DGI podrá acceder a nombres de titulares de acciones al portador.

Quedará habilitada a pedir información en el marco de investigaciones por defraudación.

Si bien el Ministerio de Economía (MEF) resolvió excluir a la Dirección General Impositiva (DGI) del control de las nóminas de titulares de acciones al portador de sociedades anónimas, el organismo recaudador podrá acceder a esa información en el marco de fiscalizaciones y ante la presunción de defraudación impositiva, según quedará definido en el proyecto de ley que modificará ese régimen jurídico.

La principal corrección que introducirá Economía sobre el texto originalmente redactado será depositar en la Auditoría Interna de la Nación (AIN) la facultad de resguardar la información de los titulares de acciones al portador.

No obstante, la DGI –que en principio cumpliría esa función– podrá solicitar los datos a la AIN por la vía administrativa y sin intervención de la Justicia, siempre que el pedido se concrete para empresas puntuales que estén bajo investigación. Además la DGI seguirá siendo el nexo para el traspaso de la información a fiscos extranjeros que la soliciten, aunque en esos casos no podrá hacer uso de ella.

Otro de los cambios previstos permitirá exonerar a las personas jurídicas extranjeras que no tengan una “actividad económica sustantiva” en el país de identificar a sus accionistas, aunque todavía no está definido qué criterio será utilizado para definir ese extremo.

Se deberá establecer si estarán ,obligadas a explicitar la nómina de accionistas firmas que tengan un inmueble o un depósito bancario, a modo de ejemplo, pero que su actividad económica no sea relevante a nivel local, comentaron informantes que participaron de los contactos con Economía.

También se buscará establecer límites a la determinación de la figura del “beneficiario efectivo”, que en grandes líneas implica la identificación del titular último de la renta generada por una actividad económica. En caso de que el beneficiario de una actividad de fuente local sea en última instancia una persona jurídica del exterior, se buscará que la responsabilidad en la determinación de sus titulares quede limitada exclusivamente a las sociedades que operan en los límites territoriales.

Los cambios a estudio fueron transmitidos por asesores del MEF que trabajan en la redacción del texto a representantes empresariales, en contactos mantenidos en los últimos días en el marco de una ronda de difusión del proyecto que lleva adelante la Secretaría de Estado con el sector privado.

Desde el MEF confirmaron a El Observador que se “abrió un proceso de análisis” para la redacción del nuevo texto pero evitaron dar mayores detalles.

Entre los expertos tributarios consultados por El Observador quedó flotando la percepción de que se optó “por el camino del medio”.

El “peor” de los escenarios, ya descartado, facultaba a la DGI a ser depositaria de la información de la nómina de titulares de acciones.

En el otro extremo, y el más conveniente para el sector privado según la consideración de profesionales, era la eliminación lisa y llana del régimen. Con esa hipótesis, se iría hacia un sistema con acciones nominativas donde el listado de titulares quedaría a resguardo de cada empresa. Economía descartó esa opción.

En cambio, en el modelo “intermedio” que resolvió aplicar el MEF será otra entidad estatal, la Auditoría Interna de la Nación, la que se encargará de compilar la información. Para garantizar la confidencialidad de los datos, el gobierno pretende endurecer las sanciones para los funcionarios de la AIN que cometan infidencias o hagan un mal manejo de la información, según se establecerá en el proyecto de ley. Además, se generará un procedimiento para que todas las SA con acciones al portador puedan convertirse a nominativas si así lo desean.

La nueva redacción permitirá generar una “base de apoyo” en el entorno empresarial “mucho mayor” que la que tenía la idea original, informaron fuentes al tanto de las negociaciones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) exigió la modificación del régimen de acciones al portador, además de la firma de acuerdos de intercambio de información tributaria con Argentina y Brasil para excluir a Uruguay de la lista de países poco colaboradores en la lucha contra el lavado de activos.

Cambios van en la “mejor” dirección
Marcelo Lombardi, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, se limitó a decir que los cambios que proyecta el gobierno para el proyecto que modifica el régimen de acciones al portador “van en la mejor dirección para los intereses de Uruguay”.
Otro de los sectores que analizó el tema con el ministro Fernando Lorenzo fue la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). El martes una delegación encabezada por su titular Ariel Cagnoli y los directivos Anibal Durán y Ricardo Weiss salieron conformes de la reunión porque percibieron que se va “hacia un camino de equilibrio entre las partes”. Weiss, uno de los principales impulsores de la construcción en Punta del Este, dijo a El Observador que “lo importante es ir despejando incertidumbres, porque con incertidumbre la gente se queda quieta”. Dijo que los cambios son “una buena señal”.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/219635/dgi-podra-acceder-a-nombres-de-titulares-de-acciones-al-portador/