Preocupa que DGI conozca a titulares de acciones al portador.

El nuevo proyecto otorga “discrecionalidad” al órgano recaudador para solicitar datos, según empresarios y oposición. Les preocupa que la DGI pueda conocer a quienes son los titulares de las acciones al portador.

La norma que instrumenta un registro para identificar a los titulares de las acciones al portador de las sociedades anónimas permite solicitar información a la Dirección General Impositiva (DGI). El Ministerio de Economía dice que es para equiparar potestades con los organismos recaudadores de otros países, y que los pedidos no podrán realizarse para los "operativos de pesca".

El Poder Ejecutivo remitió el jueves al Parlamento el proyecto de ley que diseña el mecanismo para identificar a los titulares de acciones al portador de las sociedades anónimas.

El mismo restringe el acceso a la información a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU), la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, y DGI, una oficina sobre la que varios legisladores observan inconveniencias en las nuevas potestades asignadas porque consideran que la dota de un exceso de discrecionalidad para su uso.

No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas, autor del proyecto, sostiene que la potestad de la DGI de acceder a la nómina obedece a la necesidad de "alinear el derecho que tiene cualquier administración tributaria extranjera con el que tiene nuestra administración tributaria", según afirmó el titular de la cartera, Fernando Lorenzo, durante su concurrencia a la comisión de Hacienda de Diputados.

Para el jerarca, la no inclusión de ese organismo entre los que tienen acceso "debilitaría a nuestra administración tributaria en beneficio de algo a lo que tenemos derecho", dijo tras explicar que su ausencia permitiría la posibilidad de acceder a información de un país tercero a un tipo de datos sobre los que no se puede acceder en nuestro país.

Agregó que si las solicitudes de países con los que Uruguay tiene firmados tratados de intercambio de información llegaran a través de la DGI, esta debería entregarlos "sin poder tocarlos", y descartó que la redacción del articulado tenga como objetivo "avanzar sobre nada que tenga que ver con derechos protegidos en la intimidad individual.

No obstante, exceptuó que la información sobre dueños de los títulos de acciones al portador pueda ser solicitada para el diseño de las operaciones de pesca -conocidas en la jerga como los operativos al barrer para detectar infractores-, una facultad que está expresamente excluida de las exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en sus protocolos de intercambios de cooperación.

POTESTADES

La eventual inconveniencia de que la DGI acceda a los datos, siempre que "se soliciten una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados", como señala el artículo 4º, ya había sido advertida semanas atrás por el experto tributarista de la consultora CPA Ferrere, Gianni Gutiérrez, en ocasión de presentar algunas conclusiones del nuevo proyecto ante los clientes de esa firma.

Sin perjuicio de ello y de las observaciones manifestadas por el empresariado, también hay diputados que observan la normativa. En diálogo con Ultimas Noticias, el diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo que "existe preocupación por la discrecionalidad que va a tener la DGI para disponer de esa información" porque puede llegar a ser "usada en forma inconveniente", independientemente de que las garantías de secreto y de las fuertes sanciones que pesan ante la evasión del secreto.

A su juicio, el proyecto "debe incluir restricciones", como la necesidad "de fundamentar debida y detalladamente el uso que la DGI quiere dar a la información requerida", aunque reconoció la dificultad de integrar a un tercer organismo que juzgue "el punto exacto de lo que está debidamente fundamentado, y lo que no".

Según la Ocde, la posibilidad de que intervenga un juez cuando hay un requerimiento de información está excluida, y en este punto convergen tanto el oficialismo como la oposición.

Posada también consideró que, así como las solicitudes de información para operativos de pesca en Uruguay no están permitidas, la misma cláusula deberá incorporarse para los solicitantes extranjeros. "No es posible que un país solicite información para realizar una función que no podemos hacer nosotros", dijo, tras señalar que la oportunidad de realizar correcciones al proyecto debe aprovecharse para corregir asimetrías tales como "que una acción nominativa pague impuestos cuando se traspasa, mientras que la acción al portador no lo hace ante una idéntica situación", expresó.

Pero Posada no es el único que tiene aspectos críticos. El nacionalista Pablo Abdala también cuestionó en diálogo con Ultimas Noticias que la DGI acceda a la información "sin la mediación de un tercero imparcial", dijo, y argumentó que la redacción otorga un "exceso de discrecionalidad a la DGI". Y si bien evaluó positivamente la prohibición de requerir datos para operativos de pesca, el legislador afirmó que "así como está, el proyecto arroga potestades que limitan las garantías de los contribuyentes", dijo.

También el diputado nacionalista Jorge Gandini expresó sus observaciones a Ultimas Noticias. Dijo que en la medida que la redacción del proyecto del MEF "prevé disposiciones que claramente no son solicitudes previstas en los acuerdos de la Ocde".

En ese marco, "es necesario clarificar cuál es el real alcance del uso que la DGI podrá dar a los datos solicitados", expresó, aunque aclaró que el proyecto está en una etapa inicial de discusión.

Junta de Ética

El nacionalismo propondrá que la Junta de Ética y Transparencia también pueda acceder a la nómina de titulares de acciones al portador, dijo a Ultimas Noticias el diputado Jorge Gandini. Argumentó que servirá para detectar posibles casos de corrupción en la función pública, en la medida que dicha oficina posee las declaraciones juradas de todos los funcionarios. Según el proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, las únicas oficinas que pueden acceder a la nómina accionaria son el Banco Central, la Junta Antilavado, la DGI y los juzgados penales.

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/Edicion-UN/hoy/portada/economia.html