Aconsejaron a la Justicia medir el impacto de sus acciones para levantar el secreto bancario.
El gobierno avaló el procedimiento judicial realizado en la oficina del Royal Bank of Canada a pedido del juez argentino, Norberto Oyarbide, que implicó el allanamiento y confiscación de computadoras y documentación y llevó a la entidad a resolver dejar de operar en el país a partir del 31 de octubre.
Consultado por la prensa si el episodio del alejamiento del RBC afectaba la imagen del país frente a los inversores, el secretario de la Presidencia, Homero Guerro, respondió: “Creo que es totalmente al revés. Repercute de forma positiva en el país porque demuestra un control y que Uruguay se está adaptando a los nuevos tiempos”.
En el otro extremo se posicionaron expertos y especialistas consultados por El Observador que sugirieron al Poder Judicial “medir” las consecuencias de su accionar y cuestionaron el procedimiento empleado para requisar información RBC, avalado por la justicia uruguaya. Los estudios que trabajan con inversores del extranjero coinciden en que este hecho “no cayó bien” entre sus clientes y generó un sinfín de consultas (ver nota aparte).
Por su parte, el excanciller y abogado, Didier Opertti, dijo a El Observador que si bien el tema parece ya no tener retorno ante el anuncio del RBC de cerrar su oficina en el país con el consecuente “efecto negativo” sobre el sistema financiero, hay que repensar la “cooperación interjudicial” entre jueces de distintos estados.
“Debe ponderarse la proporcionalidad ante la medida y los efectos que esta puede llegar a producir “, sugirió. Para Opertti, intervenir una institución bancaria y llevarse todo el sistema informático como ocurrió con el RBC para luego devolverlo parcialmente, “no parece ser una medida proporcional a la obligación de cooperar con la Justicia de otros países. Ese tipo de cooperación debe prestarse de un modo que proteja, por un lado el principio de soberanía del Estado donde está afincada la empresa o negocio. En segundo lugar, la solicitud no puede llevarse a cabo causando un perjuicio irreparable”, añadió.
En el allanamiento al RBC en su oficina de Zonamerica, el juez Oyarbide ordenó la incautación de 45 computadores y otros objetos de trabajadores como celulares, lo que representó una requisa de información muy superior a la requerida para el proceso.
El tributarista, Leonardo Costa, dijo a El Observador que este procedimiento fue “desmesurado” y que pudo transitarse por otra vía. “La información se podía pedir al Banco Central, midiendo la proporcionalidad de la medida. La Justicia o cualquier poder político debe medir siempre la proporcionalidad de las medidas”, afirmó Costa en línea con Opertti. Agregó que este tipo de procedimientos “causan impacto” sobre los inversores y “no son inocuas”. “Si esta medida (por el allanamiento y requisa de computadoras) se hubiera tomado contra un banco de la plaza financiera local, pudo haber generado un caos”, ejemplificó.
El tributarista, Leonardo Costa, dijo a El Observador que este procedimiento fue “desmesurado” y que pudo transitarse por otra vía. “La información se podía pedir al Banco Central, midiendo la proporcionalidad de la medida. La Justicia o cualquier poder político debe medir siempre la proporcionalidad de las medidas”, afirmó Costa en línea con Opertti. Agregó que este tipo de procedimientos “causan impacto” sobre los inversores y “no son inocuas”. “Si esta medida (por el allanamiento y requisa de computadoras) se hubiera tomado contra un banco de la plaza financiera local, pudo haber generado un caos”, ejemplificó.
Por su parte, el socio y tributarista del estudio Sanguinetti-Fodere, Carlos Loaiza, comentó que no contaba con elementos para evaluar el procedimiento del RBC en Zonamerica.
No obstante, comentó que en estos casos debe primar un criterio más “político” que “técnico”, resguardando la independencia del Poder Judicial. Para Loaiza, es “relevante” –para evitar distorsiones en las informaciones que reciben los inversores– que los fallos judiciales “tengan en cuenta el posible impacto en la forma, en cómo se desarrolla y comunica a la opinión pública”. En ese sentido, indicó que países como Estados Unidos los tribunales superiores de la Justicia, toman en cuenta los efectos económicos no sólo de las decisiones judiciales “sino de la forma” en la que se toman las mismas, a los efectos de comunicarlas.
No obstante, comentó que en estos casos debe primar un criterio más “político” que “técnico”, resguardando la independencia del Poder Judicial. Para Loaiza, es “relevante” –para evitar distorsiones en las informaciones que reciben los inversores– que los fallos judiciales “tengan en cuenta el posible impacto en la forma, en cómo se desarrolla y comunica a la opinión pública”. En ese sentido, indicó que países como Estados Unidos los tribunales superiores de la Justicia, toman en cuenta los efectos económicos no sólo de las decisiones judiciales “sino de la forma” en la que se toman las mismas, a los efectos de comunicarlas.
Según Loaiza, en el caso del RBC la “sensibilidad es muy alta” por tratarse de un pedido de la Justicia argentina y por la relevancia de la inversión de ese origen en Uruguay. Además, recordó que acaba de firmarse un acuerdo tributario bilateral donde se cuidó especialmente que inspectores de la AFIP de Argentina no pudieran intervenir en Uruguay, incluso apartándose de los estándares de la OCDE que sí lo avala. Consideró también que hay una serie de mensajes que “confunden” a los inversores en Uruguay, en particular sobre los regímenes de zonas francas, finalizó Loaiza.
De todas formas, pese a los cuestionamientos que surgen de los expertos el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, declaró el jueves a El Observador que no estaba en los planes del máximo órgano judicial establecer un protocolo de actuación para los jueces –algo reclamado por el sector privad–porque la ley ya determina cómo se debe proceder en estos casos. De todas formas, la Corte realizó un pedido de informes a la juezad el caso Adriana de los Santos para investigar posibles irregularidades en el allanamiento.
Gobierno y AEBU
Por su parte, el sindicato bancario AEBU se alineó con la posición del gobierno. Gustavo Pérez, presidente del gremio, dijo que “no es una mala señal” como se lo ha calificado, sino que “allí actuó la Justicia”. “Estaremos, en todo caso, ante una mala gestión de la empresa que se retira porque la investigan”, consignó El Portal de AEBU. “El Royal Bank of Canada es una institución offshore, no es un banco; se trata de una simple oficina de representación ubicada, además, en una zona franca. No hay ningún uruguayo que sea cliente de esta empresa, que tenga allí dinero o sea deudor de ella”, finalizó.
Por su parte, el sindicato bancario AEBU se alineó con la posición del gobierno. Gustavo Pérez, presidente del gremio, dijo que “no es una mala señal” como se lo ha calificado, sino que “allí actuó la Justicia”. “Estaremos, en todo caso, ante una mala gestión de la empresa que se retira porque la investigan”, consignó El Portal de AEBU. “El Royal Bank of Canada es una institución offshore, no es un banco; se trata de una simple oficina de representación ubicada, además, en una zona franca. No hay ningún uruguayo que sea cliente de esta empresa, que tenga allí dinero o sea deudor de ella”, finalizó.
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