Uruguay encarará cambios legislativos graduales para poder intercambiar con otros países datos tributarios y financieros en forma automática. Eso supone que ya no se requerirá autorización judicial para levantar el secreto bancario para la DGI o fiscos extranjeros.
En el gobierno lo tienen más que claro y ya en mayo preveían que en dos años Uruguay debía ir hacia el intercambio automático de información tributaria y financiera con otros países, lo que daba tiempo para procesar el fin del secreto bancario, había informado El País. Ayer, fuentes del Frente Amplio dijeron a El País que Uruguay se comprometió a intercambiar información automática y que el nuevo gobierno resolverá las modificaciones legislativas.
"No tenemos mucha chance, no hay mucha cintura para hacer cosas diferentes (a las del resto de los países) en esto", afirmó una fuente al tanto de las negociaciones. La idea es procesar los cambios —que el secreto bancario sea levantado sin necesidad de autorización judicial como hasta ahora— "lo más gradual posible", agregó.
El intercambio automático supone pasarle a otro Estado datos de cuentas bancarias, compraventa de activos y estados financieros de empresas y personas físicas de ese país que residen en Uruguay.
La Dirección General Impositiva también debería acceder a información bancaria sin necesidad de autorización judicial para estar en pie de igualdad con los fiscos extranjeros.
El ministro de Economía, Mario Bergara dijo ayer a El País que "evidentemente el secreto bancario en esta lógica se sigue erosionando" (ver aparte).
"El secreto bancario a efectos fiscales está llegando a su fin ya que los países y los principales centros financieros se comprometen a un intercambio automático de información entre jurisdicciones", señalaba un comunicado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en mayo pasado.
Eso se vio reflejado en que 51 jurisdicciones —entre ellas Argentina, Colombia, Alemania, Italia, Malta, Reino Unido, Corea— acaban de cerrar en Berlín un Acuerdo Multilateral de Intercambio de Información Tributaria y los primeros intercambios serán en 2017. Otras tres jurisdicciones —Uruguay, Colombia y Niue— se comprometieron a empezar a intercambiar información automática a partir de 2017 (según informó ayer el diario El Observador), pero sin integrar el acuerdo multilateral.
El director de la AFIP de Argentina, Ricardo Echegaray se congratuló de la decisión uruguaya (ver aparte). Otras cinco jurisdicciones (Panamá entre ellas) se negaron a firmar el acuerdo y a indicar una fecha para adoptar el nuevo esquema.
Además, 34 jurisdicciones (entre ellas Brasil, China, Canadá, Suiza, Australia, Rusia) se comprometieron a intercambiar información automática a partir de 2018, pero al igual que Uruguay sin integrar el acuerdo multilateral.
"Es una técnica para ganar tiempo. La OCDE favorece el multilateralismo, pero Uruguay se compromete a firmar con cada país", dijo a El País el profesor de Derecho Financiero y de Tributación Internacional en la UdelaR y en la Universidad de Montevideo y socio del estudio Sanguinetti/Foderé, Carlos Loaiza.
"Uruguay hizo un compromiso político de intercambiar información en forma automática. Para eso debe previamente modificar su ley de secreto bancario que exige autorización previa del juez", dijo a El País el profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica y socio del Estudio Brum-Costa, Leonardo Costa. "Uruguay se compromete al intercambio de información vis a vis con países que firmó tratados y no necesariamente que intercambien en el multilateral", indicó.
Uruguay intercambia información tributaria con los 29 países con los que actualmente tiene acuerdos (entre los que están Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Corea, Suiza), pero es por requerimientos puntuales cuando hay sospecha de evasión y con la intervención previa de la Justicia.
Con el cambio, pasaría a intercambiar datos "al barrer", sin necesidad de intervención judicial previa. En algún momento del año, Uruguay deberá intercambiar toda la información tributaria y financiera que posea sobre residentes de un país con el que tenga acuerdo (por ejemplo de argentinos con el organismo de ese país). Esto supone "estados financieros, dividendos, intereses, resultados de ventas de activos de empresas y personas físicas", dijo Loaiza.
El país no intercambiará automáticamente con las 51 jurisdicciones firmantes del acuerdo multilateral a la vez, sino que lo hará bilateralmente con aquellos países con los que ya tenga convenio.
Costa indicó que serán "las instituciones financieras quienes tendrán la carga de identificar no solo a residentes de un Estado u otro, sino también a cuentas bancarias y datos reportables, e incluso debiendo aplicar, en ciertos casos, un régimen de transparencia, a los efectos de identificar a las personas controlantes o beneficiarias". Con ello se da "una suerte de levantamiento total y absoluto del secreto bancario y profesional asociado a las entidades financieras, a los efectos de que se transmita información financiera en masa de forma continua por períodos determinados de tiempo", añadió.
Para Costa "la DGI debiera acceder automáticamente a la información, ya que si lo hace a extranjeros ¿por qué no a los residentes?" pero es "una pregunta aún sin respuesta".
Según Loaiza "no hay que ser alarmista" ya que "este es un proceso gradual" aunque "representa un gran desafío a la intimidad, a la evolución histórica que tuvo el secreto bancario en Uruguay".
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