Dato. Algunas empresas recurren a testaferros para evitar la identificación
La ley que entró a regir el 1° de agosto da un plazo de 60 días para que los dueños de títulos al portador se identifiquen ante la entidad que los emitió, mientras que esta tiene 120 días para dar el dato de quiénes son los dueños en una declaración jurada al Banco Central (BCU). Se suponía que al 1° de agosto todo debería estar listo para que esto comenzara a procesarse, pero no fue así.
Por ejemplo, el BCU emitió una circular recién el miércoles en la que dio instrucciones a los escribanos para que inscriban su firma digital de manera que luego puedan certificar las declaraciones de las entidades.
Por otra parte, la ley estableció un proceso simplificado para que las entidades que lo deseen se pasen de acciones al portador (que hasta ahora no se sabían quienes eran sus dueños) a nominativas (le entidad conoce los dueños de las acciones), pero el Registro de Comercio y la Auditoría Interna de la Nación (AIN) están trabajando aún en armar el documento que se debe presentar para realizar esas reformas.
Asesores de la plaza dijeron a El País que, en este sentido, muchas entidades para no complicarse están recurriendo a poner a una sola persona con el 100% de las acciones de manera de que sus verdaderos dueños sigan en el anonimato. Si bien la ley establece que se debe identificar a los beneficiarios finales, los operadores indicaron que en los hechos eso no es controlable y por eso el uso de testaferros.
PIDEN MÁS PLAZO. El socio del estudio Guyer & Regules, Álvaro Tarabal, dijo a El País que era previsible que iba a haber demoras para cumplir con el registro y que "los plazos son muy cortos".
Señaló que "hay que dar tiempo a los accionistas a procesar la información" y que eso no es sencillo porque muchos están en el exterior y hay que explicarles desde cero.
Ante la situación generada con las acciones al portador, varios estudios jurídicos recomiendan a sus clientes cambiarse a nominativas.
"Más vale ir a nominativizar (las acciones) porque lo otro pierde toda la gracia" afirmó el socio del estudio Posadas, Posadas & Vecino, Ignacio de Posadas. Añadió que era lógico que "esta bicefalía de BCU (por un lado) y AIN y Registro de Comercio" por otro iban a traer inconvenientes.
La otra dificultad, expresó, "son los plazos inútilmente exiguos, más cuando muchas sociedades tienen accionistas extranjeros".
El socio del Departamento Tributario del estudio Sanguinetti/Foderé, Carlos Loaiza dijo a El País que hasta el momento ningún cliente tomó la decisión de pasarse a nominativas, aunque de hecho su estudio no lo recomienda.
Por otro lado, mencionó que hay varios "argentinos que se quieren salir del mercado de sociedades uruguayas" porque "prefieren evitar vínculos con Uruguay" tras la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina.
Un documento del estudio Sanguinetti/Foderé para clientes señala que "deberá evaluarse ante cada caso, la conveniencia de mantener una estructura de participaciones patrimoniales al portador o migrar hacia un esquema de participaciones nominativas o escriturales".
Agrega que "sólo resta que se apruebe la anunciada equiparación tributaria de las acciones al portador con las acciones nominativas, para que se decrete en los hechos la muerte civil de las acciones al portador".
Loaiza recordó que mientras eso no suceda, la compra/venta de acciones al portador está exonerada de impuestos, mientras que la de acciones nominativas no.
Según De Posadas, hay sociedades que solo tienen inmuebles y cuyas acciones no se negocian habitualmente, por lo que no les sirve seguir siendo al portador.
Hay 138.000 sociedades comerciales en el país
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Uruguay hay unas 138.000 sociedades comerciales de distinto tipo.De esa cifra, hay entre 50.000 y 55.000 activas entre las que están aquellas con acciones al portador, cooperativas agrarias, fideicomisos y otras. Por otro lado, hay 7.000 sociedades nominativas.
Cuando explicó la ley en el Parlamento, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo dijo que como es "muy amplia la cantidad de empresas activas y ampliamente mayoritarias que tienen acciones al portador", el gobierno optó "por esa solución" de crear un registro de propietarios de títulos al portador "que cumple con las obligaciones existentes en la materia y asegura que se hace una distorsión mínima del funcionamiento de los negocios en el Uruguay".
La necesidad de que el Estado pueda identificar a los dueños de títulos al portador parte de una de las recomendaciones del Foro Global de Transparencia Fiscal, cuando en octubre pasado no aprobó que Uruguay pasara la fase I de revisión.
Tras la aprobación de la ley, la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina y la negociación de otro con Brasil (otras dos recomendaciones del Foro), el gobierno solicitó que se vuelva a revisar su situación para poder pasar a la Fase II.
"El pasaje a la Fase II es un objetivo fundamental para el Uruguay a los efectos de asegurar el mantenimiento y la mejora de la inserción internacional que tiene y aspira tener", aseguró Lorenzo en aquella ocasión. Se estima que antes de fin de año, Uruguay supere la Fase I.
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