Uruguay prefiere régimen donde DGI conozca a dueños de acciones.

Modelo alemán es el que más se adecua al interés del gobierno para cumplir requisitos de OCDE.

El Ministerio de Economía realizó una serie de contactos con especialistas privados para consultarle el mejor camino a seguir ante la exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que cuestiona el régimen de acciones al portador vigente, que es además el sistema empresarial más extendido.

Para la OCDE, las acciones al portador que permiten mantener el anonimato de los titulares de sociedades choca contra el régimen de transparencia de información que impone el organismo.

Fuentes oficiales dijeron este lunes a El Observador que la exigencia “no necesariamente implica eliminar las acciones al portador”, y analizan un camino “del medio” siguiendo lo hecho por otros países.

Para ello, se apoyan en tres experiencias concretas: la panameña, la francesa y la alemana.

Panamá decidió mantener las acciones al portador pero se designa un responsable, generalmente un abogado, que es el depositario de la información que identifica a los propietarios de una sociedad anónima. Francia determinó que sea el sistema bancario el que conozca los nombres de los dueños de las acciones.

Mientras que Alemania aplica un sistema donde las sociedades deben informar al organismo recaudador una vez al año –con la declaración jurada de impuestos–, quiénes son sus accionistas.

En el gobierno el sistema alemán es el que más convence por las garantías que ofrece el Estado y porque la DGI opera bajo el régimen de secreto tributario. Esa garantía permite que la información solo sea compartida con otro fisco, si este la reclama.

El régimen de Panamá es rechazado al entenderse que se le daría a un privado la responsabilidad de conocer a los accionistas.

A pesar de esta observación de la OCDE sobre las acciones al portador –el sistema de acciones nominativas continuará sin modificaciones–, el gobierno aspira a salir de la lista gris del organismo “este mes”.

Uruguay permanece en la nómina de países “poco colaboradores” con el combate al lavado de activos desde abril de 2009.

En el correr de octubre Uruguay concluirá la meta de haber logrado acuerdos para evitar la doble tributación con un mínimo de 12 Estados, al tiempo que continúa negociando una media docena extra. La aspiración oficial de blanquear la imagen del país está en sintonía por lo dicho a El País por Pascal Saint-Amans, jefe del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, para quien Uruguay “no está lejos de ser removido de la lista gris”.

Argentina.
Pero la firma de esos acuerdos no excluye a Uruguay de quedar expuesto a suscribir uno con Argentina, lo que puede ahuyentar a inversores de ese país que hoy tienen intereses en la economía local. De hecho, una de las observaciones de la OCDE refiere a que se deben establecer convenios de intercambio de información con “socios relevantes”.

Según supo El Observador, a comienzos de año Argentina oficializó en la cancillería un pedido para firmar un acuerdo que fue remitido al Ministerio de Economía. El ministro Fernando Lorenzo es partidario de adecuarse a las normas internacionales vigentes. Las fuentes consultadas señalaron “que es un riesgo alto” decidir dejar de cumplir con las exigencias de la OCDE.

Alberto Barreix, economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló a El Observador que “Argentina tiene el derecho de pedir información y Uruguay el de hacer su programa de negociación”.

Desde Washington, opinó que el tema “debe incluirse en las negociaciones bilaterales por otros asuntos (como energía y dragado de canales) aunque se trate por separado”. También comentó que hay países que le pidieron acuerdos a EEUU y deben esperar “varios años” para concretarlo.

En tanto, el tributarista Carlos Loaiza dijo a El Observador que cuando hay un pedido oficial, en este caso de Argentina, “ el camino es colaborar” y ese país “puede perfectamente separar los temas de lo bilateral, porque se trata de un asunto internacional”.

“En concreto, Uruguay puede buscar una estrategia de negociación amparándose incluso en el déficit institucional y fiscal del Mercosur, pero también Argentina puede presionar en la OCDE en el G20 o en el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales”, agregó

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/210509/uruguay-prefiere-regimen-donde-dgi-conozca-a-duenos-de-acciones/