Gobierno prevé cerrar acuerdo con Argentina a mitad de 2012

La Ocde sacó a Uruguay de la "lista gris" en la que lo colocó en abril de 2009, aunque condicionó la nueva calificación a la firma de tratados con Argentina y Brasil antes de 2014. El gobierno prioriza un rápido acuerdo con Argentina -que espera lograr en el próximo semestre- a pesar de que deberá eludir fuertes exigencias del gobierno de Cristina Fernández.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) cambió el status de país poco transparente y de escasa cooperación fiscal que había asignado a Uruguay 32 meses atrás y lo retiró de la "lista gris" tras la firma de 7 nuevos acuerdos que evitan la doble imposición tributaria y posibilitan el intercambio de información.

El organismo dijo ayer en un comunicado, que Uruguay mostró su interés por la implementación de "estándares globales" tras la firma y ratificación parlamentaria de 18 acuerdos con Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Groenlandia, Hungría, Islandia, Islas Faroe, Liechtenstein Malta, México, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza, algunos de los cuales entraron en vigencia horas antes del anuncio del organismo.

Sin embargo, la cualidad de pertenecer a la "lista blanca" y el avance hacia una segunda fase en el ordenamiento de países considerados eficaces en la gobernanza tributaria está atado a la puesta en práctica de los instrumentos jurídicos firmados para que, a través de estos, exista efectivamente intercambio de información.

La Ocde condicionó a Uruguay a la firma de tratados con países "relevantes" antes de una nueva revisión que tendrá lugar en 2014, en una clara alusión a Argentina y Brasil, con quienes el gobierno ya estudia la implementación de tales acuerdos y espera ver los resultados en el correr de los próximos meses.

Una fuente del gobierno en conocimiento de las negociaciones dijo ayer a Ultimas Noticias que las gestiones con Argentina podrán tener sus resultados antes de mediados de 2012, al tiempo que los lineamientos generales con Brasil serán abordados al más alto nivel por los presidentes José Mujica y Dilma Rousseff en la próxima cumbre del Mercosur que tendrá lugar en Montevideo, el martes 20.

Uruguay confía definir allí "un cronograma" de trabajo que permita avanzar hacia un acuerdo con el país norteño, aunque advirtió acerca de una serie de "complejidades técnicas" que demandarán más plazo, en comparación con Argentina.

El gobierno prioriza actualmente un rápido acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández, aunque no está dispuesto a conceder la exigencia del vecino país de incluir la doble imposición tributaria, y para ello busca un instrumento que permita que quienes paguen impuestos en Uruguay puedan descontarlo de sus obligaciones ante los organismos de aquel país y viceversa.

Las autoridades locales también deberán eludir la desconfianza de algunos sectores locales en relación al levantamiento del sistema de acciones al portador.

El mecanismo previsto para administrar un sistema que también mereció fuertes observaciones de la Ocde establece que sea la Dirección General Impositiva (DGI) -una oficina subordinada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- quien administre toda la información sobre ellas, y los empresarios temen que "existan presiones de gobierno a gobierno" a la hora de solicitar a la Justicia el levantamiento de la información, dijo a Ultimas Noticias un representante de un importante estudio jurídico y tributario local.

SOBRIEDAD

El anuncio y "la felicitación" del titular de la Ocde, Ángel Guiria, fue recibida oficialmente con sobriedad por el gobierno, acaso como consecuencia de algunas heridas aún abiertas tras los embates del

G-20, las consideraciones del Foro sobre la Transparencia y el Intercambio de Información, y de la penúltima revisión de la Ocde, que mantuvo al país en la "lista gris" a mediados de octubre. Aquella reacción en cadena disparó el incidente diplomático con Francia tras la acusación del presidente Nicolás Sarkozy de apartar a Uruguay de la comunidad internacional por considerarlo un "paraíso fiscal".

"La medida es una muestra del compromiso del gobierno con los estándares y prácticas internacionales (…) y es el resultado de un largo pero fructífero proceso de gestiones técnicas y diplomáticas" de los ministerios de Relaciones Exteriores (RR.EE.) y Economía y Finanzas, resumieron a media tarde de ayer ambas carteras a través de una brevísima declaración política conjunta.

Sin embargo, hubo algunas señales que demostraron que la noticia impactó en los sectores del gobierno encargados de la conducción económica, que habían sido cuestionados en octubre cuando desde Torre Ejecutiva algunos deslizaron que la permanencia en la "lista gris" representaba un "fracaso" del astorismo en el tema. El vicepresidente Danilo Astori repasó ayer en una improvisada rueda de prensa varias de las medidas adoptadas por Uruguay desde 2007, donde además de la firma de tratados mencionó la incorporación del cobro del impuesto a la renta al sistema tributario. "Las cosas vuelven a ser como nunca debieron haber dejado de estar", dijo apoyado en estadísticas que indican que Uruguay está por encima de de 18 de los 20 países del G-20 en relación a la transparencia.

También buscó avanzar en el damero por partida doble tras la mención a una reciente operación de manejo de deuda realizada por el MEF, que deja a Uruguay en inminente condición de recuperar el grado de inversor (ver recuadro). El director de la DGI, Pablo Ferreri, también destacó "la seriedad de las políticas del gobierno" en su cuenta de twitter.

Injusticias, calificadoras y grado inversor

El vicepresidente Danilo Astori capitalizó ayer dos hechos de fuerte relevancia vinculados a la gestión económica, en momentos en que ciertos sectores del Frente Amplio (FA) marcan algunas diferencias con su línea, que expresan el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Lorenzo y el titular del Banco Central (BCU), Mario Bergara.

Astori criticó nuevamente las decisiones del G-20, aunque destacó el compromiso de Uruguay con las "sugerencias" que realicen distintos agentes e instituciones económicas.

Un segundo abordaje correspondió al reclamo sobre el grado de inversor que las principales calificadoras de riesgo crediticio niegan a Uruguay, a pesar de la evolución de ciertos indicadores macroeconómicos.

"Se trata de otras de las injusticias, recurrentes", dijo el vicepresidente en relación a las empresas analistas que, a su juicio "repiten sus fallas contra Uruguay".

Astori reclamó el otorgamiento del grado inversor en el primer trimestre de 2012 tras mencionar la reciente operación dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que emitió un bono en unidades indexadas por el equivalente a U$S 2.000 millones, con el que el gobierno elevó la composición en moneda nacional por encima de la meta, obtuvo mejores plazos en sus vencimientos y obtuvo fondeo en su caja.

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/articulos/prints-2011dic16/eco01.html