquileres.
“Pero aun así, con 20% de descenso en el precio de los alquileres en términos reales, en un plazo de dos o tres años, incluso así las inversiones generan sobrevalores de costo y rentabilidades de 6% o 7% anual neto, que es muy atractivo, más la plusvalía de la valorización de los inmuebles”, comentó Villamide.

Para un inversor extranjero, aun calculando el efecto a la baja que causará en los arrendamientos el boom en la oferta luego de la ley, sigue siendo “muy atractivo” llegar a Uruguay, concluyó el asesor privado.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/246086/preven-baja-de-20-en-precios-de-alquileres/

Mitad de nuevas casas para clase media la financian extranjeros.

Por medio de la ley de promoción de vivienda social llegan inversores de España, Argentina y Europa

 

Montevideo empieza a cambiar. El ruido de las obras se extiende ya no solo en la franja costera, y a lo largo de la capital se nota el movimiento del ladrillo y el portland. Es que a casi un año de estar vigente la ley de promoción de “vivienda de interés social”, se cuentan de a miles las casas y apartamentos a construir. La herramienta que decidió poner en marcha el gobierno de José Mujica genera un boom en el mercado inmobiliario que, por sus dimensiones, se explica por el impulso de capitales extranjeros.

De los 149 proyectos presentados al gobierno, que implican la inversión de US$ 500 millones para construir o reciclar viviendas fuera de la costa, casi la mitad se financian con dinero llegado de extranjeros, dijeron a El Observador operadores privados.

Pueden presentarse para ser promovidas con los descuentos tributarios proyectos de empresas uruguayas. Se le exige únicamente que tengan un RUT para la construcción, pero no hay objeciones con la forma de financiación. El asesor del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Leonardo Falkin, informó a El Observador que no existe un registro del origen del dinero detrás de los proyectos. “Pueden presentarse con distintas formas jurídicas, como fideicomisos, además de sociedades anónimas, en los cuales es difícil lograr identificar el origen de los fondos. No es lo que nosotros podemos hacer”, dijo.

El consultor Julio Villamide, director de la revista Propiedades y redactor del proyecto que tuvo en cuenta el gobierno para legislar en la promoción de viviendas de interés social, contó a El Observador que dentro de los inversores extranjeros que llegaron a Uruguay para invertir en el rubro se destacan españoles, argentinos y otros europeos, como suizos. También hay estadounidenses entre los privados que presentaron proyectos para construir viviendas fuera de la costa. Villamide también estima que la mitad de los proyectos presentados en el marco de la ley tienen financiación extranjera.
“Ven muchas cosas positivas. Primero: la estabilidad política que tiene el país. Para un español o para un argentino eso es fantástico. Segundo: la libertad de contratación en el mercado de los alquileres.

Ni en Argentina ni en España existe esa desregulación del mercado como existe en Uruguay. Tercero: el hecho que todos los partidos políticos y todos los legisladores votaron la ley”, comentó el experto.
Villamide entiende “imposible” que solo con inversiones locales se alcance el ritmo de inversión que se verifica en la actualidad, y la que se espera para los próximos meses.
Quienes inviertan bajo las condiciones de la ley de promoción, están exonerados del pago del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP)  y del 2% del valor del catastro que es uno de los costos que siempre se paga cuando se compra un apartamento. También está exonerado el privado de pagar el IVA cuando compra los materiales para construir la vivienda. La nueva ley también prevé la exoneración por 10 años del Impuesto al Patrimonio y del impuesto a la renta. Se calcula que en total, los constructores reducen 17% el costo general por cada proyecto. El costo de construcción por metro cuadrado sin las exoneraciones de la ley se ubica en US$ 1.400, mientras que con los beneficios se reduce a US$ 1.200, aproximadamente.

Para el acceso de la clase media a las viviendas, el gobierno lanzará mañana un instrumento por el cual se otorgan préstamos hipotecarios con financiación de hasta 90% del precio del inmueble. Gestiona con los privados destinar un porcentaje de las viviendas a un plan oficial que subsidie, además, hasta 50% de las cuotas hipotecarias.

US$ 500
Proyectos. En los 16 meses que lleva vigente la ley de promoción de vivienda social, se presentaron 149 proyectos para construir 4.460 viviendas por US$ 500 millones.

Un toque que inhibe alguna inversión
La ley de promoción pone un tope de 100 viviendas para cada proyecto que presenten los privados. En caso de exceder ese número, sin embargo, la legislación tiene previsto analizar caso a caso ese tipo de propuestas. Hasta ahora han llegado 10 proyectos para construir más de 100 viviendas, pero el gobierno no rechazó ninguno, dijo a El Observador el asesor Leonardo Falkin. Para aceptarlos se les pide aceptar un tope en el precio a un porcentaje de los inmuebles. Julio Villamide contó a El Observador que supo de un proyecto con fondos de pensión estadounidense que planteaba construir un complejo de 200 viviendas con intenciones de llegar a Uruguay. Pero al enterarse del impedimento optaron por no presentarlo.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/246085/mitad-de-nuevas-casas-para-clase-media-la-financian-extranjeros/ 

Impuesto al patrimonio será para los mismos afectados por el ICIR.

El Ejecutivo llegó a un acuerdo; lo pagarán dueños o administradores.

 

 

La alternativa al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que el gobierno tiene casi aprobada, implicará que quienes paguen sean los mismos 1.200 productores que estaban comprendidos en ese tributo o en su defecto quienes administran esos campos.
El gobierno tiene definido que los recursos para la reparación de la caminería rural saldrán del Impuesto al Patrimonio, aunque no está claro cómo se hará para acotarlo a esos propietarios.

El ICIR fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y ahora el Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de recaudar ese dinero (US$ 60 millones) para volcar a las intendencias y además afectar la concentración de la tierra.

El gabinete productivo que sesionó ayer en la Torre Ejecutiva acordó volver a implementar el cobro del Impuesto al Patrimonio sobre los inmuebles rurales. El sector fue exonerado de pagar el tributo durante el gobierno de Jorge Batlle tras la crisis de 2002.

El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo a El Observador que los detalles finos todavía no están acordados, pero sí está definido que la alternativa será mediante el Impuesto al Patrimonio.
“Hay acuerdo total en el gobierno en buscar un mecanismo que ayude a reducir la concentración de la tierra”, dijo el jerarca. “Buscamos un mecanismo ágil y eficiente, que además sirva para conseguir la recaudación necesaria para la caminería rural”, dijo Guerrero. “El tributo que va a salir no está totalmente terminado”, agregó.
Guerrero afirmó que la solución estará en “muy pocos días” y que el presidente José Mujica se lo comunicará directamente al Congreso de Intendentes.

El vicepresidente Danilo Astori también se refirió ayer al preacuerdo en el gobierno. Recordó que los productores rurales “habían sido excluidos” del Impuesto al Patrimonio “cuando les tocó pasar por momentos críticos desde el punto de vista económico” y que “hoy en día paga Impuesto al Patrimonio toda la economía con la excepción de estos productores, algo que no se justifica”. Luego de terminada la sesión del gabinete, el presidente José Mujica llamó al intendente de Río Negro, Omar Lafluf, para comunicarle la decisión. El tema será tratado el jueves entre el mandatario y todos los jefes comunales del país, cuando sesione en Durazno el Congreso Nacional de Intendentes.

Pero antes de ese encuentro, los intendentes escucharán la postura de las gremiales rurales sobre la idea de gravar a los grandes propietarios de tierra en una reunión que tendrá lugar en el local de la Expoactiva en Soriano. Si bien los ruralistas rechazan la aplicación de modificaciones tributarias, entienden que es más justo que se cobre impuestos sobre la ganancia de los campos y no sobre el capital, como quiere la mayoría del gobierno.

El fallo de la SCJ golpeó al gobierno y a las intendencias del interior, algunas de las cuales habían empezado a gastar a cuenta de lo que recibirían para mejorar la caminería rural. En algunos departamentos se pararon las licitaciones para la compra de maquinaria que se habían iniciado a mediados del año pasado, mientras que en otros casos se siguió adelante con el proceso utilizando fondos propios. Hasta diciembre del año pasado la Dirección General Impositiva llevaba recaudados US$ 9 millones.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/245646/-impuesto-al-patrimonio-sera-para-los-mismos-afectados-por-el-icir/

Tratado de Intercambio de Información tributaria y método para evitar la doble imposición

Las respuestas que toda empresa o persona con intereses económicos en Uruguay y Argentina deberá conocer

El 18 de diciembre de 2012, el Poder Legislativo uruguayo aprobó el acuerdo bilateral entre Uruguay y Argentina que regula el intercambio de información entre ambos países y establece medidas para que tanto las personas físicas como jurídicas residentes de uno o de ambos países no estén gravadas por una misma renta, evitando de esta forma la doble imposición tributaria.

1 ¿Qué información pueden intercambiar Uruguay y Argentina?

La información relevante para la determinación, liquidación, implementación, control y recaudación de impuestos; así como para el cobro y ejecución de créditos tributarios o para la investigación o el enjuiciamiento de asuntos tributarios.

La información podrá ser la que a) que obre en poder de bancos, otras instituciones financieras y cualquier persona que actúe en calidad de mandatario o fiduciario; b) la vinculada a la propiedad de las sociedades, incluyendo respecto de las personas que componen una cadena de accionistas de dicha sociedad; c) la vinculada a los fideicomisos, incluyendo información sobre los fiduciarios, fiduciantes y beneficiarios; d) sobre fundaciones, incluyendo sobre sus fundadores, miembros del consejo de administración u órgano similar y sus beneficiarios. Los países no estarán obligados a proporcionar información sobre la propiedad de las acciones de las sociedades que cotizan en Bolsa o fondos o planes públicos de inversión colectiva, a menos que dicha información se pueda obtener sin ocasionar dificultades desproporcionadas.

Se excluye expresamente las “fishing expeditions” o simple recolección de evidencia con carácter meramente especulativo, por lo que la solicitud de intercambio de información deberá ser muy fundada explicando motivos de la solicitud.

2 ¿Cuál es el procedimiento y los plazos previstos?

Cada país tendrá 90 días desde recibida la solicitud escrita para contestarla. Sin perjuicio de ello, dentro de los primeros 60 días de recibida, deberá informar si la solicitud constara de defectos de fondo o de forma que le imposibiliten cumplir con el pedido.

3 ¿Cuáles son los requisitos de la solicitud de información?

La solicitud se deberá realizar por escrito identificando la persona (física o jurídica) sometida a inspección; naturaleza de la información y período respecto del cual se solicita; el fin tributario y los motivos que justifican que la información que se solicita es previsiblemente relevante para la administración y aplicación de los impuestos de la parte requirente.

4 ¿Cuáles son los fundamentos en los que se debe basar el pedido de los países?

El país que realice el pedido debe creer que la información solicitada es conservada por el otro país u obra en su poder o bajo el control de una persona que se encuentra en su jurisdicción. Esta creencia debe estar justificada bajo una declaración que establezca que el país que requiere la información ha utilizado todos los medios disponibles que tuviera en su propio territorio para obtenerla y no la ha conseguido.

5 ¿Es posible negarse al pedido de información de uno de los países?

Sí, es posible. Cualquiera de los países se podrá negar a enviar la información si: 1) la parte requirente no hubiera utilizado todos los medios disponibles en su territorio para disponer de esta; 2) cuando no se encuentre en poder de las autoridades o que no esté en posesión o bajo control de personas que se hallen en la jurisdicción habitual del país requerido; 3) si la solicitud fuere contraria al orden público de cualquiera de los países; 4) cuando esta información esté sujeta al secreto profesional, comercial, empresarial, mercantil o a un proceso industrial; 5) cuando pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado u otro representante legal, si dichas comunicaciones se hubieran producido con el fin de recabar o prestar asesoramiento jurídico, o a efectos de su utilización en un proceso judicial.

6 ¿La información que intercambiarán los países es confidencial?

La información solo podrá comunicase a las personas o autoridades (incluyendo tribunales y órganos administrativos) encargada de la gestión o recaudación de los impuestos en el país solicitante de esta; aunque también podrá ser revelada en procedimientos judiciales públicos o a través del dictado de sentencias judiciales. Cualquier otra transmisión de la información se deberá realizar con el consentimiento del país requerido.

7 ¿Cuáles son los métodos previstos que evitan la doble imposición?

El acuerdo se aplicará a impuestos nacionales (de cada país) vigentes a su fecha de aprobación y a todo impuesto establecido con posterioridad a su aprobación.

I) Cuando un residente de uno de los países obtenga rentas sometidas a imposición en el otro (en el que no son residentes) podrán deducir en el país donde residen del impuesto que perciba sobre las rentas un importe igual al impuesto a la renta (para el caso de Uruguay) o ganancias (para el caso de Argentina) abonado en el otro país, con la limitación de que la cantidad a deducir no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta/ganancias, calculado antes de la deducción correspondiente a las rentas sometidas a imposición en el país donde no son residentes.

II) Cuando un residente de un país posea patrimonio sujeto a impuesto en el otro (del que no es residente) podrá deducir del impuesto sobre el patrimonio en el país donde es residente un importe equivalente al impuesto sobre el patrimonio pagado en el país donde no reside. Esta deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción, correspondiente al patrimonio sometido a imposición en el otro país.

III) Cuando un residente de uno de los países obtenga rentas por la prestación de servicios técnicos, científicos, administrativos o similares, pagadas por un residente del otro país, el sujeto que presta el servicio podrá deducir del impuesto que perciba sobre tales rentas un importe igual al impuesto sobre la renta pagada en el otro país. El importe de la deducción permitida por cada parte contratante no podrá exceder del impuesto sobre la renta aplicado en dicha parte, calculado antes de la deducción sobre tales rentas.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/245402/tratado-de-intercambio-de-informacion-tributaria-y-metodo-para-evitar-la-doble-imposicion--/

Grado inversor de Fitch ampliará base inversora

La última de las tres calificadoras “grandes” subió la nota de la deuda soberana a BBB- con perspectiva “estable”

Fitch Ratings se convirtió ayer en la última de las tres mayores agencias que califican la deuda uruguaya en otorgarle el grado inversor, al elevar la nota desde BB a BBB- para los títulos en moneda extranjera de largo plazo. La nueva perspectiva para la calificación corregida pasó a ser “estable”.

La noticia era esperada en el Ministerio de Economía luego de que Standard & Poor’s y Moodys’s tomaran el mismo camino el año pasado, al ubicar a la deuda soberana uruguaya en el escalón más bajo del rango de grado inversor.

La directora de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Azucena Arbeleche, dijo a El Observador que la decisión de Fitch no implicará “una disminución en el costo de fondeo de Uruguay de forma inmediata”, aunque contribuirá a “expandir la base inversora” para la deuda soberana.
Ese efecto ya lo notaron en la última operación global de deuda realizada en noviembre, cuando identificaron una “base inversora más diversificada, cuentas que antes no estaban” ejemplificó Arbeleche.

El hecho de contar con el grado inversor de las tres calificadoras “grandes” –S&P, Moody’s y Fitch– permite que más fondos de inversión, en particular de pensión o institucionales, puedan adquirir títulos del Estado uruguayo debido a que en muchos casos estos solo están habilitados a adquirir instrumentos financieros cuando tienen dos o hasta tres calificaciones en ese nivel.

Por otra parte, la gestora de la deuda local remarcó como hecho positivo el diagnóstico que realizó Fitch para otorgar la suba de nota.
“Es mucho más similar a la agenda nuestra” sostuvo, al hacer referencia a la identificación de los desafíos que enfrenta la economía local. “Hubo algún momento en que los problemas que veían no eran los que veíamos nosotros (…) hay una evaluación del país que es más adecuada a la realidad, entendemos que estamos cómodamente en la categoría de grado inversor”, destacó.

En su diagnóstico, Fitch evalúa que la economía uruguaya demostró capacidad de rápida recuperación tras la caída provocada por la crisis. Eso se ha reflejado en saludables tasas de crecimiento económico como el 3,6% registrado en 2012, pese a las dificultades que atraviesan sus mayores socios comerciales.
Valoró además la gestión fiscal “prudente” y la reducción y mejora en la composición del endeudamiento al reducir la dolarización y la flexibilidad financiera que le ha asegurado buen acceso a los mercados. También destaca el “constante desarrollo” del mercado local para ampliar las fuentes de financiamiento. Estos factores fueron valorados como positivos por Arbeleche al estar más en sintonía con la agenda del gobierno, que es la que “siempre ha marcado la política de endeudamiento”, agregó.

Fitch también destacó la “oportuna” operación de administración de pasivos con el canje que permitió estirar la curva de vencimientos de deuda.

En el plano negativo menciona que la inflación continúa elevada con una marca “cercana a los dos dígitos”, sustentada en una fuerte demanda interna, una política monetaria “aún expansiva” y “poca efectividad” en la política monetaria debido a la alta dolarización y baja intermediación financiera.

Remarca que es importante mantener la inflación en una trayectoria descendente y fortalecer la credibilidad de la política monetaria para evitar “una espiral de precios y salarios”.
La calificadora menciona además el aumento del déficit fiscal, y aventura que el gobierno procederá gradualmente a la “consolidación fiscal” basándose “principalmente en la contención del gasto en los próximos dos años”.

También estima que dificultades económicas en Argentina tendrán un efecto “limitado” en Uruguay.
Además de las tres “grandes”, la deuda uruguaya es evaluada por las agencia canadience DBRS y la japonesa R&I. Las dos posicionan a Uruguay a un paso del grado inversor (BB+), la primera con perspectiva “positiva” y la segunda “estable”.

4%
PIB. Fitch Ratings pronosticó que la economía local crecerá 4% este año y el siguiente, según la evaluación realizada al elevar la calificación de la deuda soberana.
 

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/245344/grado-inversor-de-fitch-ampliara-base-inversora/ 

El boom de la vivienda social sacude el mercado inmobiliario.

Mientras los beneficios impositivos seducen a los inversores, la clase media espera su oportunidad para convertirse en propietaria

 

Desde que el gobierno aprobó la ley 18.795 de viviendas de interés social, no paran de llegar proyectos al escritorio de la presidenta de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV), Cristina Fynn.
En los 16 meses que lleva vigente la norma, la ANV recibió 149 proyectos, lo que implica a la fecha unas 4.460 viviendas. “Pero este número cambia todo el tiempo”, reconoció Fynn en diálogo con Café & Negocios.

Esta opción se ha vuelto muy interesante para los inversores privados, quienes tentados por los beneficios fiscales que otorga la nueva ley (ver nota aparte) ven la posibilidad de hacer un buen negocio y en el corto plazo.
Las viviendas están dirigidas a la clase media, un público que enfrenta dificultades para acceder a la casa propia. Fynn aclaró que también contempla a la clase media baja, ya que desde un ingreso bruto de $ 24.500 la persona está en condiciones de acceder a un crédito bancario y concretar alguna de las propuestas.

Impacto en la construcción

Esta especie de boom que se está registrando al influjo de la ley de vivienda social ya se refleja en la construcción, y puede verse cómo crece cada vez más la edificación de este tipo de vivienda destinada a la llamada clase media, en desmedro de construcciones suntuarias.
Así lo confirmó a Café & Negocios, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui. “Para 2013 y 2014 la impresión es que la vivienda de interés social va a sustituir el enlentecimiento de la inversión en las zonas más características de Montevideo, como la franja que va de la avenida Rivera a la rambla” donde ya hay un stock suficiente de viviendas, señaló el empresario.
“Esa corriente de inversores, que tiene origen múltiple, es la que ahora está pasando a invertir en otras zonas de la capital” que están siendo promovidas por el gobierno, completó.


Alquileres a la baja

Se estima que el incremento del número de viviendas sociales presionará el precio de los alquileres a la baja.
El consultor inmobiliario Julio Villamide explicó a Café & Negocios que una parte de esos miles de viviendas va a ser comprada por inversores y colocadas en el mercado de alquileres, al tiempo que otras serán adquiridas por usuarios finales que actualmente son arrendatarios y van a pasar a ser propietarios.
Esto seguramente presionará los alquileres a la baja.
No obstante, aclaró que si bien puede llegar a haber algún “descenso en la rentabilidad proyectada”, si la situación se maneja con antelación para el inversor, la vivienda social “sigue siendo un negocio muy atractivo”.

Descentralización

De los 149 proyectos recibidos por la ANV, 101 son para Montevideo y 40 para el interior. En la actualidad hay 1.400 viviendas en construcción.
Fynn advirtió que una de las ventajas de la iniciativa es que si bien los inversores siguen construyendo en los clásicos barrios montevideanos de Cordón, Centro y Barrio Sur, también se está logrando “descentralizar” y llegar a lugares como Reducto, la Aguada, Belvedere, Brazo Oriental, Unión, Sayago, Figurita y Aires Puros.
La jerarca, que está sorprendida por la buena respuesta de los inversores, indicó que el 80% de laws unidades se venderá a particulares y solo 20% será para alquilar, según declaran los inversores, dado que otro de los objetivos del gobierno es aumentar el stock de viviendas para alquilar.

Accesible
La financiación para acceder a una de estas unidades es uno de los puntos más importantes de la nueva ley. El Banco Hipotecario (BHU) es el actor principal. La persona debe ser hacer una entrega que puede ir del 10% al 30% del costo final del inmueble y el resto se financia en cuotas a 20 o 25 años, dependiendo del caso.

De esa financiación, el 75% del dinero lo presta el Hipotecario y el 25% un banco privado, que de acuerdo al convenio que firmó la entidad bancaria estatal puede ser el Nuevo Banco Comercial, el Santander, el BBVA o el Itaú.

La gerenta del área comercial del BHU, Laura Morixe, dijo a Café & Negocios que hasta el momento se recibieron unas 100 solicitudes de préstamo, las cuales se evalúan de acuerdo al perfil del solicitante.

Aclaró que la cuota que vaya a asumir el titular “no puede superar el 30% de su sueldo”. Cuando compra un solo titular, el ingreso mínimo bruto para recibir el préstamo es de $ 19 mil y en el caso de dos titulares es de $ 24.500.

Morixe puso algunos ejemplos. En el caso de una vivienda de
US$ 75 mil –es lo mínimo que está costando una unidad en el interior del país– se puede acceder a un préstamo de US$ 60 mil a 25 años mediante una cuota de
$ 7.500 por mes.

En Montevideo los precios son más altos. Un apartamento de un dormitorio ronda los US$ 85 mil y la cuota mensual está en unos $ 10 mil.
En cuanto al proceso de compra, Morixe señaló que una vez que la persona sabe la unidad que le interesa, el BHU tasa el proyecto y estudia el perfil del solicitante como sujeto de crédito.
“La carpeta queda en suspenso hasta que la obra se termine”; en ese momento “el cliente actualiza sus ingresos, se hace la escritura del préstamo y se concreta la compraventa con la unidad terminada”.

El fideicomiso, una opción


Dos de las iniciativas enmarcadas en la ley de vivienda social son los proyectos Cádiz (que consta de dos edificios) y Egeo en el barrio La Blanqueada, promovidos ambos por Inverplus, una empresa de asesoría financiera.

Su director, Diego Pereira, contó a Café & Negocios que la función de Inverplus es asesorar a inversores de banca privada, quienes habitualmente invierten en bolsa y bonos. Como ahora, dijo, las tasas que se pagan son tan bajas, los empresarios (la mayoría uruguayos y argentinos) prefieren invertir en otros rubros y allí aparece el sector inmobiliario y la tentadora propuesta de las viviendas sociales.

Inverplus forma un fideicomiso cuyo objetivo es comprar un terreno, construir y vender las unidades en el marco de la nueva ley. “Armamos un negocio entero e invitamos al inversor a participar”, explicó Pereira.

Esta modalidad es la que rige para Cádiz y Egeo. Cádiz I y II tienen 12 unidades cada uno, sobre la misma cuadra, uno en diagonal al otro. Las unidades son de uno, dos y tres dormitorios.
Los precios van de US$ 88 mil (un dormitorio) a US$ 156 mil (tres dormitorios).
Egeo, en tanto, es un emprendimiento de 31 unidades de dos dormitorios distribuidas en cuatro plantas. El precio de la unidad ronda los US$ 132 mil.

Pereira adelantó que Inverplus tiene en carpeta un tercer proyecto sobre Maldonado y Paraguay y un cuarto edificio en Urquiza y Jaime Cibils de 80 unidades.
En ediciones anteriores, Café & Negocios ha dado cuenta de otros proyectos en construcción. Campiglia está desarrollando y construyendo cuatro proyectos de vivienda social en La Aguada, Cordón, Barrio Sur y Prado.

Dos de las iniciativas ya están en obras: El Roble, de 66 unidades, en Millán y San Martín; y Vitis, de 29 apartamentos, en Millán y Vilardebó.
La cuota mínima para acceder a un apartamento de un dormitorio es de $ 8.500.
En el interior del país, CasasUru, una empresa de capitales estadounidenses, está edificando 300 viviendas en Salto, Paysandú y Ciudad de la Costa.

Un combo de beneficios fiscales

Una de las principales bondades de la ley de vivienda de interés social 18.795, según los inversores, es la batería de beneficios impositivos que otorga para llevar adelante la construcción de un proyecto.
Según la nueva norma, los compradores están exonerados del pago del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP) del 2% del valor de catastro que es uno de los costos que siempre se paga cuando se compra un apartamento. Esto beneficia tanto al comprador (final) como al inversor.
El desarrollador también está exonerado del pago del IVA. La empresa constructora no paga IVA en los materiales que compra para construir.
Al momento de presentarse ante la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) es necesario crear un nueva empresa, ya que solo esa firma estará exonerada del pago de IVA. Este “descuento” permitirá ofrecer precios más accesibles para la clase media y media baja.
La nueva ley también prevé la exoneración por 10 años del Impuesto al Patrimonio y del Impuesto a la Renta. Estos dos últimos beneficios están enfocados en los inversores.