Expertos criticaron cambios impositivos

Foro. Sostienen que los argumentos son "absurdos" y atentan contra la intimidad


MARCELA DOBAL

Expertos criticaron la iniciativa del gobierno de modificar el sistema tributario y flexibilizar el secreto bancario. Aseguraron que atenta contra el derecho a la intimidad, que sus argumentos son "absurdos" y que le da demasiado poder a la DGI.

En una conferencia organizada por CADE y El País, que tuvo lugar en el hotel Riviera, seis expositores idóneos en aspectos tributarios y de secreto bancario advirtieron sobre los riesgos implícitos en el proyecto de Ley que impulsó el Ministerio de Economía para gravar activos en el exterior de residentes en el país, que también plantea la posibilidad de que la Dirección General Impositiva (DGI) pueda levantar el secreto bancario a los efectos de efectivizar el control de la tributación.

El abogado y ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, dijo que ese quiebre en el principio tributario de la territorialidad "debe tener razones muy fuertes", puesto que afecta la recepción de capitales y la apuesta por el sector de los servicios. Por eso, criticó los argumentos exhibidos en la exposición de motivos del proyecto, que "carecen de consistencia alguna".

Dijo que es "obviamente inaceptable" que se afirme que la medida surge como una respuesta a la crisis financiera global, ya que los depósitos de uruguayos en el exterior "no tienen nada que ver" con ese fenómeno. "Es un argumento absurdo", concluyó. Añadió que tampoco es cierto que los cambios en la normativa sean una respuesta a exigencias internacionales, ya que "a ningún país le importa si Uruguay grava activos en el exterior".

De Posadas también criticó que el gobierno argumente que el sistema propuesto será más equitativo y más justo. Dijo que el gobierno de esta manera está penalizando a quienes optan por invertir en el exterior y que, con ese criterio, en una etapa posterior se podría obligar a la compra de bonos soberanos locales "patrióticos" o gravar el turismo de uruguayos en el exterior para que gasten sus ahorros en el país.

Finalmente, dijo que el hecho de que el levantamiento del secreto bancario se hará mediante una orden de la Justicia civil no incide en que la medida sea menos negativa.

A su turno, el abogado tributarista, Alberto Varela, socio del estudio Ferrere, advirtió que a esta nueva normativa le falta una mitad, porque da "poderes exorbitantes al fisco" y "demasiado armamento".

"Si el partido queda tan robado, se corre el riesgo de desestimular el ingreso de capitales", indicó. Dijo que "tener un impuesto a la renta pseudo mundial supone el desembarco del Gran Hermano fiscal", cuando el sistema sancionatorio uruguayo ya es muy severo con los contribuyentes.

Además, Varela dijo que "se está creando un monstruo" con la acumulación de datos sobre los contribuyentes, por lo que se debe tener cuidado con la filtración y procurar la confidencialidad de esta información.

Por otra parte, dijo que si bien no se opone al camino que emprendió el gobierno al firmar los 12 tratados tributarios exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cree que se obvió generar un debate político sobre el tema, como ocurrió en otros países como Suiza, Austria y Luxemburgo.

De todos modos, sostuvo que la elección de países en la firma de los 11 acuerdos que Uruguay tiene hoy en distintas fases de aprobación no fue la más correcta. Para Varela, el gobierno debió pactar más acuerdos con países del estilo de Corea del Sur y Malta antes que México y España, aunque no explicó el porqué.

En tanto, el tributarista Leonardo Costa coincidió en que debería avanzarse en una carta (proyecto) del contribuyente que le ponga límites al poder público, ya que "para avanzar en un sistema jurídico y tributario complejo se requieren contrapesos". Por eso, afirmó que se debería aprovechar la ocasión para revisar el sistema -que en la actualidad se parece al español porque piensa más en la patología de los contribuyentes- y retomar el sistema garantista que nació con el Código Tributario.

Por su parte, el contador Javier Forte destacó que en el proyecto de Ley enviado al Parlamento más de las tres cuartas partes del texto refieren a medidas antielusivas y una pequeña porción a aspectos sustanciales. También destacó que si bien existen normas vigentes donde el contribuyente puede pactar el levantamiento del secreto bancario, "llama la atención" que no estén recogidas en el proyecto.

Forte resaltó, asimismo, que el proyecto tampoco prevé un crédito fiscal para evitar la doble imposición de los activos de residentes que estén colocados en el exterior.

La exposición del contador Juan Antonio Pérez Pérez, asesor del departamento tributario de KPMG, se centró en qué se gana y qué se pierde con los cambios tributarios que están sobre la mesa.

"No parece que se pierda o se gane nada muy relevante. Cuando se da un paso muy grande en esas condiciones siempre se debe prevalecer el statu quo", indicó.

También dijo que la motivación del proyecto no es la equidad porque no se optó por gravar todas las rentas en el exterior incorporando también las inmobiliarias, las del trabajo o las empresas. Además, Pérez Pérez indicó que los tratados de información tributaria que firmó Uruguay consagran en una cláusula específica la no discriminación de extranjeros sin defender a los contribuyentes nacionales, que pagan tasas mayores. "Eso es absurdo y tiene corta vida", opinó.

La conferencia fue cerrada por Gustavo Pérez, presidente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, quien se distanció del discurso de los demás panelistas. Dijo que la gremial cree que la discusión se abre a partir del proyecto dado a conocer por el gobierno y "no hay una razón" para que quien tiene activos en el exterior no tribute por ellos. Sostuvo que no divisa un riesgo de estabilidad de las instituciones o de la llegada de inversiones al país como resultado de los eventuales cambios al sistema.

Seis recomendaciones de los especialistas para mejorar el sistema
1.JUZGADOS ESPECÍFICOS

Una de las propuestas compartidas por varios de los expertos que cuestionan la flexibilización del levantamiento del secreto bancario con aprobación de la Justicia mediante, es la de que es necesario crear juzgados especializados en la materia para que el fisco no incremente demasiado su poder sobre el contribuyente tal como se habilita hoy.

2.TRATADOS CON CONSTANCIA

El abogado tributarista Alberto Varela sostuvo que cuando sean ratificados por el Parlamento los acuerdos de intercambio de información tributaria firmados con otros países se deberá dejar constancia de que son aprobados para evitar sanciones económicas internacionales, ya que esa es la razón de interés nacional que reclama la Constitución.

3.CARTA del que CONTRIBUYE

Algunos expertos remitieron al Parlamento un proyecto de "carta del contribuyente" que busca dar mayores garantías a los uruguayos (y ahora también los residentes en el país) ante iniciativas de la administración tributaria derivadas de su afán por mejorar su recaudación. La idea es empezar a generar un mayor contrapeso entre ambas partes.

4.SOCIEDADES PLATAFORMA

El contador Juan Antonio Pérez Pérez dijo que Uruguay ha mostrado "una serie de vacilaciones" sobre si quiere favorecer localmente la instalación de sociedades plataformas de inversión como operan en Chile y España. Recomendó que se resuelva de forma clara qué camino se tomará y se creen mecanismos que diferencien al país de los demás.

5.REDACCIÓN DEL TEXTO DE LEY

Los expertos señalaron que la exposición de motivos del proyecto de Ley que introduce cambios tributarios y en el secreto bancario incluye "argumentos falaces", por lo que debería ser revisado. También dijeron que la redacción del cuerpo del proyecto es incomprensible para cualquier contribuyente y que debería ser más clara.

6.ATENDER EL GASTO PÚBLICO

El contador Juan Antonio Pérez Pérez recomendó que se encamine a la simplificación y mayor equidad del sistema tributario. Para eso, dijo que se le debería dedicar menos tiempo útil a la discusión de cambios normativos para privilegiar el tratamiento del gasto del Estado, que es financiado con la recaudación de impuestos.